Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126312
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción promovida por Ariel Jorge Scoppa contra Agencia Sur Libros S.R.L. y César Jorge Zain en cuanto procuraba las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 945/953 vta.).
Para así decidir, valorando los distintos elementos probatorios adunados a la causa, concluyó que no pudo comprobarse que entre las partes existiera una relación de trabajo con sus notas características de subordinación técnica, jurídica y económica.
Por el contrario, juzgó que el actor desplegaba una actividad comercial, como integrante de la empresa familiar que había fundado su suegro y de la que su esposa era socia, no apreciándose la típica nota de ajenidad que caracteriza a toda relación dependiente.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-V-2020), el que fue concedido por el tribunal de grado mediante proveído del 2 de junio de 2020.
En su presentación menciona las normas y la doctrina que considera violadas, y alega absurdo en la valoración de la prueba, especialmente respecto de la ponderación efectuada sobre las declaraciones de los testigos. En ese sentido, objeta que el juzgador de origen les haya dado prioridad por sobre los demás elementos probatorios.
En rigor, su crítica se dirige a objetar la conclusión de grado en cuanto tuvo por no acreditada la relación laboral invocada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 121.938, "Martin", resol. de 21-VIII-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020 y L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
III.2. En la especie, si bien el recurrente ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia, en cuanto las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado.
En efecto, el impugnante -por conducto de su particular punto de vista- extrae de la prueba producida una conclusión contraria a la arribada por el sentenciante, con el único propósito de ajustarla a su pretensión de demostrar el vínculo de trabajo invocado.
Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al tribunal de trabajo las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba, lo cual no resulta idóneo para acreditar que la sentencia está viciada por absurdo (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019; L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
Además, olvida la recurrente que la valoración y apreciación de las declaraciones testimoniales queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 121.280, "AB Aceros S.A.", resol. de 22-VIII-2018; L. 124.092, "Arevalo", resol. de 10-VIII-2020 y L. 124.997, "Petri", cit.), que -como se dijo- en el caso no se logra demostrar.
III.3. En lo atinente al reproche que porta la impugnación relativo a la transgresión de la presunción prevista en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, reiteradamente ha dicho este Tribunal -ante casos análogos- que la misma queda neutralizada si la prueba producida acredita que la actividad desarrollada por el actor no lo fue en relación de dependencia, elemento indispensable en la tipificación del contrato de trabajo (causas L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019; L. 123.365, "Tunesi", resol. de 19-II-2020 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020), como sucede en el caso.
III.4. Por último, deviene ineficaz la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018; L. 123.736, "Ronca", resol. de 11-III-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:31:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:43:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2021 23:39:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 10:57:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 16:08:36 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:41:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia