Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132523
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.523, "Pereyra, Ricardo Esteban contra Haedo, Emiliano Osvaldo y otros. Indemnización por accidente de trabajo y otros", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 19-IV-2024).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-V-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Ricardo Esteban Pereyra y condenó solidariamente a los accionados Emiliano Osvaldo Haedo y Luciano José Haedo a abonarle las sumas de dinero que especificó en concepto de diferentes rubros salariales e indemnizatorios derivados del despido y aquellos referidos a la aplicación de los arts. 9 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323; 2 del decreto 34/16 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, condenó solidariamente a los mencionados codemandados al pago de una reparación integral por los daños y perjuicios en razón de la incapacidad laboral determinada. A la par, desestimó íntegramente la demanda incoada contra Haedo y Haedo S.H., Leonardo Hugo Aizpurúa y Aizpurúa Hnos. S.A. (v. vered. y sent. de 19-IV-2024).
En lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravio, el órgano de grado rechazó la solidaridad reclamada en relación con la coaccionada Aizpurúa Hnos. S.A. respecto de los rubros salariales e indemnizatorios vinculados con el despido. Para así decidir, consideró acreditado que la relación laboral que el actor mantuvo con los codemandados Haedo tuvo su inicio en el mes de marzo de 2020 y que aquella sociedad se vinculó contractualmente con aquellos en el mes de junio del mismo año, en procura de tareas de recolección de cereal en el campo que ésta explota. En dicho contexto, estimó que no se demostró un incumplimiento por parte de la patronal que pudiera comprometer a la referida sociedad en los términos del art. 12 de la ley 26.727, ya que solo se constató una deficiencia en la fecha del alta del trabajador ante los organismos pertinentes en una época anterior en la cual el actor no prestaba servicios para la sociedad (v. sent., pág. 12).
Por otro lado, también rechazó la responsabilidad solidaria atribuida a Aizpurúa Hnos. S.A. ya en el marco de la reparación de daños y perjuicios sufridos por el trabajador como consecuencia del accidente de trabajo. Destacó aquí, la ausencia de fundamentación jurídica que sustente tal pretensión, pues —dijo— la actora hubo de limitarse genéricamente a invocar el mencionado art. 12 de la ley 26.727, que importa previsiones normativas para supuestos notoriamente diferentes al ámbito de la responsabilidad por daños y por consiguiente inaplicables al caso. Añadió, que el modo en que fue propuesta la demanda —en este costado de la controversia— importa una deficiencia insuperable e insalvable por la judicatura, ello, sin perjuicio del conocido principio iura novit curia, que no habilita al juzgador a subsanar las omisiones sustanciales de las partes (v. sent., págs. 27/28).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad, la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (presentación electrónica de fecha 7-V-2024).
Desde distintas vertientes, sus agravios se centran en el rechazo de la demanda impetrada contra la coaccionada Aizpurúa Hnos. S.A. dispuesto en el pronunciamiento.
II.1. Reprochando la valoración de la prueba efectuada por el órgano de grado en aquello referido a la solidaridad pretendida por los rubros emanados de la relación laboral que mantuvo el accionante con los codemandados condenados, sostiene que resultó comprobado que el actor no contaba con una aseguradora de riesgos del trabajo, que no recibió capacitación y que, aun así, en julio del año 2020 Aizpurúa Hnos. S.A. permitió su ingreso al establecimiento para efectuar la tarea de cosecha de maíz. De este modo, concluye que en el marco de la contratación entre dicha sociedad y los coaccionados Haedo, quedó comprobado el incumplimiento de la obligación legal de control que —como beneficiaria de la labor efectuada— recaía sobre aquella sociedad conforme lo dispuesto en el art. 12 de la ley 26.727.
II.2. Desde otroángulo, cuestiona el argumento dado por el a quo para desestimar la responsabilidad civil endilgada a la referida sociedad coaccionada en lo tocante a la indemnización reclamada en razón del accidente sufrido por el trabajador.
Refiere que el sentenciante interpretó erróneamente lo peticionado en la demanda, donde se entrelazaron dos tipos de responsabilidades de la empresa cuya solidaridad se pretende, aquella derivada del incumplimiento con la obligación de control contemplada en el art. 12 de la ley 26.727, y la responsabilidad civil atribuida por aplicación de los arts. 1.757 y 1.758 del Código Civil y Comercial. Postula que resultó acreditado que la sociedad mencionada contrató a los codemandados Haedo para efectuar la cosecha de maíz en su establecimiento rural, labor de carácter riesgosa según resultó probado. Resalta que, como beneficiaria de la actividad efectuada por el trabajador, Aizpurúa Hnos. S.A. resulta responsable de los daños sufridos.
A su vez, aduce que en el caso el a quo violó la doctrina legal al no aplicar el principio pro operario consagrado en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo y no deslindar la responsabilidad de quien manejaba el negocio.
Sin perjuicio de asegurar que no existen las insalvables deficiencias en el escrito de la demanda que consideró el tribunal, agrega que a tenor del principio iura novit curia, debió "dar una recta aplicación del derecho" como es obligación de la judicatura. Acompañado de jurisprudencia, esgrime que ello no infringe los principios de congruencia y defensa en juicio.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que frente a la acumulación objetiva de pretensiones que se verifica en el caso, el valor del litigio a los fines recursivos debe ser ponderado en función de la naturaleza jurídica de cada una de las pretensiones deducidas en la demanda (causas L. 119.419, "Dolci", sent. de 18-X-2017; L. 119.850, "Benítez", sent. de 3-V-2018 y L. 128.807, "D'Andrea", sent. de 20-XI-2024).
III.1.a. Conforme lo anterior, efectuando un análisis diferenciado, debe señalarse que en lo que respecta a la responsabilidad solidaria que se pretende de la codemandada Aizpurúa Hnos. S.A. respecto de los rubros salariales e indemnizatorios derivados de la relación de trabajo que conforman el capital de condena —a diferencia de lo vinculado con el reclamo derivado del accidente de trabajo—, la summa gravaminis no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
Entonces, la función revisora de este Superior Tribunal ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal (causas L. 127.299, "Compasso", sent. de 3-V-2023; L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023; L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
III.1.b. Bajo tales premisas, la crítica que sobre este concreto aspecto del pronunciamiento de grado trae el quejoso luce inadmisible, en tanto se vincula con típicas cuestiones de hecho y prueba, que —como tales— se hallan excluidas del acotado marco de revisión por el que transita en este concreto costado del caso el recurso (causas L. 119.619, "Pastene", sent. de 15-VIII-2018; L. 120.016, "Mozzi", sent. de 14-VIII-2019; L. 130.504, "Basterrechea", sent. de 20-XII-2024; e.o.).
III.2. En otro orden, a mérito de su insuficiencia, no es de recibo el embate orientado a cuestionar el rechazo de la solidaridad planteada referida a Aizpurúa Hnos. S.A. respecto de aquel tramo de la condena que prosperó en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
III.2.a. Es que, a tenor de la naturaleza de su impugnación, al objetar la interpretación de los términos del reclamo contenido en el escrito de la demanda el recurrente debió haber denunciado la hipotética configuración del vicio de absurdo en la valoración de dicha pieza procesal, carga que en el punto no se advierte satisfecha.
Vale memorar que esta Corte tiene dicho que la tarea de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto solo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017; L. 121.825, "Bigal", sent. de 25-VIII-2021; L. 125.324, "Gara", sent. de 17-X-2022 y L. 128.736, "Moreda", sent. de 20-XI-2024).
III.2.b. No cambia la suerte del embate lo manifestado en torno al postulado iura novit curia, en tanto el órgano de grado expresamente indicó que aquel no resultaba aplicable al caso por juzgar que la parte incurrió en omisiones sustanciales que no podían ser subsanables ya que alterarían la relación procesal.
Y frente a tal consideración, la crítica se diluye en apreciaciones que no van más allá de meros disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio únicamente discrepante con el del juzgador que, como tal, no resulta idónea (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 120.802, "Mandagaran", sent. de 28-VIII-2019; L. 123.263, "Mendoza", sent. de 30-XII-2020; L. 131.623, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 15-X-2025; e.o.).
III.2.c. Finalmente, la invocación de la regla in dubio pro operario tampoco le agrega vigor al recurso.
El recurrente no despliega ningún argumento apto tendiente a justificar la actuación al caso del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (en la versión aplicable en la especie). En otra hipótesis, no ha de soslayarse que la duda a la que alude esa norma es un estado de ánimo que se produce —o no— en el juzgador al tiempo de dictar sentencia, no surgiendo del pronunciamiento, donde los magistrados manifestaron su plena convicción sin evidenciar ninguna incertidumbre (causas L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020; L. 125.306, "Jacobo", sent. de 22-XI-2022; L. 126.682, "Mocherniuk", sent. de 11-VII-2023 y L. 131.610, "Velazco", sent. de 15-X-2025).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Inicialmente, considero necesario introducir ciertos razonamientos en torno al examen de admisibilidad practicado en el voto inaugural.
Como hice referencia al emitir mi opinión en las causas L. 97.982, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011); L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013) y L. 111.996, "Centurión" (sent. de 4-XII-2013) —entre muchas otras más recientes—, a fin de examinar la concurrencia de tal requerimiento, entendí necesario el análisis de la normativa vigente y así determinar si resultan pasibles de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de recurso en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos.
La decisión que propuse en dichos precedentes —a los que me remito por razones de brevedad— ha sido minoritaria, y puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es no solo mantener sino —y especialmente— procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), acompaño el marco de tratamiento del recurso que propone el doctor Soria en el punto III.1.a. de su voto.
I.2. Desde esa perspectiva de análisis, adhiero en lo demás a las consideraciones expuestas por mi colega en su propuesta.
II. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
La señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/04/2026 14:36:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/04/2026 10:29:14 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2026 21:50:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2026 13:19:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2026 14:18:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/04/2026 16:35:37 hs. bajo el número RS-44-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia