Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126895
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n°2 con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Silvia Natalia Cherchyk y condenó a Monsanto Argentina S.R.L. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. La rechazó en cuanto procuraba el cobro de la sanción establecida en el art. 132 bis de la citada ley (v. pronunciamiento electrónico de fecha 24-XI-2021).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravio, entendió que no se encontraba acreditado que la accionada haya omitido integrar la retención efectuada, a los organismos pertinentes.
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 15-XII-2020), el que fue concedido por el a quo mediante resolución digital de fecha 22 de diciembre de 2020.
En su impugnación denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de la doctrina legal que cita.
En lo esencial, se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no es de recibo.
III.1.a. De modo liminar, corresponde aclarar que, dirigido el embate a censurar aquella parcela del pronunciamiento que rechazó la imposición de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna al litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 117.532, "Norese", resol. de 1-VII-2015 y L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019).
III.1.b. Sentado ello, es oportuno recordar que determinar -con arreglo a las constancias adunadas en la causa- si se verifican los requisitos a los cuales el citado dispositivo legal subordina la aplicación de la sanción allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 106.472, "Frete", sent. de 5-VI-2013 y L. 118.900, "Rojas", resol. de 23-IX-2015).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008 y L. 100.946, "Piza", sent. de 2-VII-2010), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 112.200, "R., V.E.", sent. de 5-VI-2013 y L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014).
III.2.a. De esta manera, el órgano judicial de grado rechazó la pretensión del trabajador tendiente a percibir la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, señalando que aquél no había acreditado que la empleadora no ingresara el importe que le fuera retenido, en concepto de "plan pensión" (v. recibo en archivo adjunto de fecha 24-II-2021), al organismo correspondiente, ello conforme da cuenta la prueba informativa producida en la causa, concretamente, la contestación del oficio por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Esta esencial conclusión del fallo no logra ser desvirtuada por el interesado, quien sólo se limita a predicar, mediante una apreciación paralela a la plasmada por el sentenciante, que tal exigencia fue satisfecha con la contestación de oficio de la AFIP de fecha 20 de octubre de 2020. Al respecto, dable es señalar que lo argumentado por el recurrente -aun cuando lo señalado por el juzgador en el fallo, respecto del monto retenido en concepto del rubro "plan pensión", pueda resultar contradictorio con la conclusión arribada en la sentencia- carece de aptitud para acreditar el excepcional vicio lógico que le atribuye al fallo, puesto que una simple lectura de la comunicación a la que se alude en el recurso, da cuenta que el mencionado descuento no figura dentro de los conceptos que puedan visualizarse en las bases informáticas del organismo.
En este sentido, reiteradamente ha declarado este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de origen por el propio, porque el vicio de absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia, y no basta con solo invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al sentenciante el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019; L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
En suma, el agravio traído revela la ausencia de idoneidad para rebatir la decisión adoptada en la instancia de origen, pues no aporta ningún elemento convincente que demuestre que la solución dada al caso sea absurda, o el error en la aplicación de las normas que se denuncian violadas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/08/2021 15:59:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2021 22:19:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2021 09:45:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2021 17:17:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2021 08:48:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia