Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121217
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
LONCON RUBÉN ALBERTO C/ PARQUE TRELEW S.A. Y OTROS S/ INDEMNIZACION POR DESPIDO.
La Plata, 10 de abril de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Rubén Alberto Loncon condenando a la empleadora Transfrío S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otras de linaje laboral. Por el contrario, rechazó la acción incoada contra Parque Trelew S.A. -titular de la empresa "Expreso Richter"- y Paulo Andrés Ribot (v. fs. 612/626).
Para así decidir, tuvo por no acreditada la transferencia de establecimiento alegada, ni la existencia de un conjunto económico entre las personas físicas codemandadas. Además, juzgó probado que el actor se desempeñó laboralmente a órdenes de la empresa Transfrío S.A. y que fue despedido por ésta de manera incausada. Por otro lado, concluyó que el actor no demostró que el accionado Ribot en su carácter de director de la sociedad empleadora, se valiera de la misma para causar daños al accionante.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 638/644 y vta.), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 645, habiéndose conferido vista al señor Procurador General a fs. 685 (v. dictamen, fs. 686/688).
III.1. En el primero de los remedios procesales mencionados, el interesado denuncia que el tribunal ha violado el art. 168 de la Constitución provincial, al haber omitido el tratamiento de cuestiones que entiende esenciales para la solución del litigio. Ello así, toda vez que -a su criterio- el juzgador de grado, con total ligereza, descartó sin fundamento alguno, la transferencia de establecimiento denunciada, siendo que tal cuestión resultaba uno de los extremos esenciales de su pretensión.
III.2. De modo liminar, es dable recordar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución provincial únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 116.982, "Copioli", resol. de 5-IV-2013; L. 118.295, "Díaz", resol. de 12-XI-2014 y L. 117.475, "Carnavalini", resol. de 30-IX-2014).
III.3. En tal sentido, la improcedencia del remedio procesal elegido se exhibe nítida ni bien se repara en que por su conducto se pretende cuestionar, en rigor, la forma en que el juzgador de origen resolvió la cuestión, y bien es sabido que no corresponde, en el ámbito de la vía extraordinaria en estudio, realizar la revisión del acierto o desacierto jurídico de esta decisión, pues ello es materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.432, "Bordon", resol. de 17-XII-2014; L. 114.078, "Huidobro", resol. de 6-V-2015; L. 118.805, "Ramírez", resol. de 10-VI-2015 y L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018).
Resta señalar que tampoco resulta procedente el recurso extraordinario de nulidad si la cuestión que se dice preterida ha sido resuelta en forma implícita y negativa para las pretensiones del recurrente -como ocurrió en el caso-, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que -como se dijo- el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito de este medio extraordinario de impugnación (causas L. 94.294, "Milla", sent. de 28-IV-2010 y L. 119.155, "Caballero", resol. de 18-XI-2015).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia el vicio de absurdo e invoca las normas, garantías constitucionales y la doctrina legal que estima violadas. Afirma que el fallo en crisis ha sido insuficientemente fundado.
Aduce que el yerro del tribunal radica en haber interpretado que los términos de la demanda eran confusos; cuando, por el contrario, surge de manera precisa que se accionó contra ciertas personas jurídicas por conformar un grupo económico y contra Expreso Richter de Parque Trelew S.A. por ser la firma a la que se le transfirió la empresa, circunstancia que fue acreditada en la causa.
Finalmente, disiente con el juzgador en orden a que no se probó que el codemandado Ribot se haya valido de la forma societaria para causarle daños al trabajador y enumera los medios probatorios que -a su juicio- respaldan su postura.
IV.2. El tribunal a quo tras valorar las probanzas de la causa descartó que se haya verificado la alegada transferencia del establecimiento donde el actor prestara sus servicios. Asimismo, concluyó que de ningún modo se acreditó que las personas físicas codemandadas conformaran un grupo o conjunto económico, solo se ha verificado -agregó- que Loncón laboró para Transfrío S.A. desde el 1 de junio de 2006 hasta el 28 de febrero de 2007, oportunidad en que fue despedido mediante telegrama que suscribiera Paulo Andrés Ribot, en su carácter de socio director de la empleadora, y respecto de quien en modo alguno tampoco se demostró dolo o culpa en su conducta societaria, que amerite responsabilizarlo solidariamente en los términos del art. 54 de la ley 19.550 (v. vered., fs. 616 y vta.).
IV.3. Las conclusiones expuestas en el pronunciamiento de grado, claramente vinculadas a cuestiones de hecho y prueba a las que arribó el juzgador de origen en ejercicio de facultades que le son propias, no logran ser descalificadas por el recurrente.
IV.3.a. En primer lugar, vale recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que la tarea de interpretar los escritos constitutivos del proceso, y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 99.910, "López de Armentía", sent. de 21-XII-2011; L. 99.441, "Batista", sent. de 27-VI-2012 y L. 121.274, "Walton", resol. de 6-XII-2017). Tales extremos no se verifican en la especie, desde que la réplica se sitúa en el plano de la mera disconformidad del recurrente con la solución adoptada.
IV.3.b. Por otra parte, corresponde recordar que la determinación de si en un caso específico se configuran o no los presupuestos de la transferencia del establecimiento que tornen viable la aplicación de la solidaridad que para tal supuesto la legislación impone, constituye una típica cuestión privativa de los jueces de la instancia ordinaria e irrevisable en casación, salvo que se demuestre que la decisión es absurda (causas L. 113.768, "Ponce", resol. de 11-V-2011 y L. 116.196, "Medina", resol. de 6-V-2015).
Ello exige la verificación de un error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 91.388, "Ortiz", sent. de 16-IV-2008 y L. 99.952, "Arislur", sent. de 22-VIII-2012), situación que -en el caso- el quejoso no logra demostrar, pues sólo pone en evidencia su pretensión de disputarle al tribunal de trabajo el ejercicio de la facultad de seleccionar y jerarquizar los instrumentos probatorios que la ley ritual le otorga, toda vez que, apartándose de la línea reflexiva que llevó a los jueces de grado a la decisión objetada, efectúa -de manera paralela- un nuevo análisis de los hechos y de los elementos probatorios según su propio y personal criterio valorativo, sistema que reiteradamente se ha considerado inhábil para evidenciar el mencionado vicio invalidante (causas L. 104.642, "Morgante", sent. de 15-VIII-2012 y L. 117.113, "Bernedo", resol. de 18-III-2015).
IV.3.d. Luego, dable es memorar que esta Corte ha sostenido que para evidenciar la violación del art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo no basta la existencia de un conjunto económico (en la especie no configurado) para considerar la corresponsabilidad de sus integrantes, sino que resulta necesaria la demostración de una conducta reprochable en la dirección de las actividades del mismo, es decir, la demostración en juicio de maniobras fraudulentas o conducción temeraria (causas L. 84.935, "López", sent. De 7-III-2007 y L. 117.537, "Sansevero", sent. de 31-X-2016).
El análisis y determinación de ese linaje de cuestiones, en aras de establecer los presupuestos fácticos de la solidaridad legalmente impuesta, constituye una atribución privativa del tribunal de trabajo, no revisable en casación salvo absurdo, vicio que, como se dijo, debe ser eficazmente demostrado por quien lo invoca (causa L. 84.435, "Pérez", sent. de 27-IX-2006). Dicha hipótesis no se configura en el presente caso, en el que el recurrente agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de origen por el propio, exponiendo un particular y personal punto de vista en orden a la apreciación de los hechos y las pruebas de la causa (causas L. 79.601, "Rodriguez", sent. de 23-II-2005 y L. 85.901, "Fernandez", sent. de 31-V-2006).
IV.4. Idénticas apreciaciones corresponde formular en relación al agravio vinculado a la responsabilidad atribuida al coaccionado Ribot.
Al respecto, establecer si se configuran los supuestos fácticos que prevé para su aplicación el art. 54 de la Ley de Sociedades Comerciales necesariamente comporta el análisis de los hechos y pruebas que concurren en el caso, cometido este reservado a los tribunales de grado y ajeno al ámbito de la casación, salvo absurdo (causas L. 103.001, "Cantero", sent. de 16-II-2011; L. 117.143, "Ferraiolo", resol. de 17-IV-2013 y L. 117.756, "Garriga", sent. de 23-V-2017).
En el caso, si bien el recurrente invoca la configuración de dicho vicio, el mismo no logra ser acreditado. Ello así, pues la mera expresión de una opinión discrepante no basta para acreditar -ante las cuestiones fácticas y probatorias como las que son materia de agravio- que las definiciones que contiene a su respecto el pronunciamiento del a quo sean portadoras de la referida anomalía (causas L. 88.553, "Obiol", sent. de 8-VIII-2007 y L. 94.481, "Villalba", sent. de 15-VII-2009).
IV.5. Por último, la denuncia de violación de garantías constitucionales que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 94.507, "Rodríguez Betelu", sent. de 15-IV-2009; L. 94.066, "Villegas", sent. de 3-VI-2009 y L. 108.655, "Ankudowicz", resol. de 17-III-2010) -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO
Fin de la sentencia