Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77723
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida por la señora Elina Irma Tizzani (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov.; 336 y 684 del CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
De acuerdo a lo resuelto, no corresponde regular honorarios al letrado patrocinante en autos por resultar inoficiosa su actuación (art. 30, ley 14.967).
I.77.723 “TIZZANI ELINA IRMA CONTRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (MRIOS. DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Y DE SALUD) SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA RESOLUCION CONJUNTA 460/21 – EX CUESTIÓN DE COMPETENCIA-“
I. La señora Elina Tizzani promueve la presente acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez de la resolución conjunta 460/21 dictada por los titulares del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud (B.O. de 10-XII-2021), que establece -a partir del 21 de diciembre de 2021- el denominado “Pase libre Covid” como requisito necesario para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio provincial que representan mayor riesgo epidemiológico -las que enumera-, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.
Ello, por estimar que la norma en crisis vulnera lo dispuesto en los arts. 14, 14 bis, 16, 19, 28, 31 y 36 de la Constitución nacional, 3, 10, 11, 12 inc. 5, 25 y 27 de la Carta local, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 6 inc. 1 de la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, 1° y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 58 y 59 del Código Civil y Comercial de la Nación, como así también lo dispuesto en la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y en las leyes 25.529 y 25.326.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús. Sin embargo, su magistrada se rehusó a intervenir en el asunto en la inteligencia de que la cuestión debatida era propia de la competencia originaria y exclusiva conferida por mandato constitucional a esta Suprema Corte.
Al así decidir, remitió las actuaciones a este Tribunal para la prosecución de su trámite (v. resol. de 28-II-2022), el que declaró su competencia para entender en el asunto, radicó la contienda ante sus estrados -en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo- y confirió a la demandante el plazo de diez días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del ordenamiento de rito, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada (v. resol. de 10-II-2022).
III. Es así que el día 19 de febrero de 2022, la actora reformula su petición, hace reserva del caso federal y solicita que cautelarmente se suspendan los efectos del precepto impugnado.
Comienza su embate afirmando que el Poder Ejecutivo se ha arrogado una función propia del Poder Legislativo, lo que importaría –según su parecer- una forma irregular de reformar tanto la Constitución nacional como la provincial, cercenando y limitando derechos fundamentales.
Luego, sostiene que resulta incongruente exigir la exhibición de un pase sanitario en tanto el sistema de vacunación es voluntario y no se ha demostrado que su implementación disminuya los casos de contagios en la Provincia.
Finalmente, arguye que se ha incurrido en los delitos tipificados en los arts. 149 bis, 149 ter y 248 del Código Penal, dado que mediante la resolución en pugna se procura que la población acceda de manera forzosa al plan de inoculación contra el virus SARS-CoV-2, lo que constituye -a su entender- un abuso de autoridad.
IV.1. En primer lugar, cabe recordar que el examen de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es atribución que corresponde a esta Suprema Corte, con independencia de las alegaciones vertidas por las partes en sus escritos postulatorios (doctr. causas I. 1.499, "Fiscal de Estado", resol. de 5-III-1991; I. 1.329, "Playamar", sent. de 10-XII-1992; I. 1.465, "Las Totoras", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga", sent. de 17-X-1995; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 68.449, "I.G.T. 33 S.A.", resol. de 31-V-2006; I. 2.270, "VAGSA", sent. de 8-VII-2014; e I. 71.551, “Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos”, sent. de 23-XI-2020, e.o.).
Al respecto, es útil destacar que es doctrina reiterada de esta Corte que debe rechazarse la demanda de inconstitucionalidad que no ha ido más allá de la enumeración genérica de diversos preceptos de la Constitución provincial, sin llegar a poner de resalto de qué modo las normas impugnadas han quebrantado o quebrantarán las garantías constitucionales cuya tutela se procura, exponiendo la relación directa existente entre aquellas y estas (doctr. causas I. 1.502, “Castilla”, sent. de 30-III-1993; I. 1.610, "Conti de Ferrario", sent. de 10-VI-1997; I. 1.460, "Expreso Merlo Norte SA", sent. de 9-III-1999; I. 68.239, "Vega", sent. de 6-VII-2005; I. 1.912, "Barsotelli", sent. de 19-IX-2007; I. 2.223, "Medipharma S.A.", sent. de 4-VI-2008; I. 2.335, "Fiscal de Estado s/ inconstitucionalidad de la ley 12.313", sent. de 21-X-2009; I. 74.255, "López, Ariel Claudio", sent. de 23-XI-2016; e I. 2.227, “Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)”, sent. de 23-II-2021, e.o.).
En otro orden, también se ha dicho que cuando el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial alude a "materia regida por esta Constitución" se refiere -y la interpretación jurisprudencial ha sido invariable al respecto antes y después de la reforma constitucional de 1994- a la necesidad de planteamiento de un conflicto directo entre la disposición controvertida y la o las normas de la Carta local que se consideren violentadas (doctr. causas I. 1169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001; B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009; B. 75.890, "Martínez", resol. de 14-VIII-2019 y B. 77.524, “Thomart GNC SA”, resol. de 10-XII-2021, e.o.).
De allí que no sean procedentes las demandas originarias de inconstitucionalidad en las que se denuncian infracciones a la Constitución Nacional o, como en este supuesto también ocurre, a leyes o reglamentos dictados por autoridades federales. Sobre esa base, se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos así planteados (doctr. causas B. 68.381, "Ganadera 2000 SA" y B. 68.416, "Agroindustrias Quilmes SA", ambas resol. de 23-XI-2005; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006; B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", resol. de 10-IV-2013; I. 74.725, "Miño", resol. de 7-II-2018; B. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018; B. 76.039, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019 y B. 77.524, cit.).
IV.2. Bajo tales premisas, se advierte que la presentación efectuada en autos carece del mínimo de fundamentación necesaria para permitir al Tribunal ejercer la competencia que le acuerda el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial, tal como ha sido delineada ut supra .
Así pues, luce evidente que la pretensión no se ha adecuado correctamente al carril procesal establecido en los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial. Por el contrario, se observa que esta nueva presentación, de un lado, replica en sustancia los argumentos esgrimidos al deducir la acción de amparo ante el primer órgano jurisdiccional que intervino y, de otro, se funda casi en su totalidad en la supuesta violación de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales que cita y en otras normas dictadas por el Congreso de la Nación que invoca en apoyo de su tesitura.
Para más, es necesario señalar que la postulación adolece de ciertas deficiencias técnicas que obstan su andamiaje por esta vía; es que la accionante parece interpretar que el juicio entablado debe tramitar por las reglas de la acción meramente declarativa prevista en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial y, en virtud de ello, alega cumplimentar recaudos propios de aquel tipo de litigio, a la vez que solicita que el pleito se rija por las pautas contempladas en el art. 498 de ese cuerpo normativo (v. puntos V y X, titulados “Admisibilidad de la acción interpuesta” y “Proceso sumarísimo” respectivamente, del escrito electrónico de fecha 19-II-2022).
De esta manera, teniendo en consideración lo mencionado, las alegaciones efectuadas en torno a la presunta inconstitucionalidad del precepto aquí controvertido devienen en extremo genéricas, impidiendo al Tribunal tener por acreditado con claridad el nexo existente entre las cláusulas superiores locales que dice transgredidas -las cuales meramente menciona- y la resolución atacada.
En consecuencia, corresponde hacer efectivo el apercibimiento ordenado con fecha 10 de febrero de 2022, en tanto que la pieza en proveimiento no ha dado efectivo cumplimiento a lo allí requerido (doctr. causas I. 73.318, "Simon", resol. de 2-IX-2015; I. 74.255, "López", resol. de 23-XI-2016 e I. 74.946, “Aguirre”, resol. de 11-VII-2018).
V. Por lo expuesto, dado que en la especie no se ha formulado concretamente, a pesar de haberse intimado a hacerlo, un planteo constitucional ceñido a las normas procesales que rigen la acción originaria de inconstitucionalidad, se impone rechazar en esta instancia la demanda promovida por la señora Elina Irma Tizzani (arts. 161 inc. 1º, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir por las vías idóneas para la protección de los derechos que considera conculcados (arg. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida por la señora Elina Irma Tizzani (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov.; 336 y 684 del CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
De acuerdo a lo resuelto, no corresponde regular honorarios al letrado patrocinante en autos por resultar inoficiosa su actuación (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2022 20:02:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/04/2022 18:32:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 18:01:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2022 10:18:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2022 10:23:32 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/04/2022 10:24:36 hs. bajo el número RR-400-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia