Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78906
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar parcialmente al recurso de aclaratoria interpuesto con fecha 11 de noviembre de 2025 por la parte actora (arg. arts. 36 inc. 3 y 166 inc. 2, CPCC).
Ello implica aclarar, en lo pertinente, la parte dispositiva de la resolución dictada con fecha 30 de octubre de 2025, dejando establecido que en el punto VI debió decirse: "Ordenar a título precautelar que, hasta tanto se sustancien los requerimientos de información y este Tribunal se expida acerca de la medida cautelar peticionada en este pleito, la Municipalidad de Escobar se abstenga de dictar actos de aplicación de las ordenanzas 5.351/16, 5.715/19 y 5.901/21 o autorizar acciones materiales sobre las parcelas allí identificadas (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causa B. 66.578, “EcoSystem SA”, resol. de 24-IX-2003).
A los fines de hacer efectivo lo decidido, líbrese por Secretaría el correspondiente oficio.
II. Citar a la Provincia de Buenos Aires para que en el término de quince (15) días tome en el proceso la intervención que estime corresponder (arts. 90, 94 y sgtes., CPCC).
III. Denegar la incorporación del hecho nuevo en los términos propuestos por la parte actora, disponiendo la continuación de la medida precautelar con el alcance que surge en el punto I de esta decisión (arts. 34 inc. 4, 36 inc. 1, 163 inc. 6, 331 y 363, CPCC).
IV. Desestimar la denuncia de incumplimiento de la orden preventiva efectuada por la Asociación Civil Recomponer en su presentación del día 9 de diciembre de …
I.78.906 "RECOMPONER ASOCIACION CIVIL C/ MUNICIPACILIDAD DE ESCOBAR S/ INCONSTITUCIONALIDAD DE ORDENANZAS 5.351/16, 5.715/19, 5.901/21 Y DECRETOS 1.257/19 Y 1.122/21"
I. Mediante resolución de fecha 30 de octubre de 2025, esta Suprema Corte -por mayoría- declaró que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana era de su competencia originaria (art. 161 inc. 1, Const. prov.) y, en lo que aquí interesa, ordenó como medida para mejor proveer (conf. art. 36, inc. 2, CPCC), por Secretaría, librar oficio al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de Escobar para que, dentro del término de diez (10) días, remitan a este Tribunal información vinculada con la sanción de las ordenanzas impugnadas en este proceso.
Asimismo, a título precautelar se dispuso que, hasta tanto se sustancien los requerimientos cursados y se decida acerca de la medida cautelar peticionada, la Municipalidad de Escobar se abstenga de dictar actos de aplicación de las normas en crisis o autorizar acciones materiales sobre las parcelas allí identificadas.
II. Frente a ello, la actora solicita que se aclaren los alcances del remedio preventivo decretado y se incluya en la parte dispositiva a la ordenanza 5.901/21. Al respecto, explica que esta norma también se encuentra impugnada en la demanda, en tanto modifica lo establecido en las ordenanzas 5.351/16 y 5.715/19 (v. presentación electrónica de fecha 11-XI-2025).
III. El 18 de noviembre de 2025 el municipio demandado da cumplimiento al requerimiento cursado y adjunta copias de las actuaciones n°s 15.470/16, 16.612/19 y 17.256/21 que tramitaron ante el Concejo Deliberante comunal y el expediente administrativo n° 4034-188035 del Departamento Ejecutivo.
Luego, explica que la implementación de los mecanismos de participación ciudadana en el ámbito municipal constituye una política de Estado, que se lleva a cabo cuando el Área de Prefactibilidades realiza un análisis conjunto con la Dirección General de Ambiente donde se concluye que un proyecto concreto que debe ser sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En este sentido, sostiene que -contrariamente a lo alegado por la actora- esta instancia no es necesaria en la etapa que precede al dictado de las ordenanzas generales y abstractas, puesto que -a su entender- el marco normativo vigente no lo exige como una condición de validez previa. A modo de ejemplo, menciona las distintas propuestas sobre la Ruta 26 que fueron presentadas ante la comuna y donde sí se garantizó el ejercicio de este derecho.
A su vez, detalla las distintas fases que componen el procedimiento de participación desde la solicitud del estudio de impacto ambiental, la disponibilidad de información en el sitio web oficial del municipio, la clasificación de las consultas y su sometimiento a los desarrolladores de las obras y áreas técnicas correspondientes, hasta el dictado de la declaración de impacto ambiental. Para reforzar sus dichos, manifiesta que para dotar de claridad y robustez a esa fase se han dictado las ordenanzas 6.158/23 -de creación de mecanismos de participación ciudadana-, 6.282/24 -relativa al régimen de acceso a la información pública ambiental- y 6.283/21 -sobre instrumentos de análisis de impacto ambiental.
En otro orden, destaca que la propuesta de adecuación normativa urbanística-ambiental materializada a través de las normas impugnadas se trató de un proyecto planificado de manera integral que se trabajó con la Provincia de Buenos Aires desde el año 2016. Como consecuencia de ello, expone que esta actualización fue acompañada por la ampliación y repavimentación por parte del gobierno provincial de la Ruta Provincial N°26, la construcción de infraestructura a cargo de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), obras hidráulicas, iluminación y recuperación de las parcelas frentistas.
Así las cosas, asegura que aun de estimarse hipotéticamente que la falta de audiencia pública previa a la sanción de las ordenanzas puede constituir una irregularidad formal, esta carecería de entidad relevante, dado que la convalidación otorgada por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial mediante la resolución 603/22 actúa como un control de legalidad integral que sanea y perfecciona el acto municipal, dotando de plena legalidad a las normas dictadas. En respaldo de esto, se vale del trámite seguido en el expediente n° EX20222-00339032-GDEBA-DPOUYTMGGP-, remitido por la Provincia con fecha 5 de noviembre de 2025.
A la luz de ello, resalta la importancia que tiene la realización de un corredor urbano para dar respuesta a la densificación del área consolidada que conforma el eje de la Ruta 26 y cómo se ha respetado la totalidad de las especies arbóreas ubicadas en ambos laterales.
Por último, solicita que se deje sin efecto la medida precautelar, por no encontrarse reunidos los recaudos exigidos para su concesión.
IV. Corrido el pertinente traslado, el 1° de diciembre de 2025, la Asociación Civil Recomponer lo contesta.
IV.1. En su presentación, ratifica íntegramente los términos de la demanda y denuncia como hecho nuevo la aprobación del Código de Ordenamiento Territorial, el que “en lo medular, afectará directamente los intereses ambientales que con la interposición de la demanda pretendemos proteger”. En este punto, tilda este hecho como una acción "poco ética" de la Municipalidad que, “al verse afectados sus intereses con el dictado de la medida precautelar dictada por [esta Corte] han modificado estratégicamente el cuerpo normativo referido a fin de, en definitiva, llegar al mismísimo resultado”, potencialmente lesivo del ambiente.
Por ello, requiere que se haga extensiva la manda precautoria otorgada y se incluya la suspensión del nuevo Código, por identidad de objeto, riesgo y fundamentos.
Seguidamente, refuta cada una de las alegaciones vertidas por la comuna en su postulación y se resiste a lo solicitado.
IV.2. El 9 del mismo mes y año, la actora acusa que la comuna ha incumplido la orden precautelar, puesto que una vecina advirtió que se estarían realizando obras públicas y privadas de construcción en la zona.
V.1. En primer lugar, cabe recordar que la aclaratoria es procedente cuando se debe corregir un error material, aclarar conceptos oscuros sin alterar lo sustancial de la decisión o suplir cualquier omisión en que se hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio (conf. arts. 36 inc. 3 y 166 inc. 2, CPCC).
Además debe tenerse presente que la aclaratoria se articula contra la parte dispositiva de la sentencia y no contra sus fundamentos (CSJN Fallos: 296:241; Morello, Augusto Mario y otros: "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", T.II-C, Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, año 1986, pág. 284; en igual sentido, Falcón, Enrique M., "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, T°VIII, Rubinzal-Culzoni Editores, año 2009, págs. 121 a 123 y 126 a 127; Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, Bs. As., 2001).
V.2. Bajo tales premisas, asiste razón a la asociación peticionante. En efecto, se advierte que por un evidente error involuntario y material no se ha hecho referencia en la parte dispositiva a la ordenanza 5.901/21, que integra el objeto de la pretensión entablada.
De allí que corresponde integrar la manda precautelar concedida en el punto IV de la mencionada decisión, estableciendo que dicha interdicción alcanza en todos sus términos y efectos a la citada ordenanza 5.901/21.
Por el contrario, toda vez que las actuaciones administrativas que dieron origen a la sanción de la referida norma han sido arrimadas a esta causa por la demandada el pasado 18 de noviembre, el acogimiento del planteo esgrimido en esta parcela se torna inoficioso (arg. art. 163 inc. 6, CPCC).
VI. En relación a la petición introducida por la Municipalidad de Escobar el día 18 de noviembre de 2025, se advierte que para fundar lo solicitado se invoca la legitimidad de los actos que habría sido reconocida por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial en el marco de sus competencias mediante la convalidación de las ordenanzas en crisis, por lo que cabe asumir que el resultado del pleito puede afectar la esfera de sus propios intereses.
De allí que, previo a expedirse sobre este asunto, no habiéndose materializado el traslado de demanda ordenado con fecha 3 de noviembre de 2025 y a fin de evitar el planteo de futuras nulidades, se deberá citar a la Provincia de Buenos Aires para que en el término de quince (15) días tome en el proceso la intervención que pudiera corresponderle (arts. 34 inc. 5 apdo. “b”, 90 inc. 1, 94 y 96, CPCC).
VII.1. Ingresando ahora al examen de la admisibilidad del hecho nuevo denunciado por la asociación civil Recomponer, es necesario recordar que en los procesos de conocimiento ordinario que disciplina el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, esencialmente gobernados por el principio dispositivo, les corresponde a las partes determinar el alcance del conflicto a dirimir de acuerdo a los hechos alegados y controvertidos en sus escritos postulatorios.
Es por ello que la modificación o ampliación de la demanda -y, por tanto, la prueba que corresponda acompañar u ofrecer, según el caso, para respaldar los hechos invocados- solo puede formularse, en principio, antes de la notificación de la demanda (cfr. primero y segundo párrafo del art. 331, CPCC).
Sin embargo, si la ampliación se fundare expresa o implícitamente en hechos posteriores a la traba de la litis o estos fueran anteriores, pero hubieran sido conocidos por las partes luego del referido estadio procesal, podrán ser denunciados en el juicio como hechos nuevos (cfr. tercer párrafo del art. 331, CPCC). El ordenamiento de rito establece que serán admitidos siempre que tuvieran relación con la cuestión controvertida, pudiendo ser alegados hasta cinco días después de dictado el auto de apertura a prueba (art. 363, CPCC), etapa procesal que todavía no se ha decretado en la presente.
A esto cabe añadir que, en el proceso especial de la acción originaria de inconstitucionalidad, la Suprema Corte ha considerado -aun de oficio- las modificaciones legislativas que incidieron sobre la vigencia de las normas controvertidas por esta vía (cfr. causas I. 2.284, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 21-XII-2012; I. 71.858, "Figueroa Alcorta", sent. de 6-VIII-2018; I. 2.033, "Ferro", resol. de 19-XII-2014; I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018; I. 69.020, "Intendente Municipal de Brandsen", sent. de 21-XI-2018; I. 73.059, "Liminal", sent. de 20-III-2019, e.o.).
Cierto es que la valoración de tales elementos, con potenciales implicancias en el derecho invocado en el curso del pleito, no autoriza a exceder los términos de la relación procesal ni a decidir acerca de cuestiones respecto de las cuales las partes no hayan podido ejercer su derecho de defensa. En ese sentido, ante el cambio normativo que altera sustancialmente el objeto de la pretensión, la Suprema Corte también ha considerado la falta de petición expresa de la parte interesada en perseguir la impugnación de la nueva norma, limitándose a declarar inoficioso el pronunciamiento relativo a la validez de la que ha dejado de regir, pero sin avanzar sobre aquella que la reemplaza y no ha sido oportunamente controvertida en el proceso (cfr. causas I. 3.089, "Formatos Eficientes S.A.", sent. de 9-XII-2009; I. 2.264, "Aguas de la Costa S.A.", sent. de 28-XII-2010; I. 2.364, "Emaco SRL" e I. 2.248, "Emaco SRL", ambas sents. de 27-VI-2012; e.o.).
VII.2. En ese marco, es imperioso ponderar que la demandante ha circunscripto el objeto litigioso a la impugnación constitucional de las ordenanzas 5.351/16, 5.715/19 y 5.901/21 al ratificar íntegramente los términos de la demanda, sin ampliar su contenido ni introducir un planteo directo y serio contra la ordenanza -ni siquiera identificada- que aprobó el Código de Ordenamiento Territorial (COT).
Así pues, no puede soslayarse que la denuncia de la sanción de aquel cuerpo normativo como hecho nuevo no lo ha sido más que para obtener una extensión de la medida precautelar decretada, bajo los argumentos de que “en lo medular, afectará directamente los intereses ambientales” que se procuran proteger, endilgándole livianamente una “identidad de objeto, riesgo y fundamentos”.
Tales manifestaciones -a tenor de la norma que se pretende incorporar confusamente al proceso- devienen en extremo genéricas para hacer lugar a lo requerido.
Tampoco resulta razonable -ni prudente- admitir la alegación efectuada en relación a que la comuna empleó una “estrategia poco ética” al dictar el COT como una respuesta deshonesta para librarse de los efectos del remedio preventivo dispuesto, dado que para la sanción de esta clase de disposiciones se prevé un procedimiento complejo con una serie de etapas donde intervienen diversas áreas técnicas y jurídicas tanto municipales como provinciales (arts. 70, 83 y concs., decreto ley 8.912/77).
Para más, del petitorio del escrito bajo estudio se observa que lo ahora pretendido por la actora excede los confines de este juicio y avanza sobre el cuestionamiento de las obras particulares realizadas en la comuna al exigir la presentación de los estudios de impacto ambiental realizados, todo lo cual debe ser canalizado por los carriles procedimentales pertinentes y no en el acotado marco cognoscitivo que permite este tipo de proceso.
VII.3. Por consiguiente, la denuncia del hecho nuevo -del modo y con los alcances con que fue propuesto-y la consecuente solicitud de extensión de la medida precautelar al Código de Ordenamiento Territorial deben ser desestimadas (arg. arts. 34 inc. 4 y 363 y concs., CPCC).
VIII. Continuando con el tratamiento de las cuestiones sometidas a consideración de esta Corte, cabe señalar que la denuncia efectuada acerca de que el municipio ha infringido la orden precautoria concedida, también debe ser desestimada.
Es que pese las manifestaciones vertidas por la reclamante, no se ha acompañado elemento alguno que demuestre de manera inequívoca la inobservancia de la manda preventiva dictada en autos, razón por la cual no queda abastecida la carga de probar los presupuestos fundantes de su planteo (arg. art. 375, CPCC).
Antes bien, la actora se limita, de un lado, a mencionar que “hace unos días atrás me fue informado por vecinos del lugar que se están incumpliendo las medidas cautelares” a través una supuesta constatación vecinal en la zona interdicta de obras públicas y privadas de construcción no identificadas y, de otro, a acompañar simples registros fotográficos que no se hallan ni siquiera fechados.
Así las cosas, momentáneamente el Tribunal no se halla en condiciones de expedirse sobre el planteo con el debido rigor, lo cual impone su rechazo (arg. art. 198, CPCC).
IX. Finalmente, atento la naturaleza de la pretensión esgrimida, deberá comunicarse al Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva el inicio de este pleito, para que proceda a efectuar la respectiva inscripción (arts. 1 y 2, Anexo I, Ac. SCBA 3660).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar parcialmente al recurso de aclaratoria interpuesto con fecha 11 de noviembre de 2025 por la parte actora (arg. arts. 36 inc. 3 y 166 inc. 2, CPCC).
Ello implica aclarar, en lo pertinente, la parte dispositiva de la resolución dictada con fecha 30 de octubre de 2025, dejando establecido que en el punto VI debió decirse: "Ordenar a título precautelar que, hasta tanto se sustancien los requerimientos de información y este Tribunal se expida acerca de la medida cautelar peticionada en este pleito, la Municipalidad de Escobar se abstenga de dictar actos de aplicación de las ordenanzas 5.351/16, 5.715/19 y 5.901/21 o autorizar acciones materiales sobre las parcelas allí identificadas (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causa B. 66.578, “EcoSystem SA”, resol. de 24-IX-2003).
A los fines de hacer efectivo lo decidido, líbrese por Secretaría el correspondiente oficio.
II. Citar a la Provincia de Buenos Aires para que en el término de quince (15) días tome en el proceso la intervención que estime corresponder (arts. 90, 94 y sgtes., CPCC).
III. Denegar la incorporación del hecho nuevo en los términos propuestos por la parte actora, disponiendo la continuación de la medida precautelar con el alcance que surge en el punto I de esta decisión (arts. 34 inc. 4, 36 inc. 1, 163 inc. 6, 331 y 363, CPCC).
IV. Desestimar la denuncia de incumplimiento de la orden preventiva efectuada por la Asociación Civil Recomponer en su presentación del día 9 de diciembre de 2025 (arts. 34 inc. 5, 198 y 202, CPCC).
V. Inscribir el presente litigio en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (arts. 1 y 2, Anexo I, Ac. SCBA 3660).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/12/2025 05:57:05 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 30/12/2025 11:21:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/12/2025 12:44:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2025 14:16:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2025 14:26:30 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/12/2025 16:14:38 hs. bajo el número RR-1077-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia