Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 68364
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 68.364, "La Paloma de General Alvear S.A. c/ Municipalidad de General Alvear s/ Inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
I. La Paloma de General Alvear S.A. promueve la presente demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez e inaplicabilidad a su respecto de la Tasa por Control de Marcas y Señales, la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal y la Tasa sobre Producción Agropecuaria de la Municipalidad de General Alvear, planteando la "formal impugnación de la vigencia del 'presupuesto' anual que esté en aplicación (año 2005 o 2004, por prórroga), de los actos de la Contaduría Municipal y de toda otra norma que se nos esté aplicando o se nos pretenda aplicar respecto de las cuestiones que aquí planteamos, sea que se trate de las 'ordenanzas' tanto 'fiscal' como 'impositiva' anual, así como de 'decretos' y 'resoluciones' que traten de los tributos que impugnamos sea cual fuere la fecha de su sanción y el número que le corresponda de identificación" (v. fs. 186 vta. y 185/212 vta.).
Postula que se encuentran implicados los arts. 1, 10, 11, 15, 25, 27, 31, 32, 36, 39, 45, 51, 56, 57 y 190 a 197 de la Constitución provincial y 5, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 75 incs. 2, 12, 18 y 19, 121, 123, 124, 126, 129 y cláusula transitoria sexta de la Constitución nacional.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal (v. fs. 185/212 vta.).
II. Corrido el pertinente traslado, se presenta la Municipalidad de General Alvear, plantea objeciones formales al progreso de la acción, contesta la demanda solicitando su rechazo, ofrece prueba y hace también reserva del caso federal (v. fs. 356/374).
III. De las defensas formales opuestas se corrió traslado a la demandante que las contestó, solicitando su rechazo. En la misma presentación, denunció como hecho nuevo la celebración de una conferencia de prensa de la que participó el Intendente de General Alvear (v. fs. 382/385 vta.).
IV. A fs. 390 se admitió la incorporación del hecho nuevo denunciado.
V. Certificada la prueba producida en autos (v. fs. 579 y vta.), agregado el alegato presentado por la parte actora (v. fs. 584/589), no habiendo hecho uso de ese derecho la demandada, dictaminado el señor Procurador General (v. presentación electrónica de fecha 7-XI-2024) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1a) ¿Es admisible la demanda?
En caso afirmativo:
2a.) ¿Es fundada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Al presentarse en autos, la Municipalidad de General Alvear plantea la inadmisibilidad de la demanda.
Sostiene que la pretensión reviste contenido esencialmente patrimonial y que, en consecuencia, debió ser interpuesta dentro del plazo previsto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial.
Explica que tal recaudo no se satisface en la especie, en tanto la actora conocía las normas impugnadas y presentó su demanda cuando aquel ya se encontraba vencido.
En ese sentido, postula que los tributos objetados estaban regulados de manera similar en períodos anteriores a los de la articulación de la acción. De modo que, a ese momento, la actora sabía de la regulación respectiva. Máxime al haber abonado las cargas en ellas previstas, hito a partir del cual —a todo evento— debería presumirse que adquirió conocimiento de la normativa puesta en entredicho.
Agrega que, por el mismo motivo, debe descartarse el carácter preventivo que pretende imprimírsele a la demanda, a la vez que queda en evidencia que la pretensión no se dirige contra una regulación considerada en abstracto —sino a sus actos aplicativos—, tal como es necesario para habilitar la intervención del Tribunal por el conducto procesal intentado.
II. Sustanciada la defensa opuesta por el municipio, la parte actora la resiste sosteniendo que recién pudo conocer las normas rectoras de los tributos impugnados con la contestación de la demanda, pues hasta ese momento no habían sido dadas a conocer por el demandado (v. fs. 383).
Expresa que los defectos en el procedimiento de sanción y en la publicación de las ordenanzas en los que incurrió la comuna desplazan la presunción de conocimiento de los preceptos que las componen.
Reitera lo expuesto en el escrito de inicio con relación a que, al momento de su interposición, no podía identificar con precisión las disposiciones reguladoras de los tributos objetados.
Asegura que el pago no puede implicar —necesariamente— el conocimiento de los ordenamientos fiscales a los que atañen. Por lo demás, agrega que tales cancelaciones no fueron voluntarias, sino que resultaban necesarias para poder operar en el mercado o evitar sanciones por incumplimiento.
Postula que, por tales razones, "no pudo haber ni improcedencia formal, ni caducidad de la acción" (v. fs. 382/385 vta.; en particular fs. 385).
III. En primer lugar, corresponde descartar que el presente caso esté gobernado por lo dispuesto en el art. 685 segundo párrafo in fine del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto establece que no regirá el plazo de treinta días para interponer la demanda, cualquiera sea la naturaleza de los preceptos impugnados, cuando su articulación responda a una finalidad preventiva (doctr. causas I. 1.593, "Paredes" e I. 1.587, "Montiel", sents. de 29-XII-1998; I. 1.980, "Bruno", sent. de 27-XI-2013 e I. 76.556, "Falcón", resol. de 23-X-2020).
Ello es así por cuanto, a pesar de las manifestaciones efectuadas por la actora según las cuales habría iniciado las actuaciones con esa intención, de las constancias de la causa se extrae que la demanda fue interpuesta con posterioridad a haber efectuado una serie de ingresos en concepto de algunas de las cargas objetadas.
En efecto, mientras esa pieza fue presentada el 23 de septiembre de 2005 (v. cargo de fs. 212 vta.), de la prueba rendida surge que ha realizado pagos por la Tasa por Control de Marcas y Señales y por la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal con anterioridad a esa fecha (v. fs. 317 bis y 321, respectivamente).
Resulta así palmario que los apuntados tributos —y, en consecuencia, sus normas reguladoras— ya habían sido aplicados a la actora antes del inicio de estas actuaciones, motivo por el que no puede predicarse que la acción revista naturaleza precautoria a su respecto.
Tales tasas -tachadas de inconstitucionales- ya habían sido liquidadas y abonadas, de modo que las eventuales lesiones a los derechos constitucionales se habían cristalizado antes del nacimiento de este proceso, lo que naturalmente desplaza la posibilidad de asignarle carácter preventivo (arg. contrario, causa I. 68.491, "Striebeck", sent. de 3-XII-2014).
IV. Aclarado eso, la actora sostiene también que el plazo de caducidad para promover la acción, previsto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial, es inaplicable en la especie. Esto mismo, como consecuencia de la supuesta falta de publicación oficial de las normas involucradas (v. fs. 185/212 vta.; 382/385 vta. y 584/589).
Tal alegación no puede ser atendida.
De las constancias de autos surge que la demandante sí estaba informada de los preceptos que regían las tasas indicadas en el escrito de inicio y supo o pudo razonablemente vislumbrar los agravios que ahora invoca.
El municipio indicó en su contestación de demanda que los tributos cuestionados se encontraban regulados por la ordenanza fiscal 1.190/98 (con la modificación introducida por la ordenanza 1.281/02, de fecha 21-II-2002) y por la ordenanza impositiva 1.345/04.
Identificadas así las normas aplicables, no puede dejar de observarse que, tal como apuntó la comuna al fundar la oposición formal al progreso de la acción (v. pto. VI de la contestación de la demanda, fs. 358 vta./360 vta.), junto con el escrito que da inicio a este proceso la actora acompañó una copia del texto de la ordenanza fiscal 1.190/98 y formuló expresas referencias y transcripciones de la ordenanza impositiva 1.345/04 (v. en especial los ptos. VI y VII, fs. 187 vta., 189 vta. y 190).
Se hace evidente, entonces, que la demandante efectivamente conocía en ese momento tales cuerpos normativos.
Es relevante señalar también que la vigencia de las apuntadas normas para el período fiscal 2005 fue consecuencia de la disposición contenida en el art. 32 último párrafo in fine , de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) —decreto ley 6.769/58—, según el cual "Las Ordenanzas Impositivas, regirán mientras no hayan sido modificadas o derogadas". De manera que su entrada en vigor no dependía de la emisión de ninguna otra disposición que así lo estableciera de modo expreso, sino que fue derivación directa de lo establecido en el citado precepto.
En ese contexto, sin abrir juicio acerca de los defectos de publicidad alegados, mal puede la demandante decir que ignoraba los preceptos reguladores de las cargas tributarias que aquí pretende poner en crisis.
Eso es así porque, se insiste: de un lado, sus propias presentaciones dan cabal cuenta de esa circunstancia en atención a su texto y la documentación que las acompaña; y, del otro, porque no podía desconocer su vigencia para el período 2005 tal como sostiene (v. en particular las afirmaciones contenidas en el pto. VI de la demanda, fs. 187 vta. y 188), pues ella fue consecuencia de lo establecido en el art. 32 último párrafo in fine, de la LOM.
V. Aclarado lo anterior, en la especie resulta plenamente aplicable lo previsto en el art. 684 del Código de rito, en tanto se trata de una pretensión de indudable contenido patrimonial (doctr. causas I. 69.175, "Distribuidora REL S.R.L.", resol. de 13-IV-2011; I. 74.191, "Antivari S.A.", resol. de 10-VIII-2016; I. 76.927, "Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar", resol. de 27-V-2021; e.o.).
Corresponde analizar, entonces, la tempestividad de la demanda.
V.1. De acuerdo con aquel precepto, el plazo de caducidad de la acción debe computarse "...desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor", con lo cual el momento a partir del que comienza a correr dicho término es una cuestión de hecho que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1.591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2.148, "Mule", sent. de 21-V-2008; I. 3.231, "Supermercados Norte S.A.", sent. de 15-XII-2015; I. 72.510, "Tarasiuk", resol. de 17-X-2018; I. 72.214, "Quiet S.A.", sent. de 10-IV-2019; I. 75.865, "Parcelas S.R.L.", resol. de 23-IX-2020; I. 76.927, "Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar", resol. de 27-V-2021; I. 77.631, "Menéndez", resol. de 16-III-2022; e.o.).
También se ha aclarado que el ordenamiento procesal no exige el dictado de un acto administrativo de alcance particular para considerar afectados de modo concreto los derechos patrimoniales de los contribuyentes comprendidos en las normas atacadas y, por tanto, sujetos a la obligación de pago del gravamen en cuestión. Lo determinante, a efectos de iniciar el cómputo del plazo de caducidad, es que de los hechos acreditados en la causa resulte inequívoca la aplicación del precepto impugnado a quien persigue su declaración de inconstitucionalidad (doctr. causas I. 1.514, "Chirdo", resol. de 23-IV-1991; I. 1.513, "Merlo", resol. de 18-V-1991; I. 1.329, "Playamar S.R.L.", sent. de 10-XII-1992; I. 1.451, "Clínica Cosme Argerich", sent. de 5-III-1996; I. 2.009, "Falocco", sent. de 7-X-1997; I. 2.151, "Smaldini", resol. de 8-IX-1998; I. 1.607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 2.160, "Parque Eterno C.A.", resol. de 27-IV-1999; I. 2.219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008; e.o.).
V.2. Siguiendo tales premisas, debe ponderarse que, al margen de si hubo o no defectos en la difusión de las normas involucradas en el caso y la incidencia que esto podría tener en otros contextos (CSJN Fallos: 341:1246), al solo fin de establecer si la presente acción originaria fue entablada en tiempo oportuno, hay que reconocer que la reclamante estaba informada de aquellas al momento de articular su pretensión.
De manera que —como tarde— la concreta afectación de los intereses y derechos que dice conculcados ha de identificarse con el momento en que efectuó el primer pago de los tributos objetados, correspondiente al período fiscal en que interpuso la acción.
Tal como quedó expuesto en el punto IV precedente, de las constancias de autos surge que La Paloma de General Alvear S.A. ha concretado sucesivos ingresos en concepto de Tasa por Control de Marcas y Señales y Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, los que tuvieron lugar desde los días 11 de enero 2005 (v. fs. 317 bis) y 8 de marzo de 2005 (v. fs. 321), respectivamente. El plazo previsto en el art. 684 del Código ritual debe computarse, entonces, desde tales fechas.
Y así, teniendo en cuenta que la demanda fue presentada recién el día 23 de septiembre de 2005 (v. cargo de fs. 212 vta.), se exhibe con toda claridad que el término para su interposición se hallaba, en ese momento, holgadamente vencido.
V.3. En atención a las consideraciones precedentes, corresponde hacer lugar a la defensa formal opuesta por el municipio y rechazar —por extemporánea— la demanda en cuanto refiere a la Tasa por Control de Marcas y Señales y a la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal (art. 684, CPCC).
VI. Diferente es la consideración que merecen los reproches vinculados al Tributo sobre la Producción Agropecuaria, pues en este aspecto la demandante—a falta de lesión concreta y particularizada, actual o inminente— carecía de legitimación para alzarse contra aquel.
VI.1. Se trata de un extremo que, al versar sobre un presupuesto para el ejercicio mismo de la jurisdicción, debe comprobarse oficiosamente en cualquier estado de la tramitación (conf. mi voto, causas A. 77.469, "Proconsumer", sent. de 17-VII-2015; A. 73.905, "Merlo", sent. de 10-VII-2019 y CSJN Fallos: 342:853). Máxime cuando ha sido el propio desarrollo procesal lo que ha dejado en evidencia aquel defecto.
Además, hay que tener presente que compete al Tribunal practicar el examen de admisibilidad de la demanda y que, no habiéndolo realizado in limine litis , cabe efectuarlo al momento de dictar sentencia (doctr. causa I. 71.551, "Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos", sent. de 23-XI-2020; e.o.) y con independencia de las alegaciones de las partes (doctr. causa I. 79.266, "Maddonni", resol. de 8-X-2024; e.o.).
VI.2. Sobre esa base, es requisito para suscitar la jurisdicción originaria de esta Suprema Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
Se tiene dicho que ese concepto se entronca en un sistema cuya funcionalidad, como es sabido, gira en torno al conocimiento y resolución de colisiones de derechos o intereses y requiere de modo imprescindible la existencia de un caso, causa o controversia (arts. 161, 163, 166, 172 y 174, Const. prov.; doctr. causa B. 64.314, "Castagnari", sent. de 14-XI-2007; v. también. arts. 116, Const. nac.; 2, ley 27; CSJN Fallos: 310:2342, 311:2580, 326:3007; e.o.), cuya manifestación típica, obviamente, podrá variar (doctr. causas I. 2.274, "Fernández", sent. de 27-VI-2012 e I. 72.019, "Ocaña", sent. de 26-XII-2012).
No obstante, resulta necesaria su verificación como extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causas B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019; I. 75.722, "Asociación Azul y Daniel Sarmiento", resol. de 12-V-2021; I. 78.674, "Multilva", resol. de 30-XII-2024; y en igual sentido CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 342:853; e.o.).
VI.3. En autos, al contestar la demanda, el municipio expuso que la aplicación de este tributo se vio impedida por la ausencia de una regulación completa de su aspecto cuantitativo.
Argumentó que, como consecuencia de ello, mal pudo concretarse la necesaria afectación, actual o inminente, de los derechos de la actora, útil para justificar la configuración de un caso susceptible de ser traído a conocimiento del Tribunal.
Manifestó puntualmente que "el tributo ha caído en desuso -ver fecha de aprobación de la Ordenanza Fiscal-, es decir, que el efecto que hoy tiene puede asimilarse a una pérdida de vigencia, esto es, una derogación o suspensión de las normas que lo crearon" (fs. 370 vta.).
A su vez, en el escrito inicial la propia actora sostuvo que el gravamen cuestionado no le había sido aplicado y que no podía conocer si eso sucedería en el futuro. En ese sentido, afirmó que "Más allá de la posible (no constatada) vigencia de esa ordenanza fiscal y por lo tanto de esa norma específica que impone el tributo, lo cierto es que ignoramos si está instrumentado en alguna 'ordenanza impositiva anual' y por tanto si fue aplicado o se aplica" (fs. 202).
En su alegato agregó que "al iniciar la demanda fue imposible saber si verdaderamente existía, si estaba vigente o si se iba a aplicar, ya que nunca nuestra aparte recibió notificación alguna..." (fs. 588).
A lo anterior debe añadirse que no se ha arrimado a estas actuaciones ningún elemento que dé cuenta de que este tributo hubiese sido efectivamente aplicado antes o después de la iniciación del proceso.
VI.4. En ese contexto, cabe desestimar este tramo de la impugnación dirigida a cuestionar el Tributo a la Producción Agropecuaria pues, como se adelantó, la acción intentada requiere la configuración de una controversia a dirimir, de modo que por su conducto no pueden proponerse debates abstractos, teóricos o que versen sobre situaciones meramente hipotéticas o conjeturales como el planteado por la actora (doctr. causa I. 77.485, "Zacarías", resol. de 31-VII-2023 y sus citas; e.o.).
VII. Un último defecto se observa para el conjunto de manifestaciones reunidas en el escrito inicial bajo el título "X. Vicios institucionales" (fs. 204 vta.), relativas a la designación de la persona a cargo de la contaduría municipal y el modo en que llevaba adelante su labor.
En este punto, tampoco llega a identificarse cuál sería el agravio —y por ende, el caso constitucional— cuya resolución se peticiona.
Cabe recordar que es doctrina reiterada de esta Suprema Corte que debe rechazarse la demanda de inconstitucionalidad que no ha ido más allá de la enumeración genérica de diversos preceptos de la Constitución provincial, sin llegar a poner de resalto de qué modo las normas impugnadas han quebrantado o quebrantarán las garantías constitucionales cuya tutela se procura, exponiendo la relación directa entre aquellas y estas (doctr. causas I. 1.502, "Castilla", cit.; I. 1.610, "Conti de Ferrario", sent. de 10-VI-1997; I. 68.239, "Vega", sent. de 6-VII-2005; I. 1.912, "Barsotelli", sent. de 19-IX-2007; I. 2.223, "Medipharma S.A.", sent. de 4-VI-2008; I. 74.255, "López", sent. de 23-XI-2016; I. 2.227, "Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)", sent. de 23-II-2021; I. 79.196, "Yofe", resol. de 3-VI-2024; e.o.).
Bajo tales premisas, los planteos a los que acá se hace referencia deben desestimarse sin más trámite (arts. 330, 683, sigs. y concs., CPCC y su doctr.).
VIII. En atención a las consideraciones precedentes, corresponde rechazar la demanda originaria interpuesta (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 330, 683, 684, sigs. y concs., CPCC).
Las costas del proceso se imponen a la actora vencida (art. 68, CPCC).
Voto por la negativa .
La
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