Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78623
Lo que resolvió el tribunal
I. Disponer la acumulación a estas actuaciones de la causa I. 78.638, "Agradi, Martín y otros c/ Municipalidad de San Vicente s/ inconstitucionalidad ordenanzas 5364 y 5365", de trámite ante esta Suprema Corte; cópiese allí esta resolución (arts. 34, inc. 5 aps. "a" y "e"; 88 y 188, CPCC).
II. Admitir el recurso de aclaratoria articulado por la actora y rechazar la oposición formulada por esa parte a la prueba de informes dirigida a la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Administración Nacional de la Seguridad Social y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, deberá agregarse una copia de esta resolución a los respectivos oficios.
III. Rechazar el recurso de reposición interpuesto por la actora contra el proveído de fecha 4-XII-2023.
IV. Desestimar la prueba de inspección ocular ofrecida por la demandada (arts. 362 y 477, CPCC).
I.78.623 "AMAYA GÓMEZ, RAUL Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE S/ INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZAS 5364 Y 5365"
I. Se presenta la parte demandada y solicita la acumulación de "la totalidad de las acciones que se encuentran tramitando en esta SCBA, respecto de la inconstitucionalidad articulada de las Ordenanzas 5364 y 5365" (v. presentación electrónica de fecha 4-XII-2023, 9:28:02 a.m.).
Sostiene que su petición es procedente pues tales causas registran afinidad y conexidad en cuanto al objeto, los fundamentos expuestos por los actores y la prueba ofrecida, a la vez que se encuentran en un mismo estadío procesal.
Corrido el traslado de esa petición (v. actuación de fecha 4-XII-2023), la demandante guardó silencio.
II. Asimismo, la actora presenta recurso de aclaratoria frente a la resolución de fecha 29-XI-2023 y de reposición contra el proveído de fecha 4-XII-2023 -respecto de este último, en cuanto ordena el libramiento de los oficios correspondientes a la prueba informativa ofrecida por su contraparte- (v. presentación electrónica de fecha 5-XII-2023, 4:22:59 p.m.).
Manifiesta que en la resolución recurrida se omitió tratar y resolver su oposición a la prueba informativa ofrecida por la demandada en cuanto refería al pedido dirigido a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la Administración Nacional de Seguridad Social y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, AFIP, ANSES y ARBA, respectivamente) por considerarlas medidas violatorias del secreto fiscal.
III. Por último, se presentó la demandada y, en cumplimiento de lo requerido mediante proveído de fecha 4-XII-2023, expresó que la prueba de inspección ocular por ella ofrecida mediante escrito de fecha 12-IX-2023, 9:37:38 a.m., tiene por objeto la constatación, en sede de diferentes secretarías de la comuna, de los servicios que alega retribuidos con las tasas y contribuciones objetadas en autos (v. presentación electrónica de fecha 2-II-2024,9:16:11 a.m.).
IV. Corresponde abordar en primer término el pedido de acumulación de procesos formulado por la parte demandada.
El art. 188, proemio, del Código Procesal Civil y Comercial dispone que "Procederá la acumulación de procesos cuando hubiese sido admisible la acumulación de subjetiva de acciones de conformidad con lo previsto en el art. 88 y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros".
A su vez, el art. 88 del mismo código prevé que "Podrán varias partes demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las acciones sean conexas por el título, o por el objeto, o por ambos elementos a la vez".
Tal como pone de resalto la demandada, en la actualidad tramitan en instancia originaria ante esta Suprema Corte más de una acción de inconstitucionalidad en las que se requiere la declaración de invalidez de los arts. 135, 136, 137, 146, 147, 148, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 349, 350, 351 y concordantes de la ordenanza 5.364 y de los arts. 2, 3 y 93 a 95 de la ordenanza 5.365 de la Municipalidad de San Vicente (tributaria e impositiva para el año 2023, respectivamente). En tales actuaciones se han invocado argumentos estrictamente análogos en sostén de la pretensión, los que han merecido una respuesta prácticamente idéntica por parte de la comuna demandada en las respectivas contestaciones de demanda.
En particular, tal conexidad por su objeto registra la presente causa —I. 78.623, "Amaya Gómez, Raul y otros c/ Municipalidad de San Vicente s/ inconstitucionalidad ordenanzas 5364 y 5365"— con el expediente I. 78.638, "Agradi, Martín y otros c/ Municipalidad de San Vicente s/ inconstitucionalidad ordenanzas 5364 y 5365". Ambas actuaciones, además, transitan la misma etapa procesal.
Lo expuesto deja en evidencia que, en la especie, se hallan reunidos también los otros recaudos impuestos por el código de rito para la procedencia de la acumulación, a saber: "a) Que los procesos se encuentren en la misma instancia; b) Que el juez a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia; 3) Que puedan sustanciarse por los mismos trámites" (art. 188 segundo párrafo, CPCC).
Ante tales circunstancias, por el buen orden de los procesos, a fin de evitar dispendio de actividad jurisdiccional y de garantizar el derecho de defensa de la parte demandada, corresponde hacer lugar a su petición, disponiéndose la acumulación a estas actuaciones de la referida causa I. 78.638, "Agradi", agregando allí copia de esta resolución (arts. 34, inc. 5 aps. "a" y "e"; 88 y 188, CPCC; doctr. causa Ac. 33.375, "Caprarella de Hernández Bordi", sent. de 28-VIII-1984).
V.1. Debe avanzarse ahora con el pedido de aclaratoria formulado por la actora respecto de la resolución de fecha 29-XI-2023.
Asiste razón a esa parte en cuanto apunta que tal resolución —mediante la que se rechazó la oposición que había formulado a la prueba informativa ofrecida por la Municipalidad de San Vicente— no contiene una decisión expresa respecto de la invocación del secreto fiscal, omisión que debe ser subsanada (art. 36 inc. 3, CPCC).
Aunque se anticipa que la resistencia a ese medio probatorio no es de recibo.
V.2. En lo que respecta al secreto fiscal que pretende oponerse al pedido de informes dirigido a AFIP y a ARBA, debe recordare que tanto la ley 11.683 -de procedimiento tributario nacional— como el Código Fiscal bonaerense, al regular el instituto del secreto fiscal, prevén una serie de supuestos de excepción a esa reserva. Como se verá a continuación, uno de ellos se configura en el caso.
V.2.a. En cuanto es pertinente destacar, el art. 101 de la ley 11.683, establece:
"Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos.
Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos.
Las informaciones expresadas no serán admitidas como pruebas en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en las cuestiones de familia, o en los procesos criminales por delitos comunes cuando aquéllas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen, o cuando lo solicite el interesado en los juicios en que sea parte contraria el Fisco Nacional, provincial o municipal y en cuanto la información no revele datos referentes a terceros.
Los terceros que divulguen o reproduzcan dichas informaciones incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal, para quienes divulgaren actuaciones o procedimientos que por la ley deben quedar secretos".
El mismo precepto también prevé que el aludido bloqueo de la información "no regirá: (...) b) Para los Organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales siempre que las informaciones respectivas estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones" (el destacado es propio).
A su vez, entre las pautas de gestión que debe aplicar ese organismo en materia de secreto fiscal se encuentra prevista la excepción para el supuesto en el que el requirente fuera un organismo recaudador nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 3.1.1, disposición AFIP 98/09).
V.2.b. Por su parte, de modo estrictamente similar, el art. 163 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires establece:
"Las declaraciones juradas, comunicaciones e informes que los o las contribuyentes, responsables o terceros presenten a la Autoridad de Aplicación, son secretos, así como los juicios ante el Tribunal Fiscal, en cuanto en ellos se consignen informaciones referentes a la situación u operaciones económicas de aquéllos o a sus personas o a las de sus familiares.
Los y las magistrados/as, funcionarios/as, empleados/as judiciales o de la Autoridad de Aplicación están obligados a mantener, en el ejercicio de sus funciones, la más estricta reserva, con respecto a cuanto llegue a su conocimiento en relación con la materia a que se refiere el párrafo anterior, sin poder comunicarlo a nadie, salvo a sus superiores jerárquicos o, si lo estimare oportuno a solicitud de los y las interesados/as.
Las informaciones antedichas no serán admitidas como pruebas en causas judiciales debiendo los/las jueces/juezas rechazarlas de oficio, salvo las cuestiones de familia o en los procesos penales por delitos comunes cuando aquéllas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen, debiendo disponer el juez correspondiente el levantamiento expreso del secreto fiscal, o que las solicite expresamente el o la interesado/a, siempre que la información no revele datos referentes a terceros.
La divulgación o reproducción de la información en contravención a lo dispuesto por este artículo hará pasible al responsable de la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal".
Asimismo, dispone que "El deber de secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por la Autoridad de Aplicación para la fiscalización de obligaciones tributarias diferentes de aquellas para las cuales fueron obtenidas, ni subsiste frente a pedidos de informes de otros organismos de la administración pública provincial en ejercicio de sus funciones específicas, las Municipalidades de la Provincia o, previo acuerdo de reciprocidad, del Fisco Nacional u otros fiscos provinciales" (el destacado es propio).
V.3. Se advierte entonces configurada en el caso una de las hipótesis de excepción taxativamente enumeradas en la ley 11.683 y en el Código Fiscal, lo que autoriza la revelación de los datos fiscales protegidos por el instituto del secreto (CSJN Fallos: 237:355).
No perjudica tal solución la circunstancia de tratarse de medidas probatorias requeridas en juicio, pues no puede perderse de vista que es un municipio quien ofrece la prueba cuestionada, cuando se halla controvertida la constitucionalidad de un tributo vigente en su jurisdicción.
A ello se añade, particularmente respecto del pedido de información a ARBA sobre las valuaciones fiscales de los inmuebles de titularidad de los coactores, que tales datos pueden ser obtenidos por profesionales matriculados o por particulares desde la página web de esa agencia (conf. art. 1, resolución normativa ARBA 23/16 y art. 1, resolución normativa ARBA 28/20). Siendo ello así, no tiene sentido limitar aquí, con fundamento en el secreto fiscal, información que ya resulta de libre acceso para los litigantes.
V.4. Con relación al pedido de informes dirigido a la ANSeS, vale recordar que se encuentra vigente el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 2.102/93 que contiene una enumeración de los preceptos de la ley 11.683 aplicables a los recursos de la seguridad social, entre los que no se encuentra el art. 101 de ese cuerpo normativo. De ello deriva, entonces, la impertinencia de invocar el secreto fiscal regulado por este último precepto cuando se trata de información vinculada a tales recursos.
V.5. Por las consideraciones expuestas, la oposición a la producción de la prueba de informes dirigida a AFIP, ARBA y ANSeS debe ser desestimada.
En su oportunidad y para conocimiento de los organismos requeridos, los respectivos oficios deberán librarse con copia de la presente resolución.
Consecuentemente, el recurso de reposición articulado por la actora contra el proveído de fecha 4-XII-2023, debe rechazarse.
VI.1. Corresponde finalmente decidir respecto de la prueba de inspección ocular ofrecida por la demandada en su presentación de fecha 12-IX-2023, 9:37:38 a.m.
Sobre este punto debe destacarse que, si bien en materia de admisibilidad de las diligencias probatorias ha de imperar un criterio amplio de apreciación para no frustrar su finalidad esencial, el derecho de ofrecer y producir prueba no es absoluto. Por el contrario, en función de la congruencia lógica que debe existir entre el sustrato fáctico incorporado al proceso y el objeto de la prueba pretendida, aquel derecho se halla limitado por la pertinencia y eficacia de los elementos aportados o que pretendan acercarse a la causa (v. causa I. 75.471, "Colegio de Ingenieros de la Prov. de Bs. As.", resol. de 26-XI-2021; e.o.).
En consonancia con ello, el Tribunal cuenta con amplias facultades en la oportunidad de seleccionar el material probatorio y la consecuente posibilidad de escoger ciertos elementos acreditantes sobre otros que estimen de menor entidad o no resulten útiles a los fines perseguidos en el marco de una acción originaria de inconstitucionalidad (v. causa I. 73.532, "Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos", resol. de 15-IV-2020; e.o.). Libertad que también se explica en que los jueces deben procurar averiguar la verdad, trayendo a los autos todos aquellos elementos que puedan concurrir a descubrirla (causa I. 75.568, "Zerrillo", resol. de 12-II-2020; e.o.).
Sobre tales bases, el ofrecimiento de la prueba de inspección ocular debe ser desestimado, pues no se advierten motivos para sostener que ese medio resulte pertinente para acreditar las alegaciones en torno a la actividad estatal justificante de las cargas objetadas en autos.
En efecto: las explicaciones desarrolladas en la presentación de la demandada de fecha 2-II-2024, 9:14:46 a.m., resultan insuficientes para dejar expuesta la concreta utilidad que revestiría el contacto directo de los magistrados -o de los funcionarios de esta Suprema Corte por ellos encomendados- con las Secretarías de Servicios Públicos, Seguridad y Salud Pública -y sus dependencias- para demostrar que las actividades que allí se estén desarrollando ofrecen soporte suficiente al cobro de los tributos controvertidos (arg. art. 477, CPCC).
Esto, en especial, teniendo en consideración que las partes han podido arrimar al pleito otros medios probatorios que, en principio, se estiman más pertinentes para despejar la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal.
VI.2. En atención a lo expuesto, la prueba de inspección ocular debe ser desestimada (art. 362, CPCC).
Ello así, sin perjuicio de las facultades con las que cuenta esta Corte -en caso de corresponder- de valerse de mayores elementos de prueba para averiguar la verdad de los hechos aquí controvertidos (art. 36 inc. 2, CPCC; conf. causa I. 75.211, "Asociación de Bancos de Capitales Argentinos", resol. de 23-XII-2021) y sin desmedro de la valoración final conjunta de todas las medidas de prueba producidas en la causa que haga el Tribunal al momento de dictar sentencia definitiva (arts. 362, 384 y 687, CPCC; causa I. 75.471, cit.; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Disponer la acumulación a estas actuaciones de la causa I. 78.638, "Agradi, Martín y otros c/ Municipalidad de San Vicente s/ inconstitucionalidad ordenanzas 5364 y 5365", de trámite ante esta Suprema Corte; cópiese allí esta resolución (arts. 34, inc. 5 aps. "a" y "e"; 88 y 188, CPCC).
II. Admitir el recurso de aclaratoria articulado por la actora y rechazar la oposición formulada por esa parte a la prueba de informes dirigida a la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Administración Nacional de la Seguridad Social y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, deberá agregarse una copia de esta resolución a los respectivos oficios.
III. Rechazar el recurso de reposición interpuesto por la actora contra el proveído de fecha 4-XII-2023.
IV. Desestimar la prueba de inspección ocular ofrecida por la demandada (arts. 362 y 477, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/04/2024 15:12:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/04/2024 20:34:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2024 09:13:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2024 19:59:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2024 08:51:59 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/04/2024 09:02:13 hs. bajo el número RR-195-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia