Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 129416
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 292, CPCC) y 2) Intimar a la recurrente para que en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial a tal fin- acredite ante esta sede el depósito a la orden de la Cámara que dictó la resolución cuestionada de la suma de quince millones doscientos cuarenta y cuatro mil pesos ($15.244.000), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (art. 280, cuarto párrafo, CPCC y Ac. 4159/24). A tal fin, ofíciese a la Cámara de origen remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial al efecto aquí indicado y la notificación al impugnante de la referida diligencia. Asimismo, se hace saber que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2.579/1993, no es necesario contar con el expediente para realizar el trámite, bastando con su carátula -dato que surge de la MEV-.
C. 129.416 "ALIJOR S.A. C/ H N FLORI S.A. Y HUGO N FLORI S/ INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - COBRO DE PESOS "
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°1 de Tres Arroyos, en el marco de un juicio sobre incumplimiento contractual -en el que se decretara la caducidad de instancia, con costas a la actora- y en etapa de determinación de la base regulatoria, resolvió a tal fin descartar la propuesta por el apoderado de las accionadas y la fijó en la suma de $2.190.258, individualizada en el escrito de demanda, sin accesorios. Consideró el juzgador, luego de establecer que resultaba aplicable el decreto ley 8.904, que debía tomarse el monto indicado en la presentación inicial, sin adicionar interés alguno, ni actualizarlo (art. 23, dec. ley cit.). Luego, se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes conforme a dicha base arancelaria (v. resol. de 23-V-2024).
A su turno, la Sala II de la Cámara de Apelación del fuero de Bahía Blanca revocó tales decisiones. El Tribunal de Alzada consideró que, de acuerdo a los términos de la demanda, se trataba del reclamo de una obligación de entregar una cosa cierta (granos de soja), por lo que la "cuantía" o "importancia económica del asunto" deberá determinarse en función de su valor, según lo previsto por el art. 27 inc. "b" de la norma aplicable. Concluyó que en consecuencia debía estarse, a los fines arancelarios, al valor de los granos de soja objeto de la pretensión y estableció la base regulatoria en la cantidad de $608.405.000, dejando, en consecuencia, sin efecto la determinación de honorarios realizada y fijando los estipendios de los profesionales intervinientes conforme a dicho monto (v. resol. de 6-IX-2024).
Frente a tal pronunciamiento, la actora ALIJOR S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 25-IX-2024), el que fue denegado con sustento en la carencia de definitividad del pronunciamiento cuestionado (v. resol. de 17-X-2024). Ello motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escr. electr. de 24-X-2024).
Recibidos los autos principales requeridos, se les agregó la queja (v. proveído de 14-V-2025).
II. Con respecto a la vía extraordinaria denegada, debe señalarse que esta Corte ha sostenido reiteradamente que, en principio, contra las decisiones de los tribunales colegiados en materia de honorarios, tanto en lo que hace a la regulación en sí misma como a las bases o pautas ponderadas para llegar a su determinación, no son admisibles los remedios extraordinarios (art. 57, segundo párrafo, dec. ley 8.904 y ley 14.967; conf. doctr. causas C. 120.643, "Steffen", resol. de 22-VI-2016; C. 120.139, "Sagarduy", resol. de 29-VI-2016; C. 121.778, "Villar", resol. de 13-IX-2017; C. 122.524, "Labernia", resol. de 11-VII-2018; C. 122.862, "Domínguez", resol. de 13-III-2019; C. 123.728, "D'eramo", resol. de 11-V-2020; C. 123.990, "Arrosi", resol. de 29-VI-2020).
En el caso, en el carril impugnativo de inaplicabilidad de ley articulado la actora denuncia la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y del debido proceso y plantea arbitrariedad, contradicción, exceso en la competencia de la Cámara y transgresión de los principios de congruencia, de razonabilidad, enriquecimiento sin causa y abuso del derecho, así como la violación del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. presentación electrónica de 25-IX-2024 ap. 3.2).
En tales condiciones, no obstante el principio general que rige en la materia, se aprecia configurado en el caso -en atención a los planteos traídos- uno de los restringidos supuestos en que, por excepción, se ha admitido el apartamiento del mencionado criterio (conf. doctr. causas Ac. 94.464, "Amado", resol. de 20-VI-2007; C. 107.749, "Maffia", resol. de 12-XII-2012; C. 122.862, "Dominguez", resol. de 13-III-2019; C. 123.458, "Trebolares S.A.", resol. de 26-II-2020; C. 125.520, "Carillo", resol. de 19-XII-2022; C. 125.861, "Baya Casal S.A.", resol. de 29-IX-2023; C. 126.555, "Bracciale", resol. de 11-IX-2024).
Así, encontrándose reunidos los requisitos establecidos en los arts. 278 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley articulada (art. 292, CPCC; conf. doctr. causas 125.861 y C. 126.555, cits.).
III. Sentado ello y con relación a la carga prevista en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, no habiéndose cumplido con ella cabe intimar a su efectivización (art. 280, cuarto párrafo, cit.), teniendo en consideración la diferencia entre el importe de los honorarios regulados en la instancia de origen y los establecidos por el Tribunal de Alzada (v. resols. de 23-V-2024 y 6-IX-2024; conf. doctr. causas C. 121.442, "Larrauri", resol. de 13-IX-2017; C. 121.464, "Sanchez"; C. 121.372, "Cosentino", ambas resols. del 29-XI-2017 y C. 122.766, "Hastoy", resol. de 13-II-2019; C. 123.642, "Israel Silicaro", resol. de 26-II-2020; C. 124.056, "Zabala", resol. de 29-VII-2020 y C. 124.163, "Morbiducci,", resol. de 4-XI-2020). De tal modo, debe efectuarse el referido depósito en el máximo previsto en dicha norma, conforme a lo establecido por la ley 14.141 y Ac. 4159/2024 ($ 15.244.000), vigentes al momento de interposición del recurso que se concede (conf. doctr. causas C. 124.385, "Sakalis", resol. de 9-XI-2021; C. 125.465, "R. F. G.", resol. de 15-VII-2022; C. 125.900, "Pontico S.A.", resol. de 31-III-2023; C. 126.555 cit.), bajo apercibimiento de deserción (art. 280, párrafo cuarto, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 292, CPCC) y 2) Intimar a la recurrente para que en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial a tal fin- acredite ante esta sede el depósito a la orden de la Cámara que dictó la resolución cuestionada de la suma de quince millones doscientos cuarenta y cuatro mil pesos ($15.244.000), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (art. 280, cuarto párrafo, CPCC y Ac. 4159/24). A tal fin, ofíciese a la Cámara de origen remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial al efecto aquí indicado y la notificación al impugnante de la referida diligencia. Asimismo, se hace saber que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2.579/1993, no es necesario contar con el expediente para realizar el trámite, bastando con su carátula -dato que surge de la MEV-.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y ofíciese a los fines dispuestos en el punto 2 del dispositivo.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2025 10:22:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:12:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2025 13:18:37 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2025 15:29:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2025 09:49:26 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/09/2025 13:55:31 hs. bajo el número RR-606-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia