Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa I-896/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia para entender en la presente acción.-
2Declarar abstracto el pedido de nulidad de la notificación de la demanda, efectuado por la parte demandada.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: I-896/25-TSJ Sentencia N°: 1186 Actor: INDA GRACIELA NOEMI Demandado: SERVICIOS PÚBLICOS S.E.
Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 11/09/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1186 FOLIO Nº 3934/3936 PROT. ELECT. TSS1 043 C.251
Río Gallegos, 11 de septiembre de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “INDA GRACIELA NOEMÍ C/ SERVICIOS PÚBLICOS S.E. S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº I-896/25-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver el pedido de nulidad de la notificación de la demanda, efectuada por Servicios Públicos Sociedad del Estado, a través de su letrada apoderada -Dra. Marisa N. Rojas- (cfr. PE1865681-2025).-
Sin embargo, corresponde resolver previamente sobre la competencia de este Alto Cuerpo para entender en los presentes actuados. Esto a fin de evitar un dispendio jurisprudencial innecesario en atención al principio de celeridad procesal.-
La Sra. Graciela Noemí Inda, con el patrocinio letrado del Dr. Héctor Marcelo Magallán, inicia demanda contencioso administrativa contra Servicios Públicos Sociedad del Estado. Como objeto de su pretensión manifiesta que: “Se persigue a través de la presente acción, que al fallar en definitiva se sirva revocar la recategorización por las funciones realmente cumplidas, la remoción de las sanciones aplicadas, el retorno a las funciones jerárquicas efectivamente cumplidas. Y se solicita expresamente a esta (sic) Excmo. Tribunal ordene se retrotraigan todas las medidas para atrás (sic), ordenando expresamente que: 1º) Se reintegre a la Actora a la función que compila (sic), esto es Jefe de Sector (sic). 2º) Ordene Practique liquidación, por la diferencia salarial, a los efectos de los daños y perjuicios padecidos por la arbitrariedad manifiesta de la demandada. 3º) Debido al daño Psicológico, que padeció nuestra representante, solicitamos pericia psicológica y el resarcimiento, conforme criterio predominante de este Tribunal.” (cfr. PE1703561-2025, pág. 1).- Luego relata que ella había ingresado a trabajar en relación de dependencia con la demandada el 2 de enero de 2007, en la Seccional de Puerto Deseado y que en enero de 2013 fue asignada a la función de Jefa de Sección, conforme el CCT de Luz y Fuerza en su artículo 28 incs. b y f. Agrega que la Sección Comercial fue luego elevada al nivel de División Comercial (cfr. PE y pág. cits.).- Manifiesta que luego de varios años ejerciendo la función de Jefa de División, comenzó a reclamar a sus superiores y mediante notas al Sindicato para que se la efectivice en la función asignada; y que a partir de ese momento comenzaron los maltratos y hostigamientos hacia su persona, tanto de sus superiores como del Secretario General del Sindicato, Sr. Omar Sodon (cfr. PE cit., pág. 2).- Aduce que la sancionaron con: “…‘llamados de atención’ por faltas inexistentes hasta que se decretó la baja del reemplazo en el cargo por el Sr. Sondón, hecho que jamás fue notificado fehacientemente…sino que simplemente se le asignaron tareas de atención al público.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Destaca que, pidió la recategorización correspondiente mediante Carta Documento, pero que no obtuvo respuesta. Situación que le provocó una gran ansiedad y angustia, la cual hasta la fecha se encuentra bajo tratamiento (cfr. PE y pág. cits.).-
El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo dictamina que: “…la presente acción no constituye materia contencioso administrativa de competencia originaria y exclusiva del Tribunal Superior de Justicia en función de lo establecido en el art. 132 inc. 2º de la Constitución Provincial y del articulo 2 inc. e) de la Ley Pcial. N° 2600, debiendo declararse incompetente para intervenir en los presentes actuados.” (cfr. PE1985987-2025, pág. 2).- Los presentes pasan al Acuerdo en PE1918063-2025.-
II. Que, la cuestión a debatir circunscripta a los términos precedentemente expuestos, exige preliminarmente, verificar si este Tribunal Superior de Justicia se encuentra habilitado para ingresar a su tratamiento dentro del marco de la competencia originaria y exclusiva que le confiere el art. 132, inc. 2° de la Constitución Provincial. Para ello, la télesis del sendero que debe abordar la presente resolución debe efectuarse -tal como reiteradamente tiene resuelto este Tribunal en anteriores precedentes- en base a la propia naturaleza de la demanda y con apoyo en los hechos expuestos en la misma, ya que éstos constituyen el sustento de la pretensión que la actora propone a decisión con relación al derecho sustancial reclamado (cfr.
TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo IX, Reg. 632, Folio 1770/1772).- Conforme la situación fáctica de autos, surge a todas luces que la actora -en su pretensión- concurre en demanda del reconocimiento de derechos que se vinculan al derecho del trabajo y el derecho civil, constituyendo materia especial la influencia decisiva que las mismas han de tener en la resolución del pleito, tanto en sus alcances como en los efectos de las mismas.- Es que la atribución de competencia en razón de la materia debe prevalecer inexorablemente sobre la efectuada en razón de la Sociedad del Estado, autor del acto u omisión: “...por lo cual se pone de manifiesto la prevalencia frente al ente, posición que supera la visión estrictamente formal, abordándose sin retaceos, el contenido sustantivo de la resolución (por un lado) o de la petición jurisdiccional (por el otro), es decir, por razón del contenido material del acuerdo, o acto recurrido, o -como en el sublite- por razón de la sustancia demandada.
En este sentido se ha resuelto que: ‘Aunque la relación jurídica que une a ambas partes constituya, tanto por su objeto como por las normas a la que está subordinada, un vínculo de empleo público, en el marco de la jurisprudencia vigente en la materia, dicha circunstancia no configura un antecedente que por sí baste, cuando la pretensión se fundamenta en normas laborales, para que el caso sea de la competencia contencioso administrativa (SCBA, B 55233 -I-3-8-93 in re: ‘Vargas Juan c. Prov. de Bs. As. s. Dem. Cont. Adm.’)…’” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XV, Reg. 942, Folio 2822/2824 ; y XVIII, Reg. 1084, Folio 3461/3463).- Por otro lado -y a mayor abundamiento- la valla que demarca el art. 89 del CPCA, Ley N° 2600, en cuanto establece que el fallo del Tribunal deberá limitarse a resolver la cuestión relativa al derecho administrativo conforme a lo alegado y probado por las partes, excluyendo expresamente toda posibilidad de pronunciamiento respecto de derechos reales o civiles (cfr.
TSJ Santa. Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos VIII, Reg. 527, Folio 1439/1446 y XIV, Reg. 916, Folio 2705/2710; entre otros), se vincula con el reclamo de la actora, que por su naturaleza, imposibilita también la apertura de esta instancia jurisdiccional.- En efecto, es criterio de este Tribunal que sólo debe decidirse sobre aquello que respecta a la materia contencioso administrativa (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo IX, Reg. 626, Folio 1748/1750). Por lo que no entenderá en aquel proceso que tenga por objeto el cobro de una suma de dinero. Como sucede en el caso de autos en las que la actora pretende cobrar diferencias salariales e indemnización de daños y perjuicios por daños psicológicos, ya que su competencia originaria únicamente corresponde a lo que respecta a normas de materia contencioso administrativa, resultando ajena a ella los procesos de contenido patrimonial (cfr.
Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 942, Folio 2822/2824 cit.).- Paralelamente, nos aleja aún más de la competencia contencioso administrativa el hecho de que respecto de las Sociedades del Estado que constituya la provincia no se aplican ni las leyes de contabilidad, ni de obras públicas ni de procedimientos administrativos (cfr. art. 3 de la Ley Provincial Nº 1345).-
Asimismo se contempla expresamente en el artículo 3º inciso b) del CPCA, Ley 2600, la exclusión de la competencia para el caso de autos, cuando se pretende la aplicación de normas de derecho laboral y derecho privado, aún cuando la relación jurídica que vincula a las partes sea de empleo público, tal como ya se adelantó.- A mayor abundamiento, también debemos señalar que se excluye de la competencia contencioso administrativa las controversias que se suscitan entre las Sociedades propiedad del Estado Provincial y sus empleados (cfr. art. 2º inc. e) in fine del CPCA, Ley Nº 2600). Este es precisamente el supuesto que se presenta en autos.-
Por todo ello, consideramos que este Alto Cuerpo no tiene competencia para entender en autos y en atención a como se resuelve, se debe declarar abstracto el tratamiento del pedido de nulidad de la notificación de la demanda, efectuado por la parte demandada en PE1865681-2025.-
III. Que de las consideraciones expuestas, se concluye que la presente acción no constituye materia contencioso administrativa de conocimiento originario y exclusivo de este Tribunal Superior de Justicia (art. 132º, inc. 2° de la Constitución Provincial), debiendo declararse la incompetencia en razón de la materia, y en consecuencia, abstracto el tratamiento del pedido de nulidad de la notificación de la demanda, efectuado por la parte demandada en PE1865681-2025. Las costas se imponen por su orden, de conformidad a lo prescripto por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y se difiere la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.- Por todo lo expuesto, jurisprudencia y normas legales citadas, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia para entender en la presente acción.-
2. Declarar abstracto el pedido de nulidad de la notificación de la demanda, efectuado por la parte demandada.-
4. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
5. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo. Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1043C.251 Tomo: XX Sentencia: 1186 Folio N°: 3934/3936 Secretaría: 1
Fin de la sentencia