Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124849
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.849, "López, Mario Alberto contra Banco Credicoop Cooperativo Limitado. Indemnización del art. 132 bis de la LCT", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, Kogan, de Lázzari.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar a la excepción de prescripción articulada por la demandada, con costas a la parte actora por resultar vencida (v. fs. 69/74 vta.; aclaratoria de fs. 78/81).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14 de agosto de 2020), habiendo sido concedido por el citado tribunal a fs. 87 y vta.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la accionada y desestimó la demanda promovida por el señor Mario Alberto López contra el Banco Credicoop Cooperativo Limitado, en cuanto pretendía el cobro de la sanción conminatoria mensual contemplada en el art. 132 bis de Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 69/74 vta.).
Para así decidir, juzgó aplicable al caso el plazo prescriptivo bienal establecido en el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, ello, en concordancia con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 98.312, "Fernández" (sent. de 28-V-2010; v. sent., fs. 70 vta. y 71).
Sobre dicha base, determinó el punto de partida para su cómputo y aplicó el art. 2.554 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto establece su comienzo -según sostuvo- desde la fecha a partir de la cual la prestación devino exigible (v. sent., fs. 71).
En esa línea, indicó que el referido art. 132 bis indica el momento a partir del cual puede reclamarse el pago de la sanción conminatoria mensual allí prevista, al disponer que: "...si el empleador hubiera retenido aportes al trabajador con destino a los organismos de la seguridad social o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo [...] y al momento de la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa no hubiera ingresado total o parcialmente esos importes a favor de los organismos [...] deberá, a partir de ese momento, pagar al trabajador afectado una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos" (sent., fs. 71 y vta.).
En ese orden, concluyó que la extinción del vínculo laboral determina la exigibilidad de la prestación para el trabajador y, en consecuencia, es el distracto el que fija el comienzo del curso de la prescripción (v. sent., fs. 72).
Sobre esa base, desestimó que el punto de partida para computar término fuera el argumentado en la demanda por la parte actora (v. fs. cit.).
Concluyó que desde la fecha de la disolución del vínculo laboral (el día 2 de mayo de 2016), la acción había sido suspendida por el plazo de seis meses por la intimación cursada por el actor a la demandada por telegrama del día 15 de febrero de 2018. En ese contexto, dispuso que el plazo de la prescripción se reanudó en el mes de agosto de 2018, por lo cual meritó que a la fecha de la interposición de la demanda (esto es, el día 7 de diciembre de 2018), la acción estaba extinguida (v. sent., fs. 72 vta. y 73).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de los arts. 17, 18, 19, 28 y concordantes de la Constitución nacional; 9, 11 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial.
En esencia, objeta la admisión de la defensa de prescripción opuesta por el accionante y, por ende, el rechazo de la demanda promovida.
En esa línea, controvierte que el sentenciante haya considerado que el plazo de prescripción se inició al momento de la extinción de la relación laboral producido el día 2 de mayo de 2016, en tanto -aduce- en la mencionada fecha el actor desconocía la parcialidad en los depósitos efectuados por la demandada de los aportes a la seguridad social y a la contribución patronal de obra social, este último -postula- por figurar en el certificado de servicios y remuneraciones otorgado por el empleador como pago total.
Manifiesta que -por el contrario- el mentado término comenzó a correr el día 28 de junio de 2016, cuando el trabajador tomó conocimiento de aquella irregularidad, al advertir que en la contestación de oficio de la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP- (solicitado por su parte en los autos "López, Mario Alberto c/ Banco Credicoop Limitado s/ Despido", expte. n° 21.004, tramitado ante el mismo tribunal de trabajo) surgían los mencionados pagos parciales de los aportes durante los períodos 04/2002 (obra social) y 09/2007 (seguridad social). Alega que, a partir de ese momento, la prestación se hizo exigible y no antes, en virtud de haberse encontrado el trabajador en condiciones de exigir el cumplimiento de un deber, cuya inobservancia desconocía.
Argumenta que, de acuerdo a lo establecido en el art. 2.554 del Código Civil y Comercial de la Nación, la acción prescribe al cumplirse dos años desde esta última fecha mencionada. Sin embargo -explica- dicho plazo fue suspendido por seis meses con el envío de la intimación fehaciente mediante carta documento, cursada a la entidad bancaria por su parte el día 15 de febrero de 2018, reclamando que se cumpliera con la obligación que luego se demandara en autos.
Desde esta perspectiva, sostiene que el término para interponer la demanda prescribía el día 28 de diciembre de 2018 (es decir, a los treinta meses contados desde la mencionada fecha de toma de conocimiento), por lo cual -afirma- mal pudo considerar el juzgador que la acción se hallaba extinguida al día 7 de diciembre de ese mismo año.
Con apoyo en esos argumentos, denuncia que el sentenciante de grado realizó una interpretación absurda e incongruente del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, apartándose del art. 44 inc. "d" de la ley 11.653 al no haber apreciado en conciencia la prueba rendida y -según entiende- considerado exigible el pago de los aportes desde la extinción de la relación de trabajo, cuando -aduce- dicha ruptura constituye una condición sine qua non exigida por la norma para poder ejercer el reclamo.
En sustento de su postura, arguye que, al haber omitido la Ley de Contrato de Trabajo pronunciarse sobre el momento a partir del cual comienza a correr el curso de la prescripción en casos como el presente, deben aplicarse los principios del derecho común, y explica que el art. 2.554 del Código Civil y Comercial de la Nación establece el inicio del cómputo desde el día en el que la prestación se hizo exigible.
Agrega que el mentado instituto debe interpretarse restrictivamente, de modo que -dice- en caso de duda, debe estarse por la subsistencia de la obligación.
Con apego a la doctrina que cita, insiste en censurar el fallo de grado en cuanto sostiene que el a quo omitió la consideración de constancias indubitadas de la causa que demuestren la existencia del absurdo alegado.
III. El recurso está insuficientemente fundado.
III.1. Ante todo, destaco que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) -que sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos- resulta a los fines del recurso de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent de 20-XII-2017).
III.2.a. Sentado lo anterior, conforme anticipé, advierto en primer lugar que el interesado omite citar como violadas la totalidad de las normas actuadas por el tribunal de grado para sustentar la conclusión esencial del fallo, esto es, los arts. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo y 2.554 del Código Civil y Comercial de la Nación, déficit que denota -ya desde el inicio- la ausencia de idoneidad para abastecer una requerida y adecuada fundamentación recursiva (art. 279, CPCC; causas L. 117.382, "Centurión", sent. de 8-IV-2015; L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015 y L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017; e.o.).
A partir de ello, resulta oportuno puntualizar que como bien lo refirió el tribunal de grado en un fragmento del fallo -y no ha sido particular objeto de crítica por el compareciente-, en el precedente L. 98.312, "Fernández" (sent. de 28-V-2010), esta Corte estableció que la prescripción de la acción dirigida a obtener el cobro de la penalidad prevista en el citado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, incorporado por el art. 43 de la ley 25.345, se rige por el art. 256 de la citada ley de fondo laboral.
III.2.b. Luego, observo -según se desprende del relato de las críticas realizado supra- el recurrente se dirige a cuestionar el punto de partida tomado por el tribunal de origen para computar el plazo prescriptivo.
Sobre el particular, se recuerda que la decisión relativa al punto que marca el comienzo de ese término -en tanto constituye una típica cuestión de hecho-, es una facultad privativa de los jueces de grado y las conclusiones que al respecto formulen solo pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria cuando se invoca y se acredita absurdo (causas L. 68.306, "Poo", sent. de 25-IV-2001; L. 82.960, "Acebal", sent. de 27-XI-2002; L. 94.289, "G., D. O." sent. de 17-XII-2008 y L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017; e.o.). En el caso, si bien el interesado invoca configurada dicha anomalía, fracasa en su intento de ponerla en evidencia.
III.2.c.i. Para concluir que al momento de la interposición de la demanda la acción ya se encontraba prescripta, el a quo ponderó que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo determina que la fecha de la extinción de la relación laboral -cualquiera fuera su causa- indica el hito a partir del cual resulta exigible la multa prevista en la norma y, por tanto, fija el comienzo del curso de la prescripción (v. sent., fs. 71/72). Así, descartó considerar el punto de partida argumentado por la parte actora para computar su inicio, situado en el momento en el que la AFIP contestó el oficio solicitado en las actuaciones caratuladas "López, Mario Alberto c/ Banco Credicoop Limitado s/ Despido", expediente n° 21.004, tramitado ante el mismo tribunal de trabajo, que en copia certificada se encuentran glosado en autos y mediante el cual se informara la parcialidad de los pagos de aportes en el año 2017 (v. sent., fs. 72).
Señaló, además, que más allá de lo alegado por el accionante, tampoco era cierto que el señor López se hubiera anoticiado de la mencionada irregularidad en la oportunidad indicada, dado que del certificado de trabajo que se acompañó en el citado expediente -a fs. 8/14-, surgían prima facie los eventuales pagos parciales que motivaron el presente juicio (v. fs. cit.).
III.2.c.ii. Bajo tales premisas, reitero, la decisión de grado no es conmovida, ya que lejos de evidenciar que los magistrados de origen incurrieron en absurdo, el interesado en su despliegue argumental insiste -en definitiva- en propugnar la tesis esgrimida en el proceso, estructurada sobre la base de la propia visión que despliega respecto del momento en que -opina- se hizo exigible la prestación, pero sin rebatir idóneamente los fundamentos que, con sustento en las normas actuadas en la sentencia, cuya violación -insisto- omite denunciar (art. 279, CPCC y su doctr.), llevaron al juzgador a descartar la fecha propuesta por el quejoso.
En este sentido, tiene dicho este Suprema Corte que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se agota en la reiteración de la postura expuesta en la demanda, ineficaz para conmover lo resuelto en el fallo al no lograr acreditar que las conclusiones de la sentencia resulten incompatibles con las constancias objetivas de la causa (causa L. 96.010, "Alonso", sent. de 15-IV-2009 y L. 120.002, "Suvia", sent. de 27-VI-2018).
Desde otroángulo, el disenso planteado por el compareciente acerca de las conclusiones que extrajo el sentenciante, solo exteriorizan una mera discrepancia con el pronunciamiento de origen en torno a la definición fáctica censurada -vinculada, como se indicó, al punto de partida para el cómputo de la prescripción-, apoyándose en un nuevo análisis del material probatorio obrante en la causa según su personal criterio valorativo, método que reiteradamente esta se ha considerado ineficaz a dichos fines (causas L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 111.610, "Gómez", sent. de 29-X-2014 y L. 120.971, "Cepeda", resol. de 20-XII-2017).
III.3. Corolario de lo expuesto es que la insuficiente fundamentación de la réplica conduce a mantener incólume la decisión de origen.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Por los mismos fundamentos y con el mismo alcance explicitado por el doctor Torres en su voto, doy el mío por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/02/2021 15:36:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/02/2021 15:04:43 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 18:26:15 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/02/2021 11:06:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/02/2021 11:11:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia