Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77924
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida por la señora Silvia Liliana Curro (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
De acuerdo a lo resuelto, no corresponde regular honorarios al letrado patrocinante en autos por resultar inoficiosa su actuación (art. 30, ley 14.967).
I.77.924 “CURRO SILVIA LILIANA CONTRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA RESOLUCION CONJUNTA 326/21 Y SUS MODIFICATORIAS 359/21 Y 444/21. DEC. PROV. 837/21, DEC. NACIONAL 678/21" Y SU ACUMULADA I-77916 "LETRA I- 77924 - EX CUESTION DE COMPETENCIA-“
I. La señora Silvia Liliana Curro cuestiona la validez constitucional del decreto nacional N°678/21, decreto provincial N°837/21, resolución conjunta N°326/21 y modificatorias N°359/21 y 444/21, relativas a las medidas preventivas generales y obligatorias que se deberán cumplir para la realización de determinadas actividades calificadas como de mayor riesgo epidemiológico y sanitario en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires en el contexto de pandemia.
Ello, por estimar que se encuentra vulnerado lo dispuesto en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 43 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 1, 2 y 3 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 2, 3, 7, 16, 23 inc. 3 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 2, 5, 6, 10 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 1, 2, 4, 5 y 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°15 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Sin embargo, el magistrado a cargo del órgano se rehusó a intervenir en el asunto en la inteligencia de que la cuestión debatida era propia de la competencia originaria y exclusiva conferida por mandato constitucional a esta Suprema Corte.
Al así decidir, remitió las actuaciones a este Tribunal para la prosecución de su trámite (v. resol. de 17-III-2022), el que declaró su competencia para entender en el asunto, radicó la contienda ante sus estrados -en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo- y confirió a la demandante el plazo de diez días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del ordenamiento de rito, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada (v. resol. de 3-V-2022).
III. El día 22 de mayo de 2022, la actora reformula su petición.
Comienza su relato explicando que padece de lupus eritematoso sistémico, motivo por el cual su médico tratante desaconsejó que accediera al plan de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, dado el riesgo adverso probable en razón de su patología de base.
En atención a esto, sostiene que la exigencia de la exhibición del “Pase Libre Covid” provoca, en su caso concreto, una severa vulneración de sus derechos a la integridad física, a la salud, a circular libremente, a trabajar, a comercial y, en suma, a desarrollar su vida plenamente, por una cuestión que excede su mera voluntad o ideología.
Finalmente, solicita que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 15 de la ley 16.986 y 18 de la ley 25.561, en lo que se refiere a la concesión con efecto suspensivo de los recursos de apelación interpuestos por el Estado demandado (v. punto III del escrito electrónico de fecha 24-V-2022).
IV.1. En primer lugar, cabe recordar que el examen de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es atribución que corresponde a esta Suprema Corte, con independencia de las alegaciones vertidas por las partes en sus escritos postulatorios (doctr. causas I. 1.499, "Fiscal de Estado", resol. de 5-III-1991; I. 1.329, "Playamar", sent. de 10-XII-1992; I. 1.465, "Las Totoras", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga", sent. de 17-X-1995; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 68.449, "I.G.T. 33 S.A.", resol. de 31-V-2006; I. 2.270, "VAGSA", sent. de 8-VII-2014; e I. 71.551, “Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos”, sent. de 23-XI-2020, e.o.).
Al respecto, es útil destacar que es doctrina reiterada de esta Corte que debe rechazarse la demanda de inconstitucionalidad que no ha ido más allá de la enumeración genérica de diversos preceptos de la Constitución provincial, sin llegar a poner de resalto de qué modo las normas impugnadas han quebrantado o quebrantarán las garantías constitucionales cuya tutela se procura, exponiendo la relación directa existente entre aquellas y estas (doctr. causas I. 1.502, “Castilla”, sent. de 30-III-1993; I. 1.610, "Conti de Ferrario", sent. de 10-VI-1997; I. 1.460, "Expreso Merlo Norte SA", sent. de 9-III-1999; I. 68.239, "Vega", sent. de 6-VII-2005; I. 1.912, "Barsotelli", sent. de 19-IX-2007; I. 2.223, "Medipharma S.A.", sent. de 4-VI-2008; I. 2.335, "Fiscal de Estado s/ inconstitucionalidad de la ley 12.313", sent. de 21-X-2009; I. 74.255, "López, Ariel Claudio", sent. de 23-XI-2016; e I. 2.227, “Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)”, sent. de 23-II-2021, e.o.).
En otro orden, también se ha dicho que cuando el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial alude a "materia regida por esta Constitución" se refiere -y la interpretación jurisprudencial ha sido invariable al respecto antes y después de la reforma constitucional de 1994- a la necesidad de planteamiento de un conflicto directo entre la disposición controvertida y la o las normas de la Carta local que se consideren violentadas (doctr. causas I. 1169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001; B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009; B. 75.890, "Martínez", resol. de 14-VIII-2019 y B. 77.524, “Thomart GNC SA”, resol. de 10-XII-2021, e.o.).
De allí que no sean procedentes las demandas originarias de inconstitucionalidad en las que se denuncian infracciones a la Constitución Nacional o, como en este supuesto también ocurre, a leyes o reglamentos dictados por autoridades federales. Sobre esa base, se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos así planteados (doctr. causas B. 68.381, "Ganadera 2000 SA" y B. 68.416, "Agroindustrias Quilmes SA", ambas resol. de 23-XI-2005; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006; B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", resol. de 10-IV-2013; I. 74.725, "Miño", resol. de 7-II-2018; B. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018; B. 76.039, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019 y B. 77.524, cit.).
IV.2. Bajo tales premisas, se advierte que la presentación efectuada en autos carece del mínimo de fundamentación necesaria para permitir al Tribunal ejercer la competencia que le acuerda el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial, tal como ha sido delineada ut supra .
Así pues, luce evidente que la pretensión no se ha adecuado correctamente al carril procesal establecido en los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial. Por el contrario, se observa que la presentación en análisis, de un lado, replica sustancialmente los términos en los cuales había sido deducida la acción de amparo ante el primer órgano jurisdiccional que intervino y, de otro, se funda exclusivamente en la supuesta violación de los derechos y garantías consagrados en la Constitución nacional, en los tratados internacionales que cita y en otras normas dictadas por el Congreso de la Nación que invoca en apoyo de su tesitura; sin siquiera mencionar las cláusulas superiores locales que consideran transgredidas.
A lo dicho se suma que la postulación adolece, además, de errores y deficiencias técnicas que obstan su andamiaje por esta vía, en tanto la omite por completo ajustar su pretensión a las reglas que gobiernan la acción originaria de inconstitucionalidad, tal como fuera intimada a hacerlo. En esta línea, sustenta su petición principal en los arts. 43 de la Constitución nacional (v. puntos III del escrito inaugural).
De esta manera, no cabe más que concluir que en la especie no se ha formulado, a pesar de haberse intimado a hacerlo, ningún planteo constitucional canalizable por este carril procesal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
En consecuencia, corresponde hacer efectivo el apercibimiento ordenado con fecha 3 de mayo de 2022, en tanto la pieza en proveimiento no ha dado efectivo cumplimiento a lo allí requerido (doctr. causas I. 73.318, "Simon", resol. de 2-IX-2015; I. 74.255, "López", resol. de 23-XI-2016; I. 74.946, “Aguirre”, resol. de 11-VII-2018; I. 77.628, “Montesano” e I. 77.615, “Depaoli”, ambas resols. de 13-IV-2022; I. 77.681, “Lojo”, I. 77.723, Tizzani” e I. 77.809, “Lojo”, todas resols. de 26-IV-2022 e I. 77.719, “Bermúdez”, resol. de 27-V-2022).
V. De cualquier modo, en el caso particular de la señora Curro y en vistas de la condición física que alega, resulta de interés recordar -tal como fuera señalado en la resolución del día 3 de mayo del corriente año- lo dispuesto por la resolución conjunta N°496/21 (B.O. de fecha 20-XII-2021), que establece que podrán ser eximidos de presentar el pase sanitario como requisito para asistir a los trámites detallados en el artículo 1, puntos II y III de la resolución conjunta N°460/21 (estos son, realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales y/o municipales y entidades privadas, cuando impliquen aglomeramiento de personas) aquellas personas que "por razones médicas no puedan vacunarse, comprobado mediante la presentación del certificado médico correspondiente" (v. 2do. párrafo, art. 4).
VI. Por lo expuesto, dado que en la especie la actora no ha formulado concretamente, a pesar de haber sido intimada a hacerlo, un planteo constitucional ceñido a las normas procesales que rigen la acción originaria de inconstitucionalidad, se impone rechazar en esta instancia la demanda por ella promovida (arts. 161 inc. 1º, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir por las vías idóneas para la protección de los derechos que considera conculcados (arg. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida por la señora Silvia Liliana Curro (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
De acuerdo a lo resuelto, no corresponde regular honorarios al letrado patrocinante en autos por resultar inoficiosa su actuación (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/07/2022 14:58:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/07/2022 16:26:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2022 16:40:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2022 09:36:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2022 11:02:50 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/07/2022 11:04:45 hs. bajo el número RR-758-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia