Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77173
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el planteo de inadmisibilidad de la demanda, por cuestión abstracta, deducido por la Municipalidad de Mar Chiquita (arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683 y 685, CPCC).
II. Desestimar la aclaratoria articulada por la firma DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL contra la resolución de fecha 24 de octubre de 2023 (arts. 36 inc. 3 y 166 inc. 2, CPCC).
I.77.173 "SAFI, AMALIA ROCÍO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA S/INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZA N° 37/2021"
I. Mediante resolución de fecha 24 de octubre de 2023, este Tribunal dispuso: a) tener por cumplida por la parte actora la intimación cursada el 30 de mayo de 2023 y por presentados los escritos originales en formato papel de la demanda y las sucesivas ampliaciones interpuestas en autos; b) rechazar el pedido de desglose y la consecuente declaración de nulidad de las presentaciones de fechas 12 y 22 de septiembre de 2022, 4 de noviembre de 2022 y 1° y 22 de junio de 2023, atento las ratificaciones de la gestión efectuada por los actores los días 24, 26 y 28 de septiembre de 2022 y 4 y 13 de julio de 2023; c) declarar nulo lo actuado en el escrito electrónico del 13 de febrero de 2023 por el doctor Julio Armando Hikkilo, en representación de la parte actora, debiendo el nombrado gestor cargar con las costas causadas, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños ocasionados; d) rechazar el pedido de levantamiento parcial de la medida precautelar dictada en autos, solicitado por las firmas Capital Trust SA y DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL; e) librar oficio a la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial a fin de que informe el estado actual de las actuaciones administrativas iniciadas a efectos de obtener la convalidación de la ordenanza 37/21 dictada por la Municipalidad de Mar Chiquita y remita todos los antecedentes vinculados con aquel trámite; f) Correr traslado a la parte actora, por el plazo de diez (10) días, del planteo efectuado en el punto III.1. de la contestación de demanda formulada por la Municipalidad de Mar Chiquita.
II. Frente a ello, el día 30 del mismo mes y año la firma DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL deduce recurso de aclaratoria.
Comienza solicitando que se aclare en forma expresa que los organismos competentes en la materia se encuentran autorizados para continuar con todas las gestiones necesarias para culminar con el procedimiento iniciado a fin de obtener la convalidación por parte del Poder Ejecutivo provincial y, en consecuencia, se permita el ingreso al predio de las personas a cargo de las tareas de demarcación de la línea de ribera. Esto por cuanto afirma que es recién en esta oportunidad que ha tomado conocimiento que la tutela preventiva ordenada no obstruye la posibilidad de proseguir el trámite preparatorio de tal acto.
Luego, requiere que se aclare si los actores en este proceso sólo serán las ocho personas que ratificaron la demanda o también los noventa y un sujetos que firmaron el petitorio en contravención a lo previsto en el art. 330 del ordenamiento de rito, que determina los recaudos que habrán de observarse al confeccionar una demanda.
III. A su turno, el 3 de noviembre del corriente año la parte actora contesta el traslado conferido de la defensa previa opuesta por la demandada y se resiste a su acogimiento, tras entender que la de autos no es una cuestión abstracta.
En este sentido, arguye que si bien se ha consignado en los considerandos de la ordenanza que su vigencia se encuentra supeditada a la aprobación por la autoridad provincial, “de su articulado no se desprende dicha exigencia como condición para su operatividad”.
En otro orden, pide que se desestime la aclaratoria incoada por la contraria, por improcedente. Al respecto, sostiene que es absolutamente falso que los organismos provinciales mantienen paralizados los trámites y, además, lo peticionado importa una modificación sustancial en el contenido y alcance de la resolución dictada, por lo que excede el marco acotado del recurso impetrado.
IV. Pasados los autos al acuerdo, corresponde abordar en primer término el argumento relativo a que en la especie se ha planteado un caso abstracto.
IV.1. Es dable recordar que esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal sólo mientras se mantenga un interés real (doctr. causas B. 49.206, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I, pág. 363 y sus citas; B. 53.370, "Prando de Quitegui", sent. de 17-VI-1997; I. 73.782, cit.). Es decir, que exista un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causas B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 323:4098; 326:3007; 337:627; 342:853; e.o.) y que, aunque la causa de una pretensión haya podido presentarse inicialmente como concreta, es factible que con posterioridad se torne abstracta (doctr. causa I. 3.632, "Federación de Educadores Bonaerenses Domingo Faustino Sarmiento (F.E.B.)", sent. de 29-II-2012 y sus citas).
En el caso de la acción originaria regulada en los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial se ha precisado que, si bien tiene como finalidad el dictado de una sentencia declarativa, tal declaración viene engarzada en un contexto fáctico determinado por el caso; con lo cual, tras la proclamación de inconstitucionalidad del precepto reputado lesivo de las normas superiores se ordena su inaplicabilidad a la situación de hecho en que se encuentra el actor. Ello, claro está, con independencia de la acumulación de otras condenas asociadas a las acciones que se hubieran deducido en forma condicionada a aquella declaración.
La necesidad, entonces, de la configuración de un caso como requisito para entrar a conocer acerca del mérito o fondo de la cuestión propuesta es de la esencia de la función jurisdiccional en general y de esta acción originaria de inconstitucionalidad en especial, pues es a partir de su existencia que la pretensión constitucional cobra sentido.
Y, precisamente, existe caso en la materia bajo análisis si la petición excede el carácter simplemente consultivo y no comporta una indagación meramente especulativa, sino que corresponde a una controversia que busca restablecer los efectos de las normas reputadas inconstitucionales (cfr. arts. 161 inc. 1 y 171, Const. prov., 34 inc. 4, 163 inc. 6, primera parte, 684, 685, 687 y 688, CPCC; doctr. causa I. 70.273, "Torres", resol. de 28-V-2010).
Ello así, en tanto la cuestión constitucional a dirimir debe presentarse como un instrumento para superar el obstáculo que deriva de la norma impugnada y lograr el reconocimiento o restablecimiento del derecho invocado por el litigante (conf. causas I. 1.613, "Carpinetti", sent. de 11-V-1995; I. 1.985 "Gaspes", sent. de 26-V-2005; I. 70.273, “Torres”, resol. de 28-V-2010; I. 76.630, “Gil Quinterno”, resol. de 19-III-2021; I. 75.440, “Mancebo”, resol. de 21-X-2020; I. 75.687, “Asociación Protección del Mercado Común del Sur (PROCONSUMER)”, resol. de 20-XII-2022 e I. 77.485, “Zacarías”, resol. de 31-VII-2023, e.o.).
IV.2. Sentado lo anterior, no deben perderse de vista dos circunstancias que revisten particular interés en este pleito y que dirimen el punto bajo examen:
De un lado, el art. 685 del código ritual expresamente establece que esta acción podrá ejercitarse con una finalidad preventiva, disponiendo que en tales supuestos no operará el plazo de caducidad previsto en el art. 684 de aquel cuerpo normativo. Por tanto, se encuentra habilitada la posibilidad de entablar este tipo de demandas aun cuando no exista un daño actual y concreto.
De otro, en autos se alega un daño ambiental potencialmente irremediable, extremo que llama a la aplicación de los principios preventivo y precautorio, propios de la materia ambiental, ínsitos en la cláusula del art. 28 de la Carta local y consagrados expresamente en el art. 4 de la ley 25.675. Y es, justamente, en este terreno que la prevención tiene una importancia superior a la que se otorga en otros ámbitos, ya que la agresión al medio ambiente se manifiesta en hechos que pueden provocar por su mera consumación un deterioro cierto e irreversible, de tal modo que permitir su avance y prosecución puede conllevar una degradación perceptible de la calidad de vida de los seres humanos (arts. 28, Const. prov.; 41, Const. nac.; 4, ley 25.675; doctr. causas I. 71.446, “Fundación Biosfera”, resol. de 24-V-2011; I. 70.249, “Bornic”, resol. de 29-VI-2016; I. 72.760, “Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre”, resol. de 28-X-2015; I. 75.709, “Verón”, resol. de 5-X-2020 e I. 77.164, “Asociación Civil sin fines de lucro Foro Medio Ambiental (FOMEA)”, resol. de 12-V-2023; CSJN Fallos: 332:663; 333:1849; 338:811; 339:142).
IV.3. Así pues, a la luz del carácter preventivo de la pretensión incoada, cuya viabilidad no queda subordinada a la comprobación de un daño concreto ya acaecido y provocado, sino a la situación de peligro o daño potencial que habilita una protección inmediata, la defensa previa deducida por la Municipalidad de Mar Chiquita debe ser desestimada (arts. 28 y 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y 685, CPCC).
V. Despejado el punto anterior, cabe abocarse al tratamiento del remedio intentado por el tercero.
Es dable recordar que la aclaratoria resulta procedente cuando se debe corregir algún error material, aclarar conceptos oscuros sin alterar lo sustancial de la decisión o suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido el órgano jurisdiccional sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio (conf. art. 36 inc. 3 y arg. art. 166 inc. 2, CPCC).
V.1. De la lectura de la resolución atacada surge que el pronunciamiento es suficientemente claro en cuanto al alcance de la medida precautelar otorgada (v. punto XI.3, resol. de 24-X-2023). Además, debe destacarse que la precisión ahora requerida ya ha sido efectuada en la decisión de fecha 5 de septiembre de 2022, al conceder la tutela preventiva pedida (v. en particular el punto VI. de aquel fallo).
V.2. En cuanto a los restantes argumentos traídos, se advierte que respecto a ellos no se ha planteado el supuesto previsto en la norma procesal citada, sino que por vía de aclaratoria se procura que este Tribunal modifique la resolución de fecha 24 de octubre de 2023, en dos sentidos: autorice a las autoridades competentes para que continúen tramitando el procedimiento iniciado para sancionar el acto de convalidación de la ordenanza 37/21 -previsto como requisito esencial para el perfeccionamiento de la normativa local de planeamiento urbanístico en el art. 83 del decreto ley 8.912/77- y revea el universo de actores que integran esta contienda.
De allí que luce evidente que el alcance de un planteo semejante excede ostensiblemente los límites decisorios del recurso deducido.
En este estado de cosas, no es ocioso mencionar que este Tribunal carece de facultades para otorgar permisos especiales para ejercitar competencias que resultan propias de la esfera de actuación de los órganos administrativos competentes en la materia y que no han sido siquiera alcanzadas o interdictas por una manda judicial (arg. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 36, CPCC; conf. causa B. 50.865, "Provincia de Buenos Aires c/ Municipalidad de San Fernando", resol. de 13-VI-2018).
V.3. Finalmente, ha de señalarse que lo solicitado en relación a quienes revisten el rol de sujeto activo en esta controversia importa reeditar un tema ya debatido y resuelto en la misma decisión que se persigue aclarar (arts. 34 inc. 5, 36 inc. 1° y 166 inc. 2, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar el planteo de inadmisibilidad de la demanda, por cuestión abstracta, deducido por la Municipalidad de Mar Chiquita (arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683 y 685, CPCC).
II. Desestimar la aclaratoria articulada por la firma DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL contra la resolución de fecha 24 de octubre de 2023 (arts. 36 inc. 3 y 166 inc. 2, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/11/2023 14:22:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/11/2023 17:48:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2023 10:27:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2023 12:49:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2023 18:09:01 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/11/2023 18:11:10 hs. bajo el número RR-1036-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia