Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77615
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida por los señores Martín Ignacio Depaoli y Pablo Diego Depaoli (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
De acuerdo a lo resuelto, no corresponde regular honorarios a la letrada patrocinante en autos por resultar inoficiosa su actuación (art. 30, ley 14.967).
I.77.615 “DEPAOLI MARTÍN IGNACIO Y OTRO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES (MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS) S/ INCONSTITUCIONALIDAD RESOLUCIÓN CONJUNTA 460/2021”
I. Los señores Martín Ignacio Depaoli y Pablo Diego Depaoli promueven la presente acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez de la resolución conjunta 460/21 dictada por los titulares del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud (B.O. de 10-XII-2021), que establece -a partir del 21 de diciembre de 2021- el denominado “Pase libre Covid” como requisito necesario para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio provincial que representan mayor riesgo epidemiológico -las que enumera-, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.
Ello, por estimar que la norma en crisis vulnera los derechos a la vida, a la integridad física, al honor, a la intimidad, a la imagen, a la libertad, a la igualdad y a la libre circulación.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°9 del Departamento Judicial de Morón. Sin embargo, su magistrada se rehusó a intervenir en el asunto en la inteligencia de que la cuestión debatida era propia de la competencia originaria y exclusiva conferida por mandato constitucional a esta Suprema Corte.
Al así decidir, remitió las actuaciones a este Tribunal para la prosecución de su trámite (v. resol. de 29-XII-2021), el que declaró su competencia para entender en el asunto, radicó la contienda ante sus estrados -en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo- y confirió a los demandantes el plazo de diez días para que adecuen su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del ordenamiento de rito, bajo apercibimiento de tenerlos por no presentados (v. resol. de 30-XII-2021).
III. Es así que el día 6 de enero de 2022, los actores reformulan su petición, hacen reserva del caso constitucional y del caso federal y solicitan que cautelarmente se suspendan los efectos del precepto impugnado.
Con invocación de lo dispuesto en la ley 10.456, afirman que la resolución atacada resulta arbitraria, irrazonable y que, por ende, su inconstitucionalidad surge palmaria.
Al mismo tiempo, consideran que la norma en crisis incurre en un exceso legal manifiesto, al introducir una disparidad jurídica ostensible entre las personas y el Estado, sin -según su parecer- una debida justificación.
Luego, arguyen que el plan de inoculación adoptado produce un fuerte impacto en el régimen de responsabilidad civil y estatal por los perjuicios presuntamente ocasionados en la población. Así, exponen que la urgencia en alcanzar altos niveles de inmunidad en la comunidad para detener la propagación de la pandemia del virus SARS-CoV-2 y sus consecuencias disvaliosas se centra en la función resarcitoria del sistema de reparación de daños, desplazando su faz preventiva.
Finalmente, sostienen que el Estado deberá responder no ya por una falta de servicio, conforme lo previsto en la ley nacional 26.944, sino por la introducción de un riesgo cierto a la sociedad.
IV.1. Cabe recordar que el examen de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es atribución que corresponde a esta Suprema Corte, con independencia de las alegaciones vertidas por las partes en sus escritos postulatorios (doctr. causas I. 1.499, "Fiscal de Estado", resol. de 5-III-1991; I. 1.329, "Playamar", sent. de 10-XII-1992; I. 1.465, "Las Totoras", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga", sent. de 17-X-1995; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 68.449, "I.G.T. 33 S.A.", resol. de 31-V-2006; I. 2.270, "VAGSA", sent. de 8-VII-2014; e I. 71.551, “Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos”, sent. de 23-XI-2020, e.o.).
En ese análisis, deben rechazarse las demandas de inconstitucionalidad que no han ido más allá de la enumeración genérica de diversos preceptos de la Constitución provincial, sin llegar a poner de resalto de qué modo las normas impugnadas han quebrantado o quebrantarán las garantías constitucionales cuya tutela se procura, exponiendo la relación directa existente entre aquellas y estas (doctr. causas I. 1.502, “Castilla”, sent. de 30-III-1993; I. 1.610, "Conti de Ferrario", sent. de 10-VI-1997; I. 1.460, "Expreso Merlo Norte SA", sent. de 9-III-1999; I. 68.239, "Vega", sent. de 6-VII-2005; I. 1.912, "Barsotelli", sent. de 19-IX-2007; I. 2.223, "Medipharma S.A.", sent. de 4-VI-2008; I. 2.335, "Fiscal de Estado s/ inconstitucionalidad de la ley 12.313", sent. de 21-X-2009; I. 74.255, "López", sent. de 23-XI-2016; e I. 2.227, “Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)”, sent. de 23-II-2021, e.o.).
Bajo tales premisas, se advierte que la presentación efectuada en autos carece del mínimo de fundamentación necesaria para permitir al Tribunal ejercer la competencia que le acuerda el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial.
IV.2. Así pues, luce evidente que la pretensión no se ha adecuado correctamente al carril procesal establecido en los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial. Por el contrario, se observa que la presentación en análisis, de un lado, replica con exactitud los términos en los cuales había sido deducida la acción de amparo ante el primer órgano jurisdiccional que intervino y, de otro, se centra -casi exclusivamente- en describir y cuestionar los distintos regímenes de responsabilidad por daños derivados de la aplicación de vacunas experimentales, aspectoséstos que en modo alguno abastecen los recaudos de fundamentación adecuada antes señalados.
En este sentido, manifiestan que “la amplia disponibilidad y accesibilidad de las vacunas, los resultados de las campañas de vacunación, su efectividad, la inmunidad frente al virus que se logre, la cantidad y magnitud de efectos adversos y eventuales daños a la salud, determinarán en conjunto la justificación o no de tan extraordinarias medidas. Permitirán también repensar si el diseño de nuestro sistema de responsabilidad civil y estatal está configurado para responder a los desafíos globales ambientales y sanitarios que se avecinan” (v. punto 5, “Reflexión final”, del escrito electrónico de fecha 6-I-2022).
A lo dicho se suma que la postulación adolece, además, de errores y deficiencias técnicas que obstan su andamiaje por esta vía. Es que los accionantes parecen interpretar que la pretensión incoada continúa tramitando por las reglas del juicio de amparo y, en virtud de ello, alegan cumplimentar recaudos propios de aquel tipo de litigio y omiten ajustar su pretensión a las reglas que gobiernan la acción originaria de inconstitucionalidad. En esta línea, sustentan su petición principal y precautoria en lo normado en la ley 10.456, que regula la acción de amparo en la Provincia de Santa Fe y, por último, reservan su derecho a interponer el recurso de inconstitucionalidad de la ley 7.055 ante la Corte Suprema de aquella provincia (v. puntos II y X de la presentación electrónica de fecha 6-I-2022).
De esta manera, teniendo en consideración lo mencionado, los argumentos esgrimidos en relación a la eventual responsabilidad del Estado no solo resultan impropios de este medio procesal, sino que las alegaciones efectuadas en torno a la presunta inconstitucionalidad del precepto aquí controvertido devienen en extremo genéricas, impidiendo al Tribunal tener por acreditado con claridad el nexo existente entre las cláusulas superiores que dicen transgredidas -las cuales ni siquiera identifican con precisión- y la resolución atacada.
V. Por lo expuesto, dado que en la especie no se ha formulado concretamente, a pesar de haberse intimado a hacerlo, un planteo constitucional, se impone rechazar en esta instancia la demanda promovida por los señores Martín Ignacio Depaoli y Pablo Diego Depaoli (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
La decisión adoptada no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir por las vías idóneas para la protección de los derechos que considera conculcados (arg. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida por los señores Martín Ignacio Depaoli y Pablo Diego Depaoli (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
De acuerdo a lo resuelto, no corresponde regular honorarios a la letrada patrocinante en autos por resultar inoficiosa su actuación (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2022 19:29:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/04/2022 09:08:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2022 09:11:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2022 09:30:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2022 11:18:51 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/04/2022 11:38:35 hs. bajo el número RR-348-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia