Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128048
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, hizo lugar a la demanda interpuesta por Norma Beatriz Sosa y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 apdo. 4 y 15 apdo. 2 de la ley 24.557 y la compensación adicional del art. 3 de la ley 26.773, juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/19; ello, como consecuencia del fallecimiento del señor Roberto A. Castege (quien en vida fuera esposo de la accionante), ocurrido mientras prestaba tareas para su empleadora. Por el contrario, desestimó la acción entablada contra Harinas 25 de Mayo S.A., en cuanto procuraba una reparación integral por daños y perjuicios con fundamento en el derecho civil (v. sentencia de fecha 26-XI-2021).
Para así decidir, con apoyo en las constancias de la causa, tuvo por acreditado que Castege, mientras realizaba sus labores habituales para su principal, sufrió dos descompensaciones que culminaron con su deceso, ocasionado por un edema agudo de pulmón que fue provocado por causas atribuibles al trabajador como así también a la realización habitual de sus labores, las que implicaban un gran esfuerzo físico que, en definitiva, operaron como desencadenante del fatal desenlace.
En función de estas conclusiones, juzgó que la responsabilidad de la aseguradora accionada -en los términos de las leyes 24.557, 26.773 y 27.348 y normativas complementarias- debía ser menguada en un 50%, en atención a la doble causal atribuida al hecho y la imposibilidad de poder determinar cuál tuvo mayor incidencia en el siniestro.
Finalmente, respecto de las prestaciones del art. 15 apdo. 2 segundo párrafo y 18 apdo. 1, ley 24.557 dispuso implementar, entre la fecha de exigibilidad del crédito (deceso del trabajador) y hasta la sentencia, una tasa pura de interés del 6% anual. En cuanto a las restantes prestaciones otorgadas (art. 3, ley 26.773 y 11 apdo. 4 inc. "c", ley 24.557) estableció la aplicación de la tasa pasiva digital que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta días.
II. Contra dicho pronunciamiento, Experta ART S.A. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16-XII-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 17-VIII-2021).
En su presentación y como primer agravio, alega que el tribunal de grado se apartó del baremo nacional decreto 659/96 y del listado de enfermedades del decreto 658/96, al declarar que la patología del trabajador se correspondía con una enfermedad profesional resarcible. Sostiene que la validez constitucional de dicha norma tampoco fue cuestionada por la accionante, razón por la cual -aduce- resultaba aplicable al caso de autos.
Por otro lado, en relación al restante cuestionamiento, denuncia una errónea aplicación del decreto 669/19. Puntualmente, sostiene que la decisión de aplicar intereses -desde la fecha del siniestro y hasta la liquidación- sobre la prestación ya actualizada vulnera el derecho de propiedad.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe destacar que la interesada, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no realiza mención alguna sobre si la cuantía de lo cuestionado excede el monto mínimo fijado por la normativa aplicable, prescindiendo de mensurar concretamente los agravios que invoca, toda vez que las genéricas alegaciones que porta la impugnación en modo alguno satisfacen la exigencia que pesa sobre la parte recurrente.
Así, la aseguradora accionada incumplió con la carga procesal de acreditar que el valor del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que permitiría su estudio sin las limitaciones derivadas de aquel extremo cuantitativo; falencia que no puede ser salvada por esta Corte (art. 278, CPCC; causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017; L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021 y L. 129.821, "Grande", resol. de 27-II-2023).
III.2. En consecuencia, la función revisora del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; e. o.).
En consecuencia, dicha tarea excepcional queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 89.526, "Sotelo", sent. de 23-IV-2008; L. 94.491, "Sueldo", sent. de 18-II-2009; L. 96.775, "Barbachan", sent. de 3-III-2010 y L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019).
III.3. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la recurrente ni siquiera ha denunciado como vulnerada, respecto de ninguno de los agravios que esgrime, doctrina legal alguna de esta Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la presente vía de impugnación (causas L. 116.169, "Da Rosa Pacheco", resol. de 21-VI-2012; L. 121.181, "Castillo", resol. de 21-II-2018; L. 122.019, "Soria", resol. de 10-IV-2019; L. 124.359, "Sánchez", resol. de 29-VI-2020; L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021; L. 128.489, "Domínguez", resol. de 29-VI-2022 y L. 130.101, "Alonso", resol. de 14-III-2023).
Por lo demás, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 127.711, "Zapata", resol. de 11-II-2022 y L. 128.981, "Orona", resol. de 21-X-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/06/2023 13:09:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/07/2023 08:41:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2023 12:26:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/07/2023 23:29:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/08/2023 10:38:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/08/2023 13:54:13 hs. bajo el número RR-876-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia