Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77940
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida por Nancy Griselda Paz, Candela Mariana Paz, Alcides Fernández y Sandra Viviana Díaz (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
De acuerdo a lo resuelto, no corresponde regular honorarios al letrado patrocinante en autos por resultar inoficiosa su actuación (art. 30, ley 14.967).
I.77.940 “PAZ, NANCY GRISELDA, PAZ CANDELA MARIANA, FERNANDEZ ALCIDES, DIAZ SANDRA VIVIANA CONTRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA RESOLUCION CONJUNTA 460/21 -EX CUESTION DE COMPETENCIA-“
I. Las señoras Nancy Griselda Paz, Candela Mariana Paz, Sandra Viviana Díaz y el señor Alcides Fernández cuestionan la validez constitucional de la resolución conjunta 460/21 dictada por los titulares del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud (B.O. de 10-XII-2021), que establece -a partir del 21 de diciembre de 2021- el denominado “Pase libre Covid” como requisito necesario para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio provincial que representan mayor riesgo epidemiológico -las que enumera-, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.
Ello, por estimar que la norma en crisis vulnera lo dispuesto en los arts. 14, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 31, 33, 42, 43, 75 incs. 11 y 22, 76 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional.
II. La causa se inició ante el Tribunal en lo Criminal N°10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Sin embargo, sus integrantes se rehusaron a intervenir en el asunto en la inteligencia de que la cuestión debatida era propia de la competencia originaria y exclusiva conferida por mandato constitucional a esta Suprema Corte.
Al así decidir, remitieron las actuaciones a este Tribunal para la prosecución de su trámite (v. resol. de 31-II-2022), el que declaró su competencia para entender en el asunto, radicó la contienda ante sus estrados -en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo- y confirió a los demandantes el plazo de diez días para que adecuen su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del ordenamiento de rito, bajo apercibimiento de tenerlos por no presentados (v. resol. de 3-V-2022).
III. Es así que el día 23 de mayo de 2022, los actores reformulan su petición y solicitan que cautelarmente se suspendan los efectos de la resolución en crisis.
Luego de transcribir el contenido del precepto impugnado y reseñar la noción de actividad reglamentaria de la administración, sostienen que la norma atacada importa lisa y llanamente una restricción en el ejercicio de derechos constitucionales, en una materia que excede el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo.
IV.1. En primer lugar, cabe recordar que el examen de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es atribución que corresponde a esta Suprema Corte, con independencia de las alegaciones vertidas por las partes en sus escritos postulatorios (doctr. causas I. 1.499, "Fiscal de Estado", resol. de 5-III-1991; I. 1.329, "Playamar", sent. de 10-XII-1992; I. 1.465, "Las Totoras", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga", sent. de 17-X-1995; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 68.449, "I.G.T. 33 S.A.", resol. de 31-V-2006; I. 2.270, "VAGSA", sent. de 8-VII-2014; e I. 71.551, “Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos”, sent. de 23-XI-2020, e.o.).
Al respecto, es útil destacar que es doctrina reiterada de esta Corte que debe rechazarse la demanda de inconstitucionalidad que no ha ido más allá de la enumeración genérica de diversos preceptos de la Constitución provincial, sin llegar a poner de resalto de qué modo las normas impugnadas han quebrantado o quebrantarán las garantías constitucionales cuya tutela se procura, exponiendo la relación directa existente entre aquellas y estas (doctr. causas I. 1.502, “Castilla”, sent. de 30-III-1993; I. 1.610, "Conti de Ferrario", sent. de 10-VI-1997; I. 1.460, "Expreso Merlo Norte SA", sent. de 9-III-1999; I. 68.239, "Vega", sent. de 6-VII-2005; I. 1.912, "Barsotelli", sent. de 19-IX-2007; I. 2.223, "Medipharma S.A.", sent. de 4-VI-2008; I. 2.335, "Fiscal de Estado s/ inconstitucionalidad de la ley 12.313", sent. de 21-X-2009; I. 74.255, "López, Ariel Claudio", sent. de 23-XI-2016; e I. 2.227, “Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)”, sent. de 23-II-2021, e.o.).
En otro orden, también se ha dicho que cuando el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial alude a "materia regida por esta Constitución" se refiere -y la interpretación jurisprudencial ha sido invariable al respecto antes y después de la reforma constitucional de 1994- a la necesidad de planteamiento de un conflicto directo entre la disposición controvertida y la o las normas de la Carta local que se consideren violentadas (doctr. causas I. 1169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001; B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009; B. 75.890, "Martínez", resol. de 14-VIII-2019 y B. 77.524, “Thomart GNC SA”, resol. de 10-XII-2021, e.o.).
De allí que no sean procedentes las demandas originarias de inconstitucionalidad en las que se denuncian infracciones a la Constitución Nacional o, como en este supuesto también ocurre, a leyes o reglamentos dictados por autoridades federales. Sobre esa base, se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos así planteados (doctr. causas B. 68.381, "Ganadera 2000 SA" y B. 68.416, "Agroindustrias Quilmes SA", ambas resol. de 23-XI-2005; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006; B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", resol. de 10-IV-2013; I. 74.725, "Miño", resol. de 7-II-2018; B. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018; B. 76.039, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019 y B. 77.524, cit.).
IV.2. Bajo tales premisas, se advierte que la presentación efectuada en autos carece del mínimo de fundamentación necesaria para permitir al Tribunal ejercer la competencia que le acuerda el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial, tal como ha sido delineada ut supra .
Así pues, luce evidente que la pretensión no se ha adecuado correctamente al carril procesal establecido en los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial. Por el contrario, se observa que esta nueva presentación, replica en sustancia los argumentos esgrimidos al deducir la acción de amparo ante el primer órgano jurisdiccional que intervino y se limita a ensayar un pormenorizado desarrollo teórico de los conceptos que definen la actividad reglamentaria del Poder Ejecutivo y la acción de amparo, sin precisar adecuadamente las circunstancias fácticas o jurídicas sobre las cuales los actores procuran, en este caso concreto, basar su petición.
En esta línea, es necesario señalar que la postulación adolece de ciertas deficiencias técnicas que obstan su andamiaje por esta vía. Ello por cuanto, los accionantes parecen interpretar –precisamente- que el juicio entablado debe tramitar por las reglas del proceso de amparo y, por consiguiente, alegan cumplimentar recaudos propios de aquel tipo de litigio (v. puntos IV y V, titulados “La procedencia del amparo” y “Fundamentos de la acción de amparo”, respectivamente, del escrito inaugural).
Para más, se advierte que los demandantes ni siquiera han identificado las cláusulas superiores locales que podrían eventualmente verse comprometidas en la contienda y, como corolario de esto, han omitido acreditar -aunque sea sucintamente- el presunto nexo entre aquéllas y la resolución atacada, extremo que deviene indispensable demostrar para la procedencia de las pretensiones canalizadas por este carril.
En consecuencia, corresponde hacer efectivo el apercibimiento ordenado con fecha 3 de mayo de 2022, en tanto la pieza en proveimiento no ha dado efectivo cumplimiento a lo allí requerido (doctr. causas I. 73.318, "Simon", resol. de 2-IX-2015; I. 74.255, "López", resol. de 23-XI-2016; I. 74.946, “Aguirre”, resol. de 11-VII-2018; I. 77.628, “Montesano” e I. 77.615, “Depaoli”, ambas resols. de 13-IV-2022; I. 77.681, “Lojo”, I. 77.723, Tizzani” e I. 77.809, “Lojo”, todas resols. de 26-IV-2022 e I. 77.719, “Bermúdez”, resol. de 27-V-2022).
V. Por lo expuesto, dado que en la especie no se ha formulado concretamente, a pesar de haberse intimado a hacerlo, un planteo constitucional ceñido a las normas procesales que rigen la acción originaria de inconstitucionalidad, se impone rechazar en esta instancia la demanda promovida por Nancy Griselda Paz, Candela Mariana Paz, Alcides Fernández y Sandra Viviana Díaz (arts. 161 inc. 1º, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir por las vías idóneas para la protección de los derechos que considera conculcados (arg. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida por Nancy Griselda Paz, Candela Mariana Paz, Alcides Fernández y Sandra Viviana Díaz (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
De acuerdo a lo resuelto, no corresponde regular honorarios al letrado patrocinante en autos por resultar inoficiosa su actuación (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/07/2022 14:58:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/07/2022 16:26:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2022 16:40:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2022 09:36:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2022 11:02:51 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/07/2022 11:04:47 hs. bajo el número RR-759-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia