Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77365
I.77.365 "BALDO, HECTOR LUIS C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL S/ INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZAS 3063/21 Y 3138/21"
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. Con fecha 8 de noviembre de 2023, esta Suprema Corte hizo lugar parcialmente a la medida cautelar requerida por la parte actora y, en consecuencia, ordenó la suspensión de la habilitación y ejecución de obras de construcción en la zona costera estrictamente alcanzada por el art. 142 del Código de Aguas, en especial las del complejo habitacional “Solanas”, emplazado en la localidad de Mar Azul frente a la ribera marina e impulsado por el Grupo Portland, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos (arts. 204, 230, 232 y concs., CPCC).
II. Por su parte, el día 22 de febrero de 2024 la Municipalidad de Villa Gesell contestó demanda.
En su réplica, expuso que el procedimiento EX-2019-03609372-GDEBA-DTAMGGP instado para la aprobación de las ordenanzas 3.063/21 y 3.138/21 culminó con el dictado de la resolución ministerial 161/23.
Explicó que la comuna adhirió al decreto 3.202/06 mediante ordenanza 2.092/07 y que, en cumplimiento de lo previsto en los arts. 3 y 4 del citado decreto, el municipio dictó la ordenanza 2.104/07, donde se establecieron los límites del núcleo urbano central y complementario desarrollados con anterioridad al 30 de mayo de 2006. Además, arguyó que para los nuevos loteos o edificaciones que se encuentren por fuera de los sectores urbanizados, se aplicará el Plan de Ordenamiento Municipal (POM), que respeta los parámetros del decreto 3.202/06 y exige distancias de retiro muy superiores a los 150 metros fijados en el art. 142 del Código de Aguas.
II.1. En otro orden, aseguró que el proyecto de construcción del complejo habitacional “Solanas” había sido aprobado bajo la vigencia de la ordenanza 2.051/06. A la par, precisó que los trabajos contaban con las debidas autorizaciones administrativas, en tanto se había presentado el correspondiente estudio de impacto ambiental, se había celebrado una audiencia pública y se habían producido los dictámenes ambientales, técnicos y jurídicos requeridos y la pertinente declaración de impacto ambiental, a través del decreto 3.156/22.
Refirió que el proyecto contaba con planos aprobados desde el 30 de noviembre de 2016, pero que la única tarea que se había ejecutado hasta el momento era la demolición de un inmueble ubicado en la parcela designada catastralmente como Circunscripción VI, Sección E, Manzana 298. A fin de respaldar sus dichos, acompañó una copia del expediente administrativo N°2.374/15.
II.2. Por último, se opuso a la producción de la prueba pericial ofrecida por el actor y solicitó el levantamiento del remedio preventivo concedido.
III. El 1° de marzo de 2024, la parte demandante denunció el incumplimiento por parte del Intendente de Villa Gesell de la tutela otorgada, al haber sancionado el decreto 624/24, por el que se emitió la declaración de impacto ambiental del “Proyecto acceso a Mar de las Pampas” para la generación de manzanas a través de la demarcación y apertura de calles dentro de la parcela 89, ubicada en el ingreso a la localidad de Mar de las Pampas en un área que forma parte de una cadena de médanos que desemboca en el océano.
IV. Tras ello, el 4 del mismo mes y año, contestó el pedido de levantamiento de la medida cautelar.
En su postulación, se opuso a la interpretación esgrimida por el municipio en relación a la inaplicabilidad del art. 142 del Código de Aguas.
En lo que a la obra “Solanas” respecta, señaló que la demandada había omitido acompañar la documentación invocada en su escrito al efecto, por lo que no podían corroborarse sus alegaciones. No obstante, aseveró que, en el hipotético caso de existir tales constancias, el permiso de obra sería ilegal.
V. El día 14 de marzo del 2024, la apoderada municipal contestó el traslado conferido de la denuncia de incumplimiento articulada.
Resistió las acusaciones argumentando que mediante el decreto 624/24 el Intendente sólo emitió una declaración de impacto ambiental, sin otorgar ningún permiso de obra. Sin perjuicio de ello, adujo que la construcción se encuentra ubicada geográficamente en la parcela 89, en el acceso a la Ruta provincial n°11 a Mar de las Pampas por la Avenida Don Antonio Vázquez, por lo que no sería una zona costera estrictamente alcanzada por el art. 142 del Código de Aguas.
Finalmente, adjuntó copia del expediente administrativo N°4124-6743/23, iniciado con el propósito de identificar las áreas interdictas por la manda preventiva, donde consta el dictamen legal que determina el ámbito territorial de aplicación de la medida.
VI. Tras haber constatado la imposibilidad de acceso al link https://drive.google.com/drive/folders/1LTVUMVqSLhZE2CdBmqzmWcWs indicado en el punto 4.a.1. de la contestación de demanda, con fecha 15 de marzo 2024 se requirió a la Municipalidad que acompañara una copia del acto de convalidación de las ordenanzas en crisis y del expediente administrativo N° EX-2019-03609372- -GDEBA-DTAMGGP invocado.
VII. El 19 de aquel mes y año, la comuna subsanó la deficiencia apuntada por el Tribunal, proporcionando un nuevo link de acceso a la documentación detallada en su pieza defensiva.
VIII. Corrido el pertinente traslado de los instrumentos arrimados a la causa, la parte actora destacó que el estudio de impacto ambiental aprobado había sido elaborado el 20 de abril de 2015, sin que se registraran a la fecha actualizaciones en su contenido o conclusiones. Adunó que tampoco se había celebrado una audiencia pública, ni se contaba con el dictamen legal previsto en el art. 57 de la Ordenanza General 267/80.
Por tales razones, insistió en el pedido de suspensión cautelar del decreto 624/24.
IX. Toda vez que de la documentación acompañada por el municipio surgía que el resultado del pleito podría tener relación con intereses propios de la Provincia de Buenos Aires, se citó en carácter de tercero al señor Asesor General de Gobierno, quien compareció el día 25 de abril de 2024 y contestó demanda.
En dicha ocasión, objetó el progreso formal y fondal del planteo constitucional entablado e hizo reserva del caso federal.
X. Con fecha 12 de septiembre de 2024 se presentó la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires y solicitó que se la autorice a participar en el expediente en calidad de Amigo del Tribunal, en los términos de la ley 14.736.
Para fundar su pedido, alegó que se encuentra en juego el patrimonio del ente, al ser titular de dominio de cinco lotes situados en la línea de ribera. Además, arguyó que de la demanda se desprende un análisis de distintas áreas - urbanismo, economía regional y trabajo- en las que la Caja cuenta con reconocida trayectoria y expertise .
XI. Su intervención fue resistida el día 10 de noviembre de 2024 por la parte demandante, quien adujo que la peticionante se encontraba alcanzada por lo dispuesto en el art. 7 inc. "f" de la ley 14.736, al ser propietaria de un inmueble que estaría alcanzado por la orden cautelar decretada y perseguir el dictado de una sentencia que favorezca sus intereses económicos.
Ese mismo día, por escrito separado, realizó una denuncia por “posible incumplimiento” del mandato cautelar ante el derrumbe del hotel “Dubrovnik”, ubicado a pocos metros de la ribera marina.
XII. La Municipalidad, a su turno, explicó que, de acuerdo al dictamen jurídico obrante en el expediente n° 6.743/23, el edificio estaría emplazado por fuera del radio donde surte efectos la medida preventiva recaída en autos (v. presentación electrónica de fecha 20-XI-2024).
XIII. Con fecha 23 de mayo de 2025 el Tribunal dispuso, previo a resolver y como medida para mejor proveer, oficiar a la Municipalidad de Villa Gesell y a la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial dependiente de la Subsecretaría de Territorio y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Gobierno, para que informen sobre distintos puntos vinculados con la aprobación del proyecto de obra para la construcción del complejo habitacional “Solanas” emplazado en la localidad de Mar Azul.
XIII.1. El requerimiento fue evacuado por la comuna el día 3 de junio del año pasado. Allí, expuso que el trámite de autorización del emprendimiento “no ha sufrido ni ampliaciones ni modificaciones desde su aprobación en 2016” y continuó afirmando que no ha habido “ninguna petición con relación al proyecto de parte del propietario, así como tampoco ha habido actuación municipal alguna con relación al mismo”. Finalizó destacando que el único trabajo permitido y ejecutado fue la demolición de una obra de antigua data ubicada en aquella parcela.
En respaldo de sus dichos, indicó las fojas del expediente administrativo n° 2.374/16 y el nombre del archivo adjunto al escrito del 16 de noviembre de 2023, donde constaba lo manifestado.
XIII.2. La Secretaría General de Gobierno, el 11 de junio de 2025, acompañó el informe elaborado por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, en el cual se hizo saber que “no obran antecedentes administrativos en esta Dirección Provincial sobre el complejo habitacional 'Solanas' emplazado en la localidad de Mar Azul, y/o en relación al expediente n° 2.374/15 de la Municipalidad de Villa Gesell” y que “esta Dirección Provincial no interviene en el procedimiento de habilitación de proyectos ni de obras”.
XIV. Con fecha 24 de junio de 2025, se presentaron los señores Luis Vivas y Cristian Carlos Young y solicitaron intervenir en la contienda como terceros interesados y “simples denunciantes” del incumplimiento de la manda judicial.
El primero de ellos, en su condición de concejal electo del Partido de Villa Gesell; el segundo, por ser el letrado apoderado en los autos caratulados “Cabrera, Alejandro Jorge c/ Habitarq SA s/ Acción de recomposición ambiental” (expte. n° 19.337), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores.
Al respecto, explicaron que el 8 de noviembre de 2023 el por entonces titular del mencionado órgano dictó una medida cautelar, por la que se suspendió la ejecución de una serie de trabajos y construcciones que podrían perjudicar a los médanos costeros, dentro de las cuales se encuentra el proyecto de “Solanas”.
A su vez, refieren que se realizó una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público del Director de Obras Particulares, del Director de Planeamiento y Hábitat y del Director de Medio Ambiente ante la Fiscalía Descentralizada N°6 de Villa Gesell del Departamento Judicial de Dolores, que dio inicio a la IPP 03-04-001847-25/00. En esas actuaciones, se estaría investigando la actuación realizada en el marco del expediente administrativo n° 1.362/25, donde se autorizó una obra en calle 41 sobre Playa Mar Azul del Partido de Villa Gesell.
XIV.1. El municipio demandado contestó el traslado conferido el día 9 de julio de 2025. En su presentación, luego de efectuar una extensa negativa de los hechos postulados por los pretensos terceros y desconocer la documentación acompañada, adujo que no surgía de las alegaciones vertidas la lesión a un interés directo o indirecto de los peticionantes y que tampoco se había demostrado cómo la sentencia a dictarse podría afectarlos.
Además, esgrimió que las cuestiones aquí traídas habrían sido planteadas –conforme lo exponen los mismos requirentes– en el juicio que tramita ante el juzgado de primera instancia, en el que se otorgó un remedio preventivo y que aún estaría abierto a prueba.
Tras ello, sostuvo que lo pretendido excede el objeto de la presente controversia.
XIV.2. El actor y el señor Asesor General de Gobierno guardaron silencio.
XIV.3. Los señores Vivas y Young, el 10 de julio del año anterior, requirieron que se apliquen sanciones ejemplares a la comuna por el irregular ejercicio del poder de policía. Insistieron, asimismo, que debían paralizarse algunas obras que difusamente mencionan.
XV. En estas condiciones, pasaron los autos al Acuerdo.
XVI. Corresponde, entonces, expedirse respecto de la denuncia de incumplimiento de la medida cautelar blandida por la parte actora.
XVI.1. Del propio decreto 624/24 se desprende que el Intendente de Villa Gesell emitió la declaración de impacto ambiental de la obra denominada “Proyecto Acceso a Mar de las Pampas”, condicionando su ejecución al cumplimiento de una serie de recaudos formales previos (arts. 1° y 2).
Si bien una rápida lectura de la norma podría arrojar, prima facie, un resultado favorable a la pretensión articulada por el demandante, lo cierto es que tal conducta no se contrapone con la manda recaída en este pleito con fecha 8 de noviembre de 2023.
Al respecto, cabe recordar que este Tribunal ordenó la suspensión de la habilitación y ejecución de obras de construcción en la zona costera estrictamente alcanzada por el art. 142 del Código de Aguas. No obstante, dicha restricción no importa la paralización de cualquier clase de trámite administrativo, o siquiera de la prosecución de aquellos expedientes preparatorios cuyo objeto sea obtener una autorización o permiso de obra.
La medida cautelar es clara en sus alcances. El objeto de suspensión provisoria radica en la facultad del municipio de expedir habilitaciones de obras o autorizar acciones materiales sobre las áreas alcanzadas por la tutela concedida. De esto se desprende que la medida preventiva otorgada en nada obstruye la continuación de los trámites correspondientes ante los organismos competentes en la materia, que no se refieran a habilitaciones de obra o autorizaciones de acciones materiales sobre la zona resguardada.
Este temperamento, vale decir, es el que ha sido seguido por esta Corte en otros procesos donde se debatían derechos de idéntica naturaleza a los que aquí se ventilan (conf. causas I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 13-VII-2011; I. 72.267, "Mitchell", sent. de 27-VIII-2020 e I. 77.173, “Safi”, resols. de 5-IX-2022 y 24-X-2023).
Desde esta óptica, la declaración de impacto ambiental emitida no constituye per se un quebrantamiento de la interdicción decretada.
Y no alteran dicha conclusión los argumentos en torno a las presuntas irregularidades en las que se habría incurrido al dictar el decreto 624/24. Ello es así, pues más allá de que semejante indagación excedería el marco del presente proceso, se trata de planteos de cuño meramente legal, por principio ajenos al ámbito cognoscitivo propio de esta clase de contiendas (doctr. causas I. 68.174, "Filón”, resol. de 18-IV-2007; I. 77.164, "Asociación civil sin fines de lucro Foro Medio Ambiental (FOMEA)", resol. de 12-V-2023; e.o.).
XVI.2. En cuanto a la denuncia formulada el día 10 de noviembre de 2024 acerca de un posible incumplimiento de la medida cautelar en virtud del derrumbe del Hotel “Dubrovnik”, no cabe más que concluir que se trata de un planteo conjetural que carece de la contundencia que una acusación de ese tenor exige. Basta reparar en los propios términos del escrito bajo análisis, donde se expresa que “existe una posibilidad cierta y concreta que el mandato cautelar aquí dictado haya sido flagrantemente violado por la Municipalidad de Villa Gesell, más aún cuando luce registrado en este proceso que el Sr. Intendente ha sido expresamente notificado del contenido de la sentencia del 8 de noviembre de 2023”.
La falencia no se subsana con la presentación del 21 de aquel mes y año, pues de la lectura de los argumentos blandidos se desprende que lo postulado continúa sin superar el umbral de lo hipotético.
XVI.3. Bajos tales premisas, las denuncias formuladas por el demandante con fecha 1° de marzo y 10 de noviembre de 2024 deben ser –de momento- desestimadas (conf. arts. 34 inc. 5, 198 y 202, CPCC).
XVII. Despejada la primera cuestión, cabe abordar el pedido de levantamiento de la medida precautoria efectuado por la Municipalidad de Villa Gesell.
XVII.1. Para fundar su petición, refiere que “el actor ha ocultado información para obtener una cautelar que afecta seriamente el desarrollo económico de la ciudad y cuyos daños son cuantiosos. Ha sembrado desconfianza e inseguridad a poco de anunciarse un nuevo código que habilita el desarrollo y urbanización de nuevas zonas”. Tras esto, agrega que “la otra afectación no menor es la paralización del proyecto Solanas (…) obra que cuenta con planos aprobados y todos los permisos de la Autoridad del Agua y la declaración de impacto ambiental emitida” y que habría sido aprobada a la luz del código de ordenamiento urbano anterior.
Como corolario, enfatiza que “la cautelar no solamente ha detenido el proyecto de la obra Solanas sino que impide la autorización de nuevos emprendimientos que se hallan a la espera luego de más de 4 años que insumió la convalidación del Plan” (v. punto 6 de la contestación de demanda).
XVII.2. Como se dijo, el día 4 de marzo de 2024, la parte actora contestó el traslado conferido y se opuso al acogimiento de lo solicitado por la contraria.
Para eso acude a dos líneas de pensamiento: de un lado, manifiesta que la idea propiciada por la demandada de que la restricción de loteo y edificación impuesta por el art. 142 del Código de Aguas no debe ser aplicada porque la norma que en verdad rige el asunto es el decreto 3.202/06, supone una “incorrección jurídica”, que solo puede conducir a una conclusión inadecuada de la cuestión; y de otro, que la comuna no ha aportado ningún elemento nuevo que justifique su petición o que permita verificar la adecuación del procedimiento seguido para la aprobación del complejo habitacional “Solanas”.
XVII.3. Es dable recordar que las notas de provisionalidad, flexibilidad y mutabilidad que caracterizan a las medidas cautelares permiten que en todo proceso sea factible decretar la modificación de las providencias precautorias ya dispuestas o su levantamiento, atendiendo a aquellas circunstancias sobrevinientes o que no han podido ser valoradas al momento de dictarlas (doctr. causas I. 72.760, “Asociación para la Protección del Medio ambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre”, resol. de 10-IV-2019” e I. 75.471, “Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires”, resol. de 9-IV-2021). Así pues, el Código Procesal Civil y Comercial expresamente establece que “las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron” y que “en cualquier momento en que estas cesaren se podrá requerir su levantamiento” (art. 202).
En el caso bajo análisis, pese a las alegaciones vertidas por la demandada en sentido contrario, los documentos incorporados al proceso no logran desbaratar sustancialmente las circunstancias que determinaron el dictado del remedio provisional cuyo levantamiento ahora se persigue.
XVII.4. Tal como sostiene la comuna, el expediente administrativo N° EX-2019-03609372-GDEBA-DTAMGGP da cuenta del derrotero seguido ante la autoridad provincial competente para la convalidación de las ordenanzas 3.063/21 y 3.138/21.
Del examen preliminar de los instrumentos adjuntos surgen los siguientes datos útiles que aconsejan mantener la medida cautelar dictada, hasta tanto se esclarezca el entuerto constitucional planteado.
XVII.4.a. La Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires -a través de la Dirección Provincial de Gestión Hídrica- al certificar la Prefactibilidad Hidráulica, Prefactibilidad de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo (disponibilidad) y Prefactibilidad de Vuelco de Efluentes Líquidos de la obra conforme lo solicitado la Municipalidad de Villa Gesell, dejó sentado que “en las condiciones actuales, no podrán ejecutarse construcciones de carácter permanente ni variarse el uso actual de la tierra sobre la franja de restricción hidráulica, contada a partir de las líneas de ribera -a aprobar y demarcar oportunamente por esta Autoridad de aplicación- del litoral atlántico” (v. CE-2021
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.