Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77365
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar el pedido de aclaratoria formulado por la Municipalidad de Villa Gesell el día 16 de noviembre de 2023 (art. 166 inc. 2, CPCC).
II. No hacer lugar a lo solicitado por el señor Héctor Luis Baldo en su presentación del día 20 de noviembre de 2023 (arts. 34 inc. 5 y 36 inc. 2, CPCC).
I.77.365 "BALDO, HECTOR LUIS C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL S/ INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZAS 3063/21 Y 3138/21"
I. Mediante resolución de fecha 8 de noviembre de 2023, esta Suprema Corte tuvo por ampliada la demanda promovida por el señor Héctor Luis Baldo e hizo lugar parcialmente a la medida cautelar requerida, ordenando la suspensión de la habilitación y ejecución de obras de construcción en la zona costera estrictamente alcanzada por el art. 142 del Código de Aguas, en especial las del complejo habitacional “Solanas”, emplazado en la localidad de Mar Azul frente a la ribera marina e impulsado por el Grupo Portland, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos (arts. 204, 230, 232 y concs., CPCC).
II. Frente a ello, el día 16 del mismo mes y año, la apoderada de la Municipalidad de Villa Gesell deduce recurso de aclaratoria solicitando, puntualmente, que se especifique si corresponde aplicar el art. 142 del Código de Aguas en sentido lato y, en consecuencia, suspender todas las obras emplazadas a menos de 150 metros del mar y sobre médanos o cadenas medanosas; o bien, si debe interpretarse aquel precepto conforme el criterio adoptado a lo largo de los años por la comuna y exigirse su cumplimiento únicamente en las zonas no consolidadas y en las urbanizaciones nuevas.
En este sentido, argumenta que en el Partido de Villa Gesell nunca se aplicó la restricción del art. 142 a parcelas que formaban parte, a la época de la sanción de la ley, del sector urbano denominado “consolidado” y que fue en esa inteligencia que el municipio sancionó los códigos de ordenamiento urbano de los años 2006 y 2021, que luego fueron convalidados por la Provincia. A esto, aduna que toda la superficie urbanizada y urbanizable del partido se encuentra ubicada sobre cordones medanosos o campos de dunas que llegan hasta el mar.
Por último, sostiene que el actor incurre en un error al considerar que el Complejo Habitacional “Solanas” fue autorizado bajo la vigencia de las ordenanzas impugnadas en este pleito, toda vez que los planos para su construcción habrían sido aprobados en el año 2016 e invoca, para ilustrar lo dicho, lo actuado en los autos caratulados “Cabrera, Alejandro Jorge c/ Habitar SA s/ Acción de recomposición ambiental” (expte. N° 19.337), en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores.
III. El día 20 de noviembre del corriente año, la parte actora contesta espontáneamente el pedido de aclaratoria realizado por la contraria.
En su réplica, afirma que la literalidad del art. 142 del Código de Aguas impone una prohibición para lotear o edificar en una franja de 150 metros aledaña al océano y sobre médanos y cadenas de médanos que lleguen al océano. Asimismo, explica que el decreto 3.511/07 no ha alterado el espíritu de la ley que reglamenta, en tanto establece que “la franja de 150 metros aledaña al Océano Atlántico se computara desde la línea de ribera. El Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos definirá la mayor distancia de cada zona, mediante la aplicación de los presupuestos mínimos establecidos por decreto N° 3202/06 del Poder Ejecutivo Provincial en los supuestos donde se verifique la adhesión municipal por ordenanza. En aquellos casos en los que no se haya formalizado la adhesión municipal prevista en el Decreto citado, la línea de edificación deberá extenderse a partir de la finalización de la cadena de médanos”.
En virtud de ello, arguye que la franja de 150 metros inicia en la llamada “línea de ribera” con posibilidad de aplicarse a mayor distancia de protección si la Municipalidad adhirió por ordenanza al decreto 3202/06, lo que en el caso no aconteció.
Finalmente, requiere que se intime a la comuna para que, en el plazo de cinco (5) días, informe cuáles medidas administrativas ha asumido para dar cumplimiento a la orden cautelar dispuesta en esta litis .
IV.1. En primer lugar, cabe recordar que la aclaratoria es procedente cuando se debe corregir un error material, aclarar conceptos oscuros sin alterar lo sustancial de la decisión o suplir cualquier omisión en que se hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio (conf. arts. 36 inc. 3 y 166 inc. 2, CPCC).
IV.2. De acuerdo a los términos en que fue formulada, la presentación no viene a dar cuenta -en el caso- de alguna efectiva omisión, concepto oscuro o término impreciso en la decisión interlocutoria atacada que pudiera poner en duda el alcance o contenido de su parte dispositiva.
En efecto, la resolución es precisa en sus términos. En el desarrollo de sus fundamentos el texto de la norma aquí traída a consideración ha sido expresamente sopesado a la luz de los argumentos esgrimidos por el actor en su escrito inaugural y sus sucesivas postulaciones y lo dispuesto en las ordenanzas 3.063/21 y 3.138/21 como datos relevantes para decidir la concesión de la medida tal como fue dispuesta (v. en particular los puntos IX.1.a. y IX.2.a. de la resolución de fecha 8-XI-2023).
Resulta entonces que por conducto del remedio intentado se pretende, en rigor, que el Tribunal revise la decisión adoptada y la modifique, asignando un contenido y efecto diferente a la protección cautelar concedida. Ello excede evidentemente el ámbito propio de una petición aclaratoria, por lo que la solicitud debe desestimarse.
IV.3. Para más, es útil mencionar que decidir con relación a las consecuencias pasadas de la aplicación de los preceptos objetados en la demanda o del art. 142 del Código de Aguas aquí invocado, excedería el marco propio de estas actuaciones.
V. Sentado lo anterior, conviene precisar que las alegaciones vinculadas a la pervivencia de las condiciones o razones que dieron sustento a la suspensión ordenada provisionalmente debe –a todo evento- ser canalizada a través de las vías previstas en el ordenamiento de rito a tal efecto, junto con todos los elementos de convicción que estime relevantes para tal fin (conf. arts. 202, 203 y 375, CPCC).
Esto por cuanto, sabido es que las notas de provisionalidad y variabilidad que caracterizan a este tipo de medidas permiten que en todo proceso sea factible disponer la modificación de las providencias precautorias ya ordenadas o su levantamiento, atendiendo a aquellas circunstancias sobrevinientes o que no han podido ser valoradas al momento de dictarlas (conf. arts. 202 a 204, CPCC; doctr. causas B. 68.580, "Barros", resol. de 22-IX-2021; I. 74.251, "Calvi", resol. de 2-XII-2021, e.o.).
VI. En atención a las consideraciones que anteceden, el pedido de aclaratoria debe ser desestimado por improcedente (arg. art. 166 inc. 2, CPCC).
VII. Respecto a lo peticionado por la parte actora, no existen –de momento- motivos fundados que justifiquen cursar una intimación en los términos propuestos (arg. arts. 34 inc. 5 y 36 inc. 2, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Desestimar el pedido de aclaratoria formulado por la Municipalidad de Villa Gesell el día 16 de noviembre de 2023 (art. 166 inc. 2, CPCC).
II. No hacer lugar a lo solicitado por el señor Héctor Luis Baldo en su presentación del día 20 de noviembre de 2023 (arts. 34 inc. 5 y 36 inc. 2, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/12/2023 10:54:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/12/2023 10:55:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2023 14:24:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 16:18:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2023 08:01:02 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/12/2023 08:03:19 hs. bajo el número RR-1061-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia