Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121179
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.179, "Marchek, Ester Mirta contra Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial. Indemnización por muerte (art. 248, LCT)" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Avellaneda acogió la demanda promovida, imponiendo las costas a la accionada vencida (v. fs. 167/172).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 199/203).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la acción iniciada por la señora Ester Mirta Marchek y sus hijos Enzo Leonel Leguizamón, Angelina Norali Leguizamón, Mara Jesús Leguizamón y Nadia Soledad Leguizamón, y condenó a la demandada al pago de la indemnización por muerte prevista en el art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y del salario de septiembre de 2009, de las vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales adeudados, con motivo del fallecimiento del trabajador José Luis Leguizamón -esposo y padre, respectivamente, de los reclamantes-.
En otro orden dispuso la aplicación de intereses desde la fecha en que ocurrió el evento dañoso (el día 6 de septiembre de 2009) con arreglo a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 170).
II. Contra dicho pronunciamiento, la letrada apoderada de la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 199/203).
II.1. En primer lugar, objeta que el tribunal de grado haya aplicado intereses sobre el capital de condena a la tasa pasiva digital fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina que este Tribunal tiene establecida a partir de las causas C. 101.774, "Ponce" (sent. de 21-X-2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013).
II.2. Luego, objeta la regulación de honorarios por dos órdenes de consideraciones.
II.2.a. Por un lado, denuncia que no se ha aplicado el art. 505 del anterior Código Civil -compárese la redacción de la ley 24.432-, considerando transgredida la doctrina de esta Corte sentada en la causa L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005).
Refiere, en tal sentido, que el porcentaje de las costas asciende al 26% del monto de condena, lo que excede claramente el límite establecido en la norma citada.
II.2.b. Asimismo, cuestiona que se le fijaran honorarios al apoderado del Fisco, solicitando que se aplique el art. 18 del decreto ley 7.543/69.
II.3. Finalmente, aduce que la Provincia de Buenos Aires está exenta de abonar tasa y sobretasa de justicia, conforme lo establecido en el art. 330 del Código Fiscal.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, cabe resaltar que -como lo admite el propio recurrente- en la especie el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, de modo que el tratamiento del remedio procesal deducido, en principio, solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la competencia de revisión queda acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal de esta Suprema Corte, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010; L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013 y L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; e.o.).
III.2. En ese contexto, no resulta atendible el cuestionamiento referido a la tasa a la que se calcularán los intereses devengados, por las razones que seguidamente expondré.
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, como en la causa C. 119.176, "Cabrera", con sentencia de igual fecha (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (v. causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif. y 279 y 289, CPCC).
III.3. Con relación al cuestionamiento fundado en la denuncia de violación del art. 330 del Código Fiscal, he de advertir que ha perdido virtualidad.
Ello así, pues previo a la interposición del recurso bajo estudio, el órgano de grado dejó sin efecto la liquidación de fs. 173 y vta. en lo que respecta a la condena al pago de la tasa de justicia y la contribución sobre ésta (v. fs. 198). Por ende, no corresponde que esta Corte se pronuncie sobre esta cuestión, ya que las circunstancias sobrevinientes la han convertido en abstracta (causas L. 103.559, "Abrain", sent. de 10-X-2012 y L. 117.323, "Garnica", sent. de 25-X-2017; e.o.).
III.4. Por otro lado, respecto de la imposición de las costas, dejando aclarado que los honorarios fueron fijados con fundamento en la ley arancelaria vigente al momento de practicarse la regulación (esto es, el dec. ley 8.904/77), me parece del caso efectuar las siguientes consideraciones con la finalidad de clarificar la doctrina legal que emerge de, entre otras, la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2000).
Siempre he entendido que la doctrina que se desprende de dicha causa (que fuera reiterada en otros pronunciamientos posteriores) indica que lo prescripto por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (o el art. 505, Cód. Civ. -actual art. 730, conf. ley 26.994, B.O. de 8-X-2014-) resulta no una restricción a la facultad de los jueces para aplicar las reglas locales sobre, por ejemplo, los honorarios que pudieran regularse, sino un límite a la responsabilidad del deudor (condenado en costas) a quien no puede serle exigido un pago que supere el porcentaje fijado por la ley.
Si tal es la doctrina legal que esta Suprema Corte ha establecido por mayoría, deben quedarnos claras algunas de sus consecuencias. Así, si lo que se instruye con ella es que la ley no fija una limitación a la regulación de honorarios según la normativa local (o a cualquier otro rubro que integre las costas), no ocurre violación de aquella doctrina si los miembros de un tribunal estiman regulaciones que superan aquel límite. En todo caso, tal transgresión ocurrirá luego, en caso de hacerse lugar a una ejecución por el total de los honorarios porque, según nuestro criterio, lo que se ha limitado es la responsabilidad del deudor que quedará eximido de responder cuando el total de lo que se le reclama por costas supere el 25% del monto definitivo del juicio.
Ahora bien: ¿ha habido con las regulaciones practicadas en autos una violación de esa doctrina? Evidentemente no, porque los jueces al efectuar las regulaciones que provocan la queja de la demandada lo hicieron dentro de los parámetros establecidos por el decreto ley 8.904/77 respecto de los abogados actuantes, aunque su total (una vez adicionados los aportes, la tasa de justicia y contribución sobre la misma) supere el 25% del monto de condena con sus intereses (v. liquidación de fs. 173 y vta.). En tanto no se haga un reclamo por el pago total no habrá violación de la doctrina legal.
Formuladas estas aclaraciones solo me queda por señalar que deberá recomendarse al tribunal de trabajo actuante que tenga en cuenta que la responsabilidad de la condenada en costas tiene los límites fijados en aquel precepto, conforme la referida doctrina legal, debiendo -en el caso- prorratearse los distintos rubros (honorarios, aportes, tasa de justicia, contribución, etc.) hasta el límite del 25% del monto de condena con más sus intereses.
III.5. Finalmente, no puede tener cabida el restante embate que porta la queja (regulación de honorarios al apoderado del Fisco), en tanto no se comprueba -en el tópico- la concurrencia de los extremos de la excepción prevista en la ley adjetiva, ya que el impugnante prescinde de denunciar la conculcación de doctrina legal alguna relacionada con el agravio que expone, razón por la que el recurso deviene inadmisible en la parcela examinada (causas L. 117.638, "Malvendes", sent. de 10-VI-2015 y L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-V-2016; e.o.).
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo manifestado por mi distinguido colega doctor de Lázzari en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, el cuestionamiento vinculado con la tasa de interés aplicada en el pronunciamiento de grado debe ser desestimado. Arribo a tal conclusión a tenor de las consideraciones que brindé al emitir mi sufragio en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), y por adhesión en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), a las que remito también por razones de brevedad.
I.3. En lo que respecta al agravio que gira en torno a la denuncia de violación de la doctrina legal sentada -entre otros- en el precedente L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005), considero que merece favorable recepción, ello, sin dejar de precisar que los honorarios fueron fijados con fundamento en la ley arancelaria vigente al tiempo de efectuarse la regulación (el dec. ley 8.904/77), no así en la ley 14.967, sobre cuyo art. 16 no cabe pronunciarse aquí acerca de su constitucionalidad.
I.3.a. Aun cuando en el sub lite no ha existido controversia en orden a su validez y aplicación, cabe reseñar cierta jurisprudencia vinculada con las disposiciones contempladas en la ley 24.432.
Al fallar la causa "Fox, Héctor Raúl c/ Siderca S.A.C.I." (F.420.XXXVII, sent. de 28-VII-2004), la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre la naturaleza común de la legislación mencionada.
Sobre tal base, puede concluirse que los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, que incorporaron un nuevo párrafo a los arts. 505 del Código Civil (reiterado en análogos términos en el art. 730, Cód. Civ. y Com.) y 277 de la ley 20.744, estableciendo un tope del 25% del monto fijado en la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, en concepto de costas -por la sustancia que regulan- no requieren adhesión alguna. Son entonces aplicables en el ámbito de las provincias (art. 75 inc. 12, Const. nac.), sin que ello implique alterar en modo alguno la autonomía local (causas L. 77.914, cit.; L. 73.148, "Sciandra", sent. de 12-III-2003 y L. 89.979, "S., M.", sent. de 16-IV-2008).
Por otro lado, el Alto Tribunal, en la causa "Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente ley 9.688" (A.151.XXXVII, sent. de 5-V-2009), sostuvo que la limitación de responsabilidad incorporada por la ley 24.432 al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituye un régimen especial en principio válido, cuya solución -a tenor de la finalidad tenida en miras por el legislador- "se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad" (cons. 12°).
I.3.b. En el caso, surge del cotejo de la liquidación y de la regulación de honorarios obrantes a fs. 173 y vta. que el tribunal de grado rebasó la limitación porcentual establecida en las normas citadas.
Corresponde entonces que -una vez devueltos los autos- el tribunal adecue el pronunciamiento a lo aquí dispuesto efectuando el prorrateo pertinente, de modo tal que la responsabilidad de la accionada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de condena (causa L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011).
I.4. En cuanto a los restantes agravios, acompaño lo resuelto en los puntos III.3. y III.5. del sufragio inaugural.
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto I.3.b. de la presente.
Los autos deberán ser devueltos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas por su orden (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor de Lázzari en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, la objeción planteada en torno a la tasa de interés que aplicó el tribunal de grado al capital de condena debe ser rechazada. Ello, conforme los fundamentos que expuse en las causas L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) y L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), a las que remito por razones de brevedad.
I.3. Asimismo comparto lo indicado en el punto III.3. del voto inaugural.
I.4. Con relación al agravio vinculado al límite en la responsabilidad en el pago de las costas (arts. 277, LCT y 505, Cód. Civ. -actual art. 730, Cód. Civ. y Com.- t.o. ley 24.432), considero -sin dejar de precisar que los honorarios fueron fijados con fundamento en la ley arancelaria vigente al momento de la regulacion- que se verifica en el caso la violación de la doctrina legal de esta Corte y, a los efectos de abordar el tratamiento del presente recurso, remito a los términos de la adhesión que efectuara al votar en la causa L. 91.884, "Arzamendía Rolón" (sent. de 18-VIII-2010) y L. 118.223, "Cáceres" (sent. de 26-X-2016).
Lo expresado en dichas causas, entre otras, se encuentra en la misma línea de ideas ya volcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Abdurraman" (CSJN Fallos: 332:921) y "Villalba" (CSJN Fallos: 332:1276), ratificados en fallos dictados por el Alto Tribunal, en las causas "Canosa, Javier Eduardo c/Canal del Este S.A. y otros s/despido"; "Malynowyc, Ignacio Javier c/Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otros s/despido", sentencias de 6-VIII-2015 y en "Tarantino, María de los Ángeles c/Refinería del Norte S.A. y otro s/accidente - acción civil", sentencia de 15-X-2015.
Tal como quedó de manifiesto en el voto del doctor Soria, la responsabilidad de la condenada en costas ha de tener como límite el establecido por la normativa. Por ende, el tribunal deberá, en el momento procesal oportuno, obrar de conformidad con lo allí dispuesto (art. 277, LCT, texto según ley 24.432).
I.5. Finalmente, también suscribo lo manifestado en el punto III.5. de la opinión que abre el acuerdo.
II. En consecuencia, propongo hacer lugar al recurso interpuesto conforme se resuelve en el punto II del voto emitido por el doctor Soria.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
II.1. La magnitud económica de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el importe mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 11.593), como recaudo de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Ante ello, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si el fallo en crisis contraría la doctrina que se reputa infringida, violación que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido transgrede la misma en un caso similar (causas L. 81.392, "Ferreyra", sent. de 2-V-2002; L. 80.238, "Fernández", sent. de 12-V-2004 y L. 87.284, "Orona", sent. de 22-XII-2004; e.o.).
II.2. En ese marco, la crítica que refiere a la alícuota empleada para estimar los intereses moratorios no puede prosperar a tenor de los fundamentos que brindé en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), a cuyos fundamentos remito por economía procesal.
II.3. Sentado lo anterior, corresponde analizar la denuncia de apartamiento de las directrices que dimanan de la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002) y demás antecedentes citados por el agraviado como fundamento del recurso (v. fs. 202 y vta.).
Cabe referir que el art. 8 de la ley 24.432 -aplicable en el ámbito provincial- establece una limitación respecto del alcance de la responsabilidad por las costas (25% del monto de condena, laudo o transacción, receptado en iguales términos por el art. 730 del Código Civil y Comercial), y no sobre los honorarios profesionales que resulta un capítulo dentro de ese rubro, más no el único (causas L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011 y L. 105.296, "Rodriguez", sent. de 4-IV-2012).
Entonces, la normativa en cuestión no se refiere ni modifica en modo alguno el procedimiento con el que se conducen los juicios. La disposición está dirigida a la responsabilidad del deudor, a la extensión con la que debe indemnizar los gastos hechos por su acreedor para forzar el cumplimiento de la obligación, lo que es un tema típico del derecho de fondo.
Consecuentemente, no existe imposibilidad de regular los honorarios por los trabajos profesionales conforme a las disposiciones locales, sino que frente al actual articulado legal, se infiere una cuestión de medida respecto del porcentual posible de afectación al deudor, en lo vinculado a su deber de reparación integral con consecuencias razonables para éste, ya que su responsabilidad por las costas estará acotada a parámetros coherentes con el carácter accesorio que éstas representan (causas L. 73.148, "Sciandra" y L. 75.196, "Santillán", sents. de 12-III-2003).
En la especie el tribunal de origen ordenó la regulación de honorarios citando al efecto el art. 505 del Código Civil y el precedente L. 77.914, ya mencionado. Asimismo fijó los emolumentos según la legislación arancelaria local (dec. ley 8.904/77). No obstante, en esa tarea soslayó prorratear los valores comprendidos. Con ese alcance corresponde atender la crítica y devolver la causa a la instancia de origen para que obre en consecuencia.
II.4. Por último, comparto las apreciaciones efectuadas por el doctor de Lázzari en los puntos III.3. y III.5. de su exposición.
III. Con el alcance indicado, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas en el orden causado (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo manifestado por mi distinguido colega doctor de Lázzari en el punto III.1.
I.2. Luego, en lo que atañe a la tasa de interés moratorio que aplicó el tribunal a quo al monto de condena, ante la consolidación de la doctrina legal al
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