Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77945
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida por el señor Emilio Guillermo Federico Nazar Kasbo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
II. De acuerdo a lo resuelto y al modo en que han sido impuestas las costas del proceso, no corresponde regular honorarios al doctor Nazar Kasbo, abogado en causa propia (art. 12, ley 14.967).
I.77.945 “NAZAR KASBO, EMILIO CONTRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA RESOLUCION CONJUNTA 460/21 - EX CUESTION DE COMPETENCIA-“
I. El señor Emilio Guillermo Federico Nazar Kasbo, abogado en causa propia, cuestiona la validez constitucional de la resolución conjunta 460/21 dictada por los titulares del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud (B.O. de 10-XII-2021), que establecen -a partir del 21 de diciembre de 2021- el denominado “Pase libre Covid” como requisito necesario para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio provincial que representan mayor riesgo epidemiológico -las que enumera-, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.
Ello, por estimar que la norma en crisis vulnera los “derechos de la personalidad no patrimoniales, incluyendo el derecho a ser reconocido como persona humana con derechos fundamentales, el derecho a la identidad, y a recibir un trato de honor acorde y digno”.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Plata. Sin embargo, el magistrado a cargo del órgano se rehusó a intervenir en el asunto en la inteligencia de que la cuestión debatida era propia de la competencia originaria y exclusiva conferida por mandato constitucional a esta Suprema Corte.
Al así decidir, remitió las actuaciones a este Tribunal para la prosecución de su trámite (v. resol. de 25-IV-2022), el que declaró su competencia para entender en el asunto, radicó la contienda ante sus estrados -en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo- y confirió al demandante el plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del ordenamiento de rito, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado (v. resol. de 26-IV-2022).
III. Es así que el día 13 de mayo de 2022, el actor reformula su petición y hace reserva del caso federal.
Comienza su embate afirmando que pretende “adecuar la denuncia formulada, aclarando desde ya que no se tratada de un cuestionamiento autónomo y abstracto de la resolución conjunta”.
Luego, arguye que procura abordar las consecuencias penales y no civiles de la norma atacada, la que –a su modo de ver- importa una coacción generalizada a quienes no han accedido al plan de inoculación contra el virus SARS-CoV-2.
Asimismo, denuncia que con la sanción de la resolución se ha incurrido en un abuso de autoridad y se han configurado los delitos de incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y coacción agravada por amenazas.
Por otro lado, alega que el precepto no establece pautas sanitarias, sino que se limita a imponer una penalidad a quien no exhiba el “Pase Libre Covid”, en violación de lo previsto en el art. 11 de la Constitución provincial.
Finalmente, solicita ser tenido como particular damnificado, en los términos del art. 77 y concordantes del Código Procesal Penal en tanto "SE REITERA QUE EN LA PRESENTE CAUSA SOLO SE TRATA DE DELITOS Y DE LA COMPETENCIA PARA SU TRATAMIENTO Y SANCIÓN" ( sic ). En esa línea, explica que la causa debería tramitar por ante la Secretaría Penal y no en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo de esta Suprema Corte de Justicia.
IV.1. En primer lugar, cabe recordar que el examen de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es atribución que corresponde a esta Suprema Corte, con independencia de las alegaciones vertidas por las partes en sus escritos postulatorios (doctr. causas I. 1.499, "Fiscal de Estado", resol. de 5-III-1991; I. 1.329, "Playamar", sent. de 10-XII-1992; I. 1.465, "Las Totoras", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga", sent. de 17-X-1995; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 68.449, "I.G.T. 33 S.A.", resol. de 31-V-2006; I. 2.270, "VAGSA", sent. de 8-VII-2014 e I. 71.551, “Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos”, sent. de 23-XI-2020, e.o.).
Al respecto, es útil destacar que es doctrina reiterada de esta Corte que debe rechazarse la demanda de inconstitucionalidad que no ha ido más allá de la enumeración genérica de diversos preceptos de la Constitución provincial, sin llegar a poner de resalto de qué modo las normas impugnadas han quebrantado o quebrantarán las garantías constitucionales cuya tutela se procura, exponiendo la relación directa existente entre aquellas y estas (doctr. causas I. 1.502, “Castilla”, sent. de 30-III-1993; I. 1.610, "Conti de Ferrario", sent. de 10-VI-1997; I. 1.460, "Expreso Merlo Norte SA", sent. de 9-III-1999; I. 68.239, "Vega", sent. de 6-VII-2005; I. 1.912, "Barsotelli", sent. de 19-IX-2007; I. 2.223, "Medipharma S.A.", sent. de 4-VI-2008; I. 2.335, "Fiscal de Estado s/ inconstitucionalidad de la ley 12.313", sent. de 21-X-2009; I. 74.255, "López, Ariel Claudio", sent. de 23-XI-2016 e I. 2.227, “Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)”, sent. de 23-II-2021, e.o.).
En otro orden, también se ha dicho que cuando el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial alude a "materia regida por esta Constitución" se refiere -y la interpretación jurisprudencial ha sido invariable al respecto antes y después de la reforma constitucional de 1994- a la necesidad de planteamiento de un conflicto directo entre la disposición controvertida y la o las normas de la Carta local que se consideren violentadas (doctr. causas I. 1169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001; B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009; B. 75.890, "Martínez", resol. de 14-VIII-2019 y B. 77.524, “Thomart GNC SA”, resol. de 10-XII-2021, e.o.).
De allí que no sean procedentes las demandas originarias de inconstitucionalidad en las que se denuncian infracciones a la Constitución Nacional o a leyes o reglamentos dictados por autoridades federales. Sobre esa base, se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos así planteados (doctr. causas B. 68.381, "Ganadera 2000 SA" y B. 68.416, "Agroindustrias Quilmes SA", ambas resol. de 23-XI-2005; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006; B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", resol. de 10-IV-2013; I. 74.725, "Miño", resol. de 7-II-2018; B. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018; B. 76.039, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019 y B. 77.524, cit.).
IV.2. Bajo tales premisas, se advierte que la presentación efectuada en autos carece del mínimo de fundamentación necesaria para permitir al Tribunal ejercer la competencia que le acuerda el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial, tal como ha sido delineada ut supra .
Así pues, luce evidente que la pretensión no se ha adecuado correctamente al carril procesal establecido en los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial. Por el contrario, se observa que, en esta nueva presentación el actor, pese a manifestar que “claramente se ha expresado que se denuncia la inconstitucionalidad de la resolución conjunta 460/21 de la Provincia de Buenos Aires”, insiste en que formula y adecúa una denuncia penal (v. punto II del escrito electrónico de fecha 13-V-2022).
De esta manera, el escaso examen de validez de los preceptos en crisis se focaliza más en la supuesta configuración de ciertos delitos tipificados en el Código Penal, que en efectuar un confronte sustantivo con la Carta local.
Para más, es necesario señalar que la postulación adolece de determinadas deficiencias técnicas que obstan su andamiaje por esta vía; es que el accionante –como se dijo- se empeña en aducir que el planteo incoado es una denuncia penal y no un juicio de validez constitucional respecto de la norma atacada, no obstante esgrimir argumentos en torno a la “inconstitucionalidad de toda discriminación por enfermedad de riesgo en la Provincia de Buenos Aires” (v. punto II del escrito inaugural).
De esta manera, teniendo en consideración lo mencionado, las alegaciones efectuadas en torno a la presunta inconstitucionalidad de las normas aquí controvertidas devienen en extremo genéricas, impidiendo al Tribunal tener por acreditado con claridad el nexo existente entre las cláusulas superiores locales que dice transgredidas -las cuales meramente menciona- y la resolución atacada.
En consecuencia, corresponde hacer efectivo el apercibimiento ordenado con fecha 26 de abril de 2022, en tanto que la pieza en proveimiento no ha dado efectivo cumplimiento a lo allí requerido (doctr. causas I. 73.318, "Simon", resol. de 2-IX-2015; I. 74.255, "López", resol. de 23-XI-2016; I. 74.946, “Aguirre”, resol. de 11-VII-2018; I. 77.628, “Montesano” e I. 77.615, “Depaoli”, ambas resols. de 13-IV-2022; I. 77.681, “Lojo”, I. 77.723, Tizzani” e I. 77.809, “Lojo”, todas resols. de 26-IV-2022 e I. 77.719, “Bermúdez”, resol. de 27-V-2022).
V. Por lo expuesto, dado que en la especie no se ha formulado concretamente, a pesar de haberse intimado a hacerlo, un planteo constitucional ceñido a las normas procesales que rigen la acción originaria de inconstitucionalidad, se impone rechazar en esta instancia la demanda promovida por el señor Emilio Guillermo Federico Nazar Kasbo (arts. 161 inc. 1º, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir por las vías idóneas para la protección de los derechos que considera conculcados (arg. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida por el señor Emilio Guillermo Federico Nazar Kasbo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
II. De acuerdo a lo resuelto y al modo en que han sido impuestas las costas del proceso, no corresponde regular honorarios al doctor Nazar Kasbo, abogado en causa propia (art. 12, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/07/2022 14:57:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/07/2022 16:26:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/07/2022 08:49:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2022 16:39:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2022 08:11:22 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/07/2022 08:19:50 hs. bajo el número RR-744-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia