Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75876
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in limine la demanda (arts. 161 inc. 1, Const. Prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios del letrado Rubén Eduardo Jones, en el equivalente en pesos a … Jus -…- (arts. 1, 2 segundo párrafo, 15, 16 inc. e, 26, 28 inc. a pto. 1 y 49, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al IVA.
I.75.876 “SANCHEZ CLAUDIO ARNALDO C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. RES. 246 (MINISTERIO AGR. GAN. Y PESCA)”
I. Claudio Arnaldo Sánchez, por derecho propio, con el patrocinio letrado del doctor Rubén Eduardo Jones, promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de la resolución 246/18 dictada por el Ministerio de Agroindustria.
Alega que la citada resolución "… pretende reglamentar la ley 10.699 modificando el decreto reglamentario 499/91…" (v. fs. 10 vta.).
Fundamenta la inconstitucionalidad de la norma en los siguientes puntos, a saber: aquella que denomina como "estafa procesal en la transcripción de las normas citadas en el resolutorio", en tanto señala que se denomina "ley" al decreto-ley 8912/77 y esta situación "[n]o se trata de un error de redacción, muy por el contrario dicha norma (decreto-ley 8912/77), vino a ejecutar las políticas de la dictadura y a beneficiar a empresas y corporaciones multinacionales vinculadas a ese gobierno, es decir la dictadura cívico militar" (v. fs. 11); la crítica concreta de los artículos 1 y 5 en lo que hace a los establecimientos educativos y la aplicación de agroquímicos fuera del horario escolar, denunciando que -incluso en ese momento- concurren los alumnos y sus familiares, el personal no docente y directivos de las instituciones, al mismo tiempo que señala el efecto nocivo de la deriva de tales productos.
Transcribe doctrina de autores que interpretan el alcance del artículo 28 de la Constitución provincial para postular la amplia legitimación que se le reconoce a los habitantes de la Provincia para defender el derecho a gozar de un ambiente sano.
Finalmente, solicita el dictado de una medida cautelar a los fines de que se suspenda la norma en crisis.
II. La Constitución de la Provincia establece como principio y requisito de legitimación para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1).
II.1. El concepto referido se entronca en un sistema cuya funcionalidad, como es sabido, gira en torno al conocimiento y resolución de colisiones de derechos o intereses y requiere de modo imprescindible la existencia de un caso (arts. 116, Const. nac.; 2, ley 27; y CSJN Fallos: 310:2342, consid. 7; 311:2580, consid. 3; y 326:3007, consid. 7 y 8; e.o) cuya manifestación típica, obviamente, podrá variar (doctr. causas I. 2274, "Fernandez", sent. de 27-VI-2012 e I. 72.019, "Ocaña", sent. de 26-XII-2012).
Desde luego, como en el presente, cuando se halla comprometida la defensa de derechos de incidencia colectiva en general, como los aprehendidos por la norma del art. 43 de la Constitución nacional y, en particular hallándose en juego el derecho a gozar de un ambiente sano, la legitimación ofrece más amplitud que la admitida en otro tipo de litigios, sin llegar a derivarse de ello la adjudicación a cualquier persona de la automática aptitud para demandar, ni a entronizar, en todas las materias, la vigencia de la acción popular. Antes bien, la regla imperante en el ordenamiento exige a quien acude a la jurisdicción la invocación de un interés jurídico afectado en modo directo o sustancial, que posea concreción e inmediatez adecuadas a los fines de la incoación del proceso (CSJN Fallos: 326:3007; 331:1364; 333:1023; 339:1223; e.o).
II.2. En reiterada jurisprudencia sobre el punto, esta Corte ha sostenido que el interés que califica a la "parte" -en la expresión del precepto constitucional citado- debe, en principio, revestir la cualidad de ser "particular" y "directo" (doctr. causas I. 1.241, "Berciotti", resol. de 31-V-1988; I. 1.427, "Álvarez", resol. de 30-V-1989; I. 1.553, "Procuración General de la Suprema Corte", resol. de 11-II-1992; I. 1.457, "González Bergez", resol. de 13-III-1990; I. 1.462, "Gascón Cotti", resol. de 17-1V-1990; I. 1.467, "Aranda Lavarello", resol. de 5-VI-1990; I. 1.492, "Partido Movimiento al Socialismo", resol. de 31-VII-1990; I. 1.488, "Benítez", resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, "Zurano", resol. de 16-X11-1997; I. 2.153, "Meloso", resol. de 14-IX-1998; e.o), situación que se configura cuando el ejercicio del derecho constitucional de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993; e.o).
Es necesario, entonces, que en esta precisa vía de impugnación constitucional se ponga de relieve que, en modo cierto o inminente, las normas cuestionadas proyectan o han de proyectar sus efectos de manera adversa o perjudicial sobre la situación subjetiva de quien acciona (doctr. causas I. 994, "Tarchitzky", resol. de 6-III-1979 e I. 1.601, "Orruma", resol. de 16-VI-1994). Ello obsta, por regla general, a la utilización de la pretensión originaria de inconstitucionalidad como medio para hacer valer una "acción popular", en el sentido que pueda ser articulada por "cualquiera del pueblo" (v. voto del doctor Argañarás en "Acuerdos y Sentencias", serie 14, t. I, pág. 455; doctr. causas B. 16.203, sent. de 31-X-1933; I. 1695, "Pintos", resol. de 14-III-1995; I. 1.613, "Carpinetti", sent. de 11-IV-1995; I. 72.036, "Pena", 7-V-2014; I. 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", resol. de 15-VII-2015; I. 74.618, "Sanzio", resol. de 22-V-2019; e.o.). Así, la lesión invocada debe guardar una adecuada conexión con la determinación jurídica reputada inconstitucional o ilegítima y ser susceptible de restablecerse o repararse mediante el remedio empleado.
En ese sentido, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "es imprescindible que quién reclama tenga un interés suficientemente directo, concreto y personal -diferenciado del que tienen el resto de los ciudadanos- en el resultado del pleito que propone, de manera que los agravios que se invocan lo afecten de forma 'suficientemente directa' o 'substancial'" (CSJN Fallos: 306:1125; 308:2147; 310:606; 326:3007; 333:1023; 342:853; e.o).
Ello es así, pues, la legitimación activa constituye un presupuesto necesario para que exista un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causa B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 323:4098; 326:3007; 337:627; 342:853; e.o.).
II.3. Pese a que el presente involucra un caso en el que se denuncia la afectación del medio ambiente, materia en la que se ha evaluado con mayor amplitud el requisito de la legitimación (cfr. arts. 43, Const. nac.; 30 y concs., ley 25.675; 20 inc. 2 y concs. Const. prov.; 26 y concs., ley 13.133; causas B. 64.464, "Dougherty", resol. de 13-XI-2002; B. 65.269, "Asociación Civil Ambiente Sur", resol. de 19-II-2003; B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 72.267, "Mitchell", resol. de 13-XI-2013; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 23-XII-2014; e.o.); el actor se limita a expresar que esa aptitud "… en la provincia la normativa la reconoce de modo amplio, pues refiere a todos los habitantes", a partir de lo cual pareciera verse relevado del deber de justificar debidamente cuál sería el interés diferenciado del resto de los ciudadanos para demandar del modo en que lo hace (v. fs. 31 vta./32).
Los argumentos que despliega en su escrito inicial se limitan a un cuestionamiento basado puramente en un interés generalizado y común de toda persona en la salvaguarda de la juridicidad o en el ejercicio regular de los cometidos estatales, lo cual —como se ha resuelto varias veces— no es suficiente para elevar el reclamo a la calidad de caso o controversia apto para ser abordado judicialmente (doctr. causas B. 65.270, "Alegre", resol. de 7-V-2003; I. 73.072, "Piantino", resol. de 29-VIII-2017; I. 73.080, "Laurent" e I. 73.081, "Ventura", ambas resol. de 11-X-2017; CSJN Fallos: 275:282; 308:1489; 313:863; 323:1339; 324:2048 y sus citas).
II.4. Cabe aclarar que por más amplio y flexible que deba ser el acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.), no hay duda que la aptitud legitimante en el proceso constitucional supone, en este tipo de casos, una cierta pertenencia o titularidad del derecho o interés que se invoca, que en la especie no aparece en modo alguno cristalizada.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente y ante la denuncia del actor respecto a la inminencia del gravamen irreparable que produciría la aplicación de la resolución del Ministerio de Agroindustria 246/18 sobre los bienes que alega comprometidos en los términos de la demanda, es de interés destacar que aquella norma fue suspendida en su vigencia por su par 24/19 (B.O. de 18-II-2019); medida que fue prorrogada sucesivamente por las resoluciones 8/20 (B.O. de 27-VIII-2020) y 28/21 (B.O. de 17-II-2021) hasta la fecha.
III. Toda vez que la parte actora no ha logrado acreditar una legitimación suficiente para incoar este proceso en los términos propuestos corresponde rechazar in limine la demanda promovida (arts. 161 inc. 1, Const. Prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in limine la demanda (arts. 161 inc. 1, Const. Prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios del letrado Rubén Eduardo Jones, en el equivalente en pesos a … Jus -…- (arts. 1, 2 segundo párrafo, 15, 16 inc. e, 26, 28 inc. a pto. 1 y 49, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al IVA.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y oportunamente archívese.
Suscripto y registrado por el actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/04/2021 22:08:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/04/2021 09:53:24 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2021 10:09:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2021 18:06:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2021 20:16:52 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia