Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77684
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la parte actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.77.684 “SALINAS, SONIA VALERIA Y OTROS C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/INCONSTITUCIONALIDAD RESOLUCIÓN DE FIRMA CONJUNTA N°460-MJGM-2021”
I. Sonia Valeria Salinas, David Andrés Chejolan, Gustavo Antonio Carcete, Yesica Vanina Fuentealba, Elizabeth Adriana Castello y Manuel Santiago por sí y en representación de sus hijos menores de edad, promueven la presente acción en los términos de los artículos 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la resolución conjunta 460/21 dictada por los titulares del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud (B.O. de 10-XII-2021), que establece -a partir del 21 de diciembre de 2021- el denominado “Pase libre Covid” como requisito necesario para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio provincial que representan mayor riesgo epidemiológico -las que enumera-, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.
Con carácter cautelar, solicitan que se los exima de portar un pase sanitario conforme la mencionada resolución a fin de poder ejercer sus derechos constitucionales libremente, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la presente controversia.
Alegan que la norma en crisis vulnera, entre otros, los derechos y garantías establecidos en los artículos 11, 19, 25, 27, 31 y 35 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 14, 16, 17, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
II. Corresponde entonces pronunciarse sobre la solicitud de tutela precautoria articulada por los demandantes.
Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la observancia de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016 e I. 75.756, “Barsi SA”, resol. de 24-XI-2021; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las particularidades del caso se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
A la luz de los parámetros señalados, se debe analizar si en la especie se encuentran reunidos los extremos requeridos por la ley procesal inherentes a la petición precautoria, sopesando su concurrencia en el asunto traído a conocimiento del Tribunal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC).
II.1.a. En relación a la verosimilitud del derecho, los actores sostienen que este presupuesto queda acreditado debido a que la norma atacada afecta el derecho a la seguridad, a la igualdad ante la ley, a la salud y a la supervivencia, en tanto ciudadanos que deben acatar "una orden estatal irracional y potencialmente perjudicial para la salud" (v. punto VII del escrito postulatorio).
Dado el tenor de la presentación, es claro que no basta con contrastar el precepto cuestionado con los diversos artículos de las Constituciones nacional y provincial que cita, pues más allá de su enunciado el planteo requiere, paralelamente, de un minucioso análisis tendiente a confrontar la resolución conjunta 460/21 con la lista de derechos y principios en juego, para así establecer si las autoridades provinciales se han conducido de un modo prohibido por el texto fundamental. Y esta es una tarea que no puede ser llevada a cabo con la provisionalidad inherente a la etapa liminar del juicio (doctr. causas I. 68.323, “Exolgan SA”, resol. de 24-V-2006; I. 74.048, “Cámara Argentina de Fuegos Artificiales”, resol. de 23-XI-2016; e.o.).
II.1.b. Más allá de tales defectos y las complejidades que naturalmente entraña el asunto, los actores ven en la resolución que crea el llamado “Pase libre Covid” una medida regulatoria diseñada para que una persona se vea forzada a inocularse con una vacuna que se encuentra actualmente en fase experimental, para así no verse privada de realizar una serie de actividades culturales, deportivas, religiosas o recreativas en espacios cerrados o con masiva concurrencia de personas, efectuar trámites presenciales en dependencias públicas y privadas bajo ciertas condiciones y desempeñarse en trabajos que impliquen atención al público.
Pero si eso fuese así, teniendo en cuenta que en el pasado se ha llegado a considerar que la vacunación compulsiva no viola la garantía constitucional a la autonomía individual y puede eventualmente justificar la interferencia estatal cuando se vieren perjudicados derechos fundamentales de terceros (CSJN Fallos: 335:888), parecería seguirse que se está ante una reglamentación que - prima facie analizada- no resultaría ostensiblemente conculcatoria de derechos preeminentes. Es que no avanza hasta ese extremo de imposición coercitiva, sino que, respetuosa de la decisión del litigante a no vacunarse, le establece limitaciones y exige esfuerzos -algunos indudablemente importantes, pero siempre comparativamente menores- para no generar un riesgo adicional de contagio para el resto de las personas. Así las cosas, no se evidencia en el caso, al menos en esta etapa preliminar, la conculcación de derechos que tornaría verosímil el planteo cautelar.
II.1.c. Por lo demás, en esta ponderación no puede perderse de vista la finalidad de la norma atacada, dictada en el marco de una emergencia sanitaria sin precedentes que lejos está de haber concluido. Según se expresa en los considerandos de la resolución conjunta, la exigencia de acreditar un esquema de vacunación completa tiene en miras, entre otros horizontes, limitar la concurrencia de personas no vacunadas, o con esquemas de vacunación pendientes, a lugares donde se desarrollan actividades de elevado riesgo epidemiológico y que, por su naturaleza, implican mayor posibilidad de contagio para la población.
Claramente se trata de una regulación tendiente a la protección de la salud pública como bien jurídico primordial (CSJN Fallos: 31:273; 326:4931; 329:2552; 340:1269; 341:919; e.o.), a la prevención de la propagación de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 y, también, al fomento de la vacunación como medio comprobadamente eficaz para eliminar o mitigar ese flagelo.
Siendo así, la pertinencia de la tutela requerida debe realizarse con suma cautela. Mal podría fundarse en la mera alegación del presunto "derecho a no vacunarse" emanado del art. 19 de la Constitución nacional -que llegado el caso podría encontrarse sujeto a las normas que, como la aquí impugnada, lo reglamenten-, pues el planteo formulado exige sopesar la totalidad de los derechos en juego sin perder de vista que no se trata, como afirma la parte demandante, de la imposición de la obligatoriedad de inocularse con un producto experimental (v. punto VI. del escrito inaugural), sino de una medida profiláctica adoptada en un contexto tan excepcional como grave, en la generalidad de los países del mundo, para evitar, como se señalara, la afectación de derechos de terceros.
De allí que no se vislumbre con la claridad alegada que la exigencia de contar con algún grado de inmunización para realizar determinadas actividades en ciertos espacios colisione con el ámbito de la autonomía de la voluntad que ha de reconocerse a los particulares respecto de las decisiones que atañen a su propia salud (ver causa C. 111.870, "N.N. o U.V. Protección y guarda de personas", sent. de 6-X-2010).
En tales condiciones, el potencial efecto expansivo de la medida solicitada impone a los órganos judiciales conducirse con elemental prudencia, ponderando los intereses públicos en presencia (doctr. causa B. 68.554, “Fiscal de Estado”, resol. de 3-V-2006) y que en el presente estado de cosas desaconsejan acceder a lo solicitado en la presentación bajo tratamiento.
II.1.d. Con todo, es prudente dejar sentado que si bien la restricción para la realización de actuaciones presenciales ante organismos públicos presupone la disponibilidad de canales electrónicos y trámites a distancia, dicha limitación no podría ser llevada al punto de privar a algún ciudadano que se encuentre en la situación de los actores de ingresar a una dependencia estatal a efectuar una petición ante las autoridades que, por razones de vulnerabilidad o brecha tecnológica, no pueda ser realizada de otra manera (arts. 14, 18 y concs., Const. nac. y 15, Const. prov.).
II.2. Tampoco se configura en la especie un supuesto de peligro en la demora que mande a la concesión de la cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Este Tribunal ha dicho que en la evaluación del peligro en la demora como requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución del acto cuestionado si al cabo del proceso fuese declarado ilegítimo -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicho acto, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.168, "Burgués", resol. de 30-IV-2003 y posteriores). En la especie, bajo tales premisas, no puede justificarse el dictado de una medida precautoria como la pretendida.
Sobre el punto, debe ponerse de relieve que los actores parten de la base de que en el caso es inequívoca la demostración de la verosimilitud del derecho -que no es tal, conforme lo expuesto en los considerandos precedentes- y, así, meramente exponen que "con la sola circunstancia que como ciudadanos se nos privaría de la posibilidad de llevar a cabo todo tipo de trámites ante organismos del Estado, así como de llevar a cabo una vida social libre, con la imposibilidad material de instruirnos o de trasladarnos, trabajar, de ganar nuestro sustento, ya que la disposición veda a los no vacunados la posibilidad de trasladarse o ingresar a nuestros lugares de trabajo, de esparcimiento o educativos" (sic. punto VII del escrito inicial).
Sin embargo, no se aportan elementos concretos que permitan al Tribunal evaluar -en su conjunto y en esta instancia- la real dimensión del peligro en la demora invocada o la evidente repercusión que la exigencia del “Pase libre Covid” tendría en la esfera subjetiva de los peticionantes (doctr. causas I. 71.668, "Sulimp", resol. de 8-VIII-2012; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; B. 72.230, "Pereyra Iraola", resol. de 23-XII-2013; B. 72.232, "Candia", resol. de 23-XII-2013; B. 72.236, "Urien", resol. de 23-XII-2013; B. 72.234, "Arrillaga", resol. de 5-III-2014; I. 75.418, "Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Mar del Plata", resol. de 5-IX-2018 e I. 75.353, "González de Souza", resol. de 7-III-2019, e.o.).
III. Por tales razones, sin que esto implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, no corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la parte actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2022 09:34:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/02/2022 10:43:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2022 11:55:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2022 13:42:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2022 17:59:40 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/02/2022 18:10:15 hs. bajo el número RR-123-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia