Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75687
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal (arts. 161, 163 inc. 6, 683 y 688, CPCC).
Costas por su orden (arts. 68 -segundo párrafo-, 161 y args. 163 incs. 6 -segundo párrafo- y 8 y 73, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora, doctora Carina Patricia Pérez y del señor Asesor General de Gobierno, en el equivalente en pesos a … -…- Jus para cada uno (arts. 1, 2 -segundo párrafo-, 15, 16 inc. e, 28 inc. a pto. 1 y 49, ley 14.967), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición de la primera de las nombradas frente al IVA.
I.75.687 “ASOCIACION PROTECCION DEL MERCADO COMUN DEL SUR (PROCONSUMER) C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. RES. N° 87/2013 (ORG. PROV. DESARR. SOSTENIBLE)”
I. La Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (PROCONSUMER) persigue en este proceso la declaración de inconstitucionalidad de la resolución 87/13 dictada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), mediante la cual se derogó la resolución 144/07 emitida por la ex Secretaría de Política Ambiental y se determinaron los límites de exposición poblacional para las instalaciones generadoras de campos electromagnéticos en el rango de frecuencias mayores a 300 kHz.
Al respecto, refiere que la norma vulnera lo previsto en los arts. 28 de la Constitución provincial y 41 de la Carta nacional, como así también del principio de no regresión contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A la par, alega la conculcación de los presupuestos mínimos para el logro de la gestión sustentable y adecuada del ambiente que establece la ley 25.675 -en especial el concerniente al principio precautorio previsto en su artículo 4- y las disposiciones de la ley 11.723.
Siguiendo tal línea argumental, afirma que la regulación adoptada provoca un grave peligro para la salud y el desarrollo humano.
II. El 6 de junio de 2019 el señor Asesor General de Gobierno opuso excepción de incompetencia y luego, el día 13 de aquel mes y año contestó demanda sobre el fondo del asunto. En dicha oportunidad, sostuvo que la cuestión había devenido abstracta ante la sanción del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 997/18; no obstante, refutó el planteo de inconstitucionalidad incoado.
III. Luego de haberse desestimado la defensa previa interpuesta por la demandada (v. resol. de 15-IV-2020), la actora denuncia que el OPDS dictó la resolución 512/19, que deroga a la resolución 87/13 y su modificatoria RESOL-2018-193-GDEBA-OPDS y autoriza a la Subsecretaría de Fiscalización y Evaluación Ambiental a remitir al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) los permisos otorgados y vigentes, vencidos o en curso de renovación en el marco de las normas antes mencionadas, a los efectos de la medición actual y futura de las radiaciones no ionizantes y el control y autorización de sus fuentes generadores, a solicitud de su titular o responsable y previo pago del arancel por servicios vigente que adeudare (v. presentación electrónica de 22-IX-2021).
En este sentido, manifiesta que el nuevo precepto es aún más regresivo que el anterior que perdiera su vigencia, dado que deja sin reglamentación local a la instalación y funcionamiento de las antenas de telefonía celular. En otro orden, entiende que se han suprimido las facultades de la Provincia de autorizar y controlar este tipo de actividades, desconociendo la obligación impuesta en la ley 15.164 y creando un vacío legislativo.
Finalmente, amplía su pretensión inicial y extiende los fundamentos vertidos en su escrito postulatorio a la resolución 512/19, a la que ataca por inconstitucional e ilegal.
IV. El señor Asesor General de Gobierno, por su parte, se resiste a la incorporación del hecho nuevo traído por la actora, aduciendo que deviene absurdo el planteo formulado, en tanto, de hacerse lugar a lo ahora requerido, recobraría vigencia la norma cuya validez constitucional se ataca. Eventualmente, sostiene que la pretensión esgrimida ha perdido virtualidad (v. presentación electrónica de fecha 14-X-2021).
En otro orden, reitera lo expuesto respecto de la incidencia de la resolución 997/18 en la litis y concluye que resulta evidente que el cuestionamiento de la demandante debería dirigirse contra las disposiciones reglamentarias nacionales y no contra la última resolución provincial mencionada, toda vez que ésta no hace más que reconocer o reflejar el estado de situación actual del asunto.
V. En primer lugar, es útil señalar que, en los procesos de conocimiento ordinario regulados en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, esencialmente gobernados por el principio dispositivo, son las partes quienes determinan el alcance del conflicto a dirimir de acuerdo a los hechos alegados y controvertidos en sus escritos postulatorios.
Por tal motivo, la modificación o ampliación de la demanda solo puede formularse, en principio, antes de la notificación de la demanda (cfr. primero y segundo párrafo del art. 331, CPCC). Sin embargo, si la ampliación se fundare expresa o implícitamente en hechos posteriores a la traba de la litis o estos fueran anteriores, pero hubieran sido conocidos por las partes luego del referido estadio procesal, podrán ser denunciados en el juicio como hechos nuevos (cfr. tercer párrafo del art. 331, CPCC).
Por su parte, la ley adjetiva establece que el juez podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos de la pretensión, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Esto, no sólo por elementales razones de economía procesal sino también por la necesidad de dar prevalencia a la verdad jurídica objetiva, evitando incurrir en un excesivo rigor formal (art. 163, inc. 6, segundo párrafo, CPCC; doctr. causa B. 55.731, "Elhorriburu", sent. de 5-XI-2003).
Ahora bien, si lo dicho es así en el terreno de los hechos, mucho más está condicionado el juez o tribunal por aplicación del principio iura novit curia a resolver las contiendas que se le plantean según el derecho vigente y, en aplicación de ese postulado y sin desbordar las pretensiones efectivamente esgrimidas por los litigantes (doctr. causa A. 73.981, "Donadío", sent. de 5-X-2020), a hacer mérito de las modificaciones legislativas que fueran atingentes (causa I. 2107, "O'Connor", sent. de 18-II-2009). En particular, en el marco de la acción originaria de inconstitucionalidad esta Suprema Corte ha considerado -aun sin ser formalmente anoticiada por las partes- las modificaciones legislativas que incidieron sobre la vigencia de las normas controvertidas por esa vía (v. causas I. 2.284, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 21-XII-2012; I. 71.858, "Figueroa Alcorta", sent. de 6-VIII-2018; I. 2.033, "Ferro", resol. de 19-XII-2014; I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018; I. 69.020, "Intendente Municipal de Brandsen", sent. de 21-XI-2018; I. 73.059, "Liminal", sent. de 20-III-2019, e.o.).
VI. Sentado lo que antecede, es dable recordar que esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal sólo mientras se mantenga un interés real (doctr. causas B. 49.206, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I, pág. 363 y sus citas; B. 53.370, "Prando de Quitegui", sent. de 17-VI-1997; I. 73.782, cit.). Es decir, que exista un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causa B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 323:4098; 326:3007; 337:627; 342:853; e.o.) y que, aunque la causa de una pretensión haya podido presentarse inicialmente como concreta es factible que con posterioridad se torne abstracta (doctr. causa I. 3.632, "Federación de Educadores Bonaerenses Domingo Faustino Sarmiento (F.E.B.)", sent. de 29-II-2012 y sus citas).
En el caso de la acción originaria regulada en los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial se ha precisado que, si bien tiene como finalidad el dictado de una sentencia declarativa, tal declaración viene engarzada en un contexto fáctico determinado por el caso; con lo cual, tras la proclamación de inconstitucionalidad del precepto reputado lesivo de las normas superiores se ordena la inaplicabilidad del mismo a la situación de hecho en que se encuentra el actor. Ello, claro está, con independencia de la acumulación de otras condenas asociadas a las acciones que se hubieran deducido en forma condicionada a aquella declaración.
La necesidad, entonces, de la configuración de un caso como requisito para entrar a conocer acerca del mérito o fondo de la cuestión propuesta es de la esencia de la función jurisdiccional en general y, de esta acción originaria de inconstitucionalidad en especial, pues es a partir del mismo que la pretensión constitucional cobra sentido.
Existe caso en la materia bajo análisis si la petición excede el carácter simplemente consultivo y no comporta una indagación meramente especulativa, sino que corresponde a una controversia que busca restablecer los efectos de las normas reputadas inconstitucionales (cfr. arts. 161 inc. 1 y 171, Const. prov., 34 inc. 4, 163 inc. 6, primera parte, 684, 685, 687 y 688, CPCC; doctr. causa I. 70.273, "Torres", resol. de 28-V-2010).
Ello así, en tanto la cuestión constitucional a dirimir debe presentarse como un instrumento para superar el obstáculo que deriva de la norma impugnada y lograr el reconocimiento o restablecimiento del derecho invocado por el litigante (cfr. causas I. 1.613 “Carpinetti”, sent. de 11-V-1995 e I. 1.985 “Gaspes”, sent. de 26-V-2005).
VII. De los términos en que cada una de las partes ha expuesto su posición, surge con claridad que el agravio que motivó la presente demanda ha perdido virtualidad en tanto en el devenir del proceso se ha modificado la situación normativa del caso, al haberse derogado la resolución 87/13 del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) aquí atacada, a través del dictado de la resolución 512/19 que instaura un régimen novedoso de radiaciones no ionizantes y control y autorización de sus fuentes generadoras.
En este sentido, mal podría hablarse en esta instancia de una ampliación de demanda, tal como procura la peticionante en su escrito de fecha 22 de septiembre de 2021. Es que el art. 331 in fine del ordenamiento de rito contempla un supuesto de integración de la pretensión originalmente incoada, por lo que resulta necesario que esta última subsista, aunque sea parcialmente. Lo contrario, importaría introducir una modificación sustancial y objetiva de la acción promovida que alteraría ostensiblemente la relación procesal entablada, en menoscabo del principio de preclusión y del derecho de defensa del demandado (arg. art. 331, CPCC).
Así pues, de la mera lectura de la presentación efectuada, se advierte que los argumentos ahora vertidos por la actora dan cuenta de un planteo de invalidez constitucional autónomo, cuyo abordaje desplazaría el tratamiento de las cuestiones propuestas en su demanda y las defensas de fondo oportunamente deducidas por el señor Asesor General de Gobierno.
De allí que, no conservando las partes intervinientes un agravio concreto derivado de la subsistencia de efectos producidos por la norma derogada, cualquier decisión al respecto resultaría meramente teórica, inútil e inoficiosa y, por lo mismo, impropia de la función judicial (doctr. causas I. 1.527, "Maleic S.A.", resol. de 24-VIII-1993; I. 1.525, "Petroken I.P.E. S.A" e I. 1.526, "Copetro S.A.", resols. de 31-VIII-1993; en sent. conc., doctr. causas I. 1.279, "García y Cía. S.A.", sent. de 28-XI-1989; I. 1.437, "Ramón Rosa y Cía.", resol. de 13-II-1990; I. 1.369, "Fernández", sent. de 13-XI-1990; I. 1.837, "Domínguez", resol. de 19-IX-1995; I. 2.044, "Procuración General de la Suprema Corte", sent. de 12-VIII-1997; I. 1.883, "Esso S.A.P.A.", resol. de 19-VIII-1997; B. 64.272, "Hernández", sent. de 18-XI-2002; B. 65.930, "Fernández", sent. de 2-VI-2004; I. 3.098 “Cabral”, resol. de 16-VI-2004; I. 1.853, "Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 14-IX-2005; I. 3.632, "Federación de Educadores Bonaerenses", cit.; I. 2.033, "Ferro", resol. de 29-XII-2014; A. 73.281, "Droguería Disval", resol. de 12-VIII-2015; B. 62.302, "Aguas de la Costa S.A", resol. de 13-IX-2017; I. 75.440, “Mancebo”, resol. de 21-X-2020).
Por tales razones, corresponde declarar extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal (arts. 161, 163 inc. 6, 683 y 688, CPCC).
VIII. En relación a las costas, no cabe considerar vencida a ninguna de las partes, ni las circunstancias del caso justifican la adopción de un temperamento distinto (doctr. causas I. 1.527, cit.; I. 1.525, cit.; I. 1.526, cit.; I. 1.682, "Pelco", sent. 16-IX-1997; e.o.). Por lo tanto, deben distribuirse en el orden causado (arts. 68 -segundo párrafo-, 161 y args. 163 incs. 6 -segundo párrafo- y 8 y 73, CPCC; doctr. causas I. 2.044, "Procuración General de la Suprema Corte de Justicia", sent. de 12-VIII-1997; B. 65.165, “Vuotto”, sent. de 3-III-2004; I. 3.483, "Llorens", sent. de 14-IX-2011; I. 70.183, "Amiero", sent. de 15-VI-2016; I. 73.782, cit.; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal (arts. 161, 163 inc. 6, 683 y 688, CPCC).
Costas por su orden (arts. 68 -segundo párrafo-, 161 y args. 163 incs. 6 -segundo párrafo- y 8 y 73, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora, doctora Carina Patricia Pérez y del señor Asesor General de Gobierno, en el equivalente en pesos a … -…- Jus para cada uno (arts. 1, 2 -segundo párrafo-, 15, 16 inc. e, 28 inc. a pto. 1 y 49, ley 14.967), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición de la primera de las nombradas frente al IVA.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos y oportunamente archívese (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2021 19:09:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2021 21:17:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2021 07:46:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 09:46:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 10:39:14 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/12/2021 12:36:01 hs. bajo el número RR-1017-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia