Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80596
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de revocatoria articulado por la Municipalidad de Chacabuco (arts. 198 y 238, CPCC).
II. Intimar a quienes suscribieron la presentación de fecha 3-VI-2026, 21:56:34 hs., para que, en el término de cinco días, acrediten la condición allí invocada, con apercibimiento de tenerlos por no presentados (arts. 34 inc. 5 apdo. "b", 92 y 150, CPCC).
I.80.596 "ORSINI, CARLOS IGNACIO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO S/ INCONSTITUCIONALIDAD ORDENANZAS N°10.866, 10.867 Y 10.868 DE 2025"
I. Mediante resolución de fecha 22-V-2026, esta Suprema Corte hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los actores en su calidad de vecinos contribuyentes de la Municipalidad de Chacabuco y ordenó suspender provisoriamente los efectos de las ordenanzas 10.866, 10.867 y 10.868, hasta tanto se dicte sentencia en el juicio —ello así, con el alcance y precisiones indicadas en el punto III.6 de esa decisión—.
Frente a esa resolución, el día 3-VI-2026 se presentaron en autos veintinueve personas —con el patrocinio letrado del mismo abogado que la parte demandante—. Manifestaron ser también residentes y contribuyentes de la comuna demandada, adujeron encontrarse en condiciones de ser parte actora en el proceso en los términos del artículo 90 del Código Procesal Civil y Comercial y requirieron ser beneficiados por el alcance de la tutela precautoria dictada en autos (v. presentación electrónica de fecha 3-VI-2026, 21:56:34 hs.).
Asimismo, en fecha 4-VI-2026 la comuna demandada interpuso recurso de revocatoria. En esa presentación sostuvo que la resolución impugnada resulta contradictoria con la emitida en la misma fecha en la causa I. 79.821, "Orsini", en tanto allí el Tribunal rechazó la medida provisional requerida por la demandante, aunque se trata de un caso sustancialmente idéntico al presente en el que la concedió. Agregó que, con ello, se violenta el principio de igualdad y la "doctrina de los propios actos jurisdiccionales". Afirmó que el decisorio no evaluó concretamente la configuración del recaudo referido al peligro en la demora y que la legitimación reconocida a los actores no encuentra sustento suficiente en las constancias de la causa. Finalmente, se quejó de la caución juratoria ordenada como contracautela y requirió que se disponga la integración de una garantía real en su reemplazo.
Mediante proveído de fecha 8-VI-2026 se intimó a quienes suscribieron la presentación del 3-VI-2026, arriba señalada, para que acreditaran la calidad en la que la formularon; y se corrió el pertinente traslado del recurso de revocatoria interpuesto por la demandada.
Por escrito también del 8-VI-2026, el doctor Martínez expresó que los firmantes de la presentación de fecha 3-VI-2026, 21:56:34 hs., son residentes del Partido de Chacabuco y, en consecuencia, registran el carácter de contribuyentes o de posibles contribuyentes de ese partido.
El día 9-VI-2026 la actora contestó el traslado del recurso de revocatoria de su contraparte, solicitando que se lo rechace.
II. En cuanto a la reposición articulada por la Municipalidad de Chacabuco, corresponde en primer término recordar que la decisión que resuelve conceder una medida cautelar no es una providencia simple susceptible de ser impugnada, por regla, por vía de un recurso de reposición (conf. arts. 198 y 238, CPCC; causas I. 75.111, “Macchi”, resol. de 18-IX-2019; I. 77.164, "Asociación Civil sin Fines de Lucro Foro Medio Ambiental (FOMEA)", resol. de 31-VIII-2022; e.o.).
No obstante lo anterior, cabe precisar que la demandada sostiene su pedido de revocatoria en una afirmación que es incorrecta, pues los antecedentes de hecho que informan estas actuaciones no son idénticos a los dados en la causa I. 79.821, "Orsini Carlos Ignacio y otros c/ Municipalidad de Chacabuco s/ inconstitucionalidad ordenanzas 10.448/2025 y 10.449/2025".
Es que, tal como se expresó en la resolución de fecha 22-V-2026, en el caso aquí presentado, aún con el cómputo doble del voto del Presidente del Concejo Deliberante, no se alcanzó la mayoría necesaria para la válida aprobación de las ordenanzas cuestionadas, calculada sobre el total de los miembros que componen la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, tal como exige el artículo 193 inc. 2 de la Constitución provincial de acuerdo a lo establecido por este Tribunal en el precedente I. 72.548, "Anaya", sent. de 15-VI-2016 (entre otros).
La plataforma fáctica sobre la que se monta la demanda en autos I. 79.821, "Orsini" da cuenta, en cambio, de haberse registrado —también recurriendo al cómputo doble del voto del Presidente del Concejo Deliberante— una cantidad de expresiones afirmativas, respecto de la aprobación de las ordenanzas cuestionadas, que equivale efectivamente a la mayoría absoluta calculada sobre el total de los miembros del órgano.
Tal diferencia es significativa, pues conduce a tener por radicado el defecto señalado en la demanda, llegado el caso, en la validez o compatibilidad constitucional del mecanismo por el que se alcanzó ese resultado en la votación, lo que no se encuentra alcanzado por la doctrina del Tribunal expuesta en el citado caso "Anaya". Lleva a descartar, paralelamente, que la violación constitucional denunciada se revele con la nitidez suficiente para autorizar el despacho favorable de la tutela precautoria allí requerida.
Debe ponerse de resalto, asimismo, que la recurrente ofrece una lectura fragmentada de las decisiones de esta Suprema Corte a las que hace referencia. Ese errado punto de partida la hace interpretar equivocadamente sus alcances, volviendo dogmáticas sus afirmaciones y, en consecuencia, insuficientes para dar sustento a cualquier petición.
En atención a lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de revocatoria articulado por la Municipalidad de Chacabuco.
III. Con respecto a lo requerido por quienes suscriben la presentación de fecha 3-VI-2026, 21:56:34 hs., corresponde precisar que no se cuenta en la causa con elementos suficientes para avanzar en su evaluación.
Ello así toda vez que, aún habiéndose cursado una intimación a ese fin (v. proveído de fecha 8-VI-2026), los interesados no acompañaron a las actuaciones ningún elemento que permita aseverar que, como afirman, efectivamente puedan ser calificados como vecinos y/o contribuyentes del Partido de Chacabuco. Las manifestaciones en ese sentido formuladas en el escrito de fecha 8-VI-2026, 14:00:27 hs., resultan insuficientes para exponer la alegada condición, sin que las consideraciones allí vertidas respecto de las circunstancias en las que habría de generarse a su respecto la obligación de pago de los tributos municipales —en especial, de la llamada Tasa de Salud— alcancen a compensar ese defecto.
A lo que cabe añadir que tampoco puede asumirse que la acreditación de ese extremo recaiga sobre el municipio demandado como allí se postula, toda vez que, por regla, corresponde a quien se presenta ante el Tribunal justificar la condición en que lo hace.
Dado lo anterior, previo a evaluar sus peticiones, se intima nuevamente a quienes suscribieron la presentación de fecha 3-VI-2026, 21:56:34 hs., para que, en el término de cinco días, acrediten la condición de "residentes y a la vez contribuyentes de la Municipalidad de Chacabuco" allí invocada; en esta oportunidad, la intimación se hace con apercibimiento de tenerlos por no presentados (arts. 34 inc. 5 apdo. "b", 95 y 150, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar el recurso de revocatoria articulado por la Municipalidad de Chacabuco (arts. 198 y 238, CPCC).
II. Intimar a quienes suscribieron la presentación de fecha 3-VI-2026, 21:56:34 hs., para que, en el término de cinco días, acrediten la condición allí invocada, con apercibimiento de tenerlos por no presentados (arts. 34 inc. 5 apdo. "b", 92 y 150, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:09:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2026 15:25:02 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:43:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:18:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 11:05:07 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 11:12:25 hs. bajo el número RR-657-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia