Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79054
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe admite la petición de la demandada y se declara extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal (arts. 161, 163 inc. 6, 683 y 688, CPCC).
Firme la presente, cesen los efectos de la medida cautelar dictada el 20 de noviembre de 2024.
Costas por su orden (arts. 68 segundo párrafo, 161 inc. 3 y arg. arts. 73, 163 incs. 6 segundo párrafo y 8, CPCC).
Por su actuación profesional en autos se regulan los honorarios del abogado patrocinante de la parte actora, doctor Gerardo Enrique Gancedo en el equivalente en pesos a cincuenta y tres (53) Jus arancelarios (arts. 1, 2, 9, 15, 16, 24, 28, 29, 30 y 49, ley 14.967), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716) y lo que resulte de la condición del nombrado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 79.054, "Di Salvo, Rubén José c/ Provincia de Buenos Aires s/inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
I. El señor Rubén José Di Salvo se presenta por derecho propio y promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 1.754/23 suscripto por el Gobernador, mediante el que se estableció que los Coeficientes Previsionales de Actualización (en adelante, CoPA; cuyo mecanismo de fijación se encuentra regulado en el artículo anterior de ese mismo decreto) "...serán aplicados de oficio por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires conforme las disposiciones del artículo 50° del Decreto-Ley 9650/80, segundo párrafo, y por defecto a todos los cargos de extraña jurisdicción, sin distingo respecto a su pérdida de vigencia". Requiere también la declaración de inconstitucionalidad de las normas reglamentarias y/o complementarias que se dicten en su consecuencia y se ordene al Instituto de Previsión Social (en adelante, IPS) que se abstenga de aplicar a su respecto el precepto impugnado (v. presentación electrónica de fecha 2-XI-2023, 12:41:17 p.m.).
Sostiene que la norma objetada resulta contraria a los arts. 11, 31, 36 y 39 inc. 1 de la Constitución provincial, así como a los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
II. Cumplido el traslado de la demanda (v. actuación de fecha 6-XI-2023), se presenta el señor Asesor General de Gobierno y la responde (v. presentación electrónica de fecha 4-XII-2023, 3:52:13 p.m.). Allí plantea la inadmisibilidad de la acción intentada y requiere su rechazo.
III. Mediante resolución de fecha 24 de febrero de 2024, el tribunal dispuso la producción de ciertas medidas para mejor proveer y ordenó al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, a título precautelar, que se abstenga de aplicar al demandante el art. 3 del decreto 1.754/23 y continúe liquidando su haber jubilatorio en las mismas condiciones en las que venía determinándolo hasta el momento de la emisión de ese decreto.
Por resolución de fecha 6 de mayo de 2025, esta Suprema Corte dispuso el mantenimiento de la medida descripta.
IV. En fecha 20 de noviembre de 2024, el tribunal rechazó la oposición formal expuesta por el señor Asesor General de Gobierno Adjunto y, cumplidos por la demandada los pedidos de información efectuados con anterioridad (v. actuaciones de fechas 14-III-2024; 20-III-2024; 8-IV-2024; 10-IV-2024; 17-IV-2024; 18-IV-2024; 16-V-2024; 21-V-2024; 24-V-2024; 7-VI-2024; 12-VI-2024; 29-VI-2024; 2-VII-2024 y 10-VII-2024), concedió la medida cautelar solicitada por el demandante.
V. Agregado el alegato presentado por la parte actora (v. presentación electrónica de fecha 9-VI-2025), no habiendo hecho uso de ese derecho la demandada y agregado el dictamen de la Procuración General (v. presentación electrónica de fecha 25-VIII-2025), se llamaron autos para sentencia (v. actuación de fecha 25-VIII-2025).
VI. En fecha 10 de diciembre de 2025 se presenta el señor Asesor General de Gobierno, denuncia la suscripción de un convenio de colaboración celebrado entre el IPS y el Poder Judicial de la Nación en fecha 18 de noviembre de 2025 —por el que este último se compromete a enviar la información salarial pertinente para la actualización de los haberes jubilatorios de aquellos beneficiarios cuya base de cálculo consistiera en el salario fijado en esa jurisdicción para trabajadores en actividad— y solicitó la suspensión del llamado de autos.
VII. Por providencia de fecha 11 de diciembre de 2025 se dispuso la suspensión del llamamiento de autos para sentencia, hasta tanto el señor Asesor General de Gobierno informe en esta causa acerca de los avances de las gestiones destinadas a la aprobación del referido acuerdo.
VIII. Contra ese proveído, la actora deduce recurso de reposición (v. presentación electrónica de fecha 16-XII-2025).
IX. Corrido el pertinente traslado (v. actuación de fecha 16-XII-2025, 15:26:55 hs.), el señor Asesor General de Gobierno lo contesta y solicita el rechazo de la reposición intentada (v. presentación electrónica de fecha 23-XII-2025).
X. Mediante presentación electrónica de fecha 3 de febrero de 2026, el señor Asesor General de Gobierno Adjunto denuncia la emisión del decreto 3.226/25 (el 31-XII-2025) por el Gobernador de la Provincia, mediante el que fue aprobado el convenio cuya suscripción denunció con anterioridad y requiere que se declare abstracto el proceso.
XI. En fecha 4 de febrero de 2026 la demandante la responde, reiterando su oposición a la declaración de abstracción de la causa, solicitando que se resuelva el recurso de reposición que había articulado y que se reanude el llamado para dictar sentencia.
El día 5 de febrero de 2026, la misma parte formuló una presentación complementaria de la anterior.
Habiéndose reanudado el llamamiento de autos para sentencia (v. actuación de fecha 6-III-2026) y encontrándose la causa en estado de pronunciarla, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde declarar abstracta la controversia?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En cuanto es pertinente destacar, en autos se presenta el señor Asesor General de Gobierno Adjunto y denuncia la suscripción por el Gobernador de la Provincia, en fecha 31 de diciembre de 2025, del decreto 3.226/25 mediante el que se aprobó el convenio de colaboración celebrado entre el IPS y el Poder Judicial de la Nación en fecha 18 de noviembre de 2025.
Sostiene que, en esas condiciones, el precepto impugnado en autos resulta inaplicable al actor, siendo innecesario que el tribunal se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad formulado en la demanda. Pide, entonces, que se declare abstracto el proceso (v. presentación electrónica de fecha 3-II-2026).
I.2. En su responde a esa presentación, el señor Di Salvo reitera los planteos formulados en su escrito de 16 de diciembre de 2025, solicita que se resuelva el recurso que había articulado en esa oportunidad, que se reanude el llamado para dictar sentencia, que se tenga por no presentado el escrito que contesta y se ordene su desglose.
Puntualmente destaca que el acuerdo aprobado tiene un plazo de vigencia preestablecido y autoriza su rescisión por cada una de las partes. Afirma que, en consecuencia, puede perder vigor en cualquier momento, encontrándose sus derechos sometidos a la voluntad de quienes suscribieron el convenio y ante la posibilidad de una nueva afectación.
Remite también a lo expuesto en su presentación de fecha 16 de diciembre de 2025 en torno a la necesidad de atender a la satisfacción de los principios y reglas contenidos en la "Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas Mayores" aprobada por esta Suprema Corte (v. presentación electrónica de fecha 4-II-2026).
En una presentación posterior —que indica como complementaria de la reseñada en los párrafos anteriores—, el demandante añade una serie de consideraciones según las que el decreto 3.229/26 solo importa una suspensión de los efectos de la norma impugnada en autos. Ello así, toda vez que no se ha dispuesto su expresa derogación a la vez que existen supuestos en los que el acuerdo perdería vigencia.
II.1. En primer término, cabe recordar que es doctrina de esta Suprema Corte que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal solo mientras se mantenga un real interés del demandante.
Aunque la causa de una demanda haya podido presentarse inicialmente como concreta, es factible que, con posterioridad, se torne abstracta como consecuencia de la alteración de las condiciones constitutivas del objeto de la decisión jurisdiccional perseguida (doctr. causas B. 57.233, "Empresa Abel y Marcial García", sent. de 12-X-2005; A. 68.097, "Jiménez Herwing", sent. de 13-XII-2006; I. 2.206, "Federación de Clínicas", sent. de 3-IV-2008; B. 64.673, "Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Bragado", sent. de 1-IX-2010; A. 74.073, "Orbis Mertig San Luis SAIC", sent. de 23-II-2021; B. 65.684, "Albezan", sent. de 3-II-2022; I. 73.795, "Falco", sent. de 1-IV-2025; e.o.).
La amenaza o la lesión del derecho de quien acciona, que es un presupuesto del conflicto, debe subsistir durante la sustanciación del juicio: mal podría procurarse componer una controversia inexistente. Por ello es que una cuestión a resolver se torna prescindible si alguna de las partes no puede válidamente alegar la existencia actual de un perjuicio concreto, derivado de la aplicación de la norma cuestionada. Un pronunciamiento sobre ese punto ante una situación así, sería meramente teórico, insustancial e inoficioso y, por ello, impropio de la función judicial (doctr. causa B. 65.816, "Sindicatura por Estacionar S.A.", resol. de 15-VIII-2018 y sus citas).
II.2. En el caso, a los efectos de resolver la petición formulada por la parte demandada, es necesario analizar el contenido y alcance de la norma originalmente impugnada en autos con relación a lo dispuesto en el convenio de cooperación suscripto entre el IPS y el Poder Judicial de la Nación el 18 de noviembre de 2025 y que fue aprobado por el decreto 3.226/25, para determinar si la parte actora mantiene un interés en que el proceso continúe con su objeto de impugnación, tal como fue originariamente planteado, hasta el dictado de la sentencia.
Conforme a la cláusula primera del citado acuerdo: "El Poder Judicial de la Nación proporcionará al IPS, a través de quien tenga la competencia para realizar la liquidación de los haberes, dentro de los treinta (30) días a partir de la entrada en vigencia, la respectiva Acordada de la Corte suprema de Justicia de la Nación que otorgue el incremento salarial aplicable a los empleados del Poder Judicial de la Nación.
Asimismo, el Poder Judicial de la Nación informará al IPS de manera global, los beneficiarios de dicho organismo, conforme la planilla anexo I que forma parte del presente Convenio, sobre aquellos incrementos salariales que impactan en la liquidación de los beneficiarios. La información remitida por el Poder Judicial de la Nación deberá contener de forma detallada los diferentes conceptos que, eventualmente, de encontrarse en actividad, les correspondería cobrar a los agentes.
El análisis y liquidación de los haberes de los beneficiarios estará exclusivamente a cargo del IPS".
El art. 3 del decreto 1.754/23 —impugnado en autos— prevé que los Coeficientes Previsionales de Actualización (CoPA; cuyo mecanismo de fijación se encuentra regulado en el artículo anterior de ese mismo decreto) "...serán aplicados de oficio por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires conforme las disposiciones del artículo 50° del Decreto-Ley 9650/80, segundo párrafo, y por defecto a todos los cargos de extraña jurisdicción, sin distingo respecto a su pérdida de vigencia".
A la vez, mediante el dictado de la resolución RESO-2023-22497-GEDEBA-IPS de fecha 24 de noviembre de 2023, el Directorio del IPS dispuso "...la aplicación del coeficiente de actualización definido conforme DECRE-2023-1754-GDEBA-GPBA a todos los beneficiarios cuyo haber haya sido determinado en base a un cargo regulatorio principal o simultáneo de extraña jurisdicción" (art. 1), previendo que "...quedan exceptuados de lo dispuesto en el ARTÍCULO PRIMERO, todos aquellos beneficios regulados en base a un cargo de extraña jurisdicción, que se encuentren alcanzados por un CONVENIO con la Entidad Empleadora, vigente a la fecha de la sanción del DECRE-2023-1754-GDEBA-GPBA, por el cual sea factible la aplicación de la movilidad jubilatoria prevista en el artículo 50 del Decreto-Ley N° 9650/80, así como los que eventualmente suscriban en el futuro" (art. 3).
La lectura de las normas transcriptas deja en evidencia que la suscripción y la aprobación del acuerdo denunciado en estas actuaciones disipa el interés que registraba el demandante al inicio del proceso, toda vez que ya no se halla sujeto al mandato objetado.
En efecto, dada a la aprobación del convenio, los haberes del señor Di Salvo ya no deberán ser liquidados por aplicación del CoPA sino en función de la información que reciba el organismo previsional como consecuencia de ese acuerdo de colaboración.
No perjudica a lo expuesto la circunstancia de que el acuerdo tenga previsto un plazo determinado de duración —susceptible de ser renovado con la sola comunicación en ese sentido por el Instituto de Previsión Social al Poder Judicial de la Nación— o pueda ser rescindido por cualquiera de las partes (cfr. cláusulas sexta y octava), pues la pérdida de vigencia del instrumento constituye una eventualidad, insuficiente para sostener la actualidad y vigencia del interés del demandante en la prosecución del trámite de esta causa.
II.3. En atención a las consideraciones precedentes, corresponde admitir el pedido de la parte demandada y declarar extinguida la controversia al haberse tornado abstracta la cuestión debatida en autos (arts. 161, 163 inc. 6, 683 y 688, CPCC).
III. Con relación a las costas, no cabe considerar vencida a ninguna de las partes ni las circunstancias del caso justifican la adopción de un temperamento distinto (doctr. causas I. 1.682, "Pelco", sent. de 16-IX-1997; I. 75.560, "Brodschi", resol. de 30-VI-2021; I. 77.950, "Colombo", resol. de 18-IX-2023; e.o.).
Por lo tanto, deben distribuirse en el orden causado (arts. 68 segundo párrafo, 161 inc. 3 y arg. arts. 73, 163 incs. 6 segundo párrafo y 8, CPCC y doctr. causas I. 2.044, "Procuración General de la Suprema Corte de Justicia", sent. de 12-VIII-1997; B. 65.165, "Vuotto", sent. de 3-III-2004; I. 3.483, "Llorens", sent. de 14-IX-2011; I. 70.183, "Amiero", sent. de 15-VI-2016; I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018; I. 77.950, resol. cit.; e.o.).
IV. En atención al modo en que se resuelve, firme la presente, cesen los efectos de la medida cautelar concedida mediante resolución de fecha 20 de noviembre de 2024.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Dada la forma en que propongo resolver la primera cuestión, el tratamiento de esta otra ha perdido virtualidad.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se admite la petición de la demandada y se declara extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal (arts. 161, 163 inc. 6, 683 y 688, CPCC).
Firme la presente, cesen los efectos de la medida cautelar dictada el 20 de noviembre de 2024.
Costas por su orden (arts. 68 segundo párrafo, 161 inc. 3 y arg. arts. 73, 163 incs. 6 segundo párrafo y 8, CPCC).
Por su actuación profesional en autos se regulan los honorarios del abogado patrocinante de la parte actora, doctor Gerardo Enrique Gancedo en el equivalente en pesos a cincuenta y tres (53) Jus arancelarios (arts. 1, 2, 9, 15, 16, 24, 28, 29, 30 y 49, ley 14.967), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716) y lo que resulte de la condición del nombrado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/06/2026 14:43:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2026 17:20:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2026 10:15:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2026 12:24:35 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2026 13:19:11 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 04/08/2026 13:19:58 hs. bajo el número RS-82-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia