Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131541
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda incoada por el señor Rubén Darío Sarmiento y, en consecuencia, condenó solidariamente a HIDEKY S.A. y a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (en su carácter de continuadora de CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.) a abonar la suma que especificó en concepto de reparación integral con sustento en el derecho común, derivada del accidente laboral padecido. La rechazó, en cambio, en lo que resulta de interés, respecto de Edenor S.A. y de Argencobra S.A. (v. pronunciamiento de fecha 2-VIII-2023).
Para así decidir, tras valorar la prueba producida, juzgó acreditados los presupuestos de la responsabilidad civil endilgados a la empleadora y a la aseguradora de riesgos del trabajo. Sin embargo, denegó la pretensión dirigida contra Edenor S.A. y Argencobra S.A, por entender que estaban eximidas de responsabilidad, en los términos del art. 32 de la ley 22.250 (Régimen de la Construcción) aplicable a ambas demandadas. En ese sentido, estimó acreditado que Hideky S.A. y Argencobra S.A. se encontraban inscriptas en el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (I.E.R.I.C.) y que Edenor S.A., requirió a su contratista dicha inscripción.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 29-VIII-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 2-XI-2023).
Se agravia, en lo esencial, que el sentenciante desestimó la acción contra Edenor S.A. y a Argencobra S.A. En este marco, sostiene que el rechazo de la demanda fundado en la acreditación de la inscripción de Argencobra S.A. en el aludido registro no resuelve adecuadamente el fondo del asunto, pues -afirma- los jueces debieron abordar el tratamiento de la pretensión indemnizatoria sustentada en las normas del Código Civil.
Asimismo, cuestiona la imposición de costas y apela por altos los honorarios determinados en favor de los letrados representantes de las nombradas accionadas.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De modo liminar, se impone recordar que la labor de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis es privativa de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en casación en la medida en que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo o la violación del principio de congruencia (causas L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017; L. 120.800, "Fleita", sent. de 13-XI-2019; L. 129.535, "Polak", resol. de 26-IV-2023 y L. 127.069, "Herrera", resol. de 3-VI-2024).
III.1.b. Asimismo, ha expresado este Tribunal que el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios, resultan atribuciones privativas de los magistrados del trabajo, irrevisables en la instancia extraordinaria, salvo cabal demostración de absurdo (causas L. 119.392, "López", sent. de 27-VI-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 122.707, "Ostapowicz", resol. de 2-XI-2020; L. 125.245, "Barrios", resol. de 12-IV-2021 y L. 128.919, "Bustamante", resol. de 23-VIII-2023).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020; L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021 y L. 130.019, "Balan", resol. de 7-IX-2023).
III.2.a. En el caso, el recurrente ni siquiera ha denunciado que la decisión de grado fuese producto del mencionado vicio, deficiencia técnica que sella la suerte adversa de la impugnación, pues, como lo ha resuelto este Tribunal, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia de absurdo cuando se pretende la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de los hechos y las pruebas (causas L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017; L. 124.239, "Angeloni", resol. de 16-VI-2020; L. 129.480, "Legal", resol. de 29-XI-2022; L. 129.582, "Soto", resol. de 27-II-2023 y L. 130.333, "Cejas", resol. de 7-IX-2023).
III.2.b. Sin perjuicio de la insuficiencia apuntada, cabe señalar que la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar las constancias de la causa. De ese modo, apartándose de la línea reflexiva que llevó a los jueces de grado a la solución expuesta en el fallo, sólo insiste en su propia apreciación de las circunstancias de la causa, limitándose a señalar que el a quo debió abordar el análisis de la pretensión resarcitoria al amparo de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Velezano, mas sin lograr rebatir frontal y eficazmente las motivaciones esenciales que estructuran el contenido de la decisión de origen.
Desde esta óptica, es conveniente destacar que esta Corte ha declarado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que agota el reproche a la conclusión decisiva del fallo en la mera exhibición de un criterio particular y discrepante con el del juzgador de grado sin demostrar cabalmente el error en el modo en que el tribunal de origen resolvió la controversia (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020 y L. 130.435, "Robles", resol. de 4-XII-2023).
III.3. De igual modo deviene inatendible la objeción relativa a la imposición de costas a su cargo.
En efecto, dable es recordar que reiteradamente esta Suprema Corte ha declarado que su imposición y distribución constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 123.156, "Puzzolo", resol. de 4-III-2020; L. 127.932, "Naranjo", resol. de 23-II-2022 y L. 129.620, "Pereyra", resol. de 21-VI-2023), supuesto que no se presenta en autos.
III.4. Por último, deviene inatendible el agravio relativo a los estipendios fijados por el juzgador de origen -que el recurrente considera elevados- pues sabido es, que la regulación de los honorarios judiciales de los profesionales no es revisable en casación, ya sea en lo que atañe a su monto como respecto a las bases adoptadas para fijarlos, salvo circunstancias excepcionales que no han sido siquiera invocadas en la especie (causas L. 120.822, "Chávez", resol. de 11-X-2017 y L. 123.755, "Afonso", resol. de 4-III-2020).
III.5. En definitiva, la insuficiencia del remedio interpuesto impide pues, revisar el acierto o desacierto de la decisión de grado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2025 10:42:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/04/2025 11:16:21 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2025 17:32:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2025 16:18:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2025 08:48:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/04/2025 10:38:54 hs. bajo el número RR-285-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia