Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122773
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, en virtud de la sentencia dictada por esta Suprema Corte con fecha 7 de setiembre de 2020, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Analía Noemí Urrutia, y, en consecuencia, condenó solidariamente a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y a Stella Maris Haag al pago de la suma que especificó en concepto de reparación integral con sustento en el derecho común (v. pronunciamiento de fecha 30-XI-2020).
Para así decidir, en lo que resulta esencial por ser materia de agravio, juzgó que, como consecuencia de la tardía atención médica asistencial de la actora, después de ocurrido el accidente in itinere , habiendo perdido aquella la posibilidad de un tratamiento quirúrgico inmediato tendiente a asegurarle con certeza -conforme dictamen médico- una debida rehabilitación y consecuente disminución de secuelas permanentes, vio agravada su incapacidad permanente, parcial y definitiva en el 18% del índice de la total obrera.
Para el juzgador de origen, las circunstancias fácticas y probatorias de la causa dieron cuenta -de modo suficientemente claro- que las omisiones y negativas cometidas por las coaccionadas fueron causas generadoras del mayor perjuicio padecido por la trabajadora.
Seguidamente, juzgó el tribunal que el quantum indemnizatorio debía fijarse a valores actuales, conforme el principio de la realidad económica, y, a partir de ello, tuvo en cuenta la edad de Urrutia, su remuneración y la minusvalía.
Al respecto, tomó como base de cálculo el salario mínimo, vital y móvil establecido por resolución 4/20 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 21-XII-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 22-XII-2020).
En sustancia, con denuncia de absurdo y vulneración de la doctrina legal que cita, estructura su presentación sobre la base de tres agravios.
En primer lugar, sostiene que el sentenciante de origen incurrió en contradicción con sus propias conclusiones al determinar en un 18% del índice de la total obrera la incapacidad de la actora, apartándose de las conclusiones del perito médico. Asimismo, señala que omitió indemnizar el daño psicológico expresamente reconocido.
Alega que, en un razonamiento sesgado y hasta estigmatizante que patentiza el absurdo incurrido, únicamente concedió como incapacidad aquella considerada en la experticia como agravamiento, desentendiéndose de lo afirmado por el galeno, quien -en su dictamen- estableció que la minusvalía de la trabajadora para las tareas habituales era total.
Luego, sostiene que el sentenciante también resolvió de modo absurdo y en violación de la doctrina legal cuando, al determinar la base de cálculo de la reparación, no tuvo en consideración "las remuneraciones a valores actuales y vigentes", apartándose de sus propias conclusiones y afirmaciones, así como de la jurisprudencia citada en el fallo, en tanto debió utilizar el salario correspondiente al convenio colectivo de trabajo aplicable a la relación laboral.
Finalmente, objeta al juzgador que haya descontado del monto indemnizatorio reconocido, la suma percibida con anterioridad por la actora.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde señalar que la interesada no ha probado que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria supere el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
En efecto, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, la impugnante no sólo omitió establecer cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ante esta sede, sino que tampoco cuantificó su importe.
Lo expuesto evidencia que la compareciente no demostró el cumplimiento del requisito esencial normado en el mencionado art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, falencia que no puede ser salvada por esta Corte. Al respecto, expresamente ha declarado que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la carga de acreditar que el valor de lo cuestionado excede la cuantía mínima fijada por la ley como recaudo de su admisibilidad (causas L. 122.894, "Casa", resol. de 14-VIII-2019; L.125.335, "Rocha", resol. de 12-II-2021 y L. 126.692, "Aballay", resol. de 26-V-2021).
Siendo ello así, el tratamiento del remedio procesal en examen, solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
III.2. En razón de lo expuesto, la facultad revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto por el órgano judicial de grado contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014 y L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021).
III.3. Bajo la señalada premisa, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de doctrina legal se traen a consideración agravios vinculados a cuestiones fácticas o probatorias, como la valoración de las pericias médica y psicológica, la definición del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador, así como el quantum indemnizatorio otorgado (causas L. 118.466, "Bergier", resol. de 11-III-2015; L. 118.352, "Prieto", resol. de 1-IV-2015; L. 120.895, "Miño", resol. de 6-XII-2017; L. 123.157, "Altamirano", resol. de 4-XII-2019 y L. 127.631, "Vescio", resol. de 28-XII-2021), asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado.
Igual suerte adversa han de correr las pretensiones del recurrente fundadas en la doctrina legal referida al vicio de absurdo, en tanto no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 124.023, "Albide", resol. de 30-VI-2020; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020 y L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021).
Asimismo, cabe recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 127.195, "Mattianda", resol. de 1-XI-2021 y L. 127.878, "Ibañez", resol. de 14-III-2022).
III.4. Finalmente, en cuanto al último reproche traído, cabe señalar que el interesado omite citar vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 128.280, "Vizcarra", resol. de 19-V-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2022 14:05:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2022 15:48:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2022 20:17:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:16:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:31:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/07/2022 10:51:46 hs. bajo el número RR-959-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia