Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77661
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida por la señora Erika Julieta Aguirre (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
De acuerdo a lo resuelto y al modo en que han sido impuestas las costas del proceso, no corresponde regular honorarios a la doctora Aguirre, abogada en causa propia (art. 12, ley 14.967).
I.77.661 “AGUIRRE, JULIETA ERIKA CONTRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA RESOLUCION CONJUNTA 460/21 - EX CUESTIÓN DE COMPETENCIA-“
I. La señora Erika Julieta Aguirre, abogada en causa propia, cuestiona la validez constitucional de la resolución conjunta 460/21 dictada por los titulares del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud (B.O. de 10-XII-2021), que establecen -a partir del 21 de diciembre de 2021- el denominado “Pase libre Covid” como requisito necesario para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio provincial que representan mayor riesgo epidemiológico -las que enumera-, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.
Ello, por estimar que la norma en crisis vulnera lo dispuesto en los arts. 19, 28, 29, 31, 33, 75 inc. 22 y 108 de la Constitución nacional, 17, 51, 52, 56, 58, 59 y 175 del Código Civil y Comercial, 149 bis y 248 del Código Penal y las leyes 27.491, 27.573 y 26.529.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Morón. Sin embargo, su magistrada se rehusó a intervenir en el asunto en la inteligencia de que la cuestión debatida era propia de la competencia originaria y exclusiva conferida por mandato constitucional a esta Suprema Corte.
Al así decidir, remitió las actuaciones a este Tribunal para la prosecución de su trámite (v. resol. de 30-XII-2021), el que declaró su competencia para entender en el asunto, radicó la contienda ante sus estrados -en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo- y confirió a la demandante el plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del ordenamiento de rito, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada (v. resol. de 10-II-2022).
III. El día 4 de abril de 2022, la actora realiza una nueva presentación por medio de la cual intenta reformular su petición al tiempo que solicita que se suspendan cautelarmente los efectos del precepto impugnado.
Comienza su embate afirmando que ninguna declaración de emergencia sanitaria habilita al Poder Ejecutivo a desconocer la Constitución o la legislación nacional.
Luego, sostiene que la resolución 2883/20 del Ministerio de Salud de la Nación estableció un sistema de inoculación voluntario y no obligatorio, por tratarse meramente de un ensayo clínico. De esta manera, alega que se debe respetar la autonomía de la voluntad de aquellos ciudadanos que no tengan intención de participar en este cualquier ciudadano de no participar en este experimento médico.
En virtud de esto, arguye que entabla “esta acción de amparo contra este acto que la parte demandada en forma actual e inminente lesiona, restringe, altera y amenaza, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos y las garantías explícitas o implícitamente reconocidas por la CN ya reseñados” ( sic , punto III del escrito electrónico de fecha 4-IV-2022).
IV.1. En primer lugar, cabe recordar que el examen de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es atribución que corresponde a esta Suprema Corte, con independencia de las alegaciones vertidas por las partes en sus escritos postulatorios (doctr. causas I. 1.499, "Fiscal de Estado", resol. de 5-III-1991; I. 1.329, "Playamar", sent. de 10-XII-1992; I. 1.465, "Las Totoras", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga", sent. de 17-X-1995; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 68.449, "I.G.T. 33 S.A.", resol. de 31-V-2006; I. 2.270, "VAGSA", sent. de 8-VII-2014 e I. 71.551, “Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos”, sent. de 23-XI-2020, e.o.).
Al respecto, es útil destacar que es doctrina reiterada de esta Corte que debe rechazarse la demanda de inconstitucionalidad que no ha ido más allá de la enumeración genérica de diversos preceptos de la Constitución provincial, sin llegar a poner de resalto de qué modo las normas impugnadas han quebrantado o quebrantarán las garantías constitucionales cuya tutela se procura, exponiendo la relación directa existente entre aquellas y estas (doctr. causas I. 1.502, “Castilla”, sent. de 30-III-1993; I. 1.610, "Conti de Ferrario", sent. de 10-VI-1997; I. 1.460, "Expreso Merlo Norte SA", sent. de 9-III-1999; I. 68.239, "Vega", sent. de 6-VII-2005; I. 1.912, "Barsotelli", sent. de 19-IX-2007; I. 2.223, "Medipharma S.A.", sent. de 4-VI-2008; I. 2.335, "Fiscal de Estado s/ inconstitucionalidad de la ley 12.313", sent. de 21-X-2009; I. 74.255, "López, Ariel Claudio", sent. de 23-XI-2016 e I. 2.227, “Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)”, sent. de 23-II-2021, e.o.).
En otro orden, también se ha dicho que cuando el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial alude a "materia regida por esta Constitución" se refiere -y la interpretación jurisprudencial ha sido invariable al respecto antes y después de la reforma constitucional de 1994- a la necesidad de planteamiento de un conflicto directo entre la disposición controvertida y la o las normas de la Carta local que se consideren violentadas (doctr. causas I. 1169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001; B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009; B. 75.890, "Martínez", resol. de 14-VIII-2019 y B. 77.524, “Thomart GNC SA”, resol. de 10-XII-2021, e.o.).
De allí que no sean procedentes las demandas originarias de inconstitucionalidad en las que se denuncian infracciones a la Constitución Nacional o a leyes o reglamentos dictados por autoridades federales. Sobre esa base, se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos así planteados (doctr. causas B. 68.381, "Ganadera 2000 SA" y B. 68.416, "Agroindustrias Quilmes SA", ambas resol. de 23-XI-2005; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006; B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", resol. de 10-IV-2013; I. 74.725, "Miño", resol. de 7-II-2018; B. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018; B. 76.039, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019 y B. 77.524, cit.).
IV.2. Bajo tales premisas, se advierte que la presentación efectuada en autos carece del mínimo de fundamentación necesaria para permitir al Tribunal ejercer la competencia que le acuerda el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial, tal como ha sido delineada ut supra .
Así pues, luce evidente que la pretensión no se ha adecuado correctamente al carril procesal establecido en los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial. Por el contrario, se observa que esta nueva presentación, de un lado, replica en sustancia los argumentos esgrimidos al deducir la acción de amparo ante el primer órgano jurisdiccional que intervino y, de otro, se ciñe a efectuar un escaso examen de validez del precepto en crisis a la luz -únicamente- de las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y en ciertas leyes nacionales que invoca en apoyo de su postura, pero omite realizar un confronte -aunque sea parcial- con la Carta local.
A esto debe añadirse que la postulación adolece de ciertas deficiencias técnicas que obstan su andamiaje por esta vía. Es que la actora parece interpretar que el juicio entablado debe tramitar por las reglas del proceso de amparo y, en virtud de ello, alega cumplimentar recaudos propios de aquel tipo de litigio (v. punto IV de la presentación electrónica de fecha 4-IV-2022).
De esta manera, teniendo en consideración lo mencionado, se evidencia que la actora no logra acreditar -ni siquiera sucintamente- un eventual nexo entre las cláusulas superiores locales y la resolución atacada, extremo que deviene indispensable demostrar para la procedencia de las pretensiones canalizadas por este carril.
En consecuencia, corresponde hacer efectivo el apercibimiento ordenado con fecha 10 de febrero de 2022, en tanto que la pieza en proveimiento no ha dado efectivo cumplimiento a lo allí requerido (doctr. causas I. 73.318, "Simon", resol. de 2-IX-2015; I. 74.255, "López", resol. de 23-XI-2016; I. 74.946, “Aguirre”, resol. de 11-VII-2018; I. 77.628, “Montesano” e I. 77.615, “Depaoli”, ambas resols. de 13-IV-2022; I. 77.681, “Lojo”, I. 77.723, Tizzani” e I. 77.809, “Lojo”, todas resols. de 26-IV-2022 e I. 77.719, “Bermúdez”, resol. de 27-V-2022).
V. Por lo expuesto, dado que en la especie no se ha formulado concretamente, a pesar de haberse intimado a hacerlo, un planteo constitucional ceñido a las normas procesales que rigen la acción originaria de inconstitucionalidad, se impone rechazar en esta instancia la demanda promovida por la señora Erika Julieta Aguirre (arts. 161 inc. 1º, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir por las vías idóneas para la protección de los derechos que considera conculcados (arg. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida por la señora Erika Julieta Aguirre (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
De acuerdo a lo resuelto y al modo en que han sido impuestas las costas del proceso, no corresponde regular honorarios a la doctora Aguirre, abogada en causa propia (art. 12, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/07/2022 14:58:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/07/2022 16:26:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2022 16:40:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2022 09:36:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2022 11:02:43 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/07/2022 11:04:26 hs. bajo el número RR-749-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia