Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122773
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.773, "Urrutia, Analía Noemí contra Haag, Stella Maris y otra. Indemnización por accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 768/783 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 807/827).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de grado desestimó la demanda deducida por la señora Analía Noemí Urrutia, mediante la cual había reclamado el resarcimiento integral -en lo que aquí interesa, lucro cesante y daño moral- por la incapacidad que padece derivada del accidente de trabajo in itinere sufrido el 20 de junio de 2008, por considerar que tal pretensión era improcedente a la luz de las normas civiles invocadas, toda vez que las mismas no prevén ese supuesto específico de responsabilidad (v. fs. 778 y vta.).
Puntualmente entendió que si bien con la experticia médica se había acreditado que la actora "presenta osteosíntesis, hidrartrosis con lesión crónica del ligamento cruzado anterior, lesión meniscal crónica, fractura espiroidea de tibia y acortamiento del miembro en 2 cm", que la incapacitan en un 38,8% del índice de la total obrera, el reclamo de la reparación integral resultaba -en el caso- improcedente, ya que el accidente de la ahora recurrente no se había producido "...por responsabilidad objetiva o subjetiva ni de la empleadora ni de la aseguradora codemandada" destacando que las consecuencias de los accidentes in itinere son solo resarcibles en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 774 vta. y 775).
En otro orden, concluyó que en autos se había verificado que la aseguradora de riesgos del trabajo declinó la cobertura del siniestro argumentando la rescisión del contrato de afiliación celebrado con la empleadora por falta de pago de las primas, extremo que fue negado por esta última, quien interpuso una acción de daños y perjuicios contra Mapfre Argentina ART S.A. ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3 departamental por ese motivo (v. fs. 774 in fine y vta.).
Puso de relieve que de conformidad con lo prescripto por los arts. 3 apartado 2, 26, 27 apartado 2, 28 apartado 1, 33 y 34 de la ley 24.557 el trabajador siempre debe estar cubierto, así es que habiéndose configurado en la especie una de las contingencias que da origen al otorgamiento de prestaciones en dinero y en especie (art. 6, LRT), ambas demandadas debían responder en los límites de la tarifa impuesta por dicho régimen especial, sin perjuicio de lo que en definitiva se resolviera en el trámite iniciado en sede civil, cuestión que -destacó- era inoponible a la actora (v. fs. 775 y vta.).
Para así decidir tuvo en cuenta, además, que el reclamado "daño emergente" había sido reducido en su cuantificación a la reparación contemplada en la ley 24.557, de modo que, probada la naturaleza laboral del accidente, el grado y carácter de la incapacidad y la fecha del infortunio (20 de junio de 2008), el sentenciante de grado condenó solidariamente a Stella Maris Haag y Mapfre Argentina ART S.A. (Galeno ART S.A.) a pagar a la señora Analía Noemí Urrutia la suma de $69.725,97, en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -texto según decreto 1.278/00- (v. fs. 776/777).
Por otra parte ordenó a la aseguradora otorgar en forma inmediata las prestaciones médicas, farmacéuticas, quirúrgicas y traslados necesarios para atender el cuadro de la promotora del pleito; como así también, de verificarse un compromiso psicológico, proveer el pertinente tratamiento (v. fs. 778).
Por último, como ya anticipé, rechazó los reclamos indemnizatorios por lucro cesante y daño moral, además de los daños punitivos (v. fs. 778 in fine ; 779).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada activa denuncia la transgresión de los arts. 14 bis, 16 y 18 de la Constitución nacional; 165 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
II.1. En primer término, señala que el tribunal de grado incurrió en absurdo y violación de la doctrina legal que identifica al apartarse grosera e infundadamente del objeto de la demanda, lo que condujo al rechazo de los reclamos por lucro cesante y daño moral sin resolver la cuestión planteada.
En ese sentido, destaca que en el escrito de inicio peticionó -con fundamento en los arts. 520, 521, 522 y concordantes del Código Civil (ley 340)- la reparación de los daños que sufrió como consecuencia de la ausencia total de atención médica, como así también por la falta de pago en tiempo y forma de las prestaciones dinerarias correspondientes. Afirma que jamás encuadró la acción en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del mencionado digesto; habiendo aclarado inclusive en el escrito inicial que "no podemos confundir el reclamo en concepto de lucro cesante atribuible a responsabilidad objetiva emanada del art. 1.113 del Código Civil; el presente rubro tiene su razón de ser en el actuar ilícito de la ART, conforme lo dispuesto por los arts. 521 y ccs. del cuerpo normativo referido".
De lo expuesto se colige -en su criterio- que la sentencia atacada es absurda, toda vez al sostener que "el accidente de Urrutia no se ha producido por responsabilidad objetiva o subjetiva ni de la empleadora ni de la aseguradora codemandada" el a quo prescindió del planteo efectuado por la parte actora en la demanda y, por lo tanto, de los alcances de la relación procesal trabada, pues -en rigor- aquella se fundó en el actuar ilícito de la aseguradora conforme lo dispuesto por los arts. 521 y 522 de Código velezano, con la finalidad de peticionar el resarcimiento de los perjuicios originados por los incumplimientos arriba mencionados.
Refiere que de la sola lectura de la demanda surge, sin ningún tipo de vaguedad, que el reclamo no versa sobre "el riesgo o vicio de la cosa" y que, además, el accidente in itinere no fue mencionado allí para fundar jurídicamente la acción, sino para identificar el hecho generador de la obligación de asistir a la trabajadora, siendo esa omisión la causa en la que se sustentó la pretensión.
Argumenta que si bien es función de la judicatura la formulación del encuadre jurídico adecuado, ello es así en tanto y en cuanto no se llegue a desnaturalizar la acción intentada, habida cuenta de que el principio iura novit curia no puede alterar la relación procesal ni autoriza al juzgador a modificar los supuestos iniciales de la demanda.
Aduce que existe una cuestión fundamental planteada y que fue soslayada por el juzgador, y es la obligación de la aseguradora de riesgos del trabajo de proveer y continuar el tratamiento médico hasta la rehabilitación de la trabajadora, aunque hubiera existido mora del empleador en el pago de las primas pertinentes.
Indica que la señora Urrutia no recibió prestación médica alguna por parte de dicha entidad, como así tampoco de su empleador, atento que a poco de ocurrido el evento dañoso se produjo la extinción de la relación laboral, quedando en total desamparo y abandono. Añade que esa situación impidió que pudiera recuperar la movilidad de su pierna derecha, lo que le provocó serias limitaciones ambulatorias y posturales, además de incapacidades degenerativas.
Por ende, explica, no reclamó -tal como erróneamente hubo de interpretarlo el tribunal de grado en el pronunciamiento- los daños derivados del accidente de trabajo in itinere , sino los perjuicios ocasionados por el incumplimiento deliberado de las obligaciones que tenía a su cargo la aseguradora de riesgos del trabajo al no otorgar la cobertura médica necesaria para evitar el agravamiento de la dolencia padecida.
Añade que en el específico supuesto de autos adquieren fundamental importancia las conclusiones volcadas por el perito médico en su informe, quien relató que "podría haberse reducido la incapacidad actual en un 15 a 18% (prótesis de rodilla incapacitada 15 - 20 %)" si la actora hubiera recibido tratamiento médico y rehabilitación adecuada.
De allí que, afirma, están dados todos los extremos necesarios para imponer responsabilidad a las accionadas por el agravamiento del daño que tuvo como causa fuente el incumplimiento de la cobertura médica ante el siniestro padecido.
II.2. En otro orden, objeta la definición del tribunal de trabajo que ordenó cubrir los gastos médicos a partir de la sentencia sin compensación alguna.
Sobre el particular, alega que si bien dicho órgano jurisdiccional decidió que la aseguradora brinde las prestaciones médicas, farmacéuticas e -incluso- quirúrgicas y traslados para la atención y remisión del cuadro que presenta la accionante, resulta absurdo denegarle el reembolso de las erogaciones que ésta debió afrontar durante todo el tiempo trascurrido desde el accidente hasta el dictado del fallo.
Manifiesta que el tribunal de trabajo se apartó de las conclusiones volcadas en la pericia médica, a las que interpretó contradictoriamente, ya que el experto calculó tales montos y el juzgador los desechó por considerar que dicho facultativo se había excedido en su competencia y no se había apoyado en prueba informativa de rigor para acreditar tales importes.
Señala que otro tanto cabe decir de la pericia psicológica, de la que también el judicante se apartó sin fundamento alguno, y en cuanto allí se había dictaminado sobre la necesidad de un tratamiento, así como de su costo y duración, englobándose la pretensión indemnizatoria en los denominados gastos médicos a cuyo reembolso no hubo de hacerse lugar.
II.3. Refiere que resulta equívoco el rechazo dispuesto en relación al reclamo por el daño moral y que el sentenciante fundó -una vez más- en la exégesis incorrecta del libelo inicial, descartando la responsabilidad de la empleadora y la aseguradora de riesgos del trabajo en el marco de un accidente in itinere , obviando así las consecuencias propias de la falta de otorgamiento de las prestaciones médicas.
Agrega que tampoco se tuvo en cuenta a la pericia psicológica para tener por comprobado el desarrollo del padecimiento sufrido por la trabajadora y, por su conducto, el resarcimiento por el daño moral invocado.
Expone que el rechazo de esta última pretensión es desacertado, ya que el sufrimiento experimentado en su fuero íntimo se vio potenciado por la falta de cobertura médica, como así también por la ausencia de un adecuado tratamiento, teniendo que afrontar personalmente los costos económicos y soportar los padecimientos espirituales que la incapacidad le generó.
II.4. Objeta además el importe indemnizatorio reconocido en la sentencia de origen. En este aspecto plantea la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -vigente al momento de ocurrencia del infortunio- por afectar el derecho de propiedad y las garantías previstas por los arts. 14 bis, 17 y 28 de la Constitución nacional; 2.1 y 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 31 de la Carta Americana de Derechos Sociales.
Explica que el ingreso base mensual al que dicho precepto normativo hace alusión, y mediante el cual se calcularon las prestaciones dinerarias del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, no prevé índice alguno de actualización de los salarios que integran la fórmula actuarial allí contemplada, lo que provoca un inusitado despojo del resarcimiento y una manifiesta inequidad e injusticia.
Refiere que la circunstancia de acudir a la remuneración percibida por la trabajadora al tiempo de producirse el infortunio, importa un enriquecimiento sin causa de la aseguradora de riesgos del trabajo, quien paga las prestaciones dinerarias con una moneda depreciada.
En tales condiciones, solicita que para cuantificar el valor mensual del ingreso base se computen los salarios vigentes al momento de practicarse la liquidación ordenada en la sentencia; o bien aplicar la pauta de actualización que contempla la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01.
II.5. Finalmente controvierte el rechazo de la pretensión vinculada a los daños punitivos. Argumenta que de conformidad con lo establecido por el art. 32 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo, el accionar malicioso de la aseguradora que incumplió con el otorgamiento de las prestaciones médicas se equipara al delito de abandono de persona previsto por el art. 106 del Código Penal.
Alega que no pudo válidamente el a quo desestimar el reclamo esgrimiendo que la sanción contemplada en la norma del art. 52 bis de la ley 24.240 (incorporado por el art. 25 de la ley 26.361) no resultaba aplicable al caso de autos porque no mediaba una relación de consumo entre la actora y las codemandadas. Esa conclusión parte de una premisa que fue cuestionada en la demanda, donde se dijo que luego de la modificación introducida a la Ley de Defensa del Consumidor, el concepto de usuario ha sido ampliado en su dimensión y comprende a quien sin ser parte de la relación de consumo como consecuencia o en ocasión de aquella, adquiere o utiliza bienes o servicios.
Por tal razón, concluye, al resultar la señora Urrutia beneficiaria de los servicios de la aseguradora de riesgos del trabajo contratada por su empleadora, la sentencia deviene infundada e inválida, por lo que peticiona su modificación.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Asiste razón a la impugnante en cuanto denuncia que, al desestimar la demanda en virtud de que el accidente in itinere sufrido por la actora no se produjo por responsabilidad objetiva o subjetiva de la empleadora ni de la aseguradora codemandada, siendo únicamente resarcibles las consecuencias de dicho infortunio en el marco de las normas de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 774 vta. in fine y 775), el tribunal incurrió en absurdo, desnaturalizando la acción deducida y alterando la estructura de la relación procesal.
III.1.a. En el escrito de inicio, la señora Analía Noemí Urrutia demandó la reparación integral de los daños y perjuicios que alegó padecer como consecuencia de la falta de cobertura médica a raíz del infortunio que padeció mientras laboraba bajo dependencia de la señora Stella Maris Haag (v. fs. 8/11 y ampliación de fs. 76/111).
Así, señaló que el día 20 de junio de 2008 sufrió un accidente de trabajo in itinere , como consecuencia del cual fue trasladada al Hospital Español de la ciudad de Bahía Blanca donde le diagnosticaron fractura de tibia y platillos tibiales. Indicó que fue allí donde comenzó el periplo que debió atravesar, no sólo por la gravedad de la lesión que le impidió mantener su puesto de trabajo e, incluso, reinsertarse en el mercado laboral, sino también por la negativa del principal y de la aseguradora de riesgos del trabajo de otorgarle cobertura médica en razón del siniestro (v. fs. 9 in fine y vta.).
Explicó que, denunciado que fuera el accidente a su empleadora, ésta procedió a informar lo ocurrido a Mapfre Argentina ART S.A., quien alegó falsamente que el contrato de afiliación celebrado con la señora Stella Maris Haag se encontraba, a la fecha del evento dañoso, rescindido por falta de pago, negando en consecuencia la cobertura del hecho (v. fs. 9 vta.).
En lo que concierne a la responsabilidad de los accionados, expresó que esta última ocupaba una posición idéntica a la de un empleador autoasegurado y que Mapfre Argentina ART S.A. había incurrido en un obrar doloso (v. fs. 10).
Siguió diciendo que dicha conducta delictual implicaba un deber indemnizatorio mayor alcanzando no sólo a las consecuencia mediatas e inmediatas, sino también más allá de éstas, en consonancia con lo dispuesto por los arts. 520, 521 y 522 del Código Civil, extendiéndose el deber resarcitorio al agravio moral causado (v. últ. fs. cit.).
Más adelante, precisó que había quedado configurada la responsabilidad civil de la empleadora en razón del deber que le incumbía de brindar a sus dependientes la cobertura que aquí se reclama, estableciendo la ley 24.557 la obligatoriedad de afiliarse a una aseguradora de riesgos del trabajo -salvo que optare por el régimen de autoseguro- así como de responder en forma directa frente al beneficiario en caso de incumplimiento. Puntualizó que si se rescindió el contrato de afiliación ello no puede devenir en un perjuicio para el trabajador, quien es ajeno a dicha circunstancia (v. fs. 81 y vta.).
En relación a Mapfre Argentina ART S.A. relató que además de resultar insostenible la rescisión del contrato de afiliación alegada (ello por cuanto inobservó el procedimiento previsto por el dec. 334/96), su conducta reticente había configurado un incumplimiento doloso o malicioso, ya que, deliberadamente, prefirió no cumplir con sus obligaciones "a sabiendas" de la situación por la que atravesaba la trabajadora. Precisó que ese obrar ilícito encuadra en las disposiciones de los arts. 520 y 521 del Código Civil -ley 340- (v. fs. 81 vta./84 y 97/98 vta.).
Remarcó que "no podemos confundir el reclamo en concepto de lucro cesante atribuible a responsabilidad objetiva emanada del art. 1.113 del Código Civil. El presente rubro tiene su razón de ser en el actuar ilícito de la ART, conforme lo dispuesto por los arts. 521 y ccs. del cuerpo normativo referido" (fs. 99).
III.1.b. Mapfre Argentina ART S.A. contestó la demanda a fs. 132 vta./170; haciendo lo propio la empleadora Stella Maris Haag a fs. 306/327.
La primera deslindó su responsabilidad argumentando -en lo que aquí tiene relevancia- que como parte integrante de un subsistema de la Seguridad Social tiene funciones muy específicas asignadas por la ley 24.557, que la limitan estrictamente en su objeto, pudiendo en consecuencia ser responsable por las prestaciones en especie y dinerarias allí previstas. A ello agregó, que la total orfandad respecto de los presupuestos jurídicos que tornan viable el reclamo de una "reparación integral" en base a los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil conlleva a desechar la factibilidad de tal encuadre normativo (v. fs. 133).
En otro orden, señaló que tampoco se verifican en autos los presupuestos de responsabilidad que permitan una condena en su contra en los términos del art. 1.074 del Código de Vélez Sarsfield; ni de aquellos a los que hace alusión la norma del art. 520 del mismo ordenamiento, en tanto, a más de no haberse identificado concretamente el nexo causal entre el incumplimiento endilgado y el daño padecido, en el caso no ha existido una inejecución maliciosa de ninguna obligación por parte de Mapfre Argentina ART S.A. (v. fs. 135 y vta.).
Añadió que nunca puede considerarse que las afecciones reclamadas por la actora sean consecuencia "inmediata y necesaria" de la supuesta inobservancia a los deberes de prevención y control, por lo que solicitó el rechazo total de la demanda en su contra (v. fs. 135 vta. in fine y 136).
III.1.c. A su turno, la empleadora manifestó que cumplió en tiempo y forma con la normativa contemplada por la ley 24.557, celebrando con Mapfre Argentina ART S.A. un contrato de afiliación; habiendo esta última decidido injustificada y unilateralmente no otorgar la cobertura médica a la trabajadora accidentada (v. fs. 309 vta.).
Señaló que de haber incumplido su parte con el pago de cuotas mensuales, tal entidad debió seguir el procedimiento establecido por el decreto 334/96 para rescindir el contrato de ad
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