Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131157
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte actora con los alcances señalados (arts. 292, CPCC y 89, Ley 15.057; Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/2024).
2Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que los planteos introducidos en el punto VII.1. no reúnen los requisitos esenciales y el tratado en el VII.2. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. En el caso, Patricia Nuñez, por sí y en representación de su hijo Ignacio Agustín Leonetti (hoy mayor de edad), Lautaro Nahuel Leonetti y Facundo Esteban Leonetti promovieron demanda interruptiva de prescripción contra Blincer S.R.L., en la que procuraron el cobro de las sumas liquidadas por indemnización por muerte de Claudio Fabián Leonetti, quien fuera en vida su esposo y padre respectivamente y por seguro de vida obligatorio. Asimismo, tras sostener la nulidad del despido cursado por la señalada empresa al causante, solicitaron el pago de los salarios adeudados, de indemnización por daño moral, de la penalidad prevista en el art. 80 de la ley de contrato de trabajo -texto según art. 45 de la ley 23.345-; todo ello, con más la sanción por conducta temeraria y maliciosa con sustento en los arts. 9 de la ley 25.013 y 275 de la citada ley de contrato de trabajo y, en su caso -especificaron- de aquella prevista en el art. 43 de la señalada ley 25.345, desde el fallecimiento del trabajador hasta el día de la efectiva percepción (v. escrito de 6-I-2021).
Contestado el traslado de la acción por la legitimada pasiva, en lo que interesa destacar, ésta opuso excepción de prescripción (v. escrito de 29-IX-2021), cuya defensa sustentó en el entendimiento que "todo reclamo inherente a la relación laboral invocada prescribió el 10 de julio de 2020" (v. pág. 2), el que fue motivo de réplica en el marco de lo dispuesto en el art. 29 de la ley 11.653 (v. escrito de 20-X-2021), ocasión en que los interesados alegaron sobre la existencia de actos interruptivos o suspensivos idóneos a fin de considerar subsistente la acción.
II. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada y, en consecuencia, rechazó la acción (v. sent. de 2-VIII-2023).
Para así resolver, juzgó acreditado que el trabajador fallecido tuvo vinculación dependiente y subordinada con la demandada en los términos del art. 92 bis de la ley de contrato de trabajo, iniciada el 6 de junio de 2018 y finiquitada por despido directo dispuesto por la patronal el 10 de julio de 2018.
Puntualmente, tras considerar que tanto la nulidad planteada -en cuanto al acto extintivo del vínculo laboral- y el daño moral denunciado como padecido por el causante excedían los términos del reclamo, en el que se presentaron los causahabientes iure propio -aclaró-, trató la excepción de prescripción opuesta por la demandada y apreció que la suspensión de su curso por el envío telegráfico de fecha 12 de julio de 2018 -si bien operaba por seis meses, conforme el art. 2.541 del Código Civil y Comercial- sólo beneficiaba al titular del derecho -en el caso, el dependiente fallecido el 24 de enero de 2019- y no a sus causahabientes. De esta manera, entendió que, a la fecha de inicio de la causa, el reclamo por nulidad del distracto se encontraba prescripto.
Sobre tal premisa, concluyó que los rubros pretendidos en el escrito liminar con sustento en los arts. 80, 156, 248 de la ley de contrato de trabajo, así como la indemnización por seguro de vida obligatorio, el reclamo por haberes adeudados por daño moral y la sanción establecida en el art. 43 de la ley 25.345, resultaban inconducentes por la inexistencia del vínculo laborativo con la demandada al momento del fallecimiento del trabajador.
III. Contra dicha decisión, los actores interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 21-VIII-2023), ocasión en que alegaron conculcados los arts. 2.227, 2.280 y 2.337 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, entendieron que en la especie se evidencia -de modo manifiesto, afirmaron- el vicio de absurdo en la valoración de los hechos comprobados y la documental adunada al proceso, a los fines de considerar la suspensión del curso del plazo prescriptivo. También, desarrollaron sus argumentos dirigidos a controvertir la decisión de grado en cuanto juzgó que los rubros reclamados en el escrito liminar resultaban inconducentes por la inexistencia del vínculo laboral con la demandada al momento de producido el deceso del trabajador. En este sentido, invocaron -en prieta síntesis-, con apoyo en las normas procesales, constitucionales y convencionales, como así también la doctrina legal que enunciaron, vulnerado el principio de congruencia y la defensa en juicio.
IV.1. A su turno, el a quo declaró inadmisible el recurso extraordinario intentado, con fundamento en la insuficiencia del monto para recurrir (v. resol. de 22-VIII-2023), dando lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 27-VIII-2023).
IV.2. Ya radicado el expediente principal ante esta sede de casación, previamente al tratamiento del recurso de hecho que se provee, en virtud de la mayoría de edad alcanzada por Ignacio Agustín Leonetti, fue remitido nuevamente a la instancia de grado a sus fines (v. proveido de 26-II-2024), cuya vista a la asesora de menores culminó en el cese de su intervención (v. vista de 5-III-2024), presentándose, con posterioridad, el señalado actor por su propio derecho (v. escrito de 7-III-2024).
V.1. Así las cosas, devuelta la causa a estos estrados y encontrándose en estado de ser resuelta, no es ocioso memorar que en casos como el presente la summa gravamnis se encuentra representada por el monto reclamado en la demanda (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 131.153, "Nolasco", resol. de 15-IV-2024) y que en el supuesto de litisconsorcio facultativo activo -como se verifica en autos-, a los fines de determinar el monto del juicio en relación a su admisibilidad, debe considerarse el importe reclamado individualmente por cada uno de los peticionantes, siendo gravitante la circunstancia de que el valor de lo cuestionado por alguno de ellos supere el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- y versando el recurso de los restantes sobre similares puntos litigiosos (causas L. 101.587, "González", sent. de 18-XII-2013; L. 120.592, "Blanco", resol. de 9-VIII-2017).
V.2. Establecido lo anterior, cabe también recordar como tantas veces lo ha sostenido esta Suprema Corte que, si el interés es la medida de la acción, el agravio lo es del recurso (causas Ac. 93.950, "Esains", sent. de 5-VII-2006; C. 100.904, "Ciancio", sent. de 2-VII-2008 L. 117.721, "Agapito", sent. de 25-XI-2015 y C. 122.613, "Badano", sent. de 21-VIII-2020). Es decir, aquel valor se halla determinado por el perjuicio o gravamen que la resolución ocasiona al recurrente. Ello radica en la diferencia que existe entre el contenido de la sentencia, las pretensiones que ha deducido -en el caso- la parte actora y los agravios desplegados en el escrito recursivo.
Así, en el supuesto de demanda rechazada, el equivalente al conjunto de los rubros que han resultado insatisfechos y que funda el remedio extraordinario constituye el valor del agravio, sin que obste a ese análisis la postura que se adopte para juzgar dichos rubros, cuestión que hace a la procedencia del recurso y, por lo tanto, no debe infectar el estadio previo de admisibilidad (causas C. 91.208, "Fontana", sent. de 25-II-2009; C. 121.407, "Consorcio de Propietarios Club Atlético los Andes", resol. de 21-VI-2017). Porque, aunque parezca de Perogrullo, es dable aclarar que admitir un recurso no impone asumir su procedencia, ya que una cosa es la existencia o inexistencia de las vías aptas para remontar determinada situación jurídica (lo que tiene que ver con la admisibilidad) y otra, muy distinta, radica en juzgar el acierto o desacierto de la solución a la que arribará el tribunal a quo en la aplicación que ha efectuado de la ley, lo que tiene que ver con la procedibilidad o fundabilidad del alzamiento (conf. causa C. 91.208, cit.).
V.3. Ahora bien, el caso que nos ocupa exige la misma línea de razonamiento que se extrae de tales ideas. El rechazo de la pretensión importa la insatisfacción de lo peticionado y ello, a rigor de la voluntad manifestada al promover el proceso, ha sido una cantidad numérica en concepto de las indemnizaciones previstas en los arts. 80, 156 y 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y la que surja de la aplicación de las sanciones previstas en los arts. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y 43 de la ley 25.345, esta última desde la fecha de la muerte del trabajador y hasta el día de la efectiva percepción (v. escrito de 6-I-2021, escrito de 21-VIII-2023 y pag. 5/7 del escrito de 27-VIII-2023), encontrándose en este estadio dichos rubros sancionatorios indeterminados a los fines del art. 278 del ordenamiento procesal mencionado, superando de tal modo el recaudo de admisibilidad contenido en la citada norma, más allá de lo que se resuelva con posterioridad a su respecto (causas L. 117.450, "Etchegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.919, "Cabrera", sent. de 12-II-2020; L.122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020 y L. 128.557, "Vidal", resol. de 15-VII-2022; e.o.).
VI. En este contexto, en lo concerniente al agravio dirigido a objetar el rechazo de las indemnizaciones previstas en los mencionados arts. 80, 156 y 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, tratándose el caso de un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones (arts. 15, ley 11.653 y 87, CPCC), y puesto que por esta parcela del reclamo el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no alcanza a satisfacer el monto mínimo previsto por el citado art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el intento recursivo sobre este tópico debe ser analizado dentro del marco definido en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley ritual del fuero, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, según Resolución 1.840/2024 (causa L. 119.630, "Calle", resol. de 4-VIII-2016).
Con dichos alcances, corresponde admitir la queja traída (arts. 292, CPCC y 89, Ley 15.057; Ac. 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/2024).
VII.1. Ahora bien, ya en otro estadio, ingresando primeramente en el estudio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con los alcances señalados en el apartado VI. de la presente, circunscripto a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.890, "Altamiranda", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.237, "Cejas", resol. de 13-X-2020), cabe anticipar que el mismo no se evidencia.
Ello así, desde que no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, pues se traen a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado y vinculados a la valoración de los hechos y las pruebas, como son la determinación del comienzo del curso de la prescripción y su eventual suspensión o interrupción (v. acápite IV.a) del escrito de 21-VIII-2023; causas L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017; L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017; L. 121.110, "Mentasti", resol. de 30-V-2018 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
VII. 2. Permaneciendo firme -por ausencia de los requisitos esenciales del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley- la decisión del tribunal laboral en lo tocante a que, al tiempo de interponerse la acción, había fenecido el plazo de prescripción, deviene abstracto el tratamiento de los agravios cuyo análisis no ha quedado atrapado en el marco del estudio de la admisibilidad formal del mismo (causas L. 122.858, "Pedraza", 30-X-2019; L. 124.761, "Travaglia", resol. de 13-X-2020 y L. 127.565 "Gonzalez", resol. de 29-XII-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte actora con los alcances señalados (arts. 292, CPCC y 89, Ley 15.057; Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/2024).
2. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que los planteos introducidos en el punto VII.1. no reúnen los requisitos esenciales y el tratado en el VII.2. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20; art. 1 acápite 3 "c"; Resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2024 13:41:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/12/2024 07:27:01 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 14:30:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2025 13:29:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2025 08:28:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/02/2025 09:22:47 hs. bajo el número RR-4-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia