Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 120086
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.086, "Magallanes, Alejandra Verónica contra Rosas, Claudio Emir y otros. Indemnización por muerte (art. 248, LCT)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 699/750 vta.).
Se dedujeron por Federación Patronal Seguros S.A. (v. fs. 769/775), Mapfre Argentina Seguros S.A. (v. fs. 780/793 vta.) y SIDERAR S.A.I.C. (v. fs. 800/810), sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley; concedidos por el citado tribunal a fs. 853/856. Por su parte, la coaccionada G&T S.A. también interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 836/852), el que, denegado en la instancia de grado, fue finalmente concedido a fs. 1.112/1.113 (v. revocatoria por contrario imperio de fs. 1.121).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 1.127/1.137), dictada la providencia de autos a fs. 1.138 (llamamiento que, suspendido a fs. 1.145, fue reanudado a fs. 1.165) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 769/775?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de fs. 780/793 vta.?
En su caso:
3ª) ¿Lo es el de fs. 800/810?
En su caso:
4ª) ¿Lo es el de fs. 836/852?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado admitió la demanda promovida por la señora Alejandra Verónica Magallanes -por sí y en representación de sus hijos menores- contra Claudio Emir Rosas, G&T S.A., SIDERAR S.A.I.C. y Federación Patronal Seguros S.A., por medio de la cual había reclamado a los tres primeros el pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la muerte del señor Carlos Enrique Pacheco (esposo y padre, respectivamente, de los accionantes), y a la aseguradora de riesgos del trabajo el saldo no abonado de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 (v. fs. 699/750 vta.).
Para así decidir, en el veredicto juzgó acreditado que el día 25 de junio de 2011 mientras se encontraba realizando sus tareas habituales en el establecimiento de SIDERAR S.A.I.C., bajo dependencia de Claudio Emir Rosas el señor Pacheco protagonizó un grave accidente de trabajo al ser embestido por un autoelevador conducido por el señor Héctor Diaz; y también que, a consecuencia del infortunio, falleció al día siguiente al sufrir un paro cardiorespiratorio traumático (v. fs. 699/700).
Afirmó el a quo que el suceso se produjo por el carácter riesgoso de la actividad laboral que le fue impuesta al trabajador por los codemandados Rosas, G&T S.A. y SIDERAR S.A.I.C., quienes se beneficiaban con la labor y tenían la potestad de determinar la forma en que debía llevarse a cabo; asimismo, por el contacto con una cosa riesgosa de propiedad de esta última: la grúa o autoelevador conducido por un dependiente de dicha empresa (v. fs. 700 vta. y 701). Explícitamente consideró probado el nexo causal entre el riesgo derivado de las cosas de propiedad SIDERAR S.A.I.C. y de la actividad desarrollada por las accionadas y el accidente sufrido por Pacheco y precisó que no se evidenció la interrupción de dicho vínculo por una conducta imputable a la víctima (v. fs. 701/702).
A la par, tuvo por acreditado que las referidas legitimadas pasivas incurrieron en una conducta negligente causalmente vinculada con el accidente de trabajo. Ponderando la prueba testimonial, indicó el juzgador que los graves incumplimientos de las más elementales normas de seguridad comprobados en autos se encuentran incuestionablemente conectados con el fallecimiento del trabajador, en particular, remarcó que no existió la debida coordinación de trabajo entre los operarios de las distintas empresas que realizaban las labores en el establecimiento; tampoco señalizaciones claras indicando dónde debía ubicarse cada trabajador y cada vehículo, y por último, no se les proveyó a los trabajadores de "chalecos reflectivos". Agregó, sumando prueba documental, que recién con posterioridad al accidente de autos se adoptaron medidas indispensables para evitar estos siniestros (v. fs. 702/704).
Hizo mérito de la prueba pericial psicológica y halló probado que, con motivo del fallecimiento de su esposo, la señora Magallanes padece depresión reactiva en grado severo que la incapacita en un 25% del índice de la total obrera (v. fs. 704 vta./706 vta.).
Respecto de los hijos del difunto, entendió el a quo que con motivo de la muerte de su padre, los actores Esteban Patricio y Carla Valentina Pacheco padecieron un cuadro psíquico de gravedad que pudieron sobrellevar con tratamiento psicológico, transitando luego la etapa de culminación del duelo normal sin que padezcan incapacidad; mientras que María Aylén Pacheco tramitó satisfactoriamente el duelo por la pérdida de su padre, sin que se encuentre psíquicamente incapacitada (v. fs. 706 vta./707 vta.).
Por otra parte, el tribunal determinó que al momento del accidente que sufrió Pacheco, el señor Claudio Emir Rosas estaba afiliado a Federación Patronal Seguros S.A., que ésta le pagó a la actora el importe de $120.000 (en concepto de la prestación del art. 11 apdo. 4, ley 24.557) y depositó la suma de $474.218,02 en Profuturo Compañía de Seguros de Retiro S.A. (en concepto de la prestación de los arts. 15 apdo. 2 y 18 apdo. 1, LRT), cifra de la cual hasta el momento del dictado del pronunciamiento los derechohabientes del trabajador percibieron, en cuotas, la suma de $147.240,72 (v. fs. 707 vta./709).
Por último, reputó probado que la codemandada SIDERAR S.A.I.C. contrató un seguro de responsabilidad civil con Mapfre Argentina Seguros S.A. que se encontraba vigente a la fecha del infortunio, con una franquicia de USD 100.000 (cien mil dólares estadounidenses), cifra por encima de la cual dicha aseguradora debe mantener indemne a la asegurada (v. fs. 709 in fine y vta.).
En la sentencia, brindó tratamiento inicialmente a la acción fundada en la ley 24.557, pues la actora había reclamado -además de la reparación integral del daño- que Federación Patronal Seguros S.A. abonara en un único pago la prestación prevista en los arts. 15 apartado 2 y 18 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 713 vta.). En ese trance, declaró la inconstitucionalidad del mecanismo de pago en forma de renta establecido legalmente, para luego señalar que Federación Patronal Seguros S.A. debía abonar a los actores -en un único pago- el saldo no percibido de la indemnización por muerte, sin que obste a ello la circunstancia de que la aseguradora ya hubiera depositado en la compañía de seguros de retiro el importe de la prestación y los actores hubieran recibido parte de las cuotas de la renta periódica. No obstante, aclaró que Federación Patronal Seguros S.A. tenía derecho a repetir de Profuturo Compañía de Seguros de Retiro S.A. -por la vía y en la sede que corresponda- el importe que se condenó a pagar a los actores (v. fs. 714/719).
Luego, abordó la pretensión sustentada en las normas del derecho común y entendió configurados -por las razones detalladas- los factores de atribución de responsabilidad subjetivos y objetivos de los codemandados SIDERAR S.A.I.C., G&T S.A. y Claudio Emir Rosas, en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil. Respecto de este último demandado, ya al inaugurar el análisis del tema, había juzgado que también debía responder objetiva e integralmente por todos los daños sufridos por los derechohabientes del trabajador con fundamento en los arts. 75 y 76 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 720/729).
Seguidamente, tras cotejar la cuantía que efectuó de la reparación integral proveniente de la aplicación del Código Civil velezano ($8.242.592,15) con el resarcimiento brindado por el régimen especial de la ley 24.557 ($594.218,02), declaró la inconstitucionalidad -en su anterior redacción- del art. 39 de dicha ley de infortunios laborales (v. fs. 729 vta./741).
Finalmente, fijó los montos de condena en relación con los demandados y dispuso que, desde la fecha del siniestro y hasta el efectivo pago, devengue intereses "con arreglo a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo por treinta días" (fs. 743 y vta.).
II. Federación Patronal Seguros S.A. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia transgredidos los arts. 17, 18, 19 y 33 de la Constitución nacional; 10, 15, 25 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 622 del Código Civil (ley 340); 15 y 176 de la Ley de Contrato de Trabajo; 15 apartado 2 segundo párrafo, 18 y 19 de la ley 24.557; las leyes 23.928 y 25.561; los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 309 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y la doctrina legal que identifica (v. fs. 769/775).
II.1. Refiere que el tribunal de trabajo tuvo por demostrado en la octava cuestión del veredicto que la actora percibió -en parte- la prestación por fallecimiento mediante un pago único ($120.000), solicitando -luego de escoger la empresa de seguros de retiro- le sea depositado el saldo restante ($474.218,02) en Profuturo Compañía de Seguros S.A., citada a juicio como tercero; que esta última aceptó haber recibido de Federación Patronal Seguros S.A. dicha suma, reconociendo el pago y toda la documentación referida al contrato suscripto; que la promotora del pleito celebró un acuerdo con la compañía de seguros de retiro que fue homologado por el tribunal de trabajo y que los derechohabientes llegaron a percibir de esta última en concepto de renta periódica la suma de $147.240.
En ese contexto, aduce que con la referida homologación del convenio quedó definitivamente cerrado en la causa el trámite vinculado con la prestación por fallecimiento en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo, constituyendo una valla infranqueable para que el tribunal vuelva a expedirse o revise lo actuado que gozaba de autoridad de cosa juzgada. Así, peticiona se revoque la sentencia de condena que pesa sobre la aseguradora.
II.2. A todo evento, controvierte la tasa de interés aplicada al capital de codena.
Manifiesta que la definición del tribunal de grado en cuanto calculó los intereses moratorios con arreglo a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en depósitos a plazo fijo por treinta días, vulnera la doctrina de esta Suprema Corte que individualiza.
III. El recurso no prospera.
III.1. El agravio inicial no es de recibo en razón de su insuficiencia.
III.1.a. Como en parte se adelantó, se juzgó probado en el veredicto que Federación Patronal Seguros S.A. pagó a los actores el importe de $120.000 (en concepto de la prestación del art. 11 apdo. 4, LRT) y depositó la suma de $474.218,02 en Profuturo Compañía de Seguros de Retiro S.A. (en concepto de la prestación de los arts. 15 apdo. 2 y 18, LRT), cifra de la cual hasta el momento del dictado del pronunciamiento aquellos solo habían recibido la suma de $147.240,72 en cuotas. En este capítulo, no resultó ajeno al tribunal que a fs. 463/465 vta. los actores habían celebrado un acuerdo "conciliatorio" con Profuturo Compañía de Seguros de Retiro S.A. que fuera homologado a fs. 521 y vta., incluso, precisó que éstos habían percibido la primera cuota fruto de dicho acuerdo y que posteriormente denunciaron su incumplimiento e hicieron saber de la liquidación judicial forzosa de la compañía de retiros (v. fs. 707 vta./709).
Ya en la sentencia, reseñó el a quo que la actora había reclamado -además de la reparación integral del daño- que Federación Patronal Seguros S.A. abonara en un único pago la prestación prevista en los arts. 15 apartado 2 y 18 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Milone" (v. fs. 713 vta.). Indicó que Federación Patronal Seguros S.A. alegó en su réplica (v. fs. 111/116) que había pagado a la actora la compensación de pago único y depositado en la empresa de seguro de retiro el importe con el que debía saldarse la renta periódica, razón por la cual no tenía posibilidad de cumplir con lo reclamado (v. fs. 713 vta. in fine y 714). Prosiguió el juzgador exponiendo que, al contestar el segundo traslado (v. fs. 424 y vta.), la actora volvió a reclamar el pago único, planteando la inconstitucionalidad del sistema de pago en renta (v. fs. 714).
Luego, rememoró lo acreditado en cuanto a las sumas abonadas por Federación Patronal Seguros S.A. y las depositadas en Profuturo Compañía de Seguros de Retiro S.A., también lo percibido hasta el momento por los actores y lo que restaba recibir (v. últ. fs. cit.).
Con diversos fundamentos, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 15 apartado 2 y 18 apartado 1 de la ley 24.557 en cuanto disponen "el pago en forma de renta de la indemnización por fallecimiento del trabajador" (fs. 714/716 vta.). A continuación, condenó a Federación Patronal Seguros S.A. a que les abone en un único pago a los actores el saldo no percibido de la indemnización por muerte allí establecida, sin que obste a ello la circunstancia de que dicha aseguradora ya hubiera depositado en la compañía de seguros de retiro el importe de la prestación y los promotores del pleito hubieran recibido parte de las cuotas de la renta periódica (v. fs. cit.).
Arribó a esa definición al considerar que nadie puede pretender liberarse de una obligación al amparo de una norma inconstitucional, no llevando razón la aseguradora de riesgos del trabajo al sostener que no puede ser responsabilizada porque "acató en todo los designios de la ley" y no podía cumplir con la prestación de una manera diferente (v. fs. 716 vta.). Explicó que no obstante resultar falsa esta afirmación, ya que bien pudo consignar judicialmente el importe en caso de duda, era irrelevante lo dicho en orden al acatamiento de la ley, pues no acató la Constitución nacional y los tratados de derechos humanos a ella incorporados que impiden reconocerle validez al aludido mecanismo de pago en renta en un caso como el de autos (v. fs. 716 vta. in fine). Destacó que al momento en que se depositó en la compañía de seguros de retiro el importe de la prestación, llevaba más de siete años vigente la jurisprudencia que declaró inválido el pago fraccionado de la indemnización por muerte, lo que demuestra que la aseguradora no podía desconocer el riesgo que asumió al accionar de ese modo, debiendo responder ante los actores por el pago de lo que resta de la indemnización (v. fs. 717 vta.).
Entre otras consideraciones, agregó, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia provincial ha resuelto que ni la transferencia del importe de la prestación de la aseguradora de riesgos del trabajo hacia la compañía de seguros de retiro que debe abonar la renta periódica, ni la percepción de anticipos de esa renta, impiden declarar judicialmente la invalidez constitucional de ese mecanismo de pago y ordenar que la indemnización por muerte sea abonada a la víctima en una única vez (v. fs. 717 vta. in fine y 718).
A partir de lo expresado, y declarada en el caso la inconstitucionalidad de los arts. 15 apartado 2 y 18 apartado 1 de la ley 24.557, dispuso condenar a Federación Patronal Seguros S.A. a pagarle a los actores la prestación dineraria por muerte del trabajador allí prevista, para lo cual -señaló- correspondía tener en consideración el importe no controvertido de la indemnización mencionado por las partes -$474.218,02, demanda, ver fs. 84; réplica, ver fs. 113 vta.- (v. fs. cit.).
No obstante, y toda vez que había quedado demostrado que los accionantes habían percibido en tal concepto la suma de $147.240,72, juzgó que la aseguradora de riesgos del trabajo debía abonarles -en un único pago, dentro de los diez días de notificada la sentencia- el saldo de $326.977,30. Ello, sin perjuicio de aclarar que Federación Patronal Seguros S.A. tendrá derecho a repetir de Profuturo Compañía de Seguros de Retiro S.A. el importe que se la condena a pagar a los actores (v. fs. 718 vta. y 719).
III.1.b. Las motivaciones expuestas en el fallo de grado no han sido rebatidas con éxito, ya que, desentendiéndose de ellas, el recurrente elabora un análisis distinto e incompleto. Así, deja sin réplica válida al razonamiento seguido por el tribunal de grado.
De un lado, no repara el quejoso en que en el acuerdo presentado en autos al que alude, la parte actora y la compañía de seguros de retiro se ciñeron -en lo que interesa- a pactar la forma de pago de la suma que restaba percibir por parte de los reclamantes en concepto de la prestación sistémica respectiva, y que si bien el mentado convenio resultó homologado por el tribunal de la instancia, luego de cumplirse con una cuota fue objeto de denuncia por la accionante en razón de su incumplimiento. Todo lo cual, se ha visto, fue ponderado por el tribunal de grado (v. vered., fs. 708 y vta. y sent., fs. 713).
A la par, puede observarse que en el instrumento que pretende hacer valer para cuestionar la sentencia, expresamente se aclaró que lo acordado no implicaba "desistimiento alguno" contra los aquí demandados, entre ellos Federación Patronal Seguros S.A., contra quienes -así se consignó- se mantendrían "vivas todas las acciones" (fs. 509). A pesar de su relevancia, nada se dice de este dato en el agravio en análisis.
Y al cabo, bajo este contexto, ninguna reflexión realiza el recurrente de los argumentos que con sustento en profusa jurisprudencia blandió el tribunal para descalificar por inconstitucional la norma legal que regula el pago fraccionado de la prestación pertinente (arts. 15 apdo. 2 y 18 apdo. 1, LRT) y disponer la condena sobre la aseguradora, precisando que no era óbice para ello, que las sumas pertinentes hubieran sido transferidas a la compañía de seguros de retiro ni que los accionantes hubieran percibido algunas cuotas de la renta periódica, sin perjuicio de puntualizar el derecho a repetir que tiene la condenada de Profuturo Compañía de Seguros de Retiro S.A. (v. sent., fs. 718/719).
Es dable recordar que esta Corte ha expresado que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 104.828, "Arenillas", sent. de 29-VI-2011; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014 y L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016).
III.2. No mejor suerte ha de correr la objeción planteada en torno a la tasa de interés.
Ello, en definitiva, pues aquella aplicada por el tribunal de grado (la pasiva en su variante denominada "digital", la más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires), concuerda con aquella que emerge de los lineamientos sentados por este Tribunal -entre otras- en las causas L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) y L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Contra la decisión de grado también se alza la codemandada Mapfre Argentina Seguros S.A. mediante recurso extraordinario de
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