Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 73532
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 73.532, "Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos c/ Municipalidad de Vicente López s/ Inconstitucionalidad ordenanzas n° 32.257 y 23.687", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
La Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos promovió acción originaria de inconstitucionalidad, con el objeto de que se dejen sin efecto los arts. 1 de la ordenanza 32.257/13, 5 bis de la ordenanza 32.961/13 y cualquier otra norma reglamentaria, aclaratoria o interpretativa orientada a establecer y regular la denominada "tasa de mantenimiento vial", exigida a los usuarios y consumidores de combustibles líquidos y gas natural comprimido, expendidos en establecimientos localizados en el ejido de la Municipalidad de Vicente López (v. fs. 121/155).
Invocando la representación colectiva de una clase conformada por todos los usuarios y consumidores que hayan adquirido combustibles líquidos y gas natural en el partido de Vicente López y abonado el tributo referido, la asociación solicitó asimismo la declaración de nulidad de los actos particulares de aplicación de las ordenanzas citadas y que se condene al municipio a restituir las sumas de dinero pagadas, más intereses y costas, para lo cual pidió que se tenga en cuenta lo dispuesto por el art. 54 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Como consecuencia de la periodicidad de la vigencia de los preceptos cuestionados, esta Corte ordenó a la parte demandada que informara si el tributo creado se encontraba previsto en las ordenanzas dictadas con posterioridad a la interposición de la acción, lo cual fue respondido en su oportunidad, con copias de las ordenanzas 34.396 y 34.397, las cuales -junto a otras- mantuvieron en lo sucesivo la regulación de la "tasa" fijada en condiciones sustancialmente análogas (v. fs. 160, 178 y documentación acompañada).
Posteriormente, este Tribunal denegó las medidas cautelares que habían sido peticionadas en el escrito de inicio (v. fs. 184/186).
Corrido el traslado de la demanda, la Municipalidad de Vicente López solicitó su rechazo, planteando su improcedencia y la caducidad de la acción, sobre la base de distintos argumentos (v. presentación electrónica de fecha 6 de marzo de 2019).
Agregada la documentación acompañada con los escritos postulatorios; incorporados los cuadernos de prueba de las partes actora y demandada y sus alegatos (proveídos de fecha 1 de julio de 2019 y escritos de fecha 28 de mayo de 2021 y 3 de junio 2021); oído el señor Procurador General (dictamen de fecha 22 de septiembre de 2021); y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es admisible la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada la excepción de falta de legitimación activa?
En caso negativo:
3ª) ¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su escrito de demanda, la actora sostiene que los requisitos que habilitan la procedencia de la vía intentada se encuentran reunidos en la especie (v. fs. 122/124).
Con respecto al objeto del juicio, señala que las ordenanzas impugnadas violan los arts. 1, 11, 45, 103 incs. 2 y 9, 144 inc. 10, 191, 192 inc. 5, 193 inc. 2 y 195 de la Constitución provincial, sin perjuicio y además de ir en contra de otras normas provinciales (leyes 10.559, 11.463 y dec. ley 6.769/58), intrafederales (Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento) y de los arts. 1, 4, 5, 75 inc. 2 y 123 de la Constitución nacional.
En cuanto al plazo establecido por el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial, expresa que no resulta aplicable en el caso planteado, ya que -a su entender- se verifican aquí las excepciones previstas por el art. 685 del mismo cuerpo normativo.
Manifiesta en tal sentido que, "...si bien han pasado más de 30 días desde que los derechos de los consumidores que UCU representa están siendo concretamente afectados [...] no cabe duda de que se hallan en juego en forma preponderante cuestiones de insoslayable interés institucional relativas al régimen y la autonomía municipal y los derechos individuales homogéneos de los consumidores..." (fs. 122 vta., el destacado figura en el original).
En apoyo de tal tesis, invoca lo decidido por esta Corte en la causa I. 1.305, "Municipalidad de La Plata s/ Inconstitucionalidad del dec. ley 9.111", sentencia de 17-VI-1997, de donde deriva que "...estamos frente a una cuestión institucional cuando algún ente estatal (Provincia o municipios) se atribuye competencias o facultades que por imperio legal y/o constitucional le corresponden indelegablemente al otro, afectando en consecuencia no sólo el sistema de poderes, sino los derechos y garantías individuales que dicho sistema resguarda en relación a las personas bajo su jurisdicción" (fs. 123).
Asimismo, transcribe jurisprudencia según la cual "...las propias cuestiones -típicamente patrimoniales- vinculadas de modo directo e inmediato a los derechos de la propiedad, libertad de trabajo, industria o comercio, aparecen con nítidos caracteres institucionales aunque no esté ausente el interés o agravio patrimonial" (fs. 123, donde se identifican los siguientes precedentes: Ac. y Sent., 1967, vol. II, pág. 205 -B. 43.964, "Cariaca", sent. de 27-VI-1967-; 1969, pág. 333 -B. 45.065, "López, José", sent. de 13-V-1969-; 1972, vol. III, pág. 600 -B. 46.006, "Dumar", sent. de 19-XII-1972-; DJBA, vol. 120, pág. 369 -I. 1.084, "Mezuro", sent. de 17-III-1981-; DJBA, vol. 126, pág. 265 -I. 1.129, "Martins Oliveira", sent. de 10-IV-1984- y causa I. 1.241, "Berciotti", sent. de 31-V-1988).
Con cita de conceptos vertidos por la Corte nacional en la causa "Halabi", añade que el carácter institucional del conflicto suscitado proviene concurrentemente del hecho de estar en cuestión los derechos individuales homogéneos de un número indeterminado pero elevado de usuarios y consumidores.
Agrega que mediante el accionar municipal se afectan directamente derechos de la personalidad no patrimoniales, tales como la igualdad de los habitantes de la Provincia frente a la ley -con su correlativo derecho a la uniformidad frente a las cargas públicas- y la libertad de trabajo, industria, comercio y circulación.
II. Al contestar la demanda entablada, la Municipalidad de Vicente López desarrolla en primer lugar una serie de argumentos formales opuestos a su admisibilidad.
Puntualiza que la acción originaria de inconstitucionalidad tiene un carácter declarativo y una finalidad preventiva que juzga ausente en autos.
Considera que la pretensión deducida versa acerca de las consecuencias derivadas de la aplicación de las normas atacadas y no sobre su constitucionalidad, como hubiera correspondido.
Aduce asimismo que la interposición de la acción resulta extemporánea, por haberse transgredido el plazo de caducidad dispuesto por el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial. Estima que la supuesta afectación de derechos de la actora se identifica inexorablemente con la publicación de las ordenanzas atacadas (producida los días 15 de marzo de 2013 y 20 de diciembre de 2013) y que por ende es desde allí que debe computarse el término invocado. Deduce que, a la fecha de promoción de esta acción (22 de diciembre de 2014), el lapso de treinta días regulado por el precepto citado se hallaba holgadamente vencido.
Interpreta que, para eludir el requisito recién mencionado, la actora argumentó que su reclamo recae sobre derechos extrapatrimoniales, pero descarta esta idea por tratarse de un litigio de naturaleza tributaria, con marcado carácter patrimonial. Niega a su vez que discutir derechos reconocidos por la Constitución otorgue al pleito carácter institucional.
III. Por su parte, al emitir el dictamen contemplado en el art. 687 del Código Procesal Civil y Comercial, el señor Procurador General concluyó que la demanda intentada resulta inadmisible, debido a que el plazo fatal para ventilar en esta instancia originaria un planteo como el propuesto habría fenecido.
En esa dirección, reputó indudable que la pretensión articulada recae preponderantemente sobre derechos individuales homogéneos de los consumidores, quienes ven afectados sus patrimonios por el ejercicio de la potestad tributaria municipal. Entendió que un reclamo de naturaleza tributaria como el formulado, por su marcado carácter patrimonial, define el contenido de la acción y con ello la aplicación del plazo de caducidad establecido por el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial.
Calculó que a la fecha de interposición de la demanda habrían transcurrido más de treinta días de la entrada en vigencia de las ordenanzas cuestionadas, cuya fecha de publicación identificó con la afectación de derechos alegada.
En abono de su interpretación, reprodujo jurisprudencia de esta Suprema Corte.
IV. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que la acción originaria de inconstitucionalidad impulsada resulta inadmisible.
IV.1. Como surge del relato de antecedentes formulado al inicio, la asociación civil actora persigue la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones a través de las cuales la Municipalidad de Vicente López creó y reguló la denominada "tasa de mantenimiento vial", exigida a los usuarios y consumidores de combustibles líquidos y gas natural comprimido, expendidos en establecimientos localizados en el ejido de dicho partido.
Pese a algunas manifestaciones en sentido contrario que han sido vertidas por la actora, de los propios términos de su escrito de inicio se extrae que la naturaleza de las normas cuestionadas, los derechos presuntamente afectados y los agravios en los que se funda la impugnación revisten un carácter eminentemente patrimonial, en tanto se controvierte el establecimiento de una "tasa" que -según lo planteado- constituiría en sustancia un verdadero impuesto, fijado en violación de distintos preceptos que limitan las potestades tributarias de los municipios bonaerenses.
Esto sin lugar a dudas define el contenido de la acción y, toda vez que en lo medular supone una afectación de derechos patrimoniales, llama a la observancia del plazo de caducidad dispuesto por el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas I. 70.883, "D'Argenio", resol. de 19-V-2010; I. 1.861, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011; I. 74.610, "Bolsa de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de Bahía Blanca", resol. de 27-VI-2018; I. 74.210, "Bolsatodo S.R.L.", resol. de 21-XI-2018; I. 72.214, "Quiet S.A.", sent. de 10-IV-2019; e.o.).
No altera la conclusión recién expuesta lo argumentado por la demandante en torno a la decisión adoptada por esta Corte en la causa I. 1.305, "Municipalidad de La Plata s/ Inconstitucionalidad del dec. ley 9.111", sentencia de 17-VI-1997.
En aquella ocasión fue el municipio actor el que acudió a estos estrados a fin de cuestionar la constitucionalidad de la preceptiva que establecía el procedimiento necesario para la disposición final de residuos en el ámbito del partido de La Plata (entre otros), aduciendo que vulneraba el régimen municipal a su cargo. Al asignar a esa demanda un interés prevalentemente institucional, el Tribunal tuvo entonces en cuenta que, a través del decreto ley 9.111/78, el Gobierno provincial impuso a la comuna un sistema de disposición final de residuos sólidos urbanos - el relleno sanitario- ejecutado exclusivamente por intermedio de Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
Saltan así a la vista las diferencias con la pretensión bajo análisis, impulsada por una asociación civil que invoca la representación de los particulares que resultan contribuyentes de la "tasa" creada, sin atacar "...leyes, ordenanzas, decretos o reglamentos de carácter institucional..." en el sentido precedentemente indicado (conf. art. 685, CPCC).
Se trata aquí, básicamente, de la impugnación de preceptos que estructuran en la órbita municipal un determinado tributo, materia a la que recurrentemente esta Corte ha caracterizado como de naturaleza patrimonial, con independencia de que se alegase que la comuna excedió sus competencias para dictar ese tipo de normas (conf. causas I. 2.214, "Álvarez Magliano", sent. de 22-XII-2008; I. 69.175, "Distribuidora REL S.R.L.", resol. de 13-IV-2011; I. 68.491, "Striebeck", sent. de 3-XII-2014; I. 74.191, "Antivari S.A.", resol. de 10-VIII-2016; I. 76.927, "Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar", resol. de 27-V-2021).
Anticipo que tampoco modifican el encuadre practicado los argumentos de la actora basados en antigua jurisprudencia de esta Corte de acuerdo con la cual las cuestiones típicamente patrimoniales vinculadas de modo directo e inmediato a la libertad de trabajo, industria o comercio aparecen con nítidos caracteres institucionales, configurando una de las excepciones al plazo de caducidad contempladas por el art. 685 del Código Procesal Civil y Comercial. Veamos.
En el más reciente de los precedentes citados (causa I. 1.241, "Berciotti", sent. de 31-V-1988), este Tribunal consideró que la demanda interpuesta trascendía el contenido patrimonial "...en cuanto impugna disposiciones de un sistema de asistencia y previsión social", más precisamente las modificaciones introducidas por la ley 10.628 al régimen de la Caja de Previsión Social para Abogados (ley 6.716).
Otros de los antecedentes invocados versaban sobre normas que prohibían o limitaban el ejercicio de actividades económicas tales como las de hornos de ladrillos o servicios fúnebres dentro de un determinado radio. Por ello, en tales oportunidades, esta Corte interpretó que la cuestión introducida se vinculaba de modo directo e inmediato con la libertad de trabajo, comercio e industria (derechos de carácter personal), atribuyéndole al conflicto -en ciertas ocasiones- carácter institucional (cfr. causas I. 1.129, "Martins Oliveira", sent. de 10-IV-1984; I. 1.084, "Mezuro", sent. de 17-III-1981; B. 46.006, "Dumar", sent. de 19-XII-1972 y B. 45.065, "López", sent. de 13-V-1969).
En la causa B. 43.964, "Cariaca", sentencia de 27-VI-1967, también aludida por la demandante, sí se cuestionó la constitucionalidad de una tasa municipal retributiva del servicio de conservación de caminos, pero con respecto a esa impugnación el Tribunal concluyó que el plazo de caducidad entonces fijado por el art. 372 del Código procesal "...es de aplicación inexorable cuando -como en el caso- se cuestiona la validez constitucional de leyes, decretos o reglamentos que afecten los derechos patrimoniales del demandante", sin perjuicio de que se siguió un criterio diferente en lo relativo a la validez del precepto que sancionaba la falta de pago de la tasa mediante la prohibición de realizar gestiones ante la comuna.
En suma, la línea jurisprudencial descripta no avala el criterio propiciado por la actora, en cuanto plantea que la pretensión de que se declare la inconstitucionalidad de la "tasa" aquí discutida reviste un carácter preponderantemente institucional.
La evolución reseñada tampoco coincide con los argumentos según los cuales el accionar municipal afecta de manera principal derechos de la personalidad no patrimoniales, configurando por esta vía otra de las excepciones previstas en el art. 685 del Código Procesal Civil y Comercial.
Antes al contrario, los antecedentes citados suministran elementos de juicio que apuntan en la dirección opuesta a la perseguida, ya que los casos en que la aplicación del plazo de caducidad fue exceptuada presentaban aristas sustancialmente diferentes a las del conflicto debatido en la especie, mientras que en el más parecido a este se declaró que la competencia originaria de la Corte había caducado por vencimiento del término en cuestión.
Por otra parte, este Tribunal tiene dicho que reviste carácter patrimonial la acción que se entabla para salvaguardar intereses económicos eventualmente afectados por la norma reputada inconstitucional, no debiéndose prescindir de tal carácter -como se pretende en autos- por el hecho de que se esbocen argumentos de carácter institucional ni porque se aleguen otros daños no patrimoniales que aparecen como complementarios del interés primario en cuya defensa se acciona (doctr. causas 1.335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-IX-1994; I. 3.231, "Supermercados Norte", sent. de 15-XII-2010 e I. 75.101, "Russoniello", resol. de 26-XII-2018).
Menos aún otorga a la norma cuestionada carácter institucional, en el sentido del art. 685 del Código Procesal Civil y Comercial, la circunstancia de que se discutan derechos reconocidos por la Constitución, pues en última instancia todos encuentran resguardo en esa carta fundamental (doctr. causas I. 1.180, "Locurscio", sent. de 7-VIII-1990; I. 69.175, "Distribuidora REL S.R.L.", resol. de 13-IV-2011; I. 3.230, "INC S.A.", sent. de 9-IX-2015; e.o.).
En cuanto al hecho de hallarse en juego los intereses individuales homogéneos de un número considerable de usuarios y consumidores, quienes ven afectados sus patrimonios a raíz del ejercicio de la potestad tributaria municipal, cabe recordar que -por sí mismo- ello no empece a la aplicación de los plazos de caducidad previstos con distintas finalidades en las leyes procesales (conf. causa A. 73.145, "Usuarios y Consumidores Unidos", sent. 18-X-2017).
IV.2. Sentado lo anterior, corresponde analizar la tempestividad de la pretensión constitucional deducida, a la luz de los lineamientos aplicables.
De acuerdo con el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial, el plazo de caducidad de la acción debe computarse "...desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo cual, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión de hecho que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1.591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2.148, "Mule", sent. de 21-V-2008; I. 3.231, "Supermercados Norte S.A.", sent. de 15-XII-2015; I. 74.210, cit.; I. 72.510, "Tarasiuk", resol. de 17-X-2018; I. 72.214, cit.; e.o.).
Bajo tal marco, esta Suprema Corte ha sostenido que, si del relato y los antecedentes de la causa surge que la afectación de la situación invocada por quien acciona se produjo con el dictado de la norma que cuestiona por establecerse en ella la obligación pecuniaria aplicable a su situación y por quedar con su vigencia sujeto al cumplimiento de tal imposición, el aludido plazo debe computarse desde aquel momento (doctr. causas I. 1.854, "Lamano", resol. de 11-X-1995; I. 2.148, cit.; I. 74.210, cit.; I. 72.214, cit.; e.o.).
También se ha dicho que el art. 684 del ordenamiento procesal civil no exige el dictado de un acto administrativo de alcance particular para considerar afectados de modo concreto los derechos patrimoniales de los contribuyentes comprendidos en las normas atacadas y, por tanto, sujetos a la obligación de pago del impuesto en cuestión. Lo determinante, a efectos de iniciar el cómputo del plazo de caducidad, es que de los hechos acreditados en la causa resulte inequívoca la aplicación del precepto impugnado a quien persigue su declaración de inconstitucionalidad (doctr. causas I. 1.514, "Chirdo", resol. de 23-IV-1991; I. 1.513, "Merlo", resol. de 18-V-1991; I. 1.329, "Playamar S.R.L.", sent. de 10-XII-1992; I. 1.451, "Clínica Cosme Argerich", sent. de 5-III-1996; I. 2.009, "Falocco", sent. de 7-X-1997; I. 2.151, "Smaldini", resol. de 8-IX-1998; I. 1.607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 2.160, "Parque Eterno C.A.", resol. de 27-IV-1999; I. 2.219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008; I. 2.148, cit.; I. 72.214, cit.; e.o.).
En la espec
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