Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128732
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, desestimó la demanda promovida por Olga Orfilia Fouquet y Ezequiel Ariel Mendia contra Simpi S.A., Federación Patronal Seguros y Loma Negra CIASA, mediante la cual reclamaron el pago de la indemnización prevista en el art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y reparación integral por daños y perjuicios por la muerte de José Miguel Mendia, cónyuge y padre -respectivamente- de los accionantes (v. pronunciamiento de fecha 22-XII-2021).
Para así decidir, en primer lugar, hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por las codemandadas Federación Patronal Seguros y Loma Negra CIASA. Ello, con sustento en que la toma de conocimiento de la enfermedad que padeció Mendía tuvo lugar en el mes septiembre de 2005, cuando le diagnosticaron carcinoma renal de células claras. En consecuencia, siendo que la acción se inició el 19 de octubre de 2011 (v. cargo de fs. 94), consideró que operó holgadamente el plazo bienal establecido en el art. 2.537 del Código Civil y Comercial de la Nación, sin que los accionantes hubieran acreditado las alegadas causales de interrupción y/o suspensión que invocaron al responder el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653.
Por otro lado, respecto de la acción incoada contra la empleadora Simpi S.A., juzgó que toda vez que la relación de trabajo se encontraba encuadrada en el régimen de la ley 22.250 y el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, y que dentro de ese marco los actores habían percibido los pagos correspondientes, no correspondía el reclamo con sustento en el art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, en cuanto a la reparación por daños y perjuicios, concluyó, con sustento en los distintos elementos probatorios que indicó, que no se hallaba acreditado el nexo de causalidad entre la enfermedad que produjo la muerte del señor Mendía y las tareas por él desarrolladas en favor de su empleadora.
II. Frente a lo así resuelto, los legitimados activos dedujeron recursos extraordinarios de nulidad einaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 25-I-2022), los que fueron concedidos por el a quo . El último de los mencionados, en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. providencia de fecha 3-II-2022).
III.1. En lo que respecta al carril extraordinario de nulidad interpuesto -desarrollado en el punto V del escrito impugnativo-, los recurrentes denuncian -con apoyo en lo normado en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial- que el tribunal de grado, realizando una deficitaria valoración de la prueba, omitió expedirse sobre cuestiones esenciales.
Al respecto, alegan que no tuvo en cuenta las argumentaciones invocadas en el escrito inicial, que hacen a la adecuada tramitación del caso, ni analizó con criterio todas las constancias de autos, cotejándolas razonadamente.
III.2. El recuso no prospera.
III.2.a. Cabe recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.2.b. En ese contexto, se observa que el embate articulado carece de andamiaje, desde que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
Cabe agregar a ello que las alegaciones referidas a la apreciación y valoración del material probatorio, como a su deficiente examen por el tribunal de grado, no pueden ser canalizadas mediante la vía extraordinaria de nulidad intentada (causas L. 124.188, "Moreda", resol. de 17-VI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
III.2.c. Finalmente, deviene inatendible la invocada violación del art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020 y L. 126.646, "Verdugo", resol. de 17-VIII-2021), hipótesis que no concurre en la especie.
IV.1. En cuanto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los interesados, con denuncia de absurdo y violación de las normas y la doctrina legal que citan, objetan, en primer término, que el juzgador haya acogido la excepción de prescripción opuesta por dos de las codemandadas. Alegan -por un lado- que la defensa no fue deducida por la empleadora, y -por otro- que no analizó las causales interruptivas invocadas por su parte.
Por otro lado, cuestionan que se considerara que el trabajador se hallaba encuadrado en el régimen previsto en la ley 22.250 y en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, y que, a partir de ello, rechazara la indemnización establecida en el art. 248 de la ley 20.744. Al respecto, aducen que las tareas cumplidas por Mendía consistían en montajes industriales y el mantenimiento de hornos de cemento, que nada tienen que ver con la construcción.
Asimismo, impugnan el rechazo de la acción por daños y perjuicios, por cuanto entienden que el juzgador de origen hizo un examen parcializado de los elementos probatorios. En ese sentido, manifiestan que no tuvo en cuenta que las tareas cumplidas por el trabajador se convirtieron en una cosa riesgosa.
Por último, cuestionan la imposición de costas.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.2.a. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.181, "Comezaña", resol. de 6-XII-2021).
IV.2.b. En ese contexto, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que todas las cuestiones traídas en el escrito recursivo propuesto importan la revisión de cuestiones fácticas y probatorias. Asi, las vinculadas a la determinación del comienzo del curso de la prescripción y su eventual suspensión o interrupción (causas L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017; L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017; L. 121.110, "Mentasti", resol. de 30-V-2018; L. 122.662, "Gómez", resol. de 26-XII-2019; L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021), la determinacion de las caracteristicas de las tareas desarrolladas en orden a definir su encuadre y los asuntos referidas a la fijación del convenio colectivo aplicable a una específica relación laboral (causas L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019; L. 123.682, "Iñesta", resol. de 11-III-2020; L. 124.824, "Oliva", resol. de 22-X-2020 y L. 125.634, "Mignini", resol. de 5-IV-2021), y, finalmente, la decision vinculada a la configuración -o no- de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios fundada en las normas del derecho común.
En efencto, como se dijo, todos los asuntos mencionados se hallan detraídos de revisión ante esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal supra citado (causas L. 120.667, "Ciz", resol. de 29-VIII-2017; L. 121.852, "Pérez", resol. de 27-II-2019; L. 124.723, "Núñez", resol. de 2-XI-2020 y L. 126.474, "Díaz", resol. de 28-V-2021).
No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del vicio de absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020 y L. 127.872, "Machado", resol. de 10-II-2022).
Asimismo, cabe destacar que se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. de 8-VIII-2018; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021), así como la cita de un voto que no concitó la adhesión de los restantes integrantes de la Suprema Corte y que, por tanto, quedó en minoría (causas L. 121.976, "Amado", resol. de 26-XII-2018; L. 124.831, "Toresani", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.953, "García", resol. de 10-V-2021).
Para terminar, sabido es que tampoco constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.507, "Valdez", resol. de 22-VI-2021).
IV.2.c. Por último, respecto del agravio destinado a cuestionar la imposición de costas, en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte vinculada con dicho tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 127.524, "Testa", resol. de 6-XII-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2022 10:01:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/07/2022 11:31:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2022 16:43:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:44:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:48:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/07/2022 14:39:42 hs. bajo el número RR-948-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia