Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122785
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad atento que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado, con costas (arts. 289 y 298, CPCC; 31 bis, ley 5.827, y modif.).
La Plata, 30 de octubre de 2019.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, rechazó la acción promovida por José Luis Barreiro contra Víctor Masson Transportes Cruz del Sur S.A. y Experta ART S.A. mediante la cual procuraba la reparación integral por accidente de trabajo (v. fs. 600/605).
Para así decidir, concluyó que al no acreditarse la mecánica o dinámica del siniestro denunciado no podía establecerse el vínculo causal con el daño sufrido. En consecuencia, juzgó no verificados los presupuestos de responsabilidad en que se fundó la acción con sustento en el derecho común.
II. Frente a dicho pronunciamiento, el legitimado activo interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 615/642 vta.), los que fueron concedidos por el tribunal de grado a fs. 644/645, habiéndose conferido vista al Procurador General a fs. 654 (v. dictamen, fs. 655/656 vta.).
III.1. En el recurso extraordinario de nulidad, el impugnante denuncia la transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Afirma que el tribunal de origen omitió expedirse sobre la responsabilidad en el acaecimiento del evento dañoso atribuida a la empleadora y la aseguradora con fundamento en los arts. 1.109, 1.113 y 1.074 del anterior Código Civil. Manifiesta además, que nada dijo el juzgador con relación al reclamo indemnizatorio por daño moral. En consecuencia, aduce que el pronunciamiento merece ser anulado, no solo porque no resolvió sobre una cuestión esencial, sino por cuanto, además, adolece de mayoría en los votos y opiniones de los magistrados intervinientes.
III.2. Liminarmente cabe recordar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución provincial sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad de acuerdo y voto individual de los jueces, o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 116.982, "Copioli", resol. de 5-IV-2013; L. 118.295, "Díaz", resol. de 12-XI- 2014 y L. 121.515, "Morales", resol. de 26-IX-2018).
En el caso, se observa que la improcedencia del recurso se exhibe nítida, pues el tópico que se denuncia preterido fue expresamente abordado por el juzgador al tratar la responsabilidad civil endilgada a los sujetos demandados, quedando desplazado de toda consideración posible el resarcimiento del daño moral pretendido al haber concluido el sentenciante acerca de la inexistencia de los presupuestos de la obligación de resarcir. En consecuencia, no se verifica el quebranto del art. 168 de la Constitución provincial ya que -en el caso- lo que se pretende es revisar, en rigor, la forma en que el juzgador de origen resolvió la controversia y, sabido es, que no corresponde, en el ámbito del remedio extraordinario en estudio, realizar la revisión del acierto o desacierto jurídico de esta decisión, pues ello es materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 117.001, "Miño", sent. de 6-VIII-2014 y L. 120.340, "Rubio", resol. de 6-XII-2017).
Por otra parte, corresponde señalar que es un criterio constante de este Tribunal que el voto en adhesión es constitucionalmente válido, porque significa que el juez que lo emite comparte los fundamentos de su colega preopinante, a los que se remite por una cuestión de simplicidad (causas L. 108.682, "Correa", sent. de 23-XII-2009; L. 112.328, "Cabrera", sent. de 6-X-2010 y L. 121.199, "Fasanelli", resol. de 18-IV-2018).
Finalmente, no logra demostrar el interesado la pretendida violación del art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, faltando la invocación de los preceptos legales pertinentes, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013; L. 117.337, "Cabrera", resol. de 31-VII-2013 y L. 120.337, "Gisler", resol. de 10-V-2017), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado, en el cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, el interesado denuncia absurdo y la violación a las normas y la doctrina legal que cita. Al efecto, reedita los argumentos planteados al iniciar la acción y se agravia de la decisión del a quo que rechazó los reclamos por responsabilidad objetiva y subjetiva de las demandadas. Sobre tal premisa, controvierte la ponderación efectuada sobre la prueba, en particular, la pericial médica y la dimensión con que se valoró el examen preocupacional del trabajador. Por otra parte, denuncia conculcado el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo y se disconforma de rechazo del daño moral.
IV.2. El recurso no ha de prosperar.
IV.3. De modo liminar, dado que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones por las que el recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002 y L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007).
IV.4. Sentado lo expuesto, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que tanto el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso como la determinación relativa a si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, son facultades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo, que debe ser demostrado por la recurrente (causas L. 105.399, "G., S.B.", sent. de 14-III-2012; L. 121.584, "Ruiz Díaz", resol. de 13-II-2019 y L. 120.234, "Romano", resol. de 17-IV-2019).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010 y L. 115.252, "Díaz", resol. de 12-X-2011).
El interesado no consigue acreditar tal anomalía, desde que su crítica -dirigida a controvertir la exclusión de la hipótesis de responsabilidad civil extracontractual en sus dos vertientes: objetiva y subjetiva- transita sobre meras apreciaciones personales sobre el modo en que considera que el a quo debió interpretar las constancias y las probanzas de la causa.
En el caso, el sentenciante de mérito juzgó que no habiendo logrado el trabajador acreditar la dinámica del siniestro denunciado no podía establecerse el vínculo causal con el daño sufrido, por lo que resultaba imposible determinar la concurrencia de los presupuestos para la procedencia de los reclamos intentados.
En ese marco, se advierte que el impugnante no logra descalificar la esencial motivación del fallo recurrido por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de grado debió ponderar la prueba aportada al proceso, soslayando que el absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia, pues no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 117.769, "Sandobal", resol. de 17-XII-2014).
Por otra parte, ha de añadirse que la tarea de adjudicar a la pericia médica la eficacia probatoria pertinente, es atribución privativa de los tribunales de trabajo, no revisable en casación salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 116.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013 y L. 118.504, "Miralles", resol. de 8-IV-2015), el cual, como se anticipó, no logra ser acreditado.
IV.5. Tampoco resulta eficaz para controvertir el fallo el cuestionamiento que gira en torno a la infracción al principio in dubio pro operario , desde que en el caso los jueces manifestaron su plena convicción sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (L. 118.188, "Calabresi", resol. de 15-X-2014 y L. 118.046, "Ruggiero", resol. de 5-XI-2014).
IV.6. Finalmente, permaneciendo firme la decisión de la instancia ordinaria -en orden a la ausencia de configuración de los presupuestos para la procedencia de reparación integral en los términos del derecho común-deviene inatendible el cuestionamiento dirigido a impugnar la conclusión del fallo por la que se desestimó el reclamo por daño moral.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad atento que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado, con costas (arts. 289 y 298, CPCC; 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia