Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 140112
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 810 y confirmar el pronunciamiento atacado en lo que fue objeto de estudio (arts. 242, 245 y cctes. del CPCC, art. 54 inc. b) del decreto-ley 8904/77 y art. 768 inc. 2 del CCyC).
II. Imponer las costas de Alzada en el orden causado dada la ausencia de controversia (art. 68 "a contrario" del CPCC).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del dec. ley 8.904/77).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
REGISTRO N° . 305-R FOLIO N° .565/67
EXPEDIENTE N° 140112. JUZGADO N ° 11.
"RONCORONI NORMA C/ NORMA S.R.L. S/ INCUMPLIMIENTO Y DAÑOS ".
Mar del Plata, 08 de Agosto de 2017.
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " RONCORONI NORMA C/ NORMA S.R.L. S/ INCUMPLIMIENTO Y DAÑOS " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte codemandada a fs. 810, contra la resolución de fs. 806/7.
I. En lo que aquí interesa del auto cuestionado el Sr. Juez a quo rechazó la impugnación planteada por Norma SRL y dispuso la aplicación de la tasa de interés prevista en el artículo 54 inc. b) del decreto-ley 8904/77.
II. Contra dicho pronunciamiento, el Dr. Daniel Alejandro Ferrero -apoderado de Norma SRL- interpuso recurso de apelación a fs. 810.
Los fundamentos fueron presentados a fs. 812/5.
Argumentó que lo decidido se contrapone con la doctrina que emerge del fallo "Isla" dictado por la SCBA en donde se retomó la doctrina que apuntaba a remarcar la derogación tácita del art. 54 inc. b) de la ley arancelaria en virtud de las disposiciones emanadas de la ley 23.928 modificada por ley 25.561.
Sostuvo que los intereses no debían regirse por el CCyC dado lo normado por el artículo 7 de ese cuerpo legal.
Indicó que la tasa activa es confiscatoria y abusiva.
Por último, para el caso que no se haga lugar a la impugnación, solicitó que se determine el tipo de tasa activa que corresponde aplicar dada la variedad existente.
III. El recurso no merece prosperar.
a. Esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto en la causa " Ribak Néstor c/ Casa David s/ Cobro de Honorarios" expte. n° 161.150 (RSD 110 f° 575/8 del 12/05/2016). En dicho precedente revocamos la sentencia de primera instancia que se había inclinado por la solución que propicia el apelante. Los fundamentos, que nos permitimos transcribir a continuación, fueron los siguientes:
" 1. Luego de la sanción de la ley de convertibilidad que prohíbe la repotenciación de las deudas, actualización monetaria o indexación de precios (reafirmada por la ley 25.561), la cuestión en torno a la vigencia de la tasa legal de interés a calcular sobre los honorarios de los abogados fue objeto de diferentes pronunciamientos de la SCBA, en orden a indicar si ese interés es violatorio de la prohibición, por tener o no un componente de ajuste por depreciación monetaria.
"Ha pasado de considerar su derogación en el caso “Yabra” (27/02/1996), mandando a aplicar la tasa pasiva del Banco de la Provincia en sus operaciones de depósitos a 30 días, a considerarla vigente en “Banco Comercial de Finanzas” (19/04/2006) para luego volver sobre sus pasos en la causa “La Proveedora Industrial” (13/07/2011), retomando la primera postura.
"La cuestión volvió a ser tema de decisión en la sentencia dictada por el Superior Tribunal hace poco menos de un año en la causa “Isla, Sara” (10/06/2015) en la cual se confirmó la posición en cuanto a la derogación tácita de la norma.
"2 . Con estas referencias, el efecto vinculante de la doctrina legal de la Corte (art.278 CPCC) haría aplicable, sin más, la solución desestimatoria de la tasa legal como lo ha hecho el juez de primera instancia, pero el cambio de circunstancias que ha importado la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (ley 26.994 y 27.077 el 1º de agosto de 2015) luego del dictado de los precedentes, justifican el apartamiento de esa doctrina.
"El nuevo cuerpo normativo prevé en su art.552 la aplicación de la tasa activa bancaria más alta según reglamentaciones del BCRA para las deudas alimentarias. En la medida que las leyes 23928 y 25561 no han sido derogadas, esta solución del legislador implica necesariamente la idea de que dicha tasa no constituye un mecanismo de repotenciación de deudas, actualización monetaria o indexación de precios, cuya prohibición sigue vigente.
"De este modo, tratándose el código de una ley nacional de igual rango que las mencionadas (art 75 inc 12 CN), desde un orden lógico no cabe otra interpretación que la contraria a la doctrina de la SCBA que es de fecha anterior a la entrada en vigencia (este criterio ha sido adoptado por Sala III de la Cám de Apel. Civil y Comercial de San Isidro, causa E-9517-2003 “Automotores Colcam s. concurso preventivo s. inc. de revisión por Banco Finansur SA” sentencia del 30/09/2015; la Sala I de este Tribunal causa nº160.135 “Rendo, Emiliano Héctor c. Labeguere, Carlos s. cobro de honorarios” sentencia del 23/02/2016 y la sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación de La Plata, causa nº 117076, “Seoane, Ana María s. determinación judicial de honorarios” sentencia del 22/02/2016)
"En este mismo sentido, con voto del Dr. Hankovits, se ha expedido la Sala II de la Cámara II de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata expresando que de “la necesaria coherencia que debe existir en el plexo normativo, se infiere que el legislador nacional ha considerado que la aplicación de la tasa activa –esto es, la que “cobra” la entidad bancaria- no vulnera la prohibición establecida en los artículos 7 y 10 de la ley 23.298. Precisamente, si tal ley posterior (nuevo Código Civil y Comercial) de igual raigambre que la ley anterior número 23.928, establece la aplicación de la tasa activa, tal pauta legal sirve de guía lógica jurídica con aptitud para servir como criterio de solución en el caso en estudio…” (causa n º 119545 “Esperanza C réditos La Plata S.A. c. Rivadeira, Elva Nieves y otro/a s. cobro ejecutivo” sentencia del 22/12/2015)
"3 . Por otro parte, los jueces debemos aplicar la ley vigente pues constituye la principal fuente de derecho (art 1 CCyC) y en los casos que la consideremos injusta al caso, para dejarla de lado es preciso declarar su inconstitucionalidad, siempre que vulnere derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional o los Tratados y Convenciones Internacionales con igual jerarquía (art 75 inc 22 CN). Lo contrario deja a la decisión desprovista de legalidad.
"El art. 54 inc b del dec-ley 8904 es claro sobre la tasa de interés que debe aplicarse, y resulta reiterada la directiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido en que “cuando la letra de la ley no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de otras consideraciones” ( Fallos 324:1740; 3143; 3145 ), pues “la primera fuente de exégesis de la ley es su letra” (Fallos: 316:1249), y en tanto “ si no se procede así, se corre el riesgo de prescindir del texto legal sin declararlo inconstitucional” (Fallos: 323:3139; Sag ües, Néstor P. “”interpretación constitucional y alquimia constitucional” en JA ejemplar del 26.11.03 páginas 62 y siguientes).
"Es que, a ún cuando hace ya tiempo que el concepto del Juez como mero aplicante de la ley en el modelo dogmático ha sido superado (Vigo, Rodolfo “Interpretación Jurídica” editorial Rubinzal Culzoni, páginas 15 y siguientes), pues en la interpretación existe siempre un compromiso axiológico (Vigo ob.cit. con cita de Aarnio p.22 en nota 16), no son admisibles aquellas interpretaciones que conducen lisa y llanamente a prescindir del texto de la ley, sin declarar la inconstitucionalidad de la norma (CSJN Fallos: 323:3139; Sag ües, Néstor P. “Interpretación constitucional y alquimia constitucional” en JA ejemplar del 26.11.03 páginas 62 y siguientes. En idéntico sentido SCBA “Fisco c. Waitz de Luque – Ac.92695- y “Afip-DGI s. inc. de revisión en autos Hugo Santiago e Hijos s. concurso preventivo” – Ac. 93514, entre otros)."
b. En efecto, dado lo anteriormente expuesto, corresponde desestimar el recurso bajo análisis y confirmar el auto apelado en lo que fue materia de agravio disponiendo la aplicación de la tasa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires (activa) en operaciones de descuento a 30 días de acuerdo a lo previsto por el artículo 54 inc. b) del decreto-ley 8904/77 (arg. arts. 552 y 768 inc. 2 del CCyC).
c. Ello -aclaramos- no implica contrariar la doctrina legal adoptada por la CSJN en la causa "Bedino" (n° 1186/2012 del 14/03/2017, entre otros) y por la SCBA en el fallo "Isla" (causa 71.170 del 10/06/2015), toda vez que, si bien luego de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial estos cuerpos dictaron diversos precedentes manteniendo el criterio adoptado en aquellos (aplicación de la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Bs. As.; vgr. causas 120.233 del 02/11/2016, 118.062 del 15/11/2016, 120.660 del 21/12/2016, 118.771 del 21/12/2016, entre otros), lo cierto es que no hicieron mención a las disposiciones del CCyC (arg. arts. 552 y 768 inc. 2 del CCyC) que sustentan la presente, lo cual nos habilita a apartarnos de lo decidido por nuestros máximos tribunales y, en función de los argumentos expuestos, afirmar la posición asumida en su oportunidad (arg. causa citada).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del CPCC, RESOLVEMOS:
I. Rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 810 y confirmar el pronunciamiento atacado en lo que fue objeto de estudio (arts. 242, 245 y cctes. del CPCC, art. 54 inc. b) del decreto-ley 8904/77 y art. 768 inc. 2 del CCyC).
II. Imponer las costas de Alzada en el orden causado dada la ausencia de controversia (art. 68 "a contrario" del CPCC).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del dec. ley 8.904/77).
IV. Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del CPCC, devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia