Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77173
I.77.173 "SAFI, AMALIA ROCÍO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA S/INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA N° 37/2021"
I. Con fecha 30 de mayo de 2023 esta Corte, frente a las irregularidades denunciadas por las firmas Capital Trust SA y DVS Desarrollos Inmobiliarios SRL en autos y a fin de disipar cualquier inquietud que pudiera recaer respecto de la veracidad o autenticidad de los escritos postulatorios, intimó a la parte actora a que acompañe, en el término de diez días, los originales en formato papel de la demanda incoada y de las sucesivas ampliaciones realizadas.
II. Encontrándose en curso el plazo conferido, el día 1° de junio del corriente, la actora denunció el fallecimiento del señor Ignacio de las Carreras –socio gerente de la empresa DVS Desarrollos Inmobiliarios SRL- y solicitó la suspensión del proceso hasta tanto se acreditara una nueva representación legal.
No obstante, el 8 del mismo mes y año arrimó los documentos originales requeridos, los cuales quedaron reservados en sobre cerrado en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo de este Tribunal (v. proveído de fecha 9-VI-2023).
III. Por su parte, el 16 de junio de 2023 los terceros coadyuvantes adjuntaron el certificado de defunción del señor Carreras.
A su vez, luego de examinar los escritos presentados en formato papel, reiteraron que se podían advertir diferencias evidentes en la tipografía de las letras, formato e interlineado de las páginas entre las distintas partes de los instrumentos acompañados. De allí, insistieron, que no existiera ningún elemento que ligara de manera indubitada la última hoja que contenía las firmas con el texto de aquellas piezas.
En otro orden, requirieron que se limitara la medida precautelar decretada. En este sentido, insistieron en que la ordenanza cuestionada en la causa "Fraga, Juana Ester c/ Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Mar Chiquita, Fideicomiso Lagos del Mar, y otros s/ amparo ley 25.675" –que tramitara ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 del Departamento Judicial Mar del Plata- y guarda suficiente semejanza con la norma impugnada en autos, en tanto ambas modificaron la zonificación del predio donde se emplaza el emprendimiento "Lagos del Mar" correspondiente a la Circunscripción IV, Parcelas FK y 22FH, transformándolas de áreas complementarias al ejido urbano a residenciales de baja densidad. Sin embargo, arguyeron que la ordenanza 37/21 tiene como objetivo establecer parámetros más amigables con el ambiente, contando con un Reglamento de Construcción –ecosustentable- y de Convivencia muy estricto para el cuidado de la naturaleza. Apuntaron así que el “cambio básico” de los preceptos radicaría en que la primera preveía la instalación de un barrio cerrado y la segunda dispuso la creación de un barrio abierto.
Culminaron su argumentación sosteniendo que en caso de mantenerse la medida precautelar en todos sus términos, se estaría reeditando un planteo ya zanjado en la citada causa “Fraga”. Por este motivo, peticionaron que se les permitiera continuar con los trámites de convalidación de la ordenanza 37/21 en lo que respecta a la urbanización de “Lagos del Mar”.
IV. El día 22 de junio de 2023, al haberse acreditado el fallecimiento del socio gerente de la firma DVS Desarrollos Inmobiliarios SRL, se suspendieron los plazos procesales hasta tanto se denunciase el nombre y domicilio de la persona que ejerciera actualmente la representación legal de la mencionada sociedad, debiendo acompañarse la documentación pertinente que así lo acreditara (arg. arts. 43 y 53 inc. 5, CPCC).
V. Ese mismo día, el letrado patrocinante de los actores, invocando la franquicia que otorga el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial, negó que existieran anomalías en la confección de los escritos postulatorios y que resultaba inadmisible que los terceros coadyuvantes pretendieran volver sobre un asunto precluido. Adujo además que los coactores Verón, Andreolli, Gerrero y Viglianchino suscribieron las presentaciones de los días 26 y 28 de octubre de 2022 y ratificado allí la caución juratoria prestada en una anterior ocasión.
Luego se opuso al hecho de que el remedio preventivo decretado en esta litis entrara en contradicción con lo decidido en los autos “Fraga”. Bajo tal entendimiento, manifestó que –tal como surge del texto de la norma- la ordenanza en crisis era única, por lo que se perseguía su aprobación integral. Tras esto, añadió que el tercero procuraba obtener una habilitación para que se convalide la norma parcialmente sin aportar ningún elemento que indicase que no estaría comprometida el sector de la albufera ni del humedal activo con la nueva zonificación.
VI. Con fecha 26 de junio del corriente, el doctor Jorge Luis Valiante adjuntó una copia del poder general otorgado por DVS Desarrollos Inmobiliarios SRL a su favor.
Acreditada entonces su personería, solicitó el desglose de una serie de presentaciones efectuadas por el abogado de los demandantes en calidad de gestor (conf. art. 48, CPCC). Acto seguido, requirió que se declare la nulidad de todo lo actuado -con excepción de la demanda y sus ampliaciones-, detalló las postulaciones realizadas por el señor Hikkilo sin la firma de sus patrocinados y resaltó que en ningún caso se había demostrado la urgencia para acudir a aquella figura.
VII. El 28 de junio de 2023, habiéndose cumplido con lo ordenado, se reanudaron los plazos procesales suspendidos.
VIII.1. Los días 4 y 13 de julio de este año, María Valeria Viglianchino, María Gimena Hernández, Fernando Javier Druetta, Raúl Alfredo Guerrero, Silvia Liliana Ricardi, María Noel Leomagno, Guillermo Christian Corrado Souto y Amalia Rocío Safi comparecieron y ratificaron todo lo actuado por su letrado patrocinante en esta contienda.
VIII.2. Con fecha 31 de agosto del corriente, la parte actora manifestó que el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Fraga" no se encontraba firme aún, por la interposición de un recurso de revocatoria in extremis deducido por el apoderado de la demandante. Asimismo, sostuvo que las afirmaciones formuladas por la contraria en torno al trámite seguido para obtener la declaración de impacto ambiental eran falsas. Finalmente, adujo que debía rechazarse el levantamiento del remedio precautelar otorgado y, a su turno, solicitó que se lo convierta en una medida cautelar.
IX. En esas condiciones, pasan los autos al acuerdo.
Corresponde, por una cuestión de orden lógico, decidir en primer término el planteo articulado por las firmas Capital Trust SA y DVS Desarrollos Inmobiliarios SRL relativo a las irregularidades que adolecería el cuerpo de la demanda y sus ampliaciones.
IX.1. Como se ha mencionado, este Tribunal le requirió a la parte actora a que exhibiera los originales –en formato papel- de la demanda impetrada como así también de sus sucesivas ampliaciones, a fin de cotejar la autenticidad de dichas piezas y evitar eventuales nulidades (v. resol. de 30-V-2023).
Fue así que el día 8 de junio del corriente, el letrado patrocinante de los demandantes acompañó los indicados documentos.
De la mera lectura de los escritos surge que –tal como lo refieren los terceros- existe una discrepancia entre la tipografía utilizada en el cuerpo de los escritos y en la hoja final que los sucede donde se formula el “petitorio” y se encuentran estampadas las firmas ológrafas de los actores.; esto es evidente.
Sin embargo, se vislumbran dos cuestiones que merecen especial atención y que deben ser consideradas para dilucidar adecuadamente el asunto bajo examen. De un lado, debe ponderarse que –más allá del formato de tablas utilizado- en el petitorio de todas las presentaciones expresamente se solicita a esta Corte que se tenga “por efectuado el pedido de inconstitucionalidad de la ordenanza n°037 dictada por el Honorable Concejo Deliberante de Mar Chiquita con fecha 27-4-21 y promulgada por el Intendente mediante decreto N° 738”. De otro, también es necesario evaluar que los actores han formulado diversas postulaciones suscriptas ológrafamente, cuyas copias digitalizadas han sido incorporadas a la causa a través de presentaciones electrónicas que reproducen su contenido con la firma de su letrado patrocinante (conf. art. 5, Anexo Único, Ac. 4.039/21). A modo de ejemplo, pueden citarse los documentos adjuntos a los escritos de los días 24, 26 y 28 de octubre de 2022 y de los días 4 y 13 de julio de 2023.
De allí que –independientemente del reproche que quepa hacerse al profesional en cuanto a los descuidos formales en sus exposiciones- la voluntad de los demandantes de accionar en los términos propuestos no estaría prima facie válidamente controvertida. Así pues, la intención de obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 37/21 parece clara.
Por las razones esgrimidas, debe desestimarse lo peticionado por las firmas Capital Trust SA y DVS Desarrollos Inmobiliarios SRL en este punto (conf. arts. 34 inc. 5 ap. “b”, CPCC y 5, Anexo Único, Ac. 4.039/21).
IX.2. Atento el modo en que se ha resuelto lo anterior y habiéndose exhibido los originales requeridos, tampoco procede hacer lugar al pedido articulado por los terceros en relación a la comparecencia de todos los actores a efectos de que ratifiquen y reconozcan las firmas oportunamente estampadas en cada uno de los instrumentos presentados y presten caución juratoria en forma personal ante estos estrados (conf. art. 5, último párrafo, Anexo I, Ac. 4.039/21).
X. Despejada la primera cuestión, cabe abordar el pedido de desglose de las presentaciones que el doctor Julio Armando Hikkilo ha realizado invocando la franquicia del art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial y la consecuente declaración de nulidad de todo lo actuado –a excepción de la demanda y sus ampliaciones-, articulado por el apoderado de la firma DVS Desarrollos Inmobiliarios SRL el día 26 de junio de 2023.
X.1. A tal fin, el tercero enumera los escritos que habrían sido impetrados por el mencionado profesional en la calidad de gestor de la parte actora. Menciona las piezas identificadas con los siguientes encabezados:
a) “Solicita” y “Solicita se informe” de fecha 12 de septiembre de 2022;
b) “Impugna contestación de oficio” de fecha 22 de septiembre de 2022;
c) “Solicita se exima de acompañar archivos” de fecha 4 de noviembre de 2022;
d) “Contesta traslado, solicita se deniegue intervención como terceros” de fecha 13 de febrero de 2023;
e) "Pone en conocimiento. Solicita” de fecha 1° de junio de 2023; y
f) "Contesta traslado" de fecha 22 de junio de 2023.
Indica que, salvo la última presentación, ninguno de los restantes escritos fue ratificado por los pretensos patrocinados en los plazos establecidos en el ordenamiento de rito. A esto aduna que el letrado patrocinante tampoco demostró la existencia de urgencia para la utilización de aquella facultad. Por estos motivos, entiende que debe dejarse sin efecto todo lo actuado por el doctor Hikkilo en tal condición.
X.2. Frente a esto, un grupo de demandantes –que, si bien no replicaron expresamente el planteo impetrado-, comparecieron y ratificaron la actividad procesal desplegada por el mencionado profesional en estos obrados (v. presentaciones electrónicas de fechas 4-VII-2023 y 13-VII-2023).
X.3. Resulta útil recordar que el art. 48 del Código ritual reza que “en casos urgentes podrá admitirse la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personalidad, pero si no fueren presentados o no se ratificase la gestión dentro del plazo de 60 días, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados”.
En efecto, el beneficio acordado comprende tanto el supuesto del poder conferido que no se ha podido presentar, como el del mandato no otorgado (conf. Ac. 43.557, sent. de 2-X-1990, en "Acuerdos y Sentencias", 1990-III-538; Ac. 91.549, "H.S.B.C. Bank", sent. de 14-XII-2005).
En cuanto a las consecuencias del incumplimiento de las condiciones allí establecidas, este Tribunal ha tenido oportunidad de señalar que la nulidad que contempla el art. 48 del Código de rito no es de la índole de las que consideran el art. 169 y siguientes de aquel ordenamiento, porque mientras que para el régimen de las nulidades procesales el transcurso del tiempo es susceptible de convalidar el vicio, para el supuesto de falta de acreditación del poder o ausencia de ratificación es precisamente la consumación del plazo el que acarrea la sanción de ineficacia (conf. doctr. Ac. 91.549, cit.; C. 99.847, "Chiarello", sent. de 14-IV-2010; C. 105.367, "Barrera", sent. de 17-XI-2010 y A. 70.832, "Sosa”, sent. de 14-VIII-2013, e.o.).
Dicha ineficacia opera automáticamente pues es un plazo perentorio, ya que su sólo vencimiento hace decaer el derecho correspondiente, por lo que la declaración de nulidad procede por el solo imperio de la ley (conf. doctr. causas Ac. 91.549; C. 99.847 y C. 105.367, cits., e.o.).
X.4. Sobre tales premisas, entonces, es que debe analizarse el tópico aquí abordado.
Preliminarmente, deben distinguirse aquellas actuaciones de mero trámite –es decir, los actos que sirvan para activar el proceso sin que se controvierta o reconozcan derechos- de aquellas que no lo sean. Esto, por cuanto para la primera categoría mencionada no es necesario contar con la rúbrica de los interesados para su postulación, siendo suficiente la sola firma del letrado patrocinante (conf. art. 56 inc. "c", ley 5.177 –texto según ley 13.419-).
X.4.a. Dicho eso, se observa que tanto los escritos de fechas 12 de septiembre y 4 de noviembre de 2022, mediante los cuales se solicita, por una parte, que se notifique a la demandada de la resolución dictada el 5 de septiembre de 2022 y se informe si tal decisión fue comunicada a la Provincia de Buenos Aires y, por otra, que se exima de acompañar copias para correr el pertinente traslado, constituyen actos que simplemente tienden a impulsar el trámite del juicio. En consecuencia, bastaba con la mera firma del doctor Hikkilo para tener por válidas dichas piezas (conf. art. 1°, Ac. 3.842/17).
X.4.b. En cuanto a las presentaciones electrónicas de fechas 22 de septiembre de 2022 –“Impugna contestación de oficio”- y 1° y 22 de junio del corriente año –“Pone en conocimiento. Solicita” y “Contesta traslado”, respectivamente- en donde se invoca expresamente la facultad conferida por el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial, de las constancias obrantes en la causa surge que dichas gestiones han sido ratificadas por los actores.
Véase para constatar la conformidad prestada para la primera actuación los escritos adjuntos en formato PDF suscriptos por María Julia Verón, María Beatriz Andreolli, Raúl Alfredo Guerrero y Maria Valeria Viglianchino los días 24, 26 y 28 de octubre de 2022. Y para las diligencias del 1° y el 22 de junio de 2023, los escritos acompañados en formato PDF firmados por María Valeria Viglianchino, María Gimena Hernández, Fernando Javier Druetta, Raúl Alfredo Guerrero, Silvia Liliana Ricardi, María Noel Leomagno, Guillermo Christian Corrado Souto y Amalia Rocío Safi los días 4 y 13 de julio el mismo año.
X.4.c. Distinta solución merece la presentación de fecha 13 de febrero de 2023. En esa ocasión, el doctor Hikkilo –con expresa mención de lo normado en el citado art. 48 del ordenamiento de rito- contestó el traslado conferido el día 3 de aquel mes y se opuso a la intervención de los terceros requerida por la Municipalidad de Mar Chiquita. Tal proceder, nunca fue ratificado en autos.
Siendo esto así, no queda más que concluir que el plazo perentorio que el citado art. 48 prevé para la ratificación de la gestión ha vencido holgadamente sin que se haya cumplido con la diligencia exigida por el precepto legal; es decir, que no se han acompañado los instrumentos que acrediten la personería invocada, ni ratificado la parte actora la actuación aludida (conf. doctr. causas C. 122.579, "Diperna", resol. de 19-XII-2018; C. 123.094, "Lucero", resol. de 8-V-2019; C. 123.219, "Arosteguy", resol. de 6-XI-2019; A. 76.331, "Alba", resol. de 1-VII-2020; C. 124.725, "Kappes", resol. de 24-VIII-2021; C. 124.978, "R., N. A.", resol. de 9-XI-2021 y C. 125.186, "Deseato", resol. de 11-V-2022, entre otras).
En consecuencia, se impone declarar la nulidad de la aludida presentación por el doctor Julio Armando Hikkilo, en representación de la parte actora, debiendo el nombrado gestor cargar con las costas causadas, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños ocasionados (conf. doctr. art. 48, CPCC).
X.5. Dicho eso, es menester dejar sentado que, si bien el diseño procesal seguido por el legislador bonaerense no incorpora las limitaciones contenidas en su equivalente nacional -en tanto en el ámbito local no existe una limitación a la cantidad de veces que esta figura puede ser invocada ni tampoco se exige que se expongan las razones que la justifiquen-, no puede soslayarse que se trata de un instituto de excepción.
Así las cosas, fácil es advertir que el doctor Julio Armando Hikkilo ha hecho uso de esta facultad en reiteradas oportunidades, lo que a la postre podría generar –como ha incluso ocurrido- un entorpecimiento del correcto desenvolvimiento de esta causa. Por ello, deberá el profesional procurar ajustar su actuación a las disposiciones contenidas en el art. 56 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; o bien, suplir su patrocinio mediante una adecuada representación, en los términos del art. 46 del mismo ordenamiento ritual.
XI. Corresponde, en esta instancia, abocarse al tratamiento del levantamiento parcial de la medida precautoria solicitado por las firmas Capital Trust SA y DVS Desarrollos Inmobiliarios.
XI.1. Los terceros coadyuvantes explican que, con la medida preventiva decretada en este pleito, los demandantes en verdad persiguen la paralización del expediente administrativo que está tramitando ante los organismos provinciales competentes en la materia a fin de convalidar la ordenanza 37/21, pero únicamente respecto al emprendimiento “Lagos del Mar”. En este sentido, alegan que actualmente en el marco de las actuaciones N°2021-18632056 GDEBADSTAMGGP el Ministerio de Ambiente –ex OPDS- se encuentra evaluando el Informe de Prefactibilidad Ambiental Regional (IPAR), exclusivamente en relación al mencionado proyecto (v. pto. 4 del escrito electrónico de fecha 14-X-2022).
Admiten que “...la parte de la zona afectada por la zonificación consignada en la Ordenanza 37/21 no se encontraría alcanzada por la tutela otorgada en la causa Fraga , en tanto afectaría no sólo a la zonificación de Lagos del Mar correspondiente a la Circunscripción IV, Parcelas FK y 22FH; sino también al predio identificado catastralmente como Circunscripción IV, Sección K, Manzanas 12, 15, 20, 27, 28, 37, 38, 145, 146, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163 y 164”. Sin embargo, entienden que la nueva tutela otorgada importa reeditar una serie de planteos ya zanjados.
Por consiguiente, piden que se limite la medida precautelar, desafectando de su órbita protectoria a la zonificación del Emprendimiento "Lagos del Mar", para que pueda continuarse con el trámite de convalidación parcial de la norma aquí impugnada.
Esta petición, fue reiterada –en iguales términos y con similares argumentos- en su presentación de fecha 16 de junio de 2023.
XI.2. A su turno, los actores manifiestan que debe ponderarse especialmente que la rezonificación efectuada por el precepto cuestionado compromete la zona de la albufera y del humedal activo, declarada como Reserva Mundial de Biosfera. En vistas de ello, y para evitar la consolidación de un gravamen de difícil reparación ulterior, requieren se mantenga vigente la medida precautelar tal como fuera ordenada (v. presentaciones electrónicas de fechas 24-X-2022, 26-X-2022 y 28-X-2022).
Posteriormente, opinan que el remedio precautelar dispuesto en la especie en modo algun
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