Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77365
I.77.365 "BALDO, HECTOR LUIS C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL S/ INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZAS 3063/21 Y 3138/21"
I. El señor Héctor Luis Baldo promueve la presente acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez de las ordenanzas 3063/21 y 3138/21 sancionadas por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Gesell, por considerar que vulneran los derechos y garantías consagrados en los arts. 1 y 28 de la Carta local.
Asimismo, a título cautelar, solicita que se ordene la suspensión de los efectos de las normas impugnadas, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente controversia, afirmando que el daño ambiental que podría generarse en la comuna en caso de aplicarse las disposiciones en pugna sería irreversible.
II. El actor relata que en la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de febrero de 2021 el Departamento Deliberativo comunal dictó -en el marco del expediente administrativo N°D13621/21- la ordenanza 3063/21, mediante la cual se estableció un nuevo Código de Ordenamiento Urbano –denominado “Plan de Ordenamiento Municipal”- para aquel Partido, que modificaría el modo permitido de ocupación, utilización y destino del suelo, como así también los factores de habitabilidad, los índices FOS, FOT y el desarrollo de actividades permitidas, alentadas, toleradas o prohibidas.
Al respecto, explica que en el marco del procedimiento previsto en el art. 83 del decreto ley 8912/77 la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, previo a convalidar la ordenanza 3063/21, formuló una serie de observaciones que provocaron la reforma del art. 6 a través del dictado de la ordenanza 3138/21. Hecho esto, indica que la comuna remitió las actuaciones nuevamente a la Provincia para culminar con el trámite de aprobación iniciado.
Denuncia que las observaciones efectuadas por el organismo provincial se refirieron a un proyecto de ordenanza presentado en el año 2020 –y no al efectivamente sancionado en el año 2021-, por lo que, a su entender, la Provincia no habría analizado propiamente la ordenanza 3063/21.
En este contexto, desarrolla dos líneas argumentales para fundar su cuestionamiento.
En primer lugar, sostiene que la Municipalidad de Villa Gesell pese a incorporar la ordenanza 3063/21 en el Boletín Oficial digital N°1271 en su página web ( www.gesell.gob.ar ), incumplió lo dispuesto en el art. 108 del decreto ley 6769/58, por ser ilegible el contenido de la versión publicada. Esta circunstancia –prosigue- se contrapone con la forma republicana de gobierno consagrada en el art. 1° de la Constitución nacional y provincial, toda vez que elimina cualquier posibilidad de control ciudadano de la actividad estatal desplegada.
En segundo orden, arguye que el nuevo “Plan de Ordenamiento Territorial” viola el derecho a gozar de un ambiente sano, dado que autoriza ocupaciones, actividades, desarrollos y construcciones que con anterioridad se hallaban prohibidas o estrictamente reguladas. Así, esgrime que se pretende modificar la estructura urbana y semiurbana del Partido, permitiendo -por ejemplo- mayor altura en las edificaciones que se encuentran frente a la ribera marítima.
Destaca, asimismo, que la urbanización de una parte de la localidad de Mar de las Pampas afecta el pinar allí emplazado y faculta la radicación de una mayor población sin asumir previsiones referidas al suministro de agua potable, provisión de energía eléctrica o tratamiento de residuos cloacales y, a la luz de esto, recuerda que en la zona existe una histórica emergencia hídrica a falta de una cuenca de agua dulce.
Por último, aduce que no se ha observado por la demandada el procedimiento estatuido por la ley 11.723 toda vez que se omitió realizar el estudio de impacto ambiental que evalúe los riesgos ciertos que la medida proyectada podría provocar, a la par que alega que las ordenanzas atacadas han sido sancionadas sin participación ciudadana o intervención de las autoridades competentes en la materia.
III. Con fecha 23 de septiembre de 2021, se requirió al actor que precisara la legitimación conforme a la cual formulaba su pretensión, manifestando que actuaba en su condición de ciudadano del Partido de Villa Gesell, con independencia de su calidad de concejal de la comuna (v. presentación electrónica de fecha 1-X-2021).
Posteriormente, el 5 de octubre de 2021, se ordenó librar un oficio a la Municipalidad demandada a fin de que remitiera, en formato digital, una copia de las ordenanzas cuestionadas; diligencia que fue cumplimentada el día 18 del mismo mes y año.
IV. Previo a resolver, el Tribunal dispuso como medida para mejor proveer que el municipio informe sobre el avance en la solicitud de aprobación -en los términos del art. 83 del decreto ley 8912/77- de los preceptos observados por parte del Poder Ejecutivo y, en su caso, si en dicho procedimiento se había dictado algún decreto en consecuencia, debiendo acompañar la pertinente documentación que así lo acreditara (v. resol. de 11-IV-2022).
El día 3 de mayo de 2022, la comuna cumplió con la requisitoria cursada. En su presentación manifestó que no contaba con una copia del expediente EX-2019-03609372-GDEBA-DTAMGGP solicitado, en tanto tramitaba ante la autoridad provincial en el denominado “Sistema Provincial de Expedientes” al que la Municipalidad de Villa Gesell no tiene acceso. Pese a esto, acompañó la hoja de ruta del procedimiento instado, de donde se extrae la fecha de inicio de las actuaciones –que tuvo lugar el 12 de febrero de 2019- y los distintos movimientos seguidos hasta la fecha del informe.
V. Con fecha 10 de mayo de 2022, el actor amplía demanda. En esta oportunidad, expone que las ordenanzas 3063/21 y 3138/21 se oponen a lo normado en el art. 142 de la ley 12.257 que sancionó el Código de Aguas, en consonancia con el art. 28 de la Constitución local en materia de preservación del medioambiente.
Apunta que el mentado precepto legal impuso una férrea y estricta prohibición de loteo y construcción en el espacio físico aledaño al Océano Atlántico y en las cadenas medanosas, sin prever excepción alguna.
Frente a esto, afirma que las ordenanzas controvertidas —desconociendo tal restricción— autorizan, permiten y alientan la realización de loteos y edificaciones en la franja de 150 metros aledañas a la ribera marina. En particular, destaca el descontento generalizado de los vecinos por la construcción del complejo habitacional “Solanas”, emplazado en la localidad de Mar Azul frente a la orilla del mar. Proyecto que dice no podría estar autorizado de encontrarse vigente la ordenanza 2051/06 derogada.
VI.1. Así las cosas, el día 12 de agosto del corriente año, este Tribunal resolvió suspender el pase al Acuerdo el día 10 de mayo de 2022 y disponer, como medida para mejor proveer, librar oficio al Intendente de la Municipalidad de Villa Gesell para que en el término de diez días remita, en formato papel y digital, copia autenticada de la ordenanza 3063/21 donde pueda visualizarse de manera clara no sólo el texto normativo de cada uno de los preceptos controvertidos, sino también los planos y mapas que demarcan las distintas zonas y secciones con identificación precisa de las parcelas y sus categorías. Paralelamente y en igual término, se ordenó que la comuna actualice con un ejemplar debidamente legible la documentación pertinente en el sitio web del Boletín Oficial municipal alojado en https://www.gesell.gob.ar/info-util/boletin-oficial.html , en relación con la publicación de la ordenanza 3063/21 (BOM n°1271 de 8-II-2021).
En función de lo requerido, la demandada expuso que “atento la voluminosidad y características de la documentación acompañada se ha generado link de acceso a Drive donde consta la totalidad de la misma, para el acceso de las partes y Juzgado interviniente: https://drive.google.com/drive/folders/1If2pOy4DQLEhPndD3snQwYgv_jsnagzR?usp=sharing ” (v. presentación electrónica de fecha 30-VIII-2022).
De los nuevos elementos traídos al proceso, se corrió traslado a la parte actora, a los fines que estime corresponder. Asimismo, se reiteró que debía hacerse efectivo lo dispuesto en el punto V del aludido pronunciamiento, respecto de la correlativa publicación de aquellos documentos en el digesto web municipal, conforme lo establecido en el art. 108 inc. 18 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (v. proveído de fecha 31-VIII-2022).
El día 2 de septiembre de 2022, el actor insistió en que el municipio continuaba incumpliendo el deber de publicar la norma controvertida en la versión digital del Boletín Oficial y afirmó que tampoco acreditó que se hubiera sustanciado el procedimiento administrativo ambiental previsto en la ley 11.723 y obtenido ningún acto administrativo de declaración de impacto ambiental.
Finalmente, la Municipalidad informó que el Boletín Oficial 1271/21 fue modificado, pudiendo accederse al texto de la ordenanza y a los mapas y planos anexos en debida forma (v. presentación electrónica de fecha 6-IX-2022).
VI.2. El 22 de marzo de 2023 la apoderada de la comuna demandada acompañó una copia de la resolución 161/23, mediante la cual el Poder Ejecutivo provincial convalidó las ordenanzas 3.063/21 y 3.138/21, en los términos del art. 89 del decreto ley 8.912/77.
Aquel mismo día, la parte actora también adjuntó un ejemplar de la citada resolución y solicitó que se le otorgue la medida cautelar requerida en su escrito inicial.
VII.1. De esta manera, pasaron las actuaciones al Acuerdo.
VII.2 Cabe señalar que, atento el estado en que se encuentra la causa, es dable tener por ampliada la demanda en los términos del art. 331 del Código Procesal Civil y Comercial.
En este sentido, debe considerarse, de un lado, que la presentación se ha efectuado en una etapa procesal oportuna –esto es, antes de la notificación del escrito inaugural y, por ende, de la traba de la litis -; y, de otro, que el actor esboza un nuevo fundamento en apoyo al embate constitucional ensayado que guarda relación directa con la pretensión original incoada.
VIII. Corresponde, entonces, abocarse al tratamiento de la tutela precautoria articulada por el demandante.
VIII.1. En razón del objeto de la pretensión principal articulada, han de considerarse básicamente los planteos constitucionales. Aquellos de cuño meramente legal, por principio ajenos al ámbito cognoscitivo propio de esta clase de contiendas, únicamente pueden ser atendidos en la medida en que evidencien la infracción constitucional aducida. De lo contrario, se desvirtuaría la misión esencial que el constituyente ha confiado a la Suprema Corte en este tipo de causas (doctr. arts. 161 inc. 1°, 166 in fine y 215, Const. prov.; arts. 1, 2, 3, 12 y concs., ley 12.008 -texto según ley 13.101- y causa I. 68.174, "Filón”, resol. de 18-IV-2007).
Es útil recordar que esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de Mayo”, resol. de 21-IX-2005; I. 68.174, "Filón”, resol. de 18-IV-2007; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; I. 73.607, "Spadone", resol. de 22-XII-2015; I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016; I. 72.454, "Defensor del Pueblo", resol. de 4-VII-2018 e I. 75.538, "Wal-Mart Argentina S.R.L.", resol. de 26-IX-2018, e.o.).
Por excepción, y en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1°, CPCC; doctr. causa I. 71.446, “Fundación Biosfera”, resol. de 24-V-2011, e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
VIII.2. En la presente causa debe tenerse en cuenta que se alega un daño ambiental potencialmente irremediable, extremo que llama -al igual que en el pasado- a la aplicación de los principios preventivo y precautorio, que en circunstancias como la presente informan el análisis de los requisitos contenidos en el art. 230 del código de rito (arts. 28, Const. prov.; 41, Const. nac.; 4, ley 25.675; doctr. causas I. 71.446, “Fundación Biosfera”, resol. de 24-V-2011; I. 70.249, “Bornic”, resol. de 29-VI-2016 e I. 72.760, “Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre”, resol. de 28-X-2015; CSJN Fallos: 332:663; 333:1849; 338:811; 339:142).
IX. Se impone considerar sobre la base de tales criterios los extremos requeridos por la ley procesal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC) inherentes a la petición cautelar en el asunto traído a conocimiento de este Tribunal.
IX.1. En relación a la verosimilitud del derecho, el actor reitera que se encuentra comprobado que “la lectura del contenido de la ordenanza 3063 resulta imposible por ser el mismo borroso, impidiendo a la comunidad tomar conocimiento del contenido de la ordenanza 3063 y de tal manera se afecta la forma de gobierno republicana”. A esto, añade que la norma impugnada modifica radicalmente el uso y el destino del suelo en el Partido de Villa Gesell (v. punto III del escrito postulatorio de fecha 22-IX-2021).
Al respecto, parece necesario destacar que la circunstancia de que, por regla, no sea pertinente alegar una infracción constitucional frente a la reforma de preceptos generales, ni la existencia de un derecho adquirido al mantenimiento de ese tipo de normas (legales o reglamentarias) o a su simple inalterabilidad (CSJN Fallos: 326:1442; 327:2293, 5002; 329:976, 1586; 333:108,2222; entre muchos otros), en modo alguno implica convalidar, en asuntos como el aquí examinado, la juridicidad de toda modificación regulatoria, cualquiera fuere su contenido, pues por esa vía podría comprometerse el medio ambiente y la salud de la comunidad, afectando el interés público implicado en su tutela constitucional (arts. 41, Const. nac.; 28, Const. prov.). Desentenderse de los efectos que sobre la población pueda provocar la iniciativa de reformas normativas como ésta, se exhibe, al menos en esta instancia inicial, reñido con el principio de progresividad vigente en la materia (conf. art. 4, ley 25.675; CSJN Fallos: 329:2316; doctr. causas I. 71.446, cit.; I. 70.771, "Rotella", resol. de 28-III-2012; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 24-IX-2014 e I. 72.760, "Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de octubre", resol. de 28-X-2015, e.o.) que, al tiempo que procura la mejora gradual de los bienes ambientales supone que los estándares de protección vigentes o actualmente logrados, no sean sustituidos por otros, inferiores u ostensiblemente ineficaces (doctr. causa I. 74.912, "Giannuzzi", resol. de 4-IX-2020).
Así pues, aunque, como es lógico, todo municipio, al igual que toda organización gubernativa, puede adecuar sus normas territoriales en función de nuevas decisiones públicas, ello supone la justificación razonable de los cambios introducidos (doctr. causa I. 70.249, "Bornic", resol. de 29-VI-2016).
IX.1.a. En este tramo de análisis, merece especial consideración el agravio esbozado en la ampliación de demanda.
Allí se denuncia que, con sostén en lo dispuesto en los preceptos impugnados, se aprobó el proyecto de construcción del complejo habitacional “Solanas”, impulsado por el Grupo Portland, emplazado en la localidad de Mar Azul frente a la ribera marina (v. punto II de la presentación electrónica de fecha 10-V-2022; ver https://www.solanasmarazul.com.ar/ ). Y que semejante cosa sería contraria a lo regulado en el art. 142 del Código de Aguas, en cuanto lee: “Prohíbese el loteo y la edificación en una franja de ciento cincuenta (150) metros aledaña al Océano Atlántico y la edificación sobre los médanos y cadenas de médanos que lleguen hasta el mar aún a mayor distancia”.
Además, es necesario señalar que la resolución 161/23, al convalidar las ordenanzas 3.063/21 –promulgada por decreto 617/21- y 3.138/21 –promulgada por decreto 2.138/21- (art. 1°), estableció que en materia de infraestructura, servicios y equipamiento comunitario deberá darse cumplimiento con lo regulado por los arts. 56, 62 y 63 del decreto ley 8.912/77 en el momento de aprobarse el plano de subdivisión y/o materialización del suelo (art. 2°).
Siendo esto así, luce verosímil la alegación efectuada en torno a la probabilidad de vulneración del art. 28 de la Carta local, interpretado a la luz de lo que dispone una de las reglamentaciones con virtualidad para precisar su alcance ( i.e. , el art. 142, cit.; doctr. causa I. 72.267, “Mitchell”, sent. de 27-VIII-2020). Esto por cuanto, en esta etapa liminar y de un mero cotejo cronológico, no es posible presumir que se haya dado cumplimiento con los recaudos previstos en el acto de aprobación provincial de manera previa al comienzo de ejecución de la obra del complejo “Solanas”, que fuera autorizada en el marco del actual “Plan de Ordenamiento Municipal”. Pues, mal podría entenderse que se han observado todas las condiciones allí contempladas –que hasta el momento de la sanción de la resolución 161/23 pudieron haberse ignorado- antes de la puesta en marcha de los trabajos del mentado emprendimiento (v. en esp. art. 62, dec. ley 8.912/77, en su vinculación con el recurso hídrico).
Por otro lado, tampoco surge de los considerandos que motivan el dictado del acto de convalidación que se hubiese ponderado la incidencia, prima facie, del art. 142 del Código de Aguas.
Se está entonces ante el riesgo de un perjuicio lo suficientemente probable, extremo que habilita al Tribunal a adoptar interinamente medidas preventivas, procurando principalmente garantizar la protección, conservación y manejo del recurso hídrico que se encontraría en juego. Por este motivo, es necesario ordenar cautelarmente a la Municipalidad de Villa Gesell la suspensión de la habilitación y —si los hubiere— de los trabajos concretos que pudieran estarse ejecutando sobre la zona costera en violación específica del art. 142 del Código de Aguas, a fin de preservar las condiciones ambientales del área.
IX.1.b. Ahora bien, en relación al restante pedido cautelar —esto es, la suspensión de los efectos del nuevo Código de Ordenamiento Urbano en su conjunto— debe señalarse que, en virtud del modo en que ha quedado planteada la cuestión, las presuntas infracciones constitucionales difusamente aducidas sin determinar con precisión cuáles serían los puntos de dicho plexo que estarían reñidos con los derechos ambientales invocados y se presentarían como regresivos a la luz de la normativa anterior, no pueden ser abordadas en esta oportunidad.
Lo dicho, sin perjuicio de volver sobre el tópico en caso de modificarse las circunstancias antes reseñadas, frente a la provisionalidad, flexibilidad y mutabilidad que caracterizan a las decisiones adoptadas en el ámbito preventi
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.