Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127755
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto declaró procedente la condena civil respecto de la aseguradora de riesgos del trabajo, cuya improcedencia se declara.
Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la vencida y las de esta sede extraordinaria, por su orden, en atención al modo en que se resuelve (arts. 19, ley 11.653; 68, segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.755, "Herrera, Cristian Fernando contra Tierra Gaucha SRL y otra. Indem. por Accidente de Trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. veredicto y sentencia de fecha 11-VI-2021).
Se interpusieron, por las accionadas Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (v. presentación de fecha 25-VI-2021) y Tierra Gaucha S.R.L. (v. presentación de fecha 30-VI-2021), sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, habiéndose concedido el primero y denegado el segundo por el órgano actuante (v. auto de fecha 6-VII-2021).
Dictada la providencia de autos (v. proveído de fecha 20-X-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Provincia ART S.A.?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Cristian Fernando Herrera y condenó solidariamente a Tierra Gaucha S.R.L. y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle una indemnización integral en concepto de daños y perjuicios en los términos del derecho civil, provocados por la incapacidad adquirida como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió (v. resol. de fecha 11-VI-2021).
En el veredicto, tuvo por acreditado que el actor trabajó en relación de dependencia para Tierra Gaucha S.R.L., desde el 5 de diciembre de 2008, desempeñándose en las tareas de peón general dentro del Régimen de Trabajo Agrario ley 22.248 (v. vered. pág. 2).
Juzgó probado además que el día 29 de enero de 2009 sufrió un accidente de trabajo cuando, en cumplimiento de sus labores, se encontraba montado en un caballo de la demandada, que lo tiró al piso y le provocó la fractura del tobillo de la pierna derecha. Asimismo, sostuvo que el mencionado animal, por su contextura, peso e imprevisibilidad de su conducta, bien puede calificarse como una cosa riesgosa en los términos del art. 1.113 del Código Civil (v. vered. págs. 3 y 4).
Con sustento en la pericia médica, consideró demostrado que el señor Herrera padece una alteración en los movimientos del tobillo, como secuela de la fractura del hueso calcáneo del miembro inferior derecho, que le provoca una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 20,2% del índice de la total obrera (v. vered. págs. 5 y 6).
Ponderando la prueba pericial de ingeniería laboral, así como las respuestas brindadas a las impugnaciones, concluyó que Provincia ART S.A. había incumplido con lo dispuesto por el art. 4 de la ley 24.557. Entendió que la omisión incurrida por parte de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, tuvo relación de causalidad con el daño sufrido por el trabajador (v. vered. pág. 10).
En la sentencia, al cuantificar la indemnización que integraría la condena, propuso tomar el salario de la categoría del actor vigente al mes de abril de ese año, el cual, conforme resolución 2/21 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, ascendía a $40.000. Ello -según expuso- a los fines de dar una respuesta proporcional y adecuada frente al impacto negativo de factores económicos notorios, como los derivados de las altas tasas de inflación (v. sent. págs. 9 y 10).
Siguiendo el razonamiento volcado en el veredicto, al analizar la responsabilidad endilgada a cada una de las accionadas, consideró que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo debía ser alcanzada por la condena de autos solidariamente con la empleadora (v. sent. pág. 12).
Seguidamente, con aplicación de los parámetros establecidos en el fallo "Méndez", fijó la indemnización en concepto de daño material y moral.
Finalmente, precisó que, en tanto la determinación del monto indemnizatorio había sido efectuada a valores actuales, no correspondía aplicar una tasa bancaria para calcular los intereses, sino una tasa pura del 6% anual desde la fecha del infortunio (29 de enero de 2009) hasta el dictado de la sentencia y, desde allí, hasta el efectivo pago, intereses a la tasa pasiva más alta, que resultó ser la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent. págs. 12 y 13).
II. Contra dicho pronunciamiento Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución provincial; 3, 622, 1.197, 1.198 y concs. del Código Civil (ley 340); 14 inc. 2 apdo. "a", 23, 26 inc. 3 y 6 de la ley 24.557; 1, 7, 8 y 10 de la ley 23.928; 118 de la ley 17.418; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 166 inc. 2, 279 incs. 1 y 2 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que cita (v. presentación de fecha 25-VI-2021). Asimismo, invoca absurdo.
II.1. En primer término, controvierte la definición del tribunal de grado que le asigna responsabilidad a su parte, en los términos -según indica- del art. 1.074 de la normativa civil. Sostiene que, en ese marco, al no verificarse la inversión de la carga probatoria, rige el principio que dicta que la parte actora debe probar todos los extremos fácticos que invoca.
Alega que ninguna prueba se produjo en cuanto a las presuntas omisiones que se le endilgan a su mandante, presupuesto indispensable -agrega- para asignarle responsabilidad. Expone que, en cambio, sí se probaron los incumplimientos en que incurrió el empleador, respecto de las medidas de seguridad e higiene que debieron adoptarse.
No se advierte -continúa- que se hubieran imputado a la aseguradora omisiones eficaces para incidir en la causa eficiente del siniestro, invocándose argumentaciones en tal sentido que no contaron con suficiente aval probatorio.
Remarca el hecho de que la parte actora no explicó de qué modo habrían incidido los supuestos incumplimientos denunciados en el evento dañoso, existiendo meras alusiones que no bastan como elementos incriminatorios hacia quien tenía un deber de prevención.
Reitera, a su vez, que la sentencia de grado ni siquiera puntualizó un incumplimiento concreto en que incurriera la aseguradora, mencionando faltas genéricas, sin citas normativas que permitan verificar si efectivamente se trataba de obligaciones a su cargo.
Por otra parte, denuncia que tampoco se acreditó uno de los extremos ineludibles del derecho de daños, que es la relación de causalidad que debe existir entre los supuestos incumplimientos normativos y el daño producido. Enfatiza que no se produjo ninguna construcción lógica que funde tal aserto, omitiéndose precisar cuál de las faltas imputadas genéricamente serían la causa u origen de las lesiones por las que se reclama.
Advierte que el único incumplimiento que se le atribuye es no haber cumplido con la adopción de medidas preventivas. Relata que no es obligación de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo fiscalizar diariamente las condiciones de trabajo en las empresas, sino que su actividad reside en hacer visitas y efectuar recomendaciones, recayendo en la empresa la obligación de ejecutar y dar cumplimiento con lo normado. Al igual sucede -según expone- con los elementos de protección, los cuales son proveídos por el empleador a los trabajadores, obligación que tampoco recae sobre las aseguradoras.
Postula que ninguna injerencia directa puede tener su mandante en el proceso productivo de sus empresas afiliadas. Expresa que sus funciones son asesorar, aconsejar, fomentar y promover la prevención, pero no encargarse de instruir al empleador o al trabajador. Resalta que, en el caso, la carencia de causalidad entre el supuesto incumplimiento y el resultado final dañoso es evidente.
Por último, insiste en que la sentencia no profundizó en forma suficiente y concreta sobre la relación de causalidad mencionada, la cual necesariamente debe existir entre el supuesto incumplimiento legal y el daño sufrido.
II.2. Por otro lado, se agravia del monto impuesto en la condena.
Censura la cuantificación de la reparación integral con sustento en la fórmula empleada en la sentencia. Cuestiona la utilización de parámetros que resultaron ajenos a toda lógica, arrojando un monto totalmente injustificado y arbitrario.
Argumenta que el dictamen emitido no utiliza como base de cálculo el salario del actor efectivamente verificado, el cual resultó ser de $1.525,38. Advierte que a los fines de calcular la indemnización en función del fallo "Méndez", el tribunal toma como base la suma de $40.000 que obtiene de fuentes no acreditadas y sin vinculación lógica alguna con la causa, ni con el accidente ocurrido el día 29 de enero de 2009.
III. El recurso prospera con los siguientes alcances.
III.1.a. Liminarmente, cabe recordar que determinar si la aseguradora de riesgos del trabajo ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como asimismo, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el infortunio laboral o enfermedad profesional, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado, en principio, no revisable en la sede casatoria, salvo demostración de absurdo (causas L. 117.356, "Garriga", sent. de 23-V-2017; L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021; L. 126.519, "Acuña", sent. de 29-XI-2022; L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; e.o.).
III.1.b.i. La crítica ensayada pone en evidencia la apuntada anomalía.
De la lectura del veredicto, se advierte -sin hesitación- que el juzgador de grado, al abordar la cuestión undécima, se limitó a declarar acreditada -con apoyatura en la pericia técnica- la omisión en el cumplimiento de los deberes de prevención a cargo de la aseguradora (art. 4, ley 24.557). Sin embargo, se observa -a la par- que prescindió detallar en que consistirían tales inobservancias en el marco de la normativa aplicable y el supuesto que define los contornos del caso bajo estudio.
Seguidamente, en el mismo interrogatorio el sentenciante consideró que el incumplimiento de la aseguradora "...tiene relación de causalidad con el daño sufrido por Herrera, ya que, ante la falta de individualización del riesgo, impidió una capacitación, como la individualización y otorgamiento de elementos de protección, en el caso ropa y calzado adecuado, al menos un par de botas caña alta o corta, que posiblemente hubiesen impedido o mitigado las consecuencias del infortunio...".
Luego, en la etapa de sentencia, reiteró el criterio en torno a la existencia de relación causal entre las omisiones "acreditadas en autos" y el daño sufrido por el trabajador, soslayando fundar adecuadamente la condena impuesta.
III.1.b.ii. Conforme las circunstancias relatadas, se observa que el fallo objetado es -en efecto- portador del vicio de absurdo ni bien se repara en el dogmático examen de los extremos configurativos del supuesto de atribución de responsabilidad civil que dio lugar a la condena. En tal sentido, omite identificar concretamente cuáles serían las obligaciones legales en cuyo incumplimiento habría incurrido la aseguradora que resultó condenada, y la gravitación que tales "omisiones" habrían tenido en la generación del accidente de trabajo sufrido por el actor, de cara a la eficiente y acabada demostración de la relación de causalidad entre dichas inobservancias y el daño.
En estas condiciones, queda patente el déficit atribuido al fallo censurado, desde que -es sabido- que para juzgar configurado el absurdo es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el tribunal de grado (causas L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021; L. 123.840, "Arrate", sent. de 10-II-2022; L. 125.751, "Bortel", sent. de 15-IX-2022; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e.o.).
Desde esta perspectiva, me permito afirmar -en otras palabras- que en la decisión atacada no se ponderaron adecuadamente las cuestiones litigiosas en el marco del cuadro probatorio de la causa, de modo tal que no puede sino concluirse que las motivaciones que la dotan de cierto sustento en este tramo no guardan razonabilidad y fundamento idóneo.
Así las cosas, corresponde admitir el remedio ensayado en esta parcela y casar el pronunciamiento de origen en cuanto impuso a la aseguradora la condena solidaria al pago de la reparación civil, la que -a tenor de las pruebas obrantes en autos- debe declararse improcedente.
III.1.c. Cabe apuntar, para robustecer la propuesta decisoria, que la conclusión que la recurrente ha logrado derribar por absurda se contrapone con aquella argumentación del propio sentenciante con arreglo a la cual justificó la condena al empleador en lo dispuesto por el art. 1.113 del citado digesto, al relevar la circunstancia de que el caballo que originó el accidente, por su contextura, peso e imprevisibilidad de su conducta, importó una cosa riesgosa en los términos del citado dispositivo (v. vered., págs. 3 y 4). Luego, mal podría fundarse la condena de la aseguradora en la omisión de cumplimiento de deberes de prevención, cuando el infortunio tuvo su origen -según lo dicho- en el "imprevisible" comportamiento del referido animal.
III.2. Sentado todo lo anterior, no queda margen para examinar el restante agravio traído por devenir carente de virtualidad.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en los términos expuestos y revocar la sentencia de grado en cuanto declaró procedente la condena civil respecto de la aseguradora de riesgos del trabajo, cuya improcedencia se declara.
Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la vencida y las de esta sede extraordinaria, por su orden, en atención al modo en que se resuelve (arts. 19, ley 11.653; 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto declaró procedente la condena civil respecto de la aseguradora de riesgos del trabajo, cuya improcedencia se declara.
Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la vencida y las de esta sede extraordinaria, por su orden, en atención al modo en que se resuelve (arts. 19, ley 11.653; 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:18:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2024 14:07:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:53:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:41:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:52:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:03:18 hs. bajo el número RS-49-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia