Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78661
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la prueba de inspección ocular ofrecida por la demandada (arts. 362 y 477, CPCC).
I.78.661 "CENDRA, PEDRO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE S/INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZAS 5364 Y 5365"
I. Se presentó la demandada y, en cumplimiento de lo requerido por el Tribunal en el punto III de la resolución de fecha 8-IV-2024, expresó que la prueba de inspección ocular por ella ofrecida mediante escrito de fecha 28-XI-2023, 8:34:45 a.m., tiene por objeto la constatación, en sede de diferentes secretarías de la comuna, de los servicios que alega retribuidos con las tasas y contribuciones objetadas en autos (v. presentación electrónica de fecha 15-IV-2024, 10:32:44 a.m.).
II. En primer lugar debe destacarse que, si bien en materia de admisibilidad de las diligencias probatorias ha de imperar un criterio amplio de apreciación para no frustrar su finalidad esencial, el derecho de ofrecer y producir prueba no es absoluto. Por el contrario, en función de la congruencia lógica que debe existir entre el sustrato fáctico incorporado al proceso y el objeto de la prueba pretendida, aquel derecho se halla limitado por la pertinencia y eficacia de los elementos aportados o que pretendan acercarse a la causa (v. causa I. 75.471, "Colegio de Ingenieros de la Prov. de Bs. As.", resol. de 26-XI-2021; e.o.).
En consonancia con ello, el Tribunal cuenta con amplias facultades para seleccionar el material probatorio y la consecuente posibilidad de escoger ciertos elementos acreditantes sobre otros que estime de menor entidad o no resulten útiles a los fines perseguidos en el marco de una acción originaria de inconstitucionalidad (v. causa I. 73.532, "Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos", resol. de 15-IV-2020; e.o.). Libertad que también se explica en que los jueces -en el marco de tales procesos- deben procurar averiguar la verdad, trayendo a los autos todos aquellos elementos que puedan concurrir a descubrirla (causa I. 75.568, "Zerillo", resol. de 12-II-2020; e.o.).
Sobre tales bases, el ofrecimiento de la prueba de inspección ocular debe ser desestimado, pues no se advierten motivos para sostener que ese medio resulte pertinente para acreditar las alegaciones en torno a la actividad estatal justificante de las cargas objetadas en autos.
En efecto: las explicaciones desarrolladas en la presentación de la demandada de fecha 15-IV-2024, 10:32:44 a.m., resultan insuficientes para dejar expuesta la concreta utilidad que revestiría el contacto directo de los magistrados -o de los funcionarios de esta Suprema Corte por ellos encomendados- con las secretarías de Servicios Públicos, Seguridad y Salud Pública -y sus dependencias- para demostrar que las actividades que allí se estén desarrollando ofrecen soporte suficiente al cobro de los tributos controvertidos (arg. art. 477, CPCC).
Esto, en especial, teniendo en consideración que las partes han podido arrimar al pleito otros medios probatorios que, en principio, se estiman más pertinentes para despejar la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal.
III. En atención a lo expuesto, la prueba de inspección ocular debe ser desestimada (art. 362, CPCC).
Ello es así, sin perjuicio de las facultades con las que cuenta esta Corte -en caso de corresponder- de valerse de mayores elementos de prueba para esclarecer la verdad de los hechos aquí controvertidos (art. 36 inc. 2, CPCC; conf. causa I. 75.211, "Asociación de Bancos de Capitales Argentinos", resol. de 23-XII-2021) y sin desmedro de la valoración final conjunta de todas las medidas de prueba producidas en la causa que haga el Tribunal al momento de dictar sentencia definitiva (arts. 362, 384 y 687, CPCC; causa I. 75.471, cit.; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la prueba de inspección ocular ofrecida por la demandada (arts. 362 y 477, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:32:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:58:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2024 09:25:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 00:15:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 10:54:53 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/05/2024 11:14:36 hs. bajo el número RR-400-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia