Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 73781
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in limine la demanda de fs. 31/58 (arts. 161 inc. 1º de la Constitución de la Provincia; 683 y sigs. y 336 y conc. del C.P.C.C.).
Costas a la actora (art. 68, CPCC).
I.73.781 “USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS (ASOCIACION CIVIL) C/ MUNICIPALIDAD DE TIGRE, SAN NICOLAS, JUNIN Y MALVINAS ARGENTINAS S/ INCONST. ORDS.”
I. La Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos, por apoderado, promueve acción originaria por ante esta Suprema Corte, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de las ordenanzas 1894/96 del Municipio de Tigre, 1111/76 del Municipio de San Nicolás, 2930/91 del Municipio de Junín y 106/96 del Municipio de Malvinas Argentinas, afirmando que tales normas violan el principio de Igualdad, el derecho a un trato digno, al respeto por la intimidad y la integridad psíquica y moral de las personas, todos ellos reconocidos por los artículos 11, 12 inc. 3, 26 y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Explica que la Ordenanza General Nº 96/70 establece que sus disposiciones "… será[n] de aplicación para los 'albergues por hora', 'alojamientos por hora', 'hoteles alojamiento', 'hoteles habilitados', y todo otro establecimiento cualquiera fuese su denominación que esté destinado a alojar parejas de distintos sexos, provistos o no de equipaje, por lapsos inferiores a veinticuatro (24) horas, y que se hallen exentos de cumplir la obligación de registrar documentos de identidad en el Libro de Registro de Pasajeros ".
Indica que, por tal razón, las ordenanzas impugnadas en este proceso han reproducido en su ámbito el texto transcripto en el párrafo anterior. Refiere que éstas regulan la actividad comercial vinculada al servicio brindado por hoteles alojamiento, estableciendo las condiciones a que deben atenerse quienes deseen explotarla. Centra su agravio en las disposiciones municipales que reeditan la directiva emanada de la ordenanza general que, al definir qué se considera por albergue transitorio, refiere al sitio destinado a "alojar parejas de distinto sexo" infiriendo, a partir de ello, que las referidas normas excluyen a las parejas conformadas por otras opciones sexuales.
Pone de relieve que las ordenanzas impugnadas determinan un doble alcance. Así, por un lado, están destinadas a aquellas personas que se encuentren explotando la actividad. Pero por el otro, determinan y condicionan, también, a todos aquellos potenciales usuarios del servicio en tanto –sostiene- se les "…restringe la entrada en la medida que no declaren su orientación sexual" (fs. 33).
Apunta que, de ese modo, las normas cuestionadas violan derechos fundamentales inherentes a la privacidad y a la dignidad humana contemplados en nuestra Constitución provincial, en su par nacional y en diversas convenciones y pactos internacionales sobre derechos humanos (fs. 33/35).
II. Conforme lo dispone el art. 161, inc. 1 de la Constitución provincial, la Suprema Corte de Justicia ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver "...acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución y se controvierta por parte interesada" de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional del texto mismo de la norma.
II.1. El recaudo arriba señalado no luce con la nitidez que esta parte pretende exhibir en su argumentación. Veamos:
La actora aduce que las ordenanzas en cuestión violan el principio de igualdad, no discriminación y el debido respeto a las acciones privadas de los hombres. Sostiene que la regla allí contenida afecta de modo directo la posibilidad de acceso a los hoteles alojamiento o albergues transitorios por parte de parejas que no sean de distinto sexo y que, para cumplir con dicho recaudo, los usuarios de ese servicio se ven interpelados a declarar su orientación sexual.
Sin embargo, tales normas -e incluso la ordenanza general en la cual aquellas reconocen su fuente- son disposiciones destinadas a definir qué se entiende por el rubro hotel alojamiento en sus diversas denominaciones con el objeto de regular los requisitos para la obtención de la autorización de radicación del establecimiento que los municipios de la Provincia deben expedir a quien así lo solicite, pero de ningún modo aspira a regir el catálogo de personas habilitadas –y correlativamente impedidas por exclusión- para concurrir y requerir hospedaje allí (cfr. arts. 2, 3 y 4, O.G. 96/70; 2, 3 y 4, Ord. 1111/76 de la Municipalidad de San Nicolás; art. 89, Ord. 1894/96 de la Municipalidad de Tigre; 177, Ord. 2930/91 de la Municipalidad de Junín y 1 Ord. 114/96 de la Municipalidad de Malvinas Argentinas).
De especial relevancia para arribar a la conclusión antes señalada, es la lectura de los propios términos de las normas, las que no contienen un criterio de distinción basado en la condición sexual de las personas sino en las características particulares de la actividad con el objeto de diferenciarla de aquellos servicios que prestan los hoteles denominados turísticos o familiares. Es por ello que la definición se apoya en la singularidad de que el alojamiento sea proporcionado por "lapsos inferiores a veinticuatro horas " , en los que los concurrentes se hallen " exentos de cumplir la obligación de registrar documentos de identidad en el Libro de Registro de Pasajeros " (Cfr. art. 1, O.G. 96/70 y similares antes cit).
La alusión a "parejas de distintos sexo " que efectúan las ordenanzas impugnadas -a más de seccionada por la demandante del resto de las expresiones que componen la redacción de los artículos que la refieren- bien puede ser comprendida en el contexto histórico en que fue redactada la norma sin que quepa, bajo una interpretación razonable, forzar la directiva que de allí se desprende encaminada a definir el rubro por las características del servicio que se ofrece y no por la orientación sexual de quienes integran la pareja que pretende alojarse en alguno de esos establecimientos.
II.2. A tal punto ello es así que el art. 4 de la Ordenanza General 96/70 –reproducido con idéntica redacción en la Ord. 1111/76 de la Municipalidad de San Nicolás- aclara que el procedimiento para la radicación de los hoteles alojamiento es independiente del certificado de habilitación necesario para iniciar su funcionamiento . Y al establecer las condiciones y requisitos que deberán seguirse para habilitar el funcionamiento así como al regular las actividades prohibidas dentro de aquellos establecimientos, en ningún punto se refiere a la exigencia que la demandante pretende colegir de la redacción del art. 1 de la Ordenanza General 96/70 y de las demás disposiciones locales.
II.3. Por lo tanto, los planteos de la asociación actora relativos a que las parejas que no fueran de distinto sexo se encuentran excluidas del ingreso a los hoteles alojamiento, así como la supuesta exigencia de declarar la orientación sexual al concurrir a tales establecimientos (v. fs. 33), no encuentran resguardo en el texto abstracto de las normas controvertidas en este proceso. Su embate se dirige, en todo caso, a la interpretación y eventualmente a la aplicación sesgada que pudiera hacerse de ellas.
Aun así, los dueños de los albergues transitorios se hallan limitados en el ejercicio de su derecho de admisión por las normas superiores que impiden restringir el acceso a lugares públicos por razones de sexo, entre otros criterios específicamente considerados arbitrarios y censurados por tales disposiciones (cfr. arts. 16, Constitución nacional; 11, Constitución provincial; 1.1., Convención Americana sobre Derechos Humanos; 26, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, ley 23.592 -B.O. 5-IX-1988-).
II.4. No conmueve la afirmación precedente sino antes bien la corrobora, el hecho nuevo denunciado a fs. 67/80 por medio del cual la actora acredita que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó al titular del establecimiento General Paz Hotel S.A. a indemnizar el daño ocasionado a quien le fue negado el acceso con su pareja del mismo sexo por considerarlo un acto discriminatorio.
Ese caso es demostrativo de que el perjuicio experimentado por el actor fue provocado por el empleo disvalioso e ilegítimo que se hizo de la norma local.
III. Esta Suprema Corte ha resuelto con reiteración que el alcance de la impugnación ligada a este tipo de procesos debe versar sobre una norma considerada en abstracto sin que, en principio, pueda discutirse la afectación concreta de derechos derivada de una indebida aplicación de la disposición de que se trate por parte de las autoridades facultadas para hacerlo (doctr. causas I. 1308 "Abasto Mar del Plata SA", sent. del 28-VI-1994; I. 1335 "Club Atlético Brown", sent. del 27-IX-1994; I. 1616 "Marsiglia", sent. del 8-IX-1998; I. 2171 "Bayón", resol. del 2-V-1999; I. 2018 "Club de Campo San Diego SA", sent. del 14-XI-2001; B. 65.124 "Glaria", sent. del 16-VI-2004; B. 68.048 "Asesor General de Gobierno", resol. del 20-X-2004; I. 68.276 "Empresa de Transportes 25 de mayo SRL", resol. del 21-IX-2005; B. 73.041 "Supermercados Mayoristas Yaguar SA", resol. del 5-III-2014; B. 73.734 "C., A. V.", resol. del 12-VIII-2015; B. 73.956 "Alfani SA", resol. del 22-XII-2015; I 74.293, "Suárez", resol. del 7-IX-2016; I. 74.358, "Telecom Argentina SA", resol. del 22-II-2017, I. 69.624, "Stampi Sanguineti S.A.", sent. de 8-V-2019, e.o.).
Bajo tal premisa, es evidente que la conjetural vulneración de derechos y garantías en las que se podría incurrir bajo una interpretación forzada de las ordenanzas en crisis, resultan extrañas al proceso originario de inconstitucionalidad.
Ello se ve robustecido por los documentos incorporados por la asociación demandante a partir de los cuales se acredita la correcta canalización de un litigio en el que se debatió la aplicación en un caso específico de una ordenanza similar a la aquí cuestionada y en el marco del cual se remediaron los daños provocados por ese obrar antijurídico.
IV. Por lo tanto, desde que es ostensible que la actora no alega ni demuestra que se ha configurado en la especie un caso que sea susceptible de tener cauce por la vía de la demanda originaria de inconstitucionalidad, corresponde rechazar in limine la demanda.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in limine la demanda de fs. 31/58 (arts. 161 inc. 1º de la Constitución de la Provincia; 683 y sigs. y 336 y conc. del C.P.C.C.).
Costas a la actora (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/07/2020 10:59:36 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 20/07/2020 11:53:45 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 20/07/2020 14:00:50 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 20/07/2020 16:14:02 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 19/08/2020 10:32:59 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia