Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77173
I.77.173 “SAFI, AMALIA ROCÍO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA S/INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA N°37/2021”
I. Con fecha 5 de septiembre de 2022 esta Corte ordenó a título precautelar que la Municipalidad de Mar Chiquita se abstuviera de dictar actos de aplicación de la ordenanza 37/21 o de autorizar acciones materiales sobre las parcelas identificadas por dicha norma y que el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires se inhibiera de dictar o publicar el acto administrativo de aprobación de la referida ordenanza 37/21. Ello, hasta tanto se recabasen –tanto de la comuna demanda como del Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera “Parque Atlántico Mar Chiquito”- los elementos necesarios para decidir las cuestiones planteadas en este pleito.
El día 16 de septiembre de aquel año, el municipio dio cumplimiento a la requisitoria cursada. En esa oportunidad, acompañó copia del expediente administrativo N°316/21 e hizo saber a esta Corte que: a) el Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera no funciona de manera regular; b) ha promovido la aprobación de la norma ante el Poder Ejecutivo Provincial, habiéndose iniciado las actuaciones N°2021-186632056 GDEBADSTAMGG; c) se ha dado intervención a la Autoridad del Agua y al entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, los cuales no emitieron dictamen a esa fecha; y d) no se encontraba previsto el sistema de participación en renta urbana al momento del dictado de la ordenanza 37/21.
Los actores, por su parte, impugnaron la contestación efectuada y solicitaron el libramiento de nuevos oficios (v. presentación electrónica de fecha 22-IX-2022), petitorio que fuera rechazado por exceder el marco de este pleito (v. proveído de fecha 23-IX-2022).
Luego, adjuntaron la respuesta brindada por los miembros activos del Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera “Parque Atlántico Mar Chiquito”, quienes expresaron no haber participado del procedimiento de sanción de la ordenanza en pugna (v. presentación electrónica de fecha 5-X-2022).
II. El 14 de octubre de 2022 se presentan espontáneamente en estos actuados las firmas Capital Trusts, Agente Fiduciario del Fideicomiso “Lagos del Mar” y DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL y solicitan tomar intervención en este litigio en calidad de terceros interesados, en los términos del artículo 90 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial.
En primer lugar, exponen que –según su parecer- existirían “serias irregularidades en el cuerpo de la demanda y ampliaciones respecto de las personas actoras, sus firmas y domicilios en formularios, que hacen sospechar sobre el desconocimiento de los supuestos actores sobre lo que en definitiva habrían firmado y sobre la caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de que se determine que la misma fue peticionada sin derecho”, esto por cuanto, advierten que no mediaría “una unidad de comunicación intencional entre el cuerpo del escrito y la hoja de las firmas”.
En virtud de ello, requieren que se intime a los letrados actores a la presentación de los originales de los instrumentos firmados en formato papel conforme lo previsto en la Acordada 4.039 y que se cite a los actores a que individualmente ratifiquen los escritos aparentemente suscriptos.
Destacan, en este punto, que varias de las personas que han comparecido como demandantes –dentro de los que menciona a Elsa Inés García, Juan Carlos Borges Niño, Carlos Fischer y Matías Miguel Reynoso- y que perseguirían la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 37/21 serían, al mismo tiempo, propietarios de terrenos ubicados en el barrio “Costa del Sol”, cuyas parcelas se encuentran comprendidas en la urbanización impulsada por el precepto controvertido, lo que constituiría una clara contradicción de intereses.
Tras esto, exponen que la parte actora pretende reeditar cuestiones planteadas y algunas ya resueltas en las causas I. 73.931, “Peralta, Carlos Daniel c/ Municipalidad de Mar Chiquita s/ Inconstitucionalidad de ordenanza 67/12”; I. 75709 “Verón, María Julia y otros c/ Municipalidad de Mar Chiquita s/ Inconstitucionalidad ordenanza 4/19” y A. 75.978, "Fraga, Juana Ester c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo”.
En este sentido, si bien admiten que “es cierto que parte de la zona afectada por la zonificación consignada en la ordenanza 37/21 no se encontraría alcanzada por la tutela otorgada en la causa 'Fraga', en tanto afectaría no sólo a la zonificación de 'Lagos del Mar' correspondiente a la Circunscripción IV, Parcelas FK y 22FH; sino también al predio identificado catastralmente como Circunscripción IV, Sección K, Manzanas 12, 15, 20, 27, 28, 37, 38, 145, 146, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163 y 164”, alegan que el verdadero propósito de esta contienda se dirige a trabar nuevamente el trámite administrativo que se está llevando a cabo en la Provincia de Buenos Aires tendiente a convalidar la ordenanza en cuestión solo respecto al emprendimiento llamado “Lagos del Mar”.
Objetan la autenticidad de la documentación acompañada por los actores, denuncian que en la demanda se han empleado manifestaciones falsas o engañosas, sostienen que el municipio ha convocado a audiencias públicas previo al dictado de la norma en crisis y que también presentó, en el mes de julio de 2019, una "Agenda Estratégica de Desarrollo Sustentable del Municipio de Mar Chiquita y Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito”, que fuera realizado bajo la dirección y coordinación de la "Fundación Cepa".
Por último, aclara –a contrario de lo manifestado por la comuna- que la ordenanza de zonificación municipal 37/21, sí ha previsto el sistema de participación en la renta urbana contemplado en el artículo 46 de la ley 14.449 en su artículo 11.
III. Corrido el traslado de la presentación efectuada, la parte actora se opone a la participación en autos de las firmas peticionantes y desconoce la autenticidad material e ideológica de la totalidad de la documentación adjuntada como anexos I, II, III, IV, V, VI, VII. En consecuencia, solicita el rechazo del planteo esgrimido (v. escritos electrónicos de fechas 24-X-2022, 26-X-2022 y 28-X-2022).
IV. Ante el desconocimiento de los demandantes de la representación alegada por los señores Luis José O' Grady, en su carácter de presidente de Capital Trusts, Agente Fiduciario del Fideicomiso “Lagos del Mar” y del doctor Jorge Luis Valiente, en su calidad de apoderado de DVS Desarrolladores Inmobiliarios SRL, al tomar intervención en la litis como terceros, estos presentaron una copia del contrato del fideicomiso Lagos del Mar del que surgen las designaciones de Agente Fiduciario y Desarrollador.
A su vez, reiteraron su pedido para que se intime a los actores a adjuntar los originales de la demanda y todas sus ampliaciones en formato papel, y a prestar caución juratoria en forma personal (v. presentación electrónica de fecha 10-XI-2022).
V. El 30 de noviembre de 2022 comparece la Municipalidad de Mar chiquita y contesta demanda. En su escrito defensivo: a) solicita se declare abstracto el caso, dado que la Provincia aún no habría dictado el acto final de aprobación previsto como requisito esencial para el perfeccionamiento de la normativa local de planeamiento urbanístico en el artículo 83 del decreto ley 8.912/77; b) pide que se cite como terceros -sin mayores precisiones- a Arol Diego Curcio, al Fideicomiso “Lagos del Mar”, Yesicam SA y a Capital Trusts; c) desconoce las afirmaciones y elementos probatorios aportados por los demandantes; d) refuta el planteo de inconstitucionalidad esgrimido; e) ofrece prueba y f) hace reserva de la cuestión federal.
Con fecha 22 de diciembre de 2022 precisa los motivos por los cuales peticiona la intervención de los sujetos indicados como terceros, arguyendo que son “grandes propietarios de los terrenos cuya rezonificación se discute”.
VI. Conferida la pertinente vista de lo peticionado a la parte actora, esta se resiste a la incorporación del Agente Fiduciario del Fideicomiso “Lagos del Mar” y la empresa DVS Desarrollos Inmobiliarios SRL “a modo de litisconsortes necesarios” argumentando que no han aportado ningún elemento que acreditase las condiciones invocadas.
Respecto de los sujetos mencionados por la comuna en su contestación de demanda, afirma que no se ha indicado ni demostrado sumariamente cuál sería el interés comprometido en la especie ni de qué modo puede alcanzarlos o afectarles la sentencia que recaiga en autos (v. presentación electrónica de fecha 13-II-2023).
VII. En estas condiciones, pasan los autos al acuerdo.
VIII. En primer término, corresponde pronunciarse respecto de la participación en el presente juicio de las firmas Capital Trusts, Agente Fiduciario del Fideicomiso “Lagos del Mar”, DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL, “Yesicam SA” y del señor Arol Diego Curcio, en calidad de terceros interesados (conf. art. 90 inc. 1°, CPCC).
Al respecto, cabe recordar que la intervención de terceros en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, que tiene regulado un trámite específico en el Código Procesal Civil y Comercial que no la contempla (arts. 683 a 688), ha sido admitida por este Tribunal, de manera excepcional, en supuestos en los cuales la posible afectación de la esfera de intereses de un tercero particularizado resultaba indudable, a la luz de los alcances de la norma cuestionada en cada caso (cfr. causas I. 72.447 "Procuradora General de la Suprema Corte", resol. de 20-XI-2014; I. 75.125, “Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)”, resol. de 4-VII-2018; I. 76.258, “Intendente de la Municipalidad de General San Martín”, resol. de 27-XI-2019; I. 75.709, “Verón”, resol. de 5-X-2020 e I. 75.471, “Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires”, resol. de 9-IV-2021).
A la vez, la regulación contenida en el ordenamiento ritual es bien precisa en punto a los recaudos que deben ser satisfechos para habilitar la intervención voluntaria en el proceso, exigiendo la acreditación sumaria de que la sentencia a dictarse puede afectar el interés propio de quien pretende asumirla o que se trate de un sujeto legitimado para demandar o ser parte en el juicio, de acuerdo a las disposiciones de derecho sustantivo reguladoras de la cuestión de fondo debatida en la causa (art. 90 incs. 1 y 2, CPCC).
IX.1. Bajo tales parámetros, y de las constancias acompañadas en autos, surge prima facie que el resultado del pleito puede afectar los intereses propios que pudieran invocar en el proceso las firmas Capital Trusts SA, DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL y Yesicam SA.
De los propios considerandos de la norma en crisis, se observa que para su sanción se ha tenido en especial consideración el hecho de que “en parte de la parcela de denominación catastral circunscripción IV Parcela 22FH comenzó a desarrollarse un conjunto inmobiliario abierto, denominado Lagos del Mar ” y que “el emprendimiento denominado Lagos del Mar requiere de un ajuste de la normativa vigente para encuadrarse en el marco de lo previsto por el Decreto Ley N° 8.912/77 para las ampliaciones urbanas”.
En vistas de ello, se expone que los estudios técnicos realizados “dieron lugar a la formulación de lineamientos para el ordenamiento del área, a la formulación de un modelo deseado para la estructuración urbana a futuro y a la propuesta del presente proyecto de ordenanza” para luego desafectar del área complementaria 3 (C3) -definida por ordenanza 796/79- a los predios designados catastralmente como Circunscripción IV, Parcela FK y parcela 22FH y de la “Zona Residencial 2” (R2) de la Localidad de Mar Chiquita -definida por ordenanza 838/80- a los predios identificados como Circunscripción: 4 Sección: K Manzanas: 12, 15, 20, 28, 38, 37, 27, 145, 146, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163, 164, a fin de crear nuevas zonas residenciales.
Pues bien, de la copia del contrato de fideicomiso arrimada a la causa por los peticionantes el día 10 de noviembre de 2022, surge que la empresa Yesicam SA reviste el carácter de fiduciante del Fideicomiso “Lagos del Mar” por ser la actual dueña de las tierras, la firma Capital Trust SA resulta ser la fiduciaria del emprendimiento y la sociedad DVS Desarrollos Inmobiliarios SRL estará a cargo la ejecución del proyecto como su desarrolladora (v. sec. 1°: “Definiciones”, art. 1°, ap. “j”, “r” y “s”).
En consecuencia, si bien el ámbito de conocimiento reservado a esta vía reside en la discusión sobre la validez constitucional de la ordenanza 37/21 –considerada en abstracto-, se advierte que la potencial declaración que sobre ella recaiga podría tener implicancias directas en la realización de la referida obra. Así, se evidencia que el caso no puede ser resuelto con prescindencia de los derechos que pudieren invocar en el juicio las mencionadas firmas, en tanto beneficiarias directas del acto cuestionado (doctr. causa I. 2.033, cit.).
Atento lo expuesto, corresponde aceptar la participación en las presentes actuaciones –como terceros- de las firmas Capital Trusts SA y DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL, en los términos del art. 90 inc. 1° del Código Procesal Civil y Comercial.
Asimismo, se deberá citar a la empresa Yesicam SA –en aquella misma calidad- para que en el plazo de quince (15) días tome en el proceso la intervención que estime conveniente (arts. 90 y sgtes., CPCC).
IX.2. Distinta solución merece lo peticionado por la Municipalidad de Mar Chiquita respecto de la citación al señor Arol Diego Curcio. Esto por cuanto, en la contestación de demanda no se han explicado –tal como el código de rito exige- razones o motivos que permitan evaluar la incidencia de la presente contienda en la esfera de intereses propios del mencionado sujeto. Por el contrario, la demandada se ha limitado a consignar los datos personales del señor Curcio, sin aportar ningún elemento que sustente su alegación.
Tal deficiencia no ha quedado subsanada, tampoco, en la presentación de fecha 22 de diciembre de 2022. Allí, la requirente meramente expuso que las personas por ella indicadas debían ser llamadas a tomar intervención en la controversia por ser “grandes propietarios de los terrenos cuya rezonificación se discute”; no obstante, la ausencia de documentación respaldatoria torna imposible cotejar en las actuaciones si es correcta la postulación así requerida.
De esta manera, asiste razón a la parte actora en cuanto le endilga una orfandad argumentativa y probatoria a la demandada que permita comprobar la concurrencia de los recaudos previstos en la norma ritual para admitir peticiones como la aquí incoada. Por consiguiente, debe desestimarse lo solicitado en este punto (conf. arts. 90 y 94, CPCC).
XI. Sentado lo que antecede, por una cuestión de orden lógico, cabe abordar el planteo relativo a las irregularidades que adolecería el cuerpo de la demanda y sus ampliaciones.
XI.1. Sobre el particular, las empresas Capital Trust SA y DVS Desarrollos Inmobiliarios SRL arguyen que encuentran razonables motivos para “sospechar sobre el desconocimiento de los supuestos actores sobre lo que en definitiva habrían firmado y sobre la caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de que se determine que la misma fue peticionada sin derecho” (v. punto 2 de la presentación electrónica de fecha 14-X-2022).
En este sentido, destacan que los textos de la demanda, sus ampliaciones y las firmas insertas en la última hoja de cada escrito no constituyen un bloque homogéneo de información que represente una unidad de comunicación intencional entre las pretensiones articuladas y lo efectivamente suscripto por cada uno de los signatarios.
Para fundar su postura, reparan en el hecho de que la ordenanza 37/21 en pugna abarca el sector del territorio donde se emplaza el barrio privado “Costa del Sol”, motivo por el cual, sus propietarios resultarían beneficiarios de la norma que propugna su regularización; lo paradójico –según afirman- sería que varios de ellos son actores en este pleito y mencionan, a modo de ejemplo, a la señora Elsa Inés García y los señores Juan Carlos Borges Niño, Carlos Fischer y Matías Miguel Reynoso.
Concluyen, entonces, que la contradicción es clara: los actores que persiguen la inconstitucionalidad de la ordenanza 37/21, habitarían o serían propietarios, al mismo tiempo, de los inmuebles ubicados en las zonas urbanizadas, beneficiarias de la urbanización dispuesta en la norma atacada.
XI.2. Es útil comenzar recordando que el artículo 5 del Anexo I del Acuerdo 4.039/21 establece que “en los casos que la parte actúe por propio derecho y no haya celebrado un convenio con esta Suprema Corte ni se encuentre alcanzado por normas que la habiliten a realizar las presentaciones en forma electrónica, el escrito será firmado ológrafamente en presencia de su abogado. Este generará una copia digitalizada del escrito firmado por el litigante y la adjuntará a una presentación electrónica, en la que se reproducirá fielmente su contenido, firmada electrónica/digitalmente a través del sitio web seguro del sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas. En caso de discrepancia entre el texto del documento digitalizado y el texto de la presentación prevalecerá el primero”.
También especifica que “el ingreso en dicho sistema de una presentación de estas características implicará la presentación formal del escrito, la declaración jurada del abogado de que se ha cumplido con lo previsto en el párrafo anterior y, a su vez, la asunción de las obligaciones propias del depositario del escrito firmado en forma ológrafa”.
En lo que aquí concierne, detalla que “el órgano judicial podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar por resolución fundada la exhibición del escrito en soporte papel, bajo apercibimiento de que la presentación se tenga por no formulada en caso de incumplimiento”.
Luego, prevé que la parte interesada podrá requerir la exhibición del escrito original dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha en que se notifique el auto o resolución por el que se provea la presentación, “salvo que mediaren causas graves debidamente fundadas que tornen imprescindible su presentación”.
En consonancia con ello, frente a las irregularidades denunciadas por las firmas Capital Trust SA y DVS Desarrollos Inmobiliarios SRL y a fin de disipar cualquier inquietud que pudiera recaer respecto de la veracidad o autenticidad de los escritos postulatorios y así evitar eventuales nulidades, es dable requerirle a la parte actora que acompañe, en el término de diez (10) días, los originales -en formato papel- de la demanda incoada y de las sucesivas ampliaciones realizadas (conf. arts. 34 inc. 4 ap. “b”, CPCC y 5, Anexo Único, Ac. 4039/21).
XI.3. Respecto a lo pedido por los terceros admitidos en esta litis en relación a la comparecencia de todos los actores a efectos de que ratifiquen expresamente la demanda suscripta en un formulario y reconozcan la firma oportunamente estampada en cada uno de los instrumentos junto con los domicilios allí indicados y que presten caución juratoria en forma personal ante estos estrados, se debe señalar que tal circunstancia se halla contemplada para los casos en que se hubiera tornado imposible la exhibición del original y no mediara culpa del depositario (conf. art. 5, último párrafo, Anexo I, Ac. 4039/21).
Por lo que, de momento, no resulta procedente.
XII. Por lo pronto, atento el modo en que ha sido decidida la primera cuestión planteada por las firmas Capital Trust SA y DVS Desarrollos Inmobiliarios SRL y la relevancia que podría aparejar su resultado para la continuación del presente juicio, corresponde postergar el tratamiento de los restantes asuntos sometidos a conocimiento de este Tribunal, hasta tanto se dé cumplimiento con lo ordenado precedentemente (conf. art. 5, último párrafo, Anexo I, Ac. 4039/21).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.