Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119965
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.965, "Barrionuevo, Juan Carlos contra Cooperativa Agrícola Limitada de Micaela Cascallares y otros. Indemnización por accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Kogan, Genoud , Torres , Violini .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, acogió la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especifica (v. fs. 906/931).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 963/993 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Juan Carlos Barrionuevo contra Cooperativa Agrícola Limitada de Micaela Cascallares, Cargill S.A. y La Segunda ART S.A., en cuanto había reclamado -con sustento en las normas del derecho común- la reparación de los daños y perjuicios derivados de las dolencias que contrajo como consecuencia de las tareas prestadas a las órdenes de su empleadora.
Consideró probado que el actor padece hipoacusia por trauma acústico y daño psíquico, que le generan una incapacidad laboral parcial y permanente del 36,83% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 907 vta. y 908).
Juzgó que el daño sufrido por el trabajador fue causado por las condiciones sonoras existentes en la planta de silos de la Cooperativa Agrícola Limitada de Micaela Cascallares donde prestó servicios, aquellas -dijo- configuraron el "riesgo de la cosa" al que alude el art. 1.113 del Código Civil (v. vered., fs. 908/909).
Al determinar el importe de la indemnización pertinente, cuantificó el lucro cesante sobre la base de los lineamientos vertidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Aróstegui", así como los plasmados por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el precedente "Méndez", estableciéndolo en una suma tal que, colocada a un interés del 6% anual, produjera una renta anual similar al importe de la privación de ingresos que el hecho ilícito le provocó a la víctima, y que se agote a la finalización del lapso de vida económicamente útil de esta. Tomando en cuenta el salario base mensual determinado en la duodécima cuestión del veredicto ($1.513,18), el porcentaje de incapacidad (36,83%) y el lapso que le restaba al señor Barrionuevo para cumplir setenta y cinco años (ciento cuarenta y dos períodos mensuales), determinó el quantum del lucro cesante en la suma de $56.717,52 (v. sent., fs. 923).
Comparando ese monto con el de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 ($30.474,81), declaró la inconstitucionalidad de su art. 39 apartado 1, pues explicó que aquel único componente del resarcimiento fundado en el derecho común ya superaba claramente al que le hubiese correspondido al trabajador conforme la ley especial (v. sent., fs. 923 y vta.).
Seguidamente, precisó que la cooperativa demandada resultaba responsable por ser dueña y guardiana del establecimiento en el que trabajó el actor; sostuvo que también lo era la aseguradora de riesgos del trabajo por no haber cumplido con los deberes de prevención y seguridad que establecen los arts. 4 y 31 apartado 1 de la ley 24.557; y en cuanto a la demandada Cargill S.A. por haberse servido de la cosa riesgosa (lugar en el que se almacenaba cereal; v. sent., fs. 923 vta.).
Luego, retomando la labor tendiente a cuantificar el resarcimiento, estableció el monto referido a la reparación por daño moral en la suma de $10.000; además, adicionó la cantidad de $2.640 en concepto de asistencia psicológica por espacio de veinticuatro sesiones (v. sent., fs. 923 vta. y 924).
En cambio, el tribunal de grado desestimó los reclamos relativos al daño emergente y tratamiento médico futuro, ello en la inteligencia de que el primero no había sido probado, mientras que respecto del segundo no se había determinado su valor económico, con lo cual correspondía -indicó- la provisión directa de audífonos al demandante (v. fs. 924).
Del total obtenido en concepto de reparación integral, dedujo la suma de $8.794 abonada oportunamente por la aseguradora de riesgos del trabajo al actor en sede administrativa (v. sent., fs. 924 in fine y vta.).
En lo relativo al pedido de actualización de los importes de condena, el sentenciante dispuso su rechazo acatando lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 85.591, "Fernández" (sent. de 18-VII-2007), en la cual se declaró la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, texto según el art. 4 de la ley 25.561. En consecuencia, desestimó el planteo de inconstitucionalidad que contra dichas normas introdujo el accionante (v. sent., fs. 926).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora denuncia absurdo y violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte, así como de los arts. 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; 3, 1.068, 1.069, 1.078 y 1.086 del Código Civil -ley 340-; 14 bis de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. fs. 963/993 vta.).
Plantea diversos agravios.
II.1. Critica el modo en el cual el tribunal cuantificó la indemnización fundada en el derecho común.
Señala que al fijar el resarcimiento tocante al lucro cesante, tomó en cuenta el "salario base mensual" resultante del promedio de las remuneraciones brutas del año anterior a la fecha de toma de conocimiento de la dolencia por parte del trabajador más la incidencia del sueldo anual complementario, omitiendo ponderar los restantes beneficios devengados en los meses indicados, como los rubros no remunerativos, asignaciones, horas extra, aportes previsionales y sumas habituales provenientes de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo nacional "y/o" acuerdos por negociaciones paritarias.
Puntualiza que así no tuvo en cuenta que, según lo resolviera la Corte federal en el caso "Aquino" (sent. de 21-IX-2004), indemnizar implica eximir de todo daño, debiendo ser compensadas todas las ganancias que el trabajador se vio impedido de percibir con motivo de la enfermedad laboral, mandato -agrega- contemplado en el art. 1.086 del Código Civil (ley 340).
Precisa que en el pronunciamiento de grado también se desconoció -entre otros precedentes- las directrices sentadas por la Corte federal en la causa "Arostegui" (sent. de 8-IV-2008), oportunidad en la que se enfatizó que la reparación reclamada según el derecho civil debe tener carácter integral, abarcando todos los ámbitos de la vida material (y no solo el laboral), los cuales no pueden ser contemplados por ningún cálculo matemático, por más brillante que sea.
Expresa que el cálculo efectuado por el tribunal ni siquiera se condice con los parámetros de las fórmulas "Vuotto-Méndez" que parece haber aplicado, pues los ciento cuarenta y dos períodos a los que se hace alusión en el pronunciamiento no se corresponden con ninguno de sus componentes.
Añade que la denominada fórmula "Vuotto" ha sido modificada desde hace ya largo tiempo por distintos precedentes que siguieron los parámetros establecidos por la Corte Suprema en el fallo "Arostegui". Concretamente, cuestiona que se haya empleado una tasa de interés del 6%.
Finalmente, sostiene que el sentenciante debió considerar los progresivos aumentos salariales otorgados al trabajador desde el año anterior al mes de febrero del año 2008 (fecha de conocimiento de la enfermedad) hasta el momento en que fue dictada la sentencia; es decir, incorporar a la fórmula matemática utilizada, el porcentaje remuneratorio por chance.
II.2. Objeta además el cotejo efectuado por el judicante a los fines de realizar el control de constitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557.
Puntualiza que si bien hubo de cuantificarse la prestación dineraria prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo según las concretas disposiciones de su art. 14 apartado 2 inc. "a", arribándose a un capital que aparenta ser inferior al que se obtiene de conformidad con las pautas del derecho común, omitió aplicar a la indemnización resultante del sistema especial de reparación de infortunios laborales -ley 24.557- el mecanismo de ajuste (índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE-) contemplado en la ley 26.773.
Luego -concluye- teniendo en cuenta la forma en que debe ser nuevamente cuantificada la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial y definitiva, es indudable que debe declararse la validez constitucional del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557 y otorgar al actor el resarcimiento que dicho régimen normativo contempla con las modificaciones introducidas por la citada ley 26.773.
II.3. Censura asimismo el importe del resarcimiento por daño moral.
Expone que los padecimientos y dolores que tuvo que soportar el demandante por un tiempo prolongado, a raíz de una dolencia que lo incapacitó irremediablemente en un 36,83%, no se ven reparados por el exiguo monto establecido en la sentencia.
Alega que la prescindencia de análisis de las circunstancias del caso evidencia que el tribunal de mérito determinó incorrectamente la indemnización por daño moral, lo que demuestra el absurdo y la violación del art. 1.078 del Código Civil (ley 340).
II.4. Por último, controvierte el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de las normas que establecen la prohibición de indexar y la consecuente desestimación del pedido de actualización de los importes de condena.
En esencia, considera que al mantenerse vigentes aquellas normas, no obstante haberse abandonado la paridad cambiaria, se desprotege a los trabajadores frente al envilecimiento del signo monetario, por lo que resultan inconstitucionales. Concretamente, expresa que el actor se vio privado durante ocho años de aprovechar la actualización salarial que se produjo en ese lapso.
Agrega que la solución adoptada en la instancia de origen mal pudo sustentarse en la necesidad de acatar la doctrina legal, que no puede ser aplicada a esta causa sin incurrir en una iniquidad. Afirma que el tribunal analizó la cuestión constitucional en abstracto, esto es, sin reparar en las especiales circunstancias del caso.
Sobre esa base, insiste en que se declare la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 y se ordene mantener la capacidad alimentaria de su crédito.
III. El recurso prospera, con el siguiente alcance.
III.1. El recurrente dirige su embate al modo en que el tribunal a quo determinó la indemnización que otorgara fundada en el derecho común, toda vez que, según afirma, los rubros resarcitorios admitidos fueron mensurados en forma insuficiente, lo cual desconoce los principios jurídicos reparatorios y resarcitorios que rige la materia. Ello evidencia a su entender una violación del art. 14 bis de la Constitución nacional (v. fs. 965 vta.)
III.1.a. Concretamente, le agravia que el fallo recurrido haya tomado como base para establecer el monto por la incapacidad peticionada a "...las remuneraciones brutas del trabajador contempladas en el año anterior a la toma de conocimiento de la dolencia por parte del mismo" (fs. 966 vta.), apartándose -según dice- de lo normado en los arts. 1.068 y 1.069 del Código Civil, y del "principio de reparación integral" que informa dicho cuerpo normativo (v. fs. 969 vta.) vigente al momento del evento dañoso, mediando asimismo absurdo en la apreciación de la prueba e infracción del art. 375 del ritual (v. fs. 966 y vta.).
Para apuntalar su argumentación, luego de señalar la falta de consideración de lo que denomina "...incidencia de la chance por aumentos salariales experimentados desde febrero del año 2008 hasta el momento de la sentencia en diciembre del año 2015" (fs. 971), capítulo entre los que menciona "...los progresivos aumentos salariales desde el año anterior a febrero de 2008 (fecha de toma de conocimiento de la enfermedad) hasta el dictado de la sentencia (diciembre de 2015)" (fs. 972), cuestión esta que -insiste- "...no es un tema menor, habida cuenta que dicho aumento registró no menos del 750% del salario original (contando desde el año anterior a la toma de conocimiento de la enfermedad, en febrero de 2008 hasta el año de la sentencia en el 2015)", precisó la regla que juzgó aplicable al sub lite , y que en el caso habría sido desoída: "La valuación del daño se determina al momento de la sentencia (deuda de valor) y el juez debe fundamentar la cuantificación efectuada" (fs. 971).
III.1.b. En íntima relación con el planteo anterior, la pieza en tratamiento también impugna la decisión en crisis por no haber dispuesto esta la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561 y de las normas que contiene la ley 23.928; y ello "...a los fines de la actualización de los montos indemnizatorios condenados y/o de la base a tener en cuenta para ello" (fs. 981), cuestión que hubo de introducir oportunamente al litigio (v. fs. 83 vta. y sig.), adundando a dicha tacha, que dejaba librado al elevado criterio del juzgador la metodología de actualización resultante, la que deberá respetar las pautas de ponderación económica de la realidad de sus valores.
Se puntualiza en tal sentido el perjuicio que le produce tal modo de resolver al señalar que "...en el período que va desde el año 2008 hasta el año 2015, la evaluación del salario del actor Barrionuevo (en la misma categoría de Maestranza A del CCT. 130/75, sin tener en cuenta la antigüedad y otros rubros de convenio colectivo) experimentó una suba del 760%, aproximadamente" (fs. 984 vta.).
III.2. Como adelanté, juzgo que esta parcela de la crítica merece favorable acogida.
III.2.a. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha recordado en un reciente pronunciamiento referido a una reparación de daños padecidos por una persona humana (arts. 19 y sigs., Cód. Civ. y Com. de la Nación y 1 apdo. 2, CADH) que "...tanto el derecho a una reparación integral como el derecho a la integridad de la persona en su aspecto físico, psíquico y moral y el derecho a la vida que enlaza a los dos primeros, se encuentran reconocidos por el plexo convencional incorporado al art. 75, inc. 22, de la Constitución nacional (conf. arts. I, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3, Declaración Universal de Derechos Humanos; 4, 5 y 21 del Pacto de San José de Costa Rica y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Fallos: 335:2333)" (CSJN causa O.85.L. "Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART S.A. y otros s/accidente - inc. y cas.", sent. de 10-VIII-2017, cons. 4°).
También precisó en esa oportunidad que "...el principio de la reparación integral es un principio basal del sistema de reparación civil que encuentra su fundamento en la Constitución Nacional", y que "...dicha reparación no se logra si el resarcimiento -producto de utilización de facultades discrecionales de los jueces- resulta en valores insignificantes en relación con la entidad del daño resarcible (Fallos: 314:729, cons. 40; 316:1949, cons. 4 y 335:2333; entre otros)" (íd.).
En esa ocasión, el voto concurrente del doctor Lorenzetti añadió que "...la reparación debe ser plena en el sentido de que, con los recaudos que exige el ordenamiento, alcance el estándar de una tutela efectiva de la víctima frente al daño injustamente sufrido y, particularmente, en lo que atañe al quantum de la reparación, represente una extensión congruente con la entidad del perjuicio acreditado (doctrina de Fallos: 314:729, cons. 40; 316:1949, cons. 4; 335:2333, cons. 20, entre otros)". El aludido voto precisó que "...este principio de la reparación plena -ahora recogido expresamente en el art. 1740 del Cód. Civ. y Com. de la Nación- también tenía suficiente y consolidado reconocimiento al amparo del código derogado, aplicable a la especie por razones de derecho transitorio" (cons. 6°).
Advirtió por último acerca de los "criterios interpretativos" que rigen la materia, "...recogidos por el legislador en los arts. 1.740 y 1.746 del Cód. Civil y Com. de la Nación, [los cuales] aun cuando no se apliquen al caso de autos, condensan los parámetros ya aceptados por la doctrina y la jurisprudencia en la materia" (cons. 7°).
III.2.b. A la luz de tales precisiones no es ocioso recordar que recogiendo una distinción con sólida raigambre en nuestro medio, cual es la clasificación en "deudas de dinero" y "deudas de valor" (CSJN causas "Agua y Energía Eléctrica S.E.", Fallos: 326:2329; "Adela de la Cruz de Sessa", Fallos: 316:2604 y "Dhicann", Fallos: 310:183; SCBA causas Ac. 58.663, sent. de 13-II-1996; Ac. 60.168, sent. de 28-X-1997 y C. 59.337, sent. de 17-II-1998; e.o.), el Código Civil y Comercial de la Nación establece de manera expresa en el art. 772 las reglas aplicables a la justipreciación de estas últimas, en estos términos: "Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección".
En lo que a la presente controversia resulta de interés, al remitir al "...valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda", la citada norma particulariza -ahora de manera explícita para la determinación de créditos como el debatido en la especie-, el criterio del "realismo económico", con amplia recepción en la legislación vigente y en la doctrina jurisprudencial imperante (v.gr. arts. 1, ley 24.283; 8, dec. 214/02 y 11, ley 25.561 -texto según ley 25.820-; CSJN causas "Melgarejo", Fallos: 316:1972; "Segovia", Fallos: 317:836; "Román Benítez", Fallos: 317:989 y "Escobar", Fallos: 319:2420).
III.2.c. El fallo bajo examen se ha apartado injustificadamente de los aludidos principios que informan la reparación de los daños sufridos por las personas humanas, como eficazmente ha sido puesto de manifiesto por el recurrente. Es que arriba al otorgamiento de un monto indemnizatorio ostensiblemente insuficiente, que no respeta el principio de "reparación plena", con evidente lesión a los derechos constitucionales que amparan al trabajador demandante (arts. 14 bis, 17 y concs., Const. nac.). Esto es dirimente para orientar la definición del caso, toda vez que se ha determinado el ingreso base mensual para el cálculo del rubro en cuestión (mediante pronunciamiento dictado el día 11 de diciembre de 2015), a partir del monto que percibía el actor al momento de manifestarse la dolencia (considerando el salario que percibió en el periodo marzo de 2007 a febrero de 2008; cuestión duodécima del veredicto; v. fs. 913 vta. y 914 vta.), sin atender a la verdadera naturaleza del crédito en cuestión -consistente en la contrafase de una deuda de valor- y a las reglas que gobiernan su cuantificación conforme al derecho común, por lo que corresponde revocar esta parcela del pronunciamiento (art. 289 inc. 1, CPCC), y reenviar las presentes al tribunal de origen para, debidamente integrado, dicte un nuevo fallo de acuerdo a los parámetros establecidos en la presente (art. 289 inc. 2, CPCC).
III.3. Atento el modo en que se resuelve la presente controversia, deviene inoficioso pronunciarse respecto del agravio vinculado a la constitucionalidad de las normas plasmadas en las leyes 23.928 y 25.561.
III.4. Abordaré ahora las restantes críticas que porta la pieza en tratamiento.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.