Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75708
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar la medida cautelar solicitada por la parte actora a fs. 78/80 y 114 y vuelta (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC).
I.75.708 "MENDOZA ENRIQUE RAMON Y OTROS C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONSTITUCIONALIDAD RES. 246 (MRIO. AGRIC.)"
La Plata, 11 de diciembre de 2019.
I. Enrique Ramón Mendoza, empleado, por derecho propio y en representación de su hija menor; Ignacio Lider Vargas y Otto Ernesto Putkuri, por derecho propio y en representación de los trabajadores rurales de la provincia; Juana Ester Fraga, por derecho propio y en representación de toda la comunidad; Carlos Daniel Peralta por derecho propio; Rubén Oscar Godoy en su carácter de Secretario General del Sindicato de los Trabajadores de las Plantas Faenadoras y Procesadoras de Aves y Afines, en representación de los trabajadores afiliados y que se desempeñan en el sector granja y criaderos y Juan Bautista Pilota, Eliana Vanina Soprano en su carácter y representación de vecinos afectados de la ciudad de Mar del Plata, con el patrocinio letrado del doctor Rubén Oscar Encinas, promueven la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del CPCC, contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de los arts. 1 a 6 de la resolución 246 dictada por el Ministerio de Agroindustria el 17-X-2018, con fecha de entrada en vigencia prevista para el 1-I-2019.
Alegan que la norma cuestionada vulnera el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos consagrados en los artículos 10, 11, 12, 28, 36, 39, 56 y 57 de la Constitución provincial; 1, 5, 12, 31, 33, 41, 75 inc. 22 y 123 de la Constitución nacional, 4 y concordantes de la ley 25.675; ley nacional 24.051 -sobre residuos peligrosos- leyes provinciales 11.723; 5.965 y decreto ley 6.769.
Asimismo manifiestan —en su condición de vecinos del Municipio de General Pueyrredon— que la norma viola lo resuelto por este Tribunal en los autos "Picorelli Jorge Omar y Ots. s/ Mun. Gral. Pueyrredon s/ Inc. Ord. 21.296" (causa I. 72.669, res. de 24-IX-2019), la normativa local vigente y la Carta Encíclica "Laudato si" sobre el medio ambiente.
Relatan que la resolución 246/18 habilita la aplicación de productos "fitosanitarios/agrotóxicos" en áreas y zonas de seguridad de alto riesgo para la salud y el medio ambiente, en tanto alegan que "… las fumigaciones se están efectuando en forma indiscriminada en proximidades de barrios, escuelas, reservas, pozos de agua, criaderos de aves y sin ningún tipo de control" y sin haber efectuado un estudio previo para determinar el impacto de esta medida (v. fs. 75/75 vta.).
Señalan, además, que no se han realizado campañas de información, concientización y/o educación a los efectos de dar a conocer en qué consiste la aplicación de productos fitosanitarios bajo las medidas aludidas (fs. 75/76 vta.).
Por otra parte, denuncian que la resolución ministerial 246/18 generó un estado de incertidumbre en relación al marco normativo vigente para la aplicación de fitosanitarios respecto de normas locales que otorgan una mayor protección al ambiente y a la salud de la comunidad, violando el principio de autonomía municipal (arts. 1, 5 y 123 de la Const. nac.). En este sentido, realizan un profuso análisis del particular caso del municipio de General Pueyrredon (v. fs. 69 vta./75, 82/88 vta.).
Se agravian especialmente de la norma que permite fumigar en las inmediaciones de las escuelas con la única limitación que no sea en horario de clases, pues sostienen que los residuos de los agroquímicos quedan en el ambiente y se dispersan con facilidad, pudiendo ocasionar serios daños a la salud de quienes asisten a los establecimientos educativos (v. fs. 76 vta. y 77 y vta.).
En orden a los bienes comprometidos, solicitan que la acción sea calificada como acción colectiva y "… se cite a todos los interesados a tomar intervención o se acumulen a la presente las nuevas presentaciones con idéntico objeto" (v. fs. 64, el resaltado pertenece al original).
Finalmente, requieren se dicte medida cautelar que suspenda los artículos 1 a 6 de la resolución 246/18 del Ministerio de Agroindustria en todo el territorio provincial y, hasta tanto se resuelva definitivamente la cuestión, solicitan se aplique en el partido de General Pueyrredon y en los demás partidos de la provincia "… el régimen jurídico local vigente que garantice una zona de seguridad. Y en los municipios de la provincia que no cuenten con regulación se decrete la suspensión…" (v. fs. 114).
Subsidiariamente, solicitan se suspenda la norma respecto del municipio de General Pueyrredon en tanto disminuye el área de protección dispuesta cautelarmente en la causa I. 72.669, "Picorelli", resol. de 24-IX-2014 (v. escrito de fs. 114 y vta.).
II.1. La Constitución de la Provincia establece como principio y requisito de legitimación para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1).
II.1.a. El concepto referido se entronca en un sistema cuya funcionalidad, como es sabido, gira en torno al conocimiento y resolución de colisiones de derechos o intereses y requiere de modo imprescindible la existencia de un caso (arts. 116, Const. nac.; 2, ley 27; y Fallos: 310:2342, consid. 7; 311:2580, consid. 3; y 326:3007, consid. 7 y 8; e.o) cuya manifestación típica, obviamente, podrá variar (doct. causa I. 2274, "Fernandez", sent. de 27-6-2012 e I. 72.019, "Ocaña", sent. de 26-12-2012).
Desde luego, como en el presente, cuando se halla comprometida la defensa de derechos de incidencia colectiva en general, como los aprehendidos por la norma del art. 43 de la Constitución nacional y, en particular hallándose en juego el derecho a gozar de un ambiente sano, la legitimación ofrece más amplitud que la admitida en otro tipo de litigios, sin llegar a derivarse de ello la adjudicación a cualquier persona de la automática aptitud para demandar, ni a entronizar, en todas las materias, la vigencia de la acción popular. Antes bien, la regla imperante en el ordenamiento exige a quien acude a la jurisdicción la invocación de un interés jurídico afectado en modo directo o sustancial, que posea concreción e inmediatez adecuadas a los fines de la incoación del proceso (CSJN, Fallos 326:3007; 331:1364;333:1023; 339:1223; e.o).
II.1.b. En reiterada jurisprudencia sobre el punto, esta Corte ha sostenido que el interés que califica a la "parte" -en la expresión del precepto constitucional citado- debe, en principio, revestir la cualidad de ser "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1.241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1.427, "Álvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1.457, "González Bergez", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-1V-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1.492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1.488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-X11-1997; I. 2.153, "Meloso", resol. de 14-IX-1998; e.o), situación que se configura cuando el ejercicio del derecho constitucional de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993; e.o).
Es necesario, entonces, que en esta precisa vía de impugnación constitucional se ponga de relieve que en modo cierto o inminente, las normas cuestionadas proyectan o han de proyectar sus efectos de manera adversa o perjudicial sobre la situación subjetiva de quien acciona (doctr. causas I. 994, "Tarchitzky", resol. de 6-III-1979 e I. 1.601, "Orruma", resol. de 16-VI-1994). Ello obsta, por regla general, a la utilización de la pretensión originaria de inconstitucionalidad como medio para hacer valer una "acción popular", en el sentido que pueda ser articulada por "cualquiera del pueblo" (doctr. causas I. 1.601, cit.; I. 1.695, "Pintos", resol. de 14-III-1995 e I. 2.153, cit.).
II.1.c. Sentado ello, en la especie, los actores alegan la representación colectiva de distintos sectores (trabajadores, consumidores, vecinos) todos ellos con domicilio en el municipio de General Pueyrredon con excepción del señor Carlos Daniel Peralta, oriundo de Mar Chiquita (v. fs. 1/11).
Si bien la norma reputada inconstitucional fue dictada por la administración provincial y, por lo tanto, su alcance excede el territorio de los citados municipios, cierto es que, del desarrollo del punto III.c del escrito inicial relativo al interés que argumentan los actores para justificar la existencia del caso, se corrobora que los efectos adversos o perjudiciales que produciría la norma cuestionada refieren exclusivamente a las situaciones que padecerían los vecinos de las comunas citadas. Incluso, nótese el profundo desarrollo que se realiza en el punto VI relativo al caso del municipio de General Pueyrredon y la expresa mención de esta circunstancia en la solicitud cautelar.
Ello permite inferir que, sin perjuicio de la pretendida invocación genérica por parte de los actores (v. pto. III.B in fine ), por la forma en que se encuentra expuesta la pretensión, no se verifica la adecuada representación del extenso colectivo integrado por todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires (conf. arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
No escapa al análisis de este Tribunal el hecho de que el bien que se denuncia vulnerado es de naturaleza indivisible (medio ambiente; doctr. causas A. 72.642, "ASHPA", sent. de 17- VI-2015; I. 72.669, "Picorelli", resol. 5-VI-2019; CSJN Fallos: 329:2316, consd. 18 y 332:111, consd. 11) y las dificultades que su delimitación genera en relación a los límites fijados por el ordenamiento político del territorio.
No obstante, de la manera en que fue expuesta la pretensión, no se hace alusión a la regresión normativa en todo el territorio provincial —argumento central por el que se persigue la declaración de inconstitucionalidad— sino solamente en los municipios de General Pueyrredon y Mar Chiquita. Es que, en los fundamentos de la resolución 24/19 del Ministerio de Agroindustria que suspende la norma en crisis -cuestión que será abordada en el apartado siguiente-, se hace hincapié, justamente, en las diferentes posiciones que han tomado los municipios alcanzados por la resolución 246/18, respecto a cuestiones relativas a la operatividad de la norma cuestionada en su vinculación con las específicas regulaciones locales, cuestión que actualmente no ha sido resuelta en forma definitiva.
Por todo ello, teniendo en cuenta el señalamiento y acreditación de la condición de habitantes de localidades ubicadas en Gral. Pueyrredon y Mar Chiquita por parte de los actores (v. fs. 64 vta./68 vta.), tratándose en la especie de un asunto de índole ambiental en el que el tipo de situación jurídica que se dice afectada —y procura su objeto de resguardo mediante la pretensión articulada— adquiere dimensiones más bien acotadas a ese ámbito territorial, corresponde circunscribir la representación originalmente expuesta a todos los vecinos de los mencionados municipios (doct. causas B. 64.464, "Dougherty", sent. de 31-III-2004; I. 68.174, "Filón", resol. 18-IV-2007; A. 68.965, "Rodoni", sent. de 3-III-2010; A. 70.106, "Machado", sent. de 30-II-2011; I. 70.771, "Rotella", resol. 28-III-2012; I. 72.267, "Mitchell", resol. 13-II-2013; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 24-IX-2014; I. 72.844, "Estivariz", sent. de 17-VI-2015; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; I. 70.249, "Bornic", resol. 29-VI-2016; A. 70.082, "Longarini", sent. de 29-III-2017 y A. 73.760, "Aros Peralta", sent. de 11-VII-2018; cfr. arts. 43, Const. Nac.; 28, Const. prov. y 34 y 35, ley 11.723).
El resto de las invocaciones que alegan los actores en su pretensión inicial, quedan alcanzadas por el colectivo antes referido.
III. Resuelto lo anterior, corresponde abordar el pedido de tutela cautelar.
Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de esta acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. causa I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011 e I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016; e.o).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (causas B. 63.590 "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015; e.o), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (causas I. 3.521 "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas; I. 68.183 "Del Potro", resol. de 4-V-2005; I. 69.045, "Larumbe", resol. de 21-II-2007 e I. 73.256, "Canseco", resol. de 13-VIII-2014; e.o) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061 "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio se deben considerar los extremos exigidos por la ley adjetiva inherentes a la petición cautelar, f umus boni iuris y periculum in mora, resultando necesario que se acredite la presencia de ambos para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causa B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004).
III.1. El examen de toda pretensión cautelar supone la existencia de un menoscabo o perjuicio cierto (actual o inminente) que ponga en marcha la jurisdicción en procura de un resguardo preventivo que asegure la eficacia de la decisión final que dirima el conflicto (doctr. causa A. 68.225, res. de 15-VI-2005), lo que configura la existencia del peligro en la demora requerido por el art. 230 del CPCC.
En este sentido, resulta necesario señalar que la resolución del Ministerio de Agroindustria 246/18 atacada, fue suspendida por su par 24/19 (B.O 18-II-2019) por el plazo de un año (art. 2). Tal circunstancia, conforme lo apuntara el señor Procurador General a fs. 112 y vta., desacredita -por el momento- el requisito de peligro en la demora bajo estudio, en tanto la pretensión cautelar de los actores consistente en que se suspenda la norma en crisis resultaría inoficiosa ante la vigencia de esta última resolución que tiene idéntico efecto.
III.2. Ahora bien, lo expuesto en el párrafo anterior no obsta la consideración de la preferente tutela que este Tribunal debe conferir en esta materia.
Aquellos casos, como en el presente, en el que se encuentra involucrada la preservación del medio ambiente, deben analizarse a la luz del sentido eminentemente protector que instituye el régimen constitucional al consagrar derechos, atribuciones y deberes fundamentales, en la cláusula del art. 41 de la Constitución nacional, como en su similar contenida en el art. 28 del texto de la Provincia de Buenos Aires (cfr. causa B. 57.805, "Sociedad Anónima Garovaglio", sent. de 26-IX-2007). Marco constitucional al que deben añadirse los regímenes legales nacionales y provinciales en los cuales se consagran los principios rectores en materia ambiental (ley nac. 25.675 y ley prov. 11.723 y cfr. causas C. 103.798, "Capparelli", sent. de 2-IX-2009; A. 72.642, "ASHPA", sent. de 17-VI-2015; A. 70.082, "Longarini", sent. de 29-III-2017; C. 120.605, "Guzmán", sent. de 7-III-2018; entre otras).
Aún más, en lo que hace al objeto específico de la demanda, resulta de interés señalar que este Tribunal se ha expedido en casos similares al presente. En aquéllos se ponderó la situación de riesgo o peligro al ambiente y a la salud de las personas, ante la fumigación con agroquímicos en cercanías de un ejido urbano o viviendas de particulares, resolviendo a favor de la aplicación del principio precautorio y, por lo tanto, prohibiendo la realización de tareas de fumigación en extensiones de terreno determinadas por normas del ordenamiento territorial local (conf. causas C. 111.706, "D., J. E. F.", sent. de 8-VIII-2012; I. 72.669, "Picorelli", res. de 24-IX-2014 y A. 72.642, "ASHPA", cit.).
En tal sentido y atendiendo fundamentalmente a que la resolución 24/19 del Ministerio de Agroindustria tiene alcance meramente transitorio y que, conforme los fundamentos de aquélla, tal decisión fue adoptada a los fines de fomentar el cumplimiento y asegurar la implementación de la resolución 246/18 aquí cuestionada; vencido o modificado el plazo establecido en la norma y de entender los actores que concurren aún las circunstancias que motivaron la pretensión cautelar aquí analizada, a su pedido, esta Suprema Corte podrá reexaminar la situación planteada (conf. arts. 204 y 230, CPCC).
IV. Por las razones expuestas, sin que implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión, a esta altura del proceso el peligro en la demora que denuncian los vecinos en el escrito de demanda no se verifica en razón de la suspensión dispuesta por la resolución 24/19, no acreditándose, pues, la existencia de un margen remanente significativo o apreciable de riesgo de afectación constitucional que, prima facie considerado, justifique la protección urgente solicitada (doctr. arts. 195, 230, 232 y concs. del CPCC; CSJN Fallos: 335:1213).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar la medida cautelar solicitada por la parte actora a fs. 78/80 y 114 y vuelta (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Pe-To
Reg. Nº 667
Fin de la sentencia