Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78641
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar a la medida cautelar peticionada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.78.641 “BOCCHICCHIO, CARLOS ALBERTO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE S/ INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZAS 5364 Y 5365”
I. Se presentan Carlos Alberto Bocchicchio, María Susana Pereyra Herraiz, Alejandro Felitte, Hugo María Burgueño y Alejandro Horacio Converti, promoviendo la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Municipalidad de San Vicente, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de los arts. 135 de la ordenanza 5.364 y 2 de la ordenanza 5.365 de esa comuna (tributaria e impositiva para el año 2023, respectivamente), reguladores de la Tasa Especial para Conjuntos Inmobiliarios Destinados a Vivienda y Grandes Desarrollos Inmobiliarios.
Sostienen que las normas impugnadas dieron lugar a un incremento sorpresivo, "desmedido, discriminatorio, injustificado y por lo tanto inconstitucional de la Tasa" en cuestión (presentación electrónica de fecha 16-III-2023, 10:29:17 hs.).
Expresan también que el gravamen resulta ilegítimo pues su cobro no responde a la efectiva prestación de servicios comunales, ni su monto guarda adecuada relación con el costo que eventualmente podría importar el desarrollo de la actividad estatal descripta en la norma creadora del tributo. Sostienen que ello importa un quebrantamiento de las pautas emergentes del régimen de coparticipación previsto en la ley 23.548 y se evidencia irrazonable.
Postulan que los preceptos objetados importan un aumento de la carga tributaria significativamente mayor para los vecinos propietarios de inmuebles que conforman barrios cerrados, respecto de aquellos que deben abonar un tributo análogo por ser titulares de bienes situados fuera de esas locaciones. Exponen que tal situación entraña una violación al principio de igualdad.
Alegan que, en tales condiciones, las normas objetadas violentan los arts. 10, 11, 31 y 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en tanto vulneran los principios de igualdad y reserva de ley, así como el derecho de propiedad.
Solicitan que, con carácter cautelar, se ordene al Municipio de San Vicente la abstención de aplicar las disposiciones objeto de demanda.
Asumiendo que la potestad tributaria municipal debe ser ejercida razonablemente, peticionan que se disponga que durante la vigencia de la medida precautoria requerida deberán los actores ingresar el tributo en un monto equivalente al que abonaron en su concepto durante el año 2022, con más un 94.8% de ese valor -tasa equivalente al índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para ese mismo año- (v. presentación electrónica de fecha 16-III-2023, 10:29:17 hs.).
II. Llamados autos al acuerdo para resolver respecto de la petición cautelar formulada por la parte actora, corresponde analizar la pertinencia del otorgamiento de la medida requerida.
III. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las ordenanzas municipales (doctr. causas I. I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de Mayo”, resol. de 21-IX-2005; I. 68.174, "Filón”, resol. de 18-IV-2007; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; I. 73.607, "Spadone", resol. de 22-XII-2015; I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 e I. 72.454, "Defensor del Pueblo", resol. de 4-VII-2018, e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011, e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias del caso se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
A la luz de los parámetros señalados, se debe analizar si en la especie se encuentran reunidos los extremos requeridos por la ley procesal inherentes a la petición precautoria, sopesando su concurrencia en el asunto traído a conocimiento del Tribunal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC).
III.1. Con relación a la verosimilitud del derecho, debe tenerse en cuenta que la percepción de la renta pública en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado (conf. CSJN Fallos: 312:1010 y sus citas), razón por la cual el análisis de medidas cautelares en materia tributaria impone una particular estrictez en la constatación de sus requisitos de procedencia (doctr. causas I. 72.222, "La Cucha SA", resol. de 10-VII-2013; I. 72.086, "Supercanal SA", resol. de 3-IV-2014; I. 72.987, "Traverso", resol. de 12-IV-2017 e I. 75.815, "Goyeneche", resol. de 26-XII-2019, e.o.).
III.1.a. En este punto, la parte actora se limita a proponer la comparación entre los montos liquidados por el fisco municipal para el último período del año 2022 y el primero del año siguiente, manifestando que no llega a observarse que existan pautas objetivas que respalden el incremento que es, a la vez, excesivo (v. en particular punto VII.1 del escrito de demanda).
Al respecto, cabe señalar que las impugnaciones basadas en la cuantía del tributo sólo deben acogerse en caso de que se demuestre con nitidez que su aplicación resulta prohibitiva, destructiva o confiscatoria (conf. causa I. 1.183, "Nida", sent. de 31-V-1988, e.o.), extremo que aún no se encuentra corroborado, pese a las alegaciones expuestas en sentido contrario.
III.1.b. Alegan también que el aludido aumento del tributo les es aplicado de manera discriminatoria y hostil, "por el sólo lugar de ubicación de su morada" (punto VII del escrito inicial).
Sin embargo, de la simple lectura de los preceptos objetados no surge con evidencia cierta que el municipio hubiese recurrido a la residencia o domicilio del obligado al pago como parámetro clasificador a fin de generar una carga diferenciada. De haber mediado una motivación impermisible por parte del legislador tributario, esto es algo que habrá de alumbrar a medida que se desenvuelva el proceso. A lo que cabe añadir que tampoco define con ese criterio a los contribuyentes de la tasa impugnada, toda vez que establece: "Los titulares de las parcelas individuales, lotes o unidades funcionales y, de las partes comunes, el titular y solidariamente los titulares de las parcelas individuales, lotes, fracciones o unidades funcionales en la proporción que corresponda" (arts. 145, ordenanza 3.564).
III.1.c. Por último, en torno a las alegaciones vinculadas a la falta de prestación efectiva de un servicio comunal que justifique adecuadamente la procedencia del tributo, debe señalarse que cuando se debaten cuestiones relativas a las potestades que los municipios de la Provincia de Buenos Aires tienen para dictar sus normas tributarias locales y el derecho que les asiste para exigir a sus contribuyentes el ingreso del producido consecuente a su aplicación, debe ponderarse lo dispuesto por la Constitución provincial, las leyes dictadas en su consecuencia y las ordenanzas municipales sancionadas en ejercicio de la autonomía municipal (conf. arts. 1, 5, 121 y 123, Const. nac. y 1, Const. prov.).
En el derecho público de la provincia son atribuciones inherentes al régimen municipal "...la administración de los intereses y servicios locales" (arts. 190, Const. prov.), confiriéndose a las municipalidades la potestad de dictar "...ordenanzas y reglamentos" (art. 192 inc. 6) que comprenden, entre otras materias, la creación de los tributos necesarios para financiar el presupuesto (art. 192 inc. 5); entre los que la Constitución incluye, expresamente, a los "...impuestos o contribuciones de mejoras" (art. 193 inc. 2).
Dicha interpretación de las normas constitucionales relativas a la competencia municipal en razón de su autonomía, disipa por sí la apariencia de buen derecho que invocan los actores en el marco provisional propio del despacho cautelar.
III.1.d. Las consideraciones precedentes conducen a concluir que la inconstitucionalidad denunciada en la demanda carece — prima facie — de la contundencia necesaria para resultar verosímil.
Ello así pues el análisis del asunto traído a conocimiento del Tribunal exige un mayor caudal de elementos de valoración que sólo podrá ser integrado al proceso como resultado de su propio desarrollo, permitiendo así un juicio razonado sobre bases sólidas (doctr. causas I. 70.772, "Asociación de Usuarios de Motovehículos de Argentina", resol. de 14-VIII-2010; I. 71.307, "Garibaldi", resol. de 11-VII-2012; I. 74.070, "Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel", resol. de 28-XII-2016; I. 75.141, "Banco Santander Río SA", resol. de 5-XII-2018; I. 75.157, "Martínez Azaro", resol. de 10-IV-2019; I. 76.485, "Flores Piran", resol. de 23-XI-2020; I. 75.756, "Barsi S.A.", resol. de 24-XI-2021, e.o.).
III.2. Tampoco concurre en la especie un supuesto de peligro en la demora que justifique la concesión del remedio precautorio solicitado (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
En esta parcela es preciso indagar tanto el gravamen que podría producirse si al cabo del proceso las normas cuestionadas fueran declaradas inconstitucionales, como aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de esas disposiciones, en caso de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causa B. 65.158, "Burgués", resol. de 30-IV-2003).
En virtud de tal análisis, dado que por el momento y por el estado procesal de la causa no existen elementos que permitan cotejar la repercusión de la normativa en la concreta situación económica y financiera de quienes accionan, no es posible hacer lugar a la medida suspensiva ni al resto de aquellas peticionadas en el escrito de inicio (doctr. causa I. 72.233, "International Value S.A.", resol. de 23-IX-2015; CSJN Fallos: 319:633).
Es que, tal como quedó expuesto en el apartado precedente, el menoscabo económico que aducen padecer los actores por el cobro de la tasa impugnada no se desprende suficientemente de las constancias agregadas en la causa y, en buena medida, se encuentra sujeto a la prueba que pueda producirse en el curso del proceso. De modo que no existen, de momento, motivos fundados que justifiquen la urgencia en adelantar esa protección a un estadio anterior a la sentencia de mérito, consideración en la que asume especial relevancia la trascendencia que reviste el mantenimiento de la regularidad en la recaudación de la renta pública que podría verse afectada por una medida como la que se solicita en la especie.
IV. Por tales razones, sin que lo anterior implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, no corresponde hacer lugar por el momento a la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas I. 71.668, "Sulimp", resol. de 8-VIII-2012; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; B. 72.230, "Pereyra Iraola", resol. de 23-XII-2013; B. 72.232, "Candia", resol. de 23-XII-2013; B. 72.236, "Urien", resol. de 23-XII-2013; B. 72.234, "Arrillaga", resol. de 5-III-2014; I. 75.418, "Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Mar del Plata", resol. de 5-IX-2018 e I. 75.353, "González de Souza", resol. de 7-III-2019, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
No hacer lugar a la medida cautelar peticionada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2023 10:09:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2023 12:29:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 09:46:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 12:52:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 17:11:34 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2023 17:25:16 hs. bajo el número RR-739-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia