Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121990
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827,y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
OROZ SILVINA ELISABET Y OTROS Y SU ACUMULADO C/ ZYA S.A. S/INDEMNIZACION POR MUERTE (ART. 248 LCT).
La Plata, 5 de junio de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar a la acción promovida por Silvina Elisabet Oroz, Brisa Yanella Tobal Oroz, Juan José Tobal y Hernán Elías Tobal Oroz en cuanto perseguía la reparación integral por el fallecimiento de José Alberto Tobal condenando a Zya S.A. y a Galeno ART S.A., al pago de las sumas que especificó (v. fs. 764/790 vta.).
Para así resolver, y en lo que interesa destacar por haber sido materia de agravio, juzgó probada que la tarea y las condiciones impuestas al trabajador para el cumplimiento de su debito laboral fueron el factor causal del siniestro que provocara su fallecimiento. Asimismo, consideró probado el incumplimiento en el deber de control y prevención en materia de seguridad e higiene por parte de la aseguradora a tenor de la ley 24.557 y del decreto 170/96. En ese contexto, tuvo por configurada la responsabilidad de ésta en los términos del art. 1.074 del anterior Código Civil.
II. Frente a lo así resuelto, Galeno ART S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 799/810), el que fue concedido por el a quo a fs. 794 y vta., habiéndose conferido vista al señor Procurador General a fs. 813 (v. dictamen, fs. 814/815 vta.).
En su presentación, denuncia absurdo y la violación a las normas y la doctrina legal que cita. En lo esencial, cuestiona la condena por daño material y moral con fundamento en el derecho civil. Manifiesta que el límite de su responsabilidad es el previsto en el contrato de afiliación con la empleadora y que su obligación como aseguradora de riesgos del trabajo se encontraba circunscripta únicamente al otorgamiento de las prestaciones establecidas en la ley 24.557, sin que deba responder por la reparación integral de los daños y perjuicios reclamados con fundamento en el derecho común.
Asimismo, señala que la eventual omisión del deber de vigilancia y seguridad no constituye causal suficiente o condición necesaria para el acaecimiento del evento dañoso acontecido en el caso. Alega que el legislador sólo impuso deberes de prevención y promoción, mas no así el efectivo cumplimiento de dichas obligaciones, las cuales recaen -a su entender- en forma exclusiva en el empleador.
III. El recurso no prospera.
III.1. Es dable en primer lugar advertir que no le asiste razón a la compareciente en cuanto sostiene que no puede responsabilizarse civilmente a la aseguradora de riesgos del trabajo por hallarse su obligación limitada únicamente al marco de la citada ley 24.557.
Al respecto, resulta oportuno destacar que la posibilidad de que aquellas puedan ser eventualmente juzgadas en el marco del derecho común en virtud de incumplimientos de los deberes de prevención y control, ha sido admitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 98.584 "Bordessolies de Andrés" (sent. de 25-XI-2009), en una definición reiterada -entre otras- en las causas L. 100.966 "Zapata" (sent. de 14-IX-2011); L. 103.075 "Vallejos" (sent. de 21-XII-2011) y L. 117.314 "Gorosito" (sent. de 16-VII-2014), en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro contra Gulf Oil Argentina SA y otro" (sent. de 31-III-2009) y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel contra La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. Accidente acción civil" (sent. de 26-III-2013).
III.2. Sentado ello, cabe asimismo recordarle a la recurrente que a partir de la sanción de la ley 24.557, las aseguradoras de riesgos del trabajo se han convertido -en concurrencia con el empleador- en sujeto pasivo de la carga de prevención de los infortunios laborales, objetivo primordial que llevó a la sanción de este cuerpo normativo. En consecuencia, no resulta aceptable entender que aquellas sean meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, muy por el contrario, en el diseño normativo en examen se les ha otorgado un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015; S 29-IV-2015 y L. 116.955, "Enriquez", sent. de 29-III-2017).
III. 3. Ahora bien, circunscribiendo el análisis al caso bajo examen deviene conveniente -además- recordar que esta Corte ha establecido que determinar si la aseguradora de riesgos del trabajo ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, es una cuestión privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990 "Staropoli", sent. de 11-XII-2013; L. 118.668 "Sosa", resol. de 15-VII-2015 y L. 120.712, "Peralta", resol de 15-XI-2017).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 113.555, "Cortés", resol. de 23-II-2011; L. 114.235, "Barroca", resol. de 11-V-2011; L. 118.387, "Sala", resol. de 19-II-2015).
En el caso, se advierte que, lejos de evidenciar la existencia del denunciado vicio, la queja se limita a exhibir un criterio particular y discrepante respecto de la forma en que el juzgador de grado resolvió la controversia, método que reiteradamente se ha considerado carente de idoneidad para desmerecer las conclusiones a las que éstos han arribado en el pronunciamiento, en el marco de las facultades que le son propias (causas L. 120.862, "Amarilla", resol. de 27-XII-2017; L. 113.343, "Booth", resol. de 30-V-2018 y L. 121.264, "Vivas", resol. de 8-VIII-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827,y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia