Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2021-32497284-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas.
2Intimar a la incidentista para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 784.442,48 (Pesos setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos con 48/100) en concepto de tasa de actuación con más los accesorios, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios devengados en los términos del artículo 7° de la ley N° 25.964, a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal.
3Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para el patrocinio letrado en la suma de $ 134.291,73 (Pesos ciento treinta y cuatro mil doscientos noventa y uno con setenta y tres centavos) equivalente a 12,91 (doce con 91/100) UMA y por el la representación procesal, la suma de $ 53.716,69 (Pesos cincuenta y tres mil setecientos dieciséis con sesenta y nueve centavos) equivalente a 5,17 (cinco con 17/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Acordada N° 25/2022 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-117731525-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 2 de Noviembre de 2022 APN-TFN#MEC En Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expediente EX-2021-32497284--APN-TFN#MEC caratulado “INDHAL S.R.L. s/ incidente de beneficio de litigar sin gastos”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a través del IF-2021-32498981-APN-DTD#JGM el Dr. Raúl Di Clemente se presenta en nombre de INDHAL S.R.L. a promover beneficio de litigar sin gastos. Manifiesta que la ley 25.964 consagra la exención de la tasa de actuación ante este Tribunal cuando se otorgue el beneficio citado y que se acuerda a aquellas personas que carecieran de recursos para afrontar el pago, a efectos de no verse afectado su derecho de defensa en juicio. Plantea que en el sistema contencioso tributario el litigar ante el Tribunal Fiscal de la Nación conlleva gastos. Además, describe que se aplica en dicho proceso el instituto procesal previsto en los arts. 78 y ss. del CPPCN denominado beneficio de litigar sin gastos, el que se rige por las reglas, principios y doctrina judicial construida durante años a partir de las presentaciones de los litigantes.
Resalta que es imperioso destacar que INDHAL S.R.L.:
A) Se encuentra concursada B) En razón de dicho concurso, se encuentra legalmente impedida de efectuar pagos por causa o titulo anterior a dicho proceso.
C) El Proceso concursal que transita le impide efectuar actos de disposición de bienes.
D) Carece de medios al día de hoy para afrontar el pago de la tasa de justicia.
E) Los escasos bienes que posee se encuentran gravados con derecho real de prenda y los saldos de caja en modo alguno permiten afrontar el pago de la tasa de justicia.
Plantea que conforme se desprende de la certificación contable sobre “DDJJ DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS”, elaborada y certificada por Contadores Públicos, INDHAL S.R.L. ha tenido ventas netas en el trimestre diciembre 2020 a febrero 2021 por la suma de $ 3.993,790,34 (Pesos tres millones novecientos noventa y tres mil setecientos noventa con 34/100), un número ostensiblemente menor al correspondiente a idéntico trimestre del año anterior. A partir de estos saldos, explica que la empresa posee un saldo negativo de caja y un saldo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, CC 5087-50767/9 de $125.092,79 (Pesos ciento veinticinco mil noventa y dos con 79/100).
Por último, manifiesta -21 de abril de 2021- que INDHAL S.R.L. se encuentra pronta a celebrar un acuerdo con sus acreedores y someter a homologación el mismo, para así dar conclusión al concurso preventivo previamente citado.
Propone la producción de prueba que hace a su derecho, la que demostraría la ausencia de fondos para hacer frente a la obligación tributaria que genera el pago de la tasa. Para ello ofrece prueba instrumental, informativa y pericial contable. Finalmente hace reserva del caso federal para el supuesto que se rechace el pedido de litigar sin gastos.
II. Que mediante PV-2021-34559988-APN-VOCXII#TFN se citó al Fisco Nacional y a la División Coordinación de Impuestos Internos Sellos y Varios de la A.F.I.P. - D.G.I. obrando la contestación de este último en el IF-2021-
35223848-APN-DTD#JGM.
Por su parte al Fisco Nacional se le reiteró la citación mencionada a través de las PV-2021-48567670-APN- VOCXII#TFN, PV-2021-60862214-APN-VOCXII#TFN, PV-2021-72659450-APN-VOCXII#TFN y a PV-2021-
81059826-APN-VOCXII#TFN, sin haberse obtenido respuesta alguna.
III. Que por la PV-2022-17683738-APN-VOCXII#TFN se abrió a prueba el incidente, admitiendo la prueba pericial contable e informativa ofrecidas. A su vez en la PV-2022-53968785-APN-VOCXII#TFN se intimó a la peticionante a que manifestara su interés en la producción de las mismas, dando por decaído su derecho a producirlas mediante PV-2022-88649999-APN-VOCXII#TFN y PV-2022-95352680-APN-VOCXII#TFN, y declarando cerrado el periodo de instrucción.
IV. Que mediante la PV-2022-108585826-APN-VOCXII#TFN se elevan las actuaciones a consideración de la Sala “D” .
V. Que la ley 25.964 en su art. 9° establece la exención del pago de la tasa de actuación a las “personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos” y que este instituto se ve plasmado en el art. 78 del C.P.C.C.N., donde se ampara a quienes “carecieren de recursos” esto es, los que se encuentran en una situación de pobreza tal que, de no poder afrontar el pago de la tasa, afectaría su derecho a estar en juicio.
Que, para analizar el sustento del citado instituto, debemos remitirnos a los dos preceptos de raigambre constitucional como son; la garantía de defensa en juicio y la igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la Constitución Nacional), como pilares que vienen a asegurar la prestación de los servicios de justicia que se ajusta a la situación económica de quienes no pueden afrontar un litigio.
En este orden de ideas, en tanto constituye un privilegio de carácter excepcional, su concesión ha de valorarse en forma restrictiva, lo que determina que la ausencia de recursos económicos que imposibiliten el pago de los costos causídicos deba ser demostrada en forma fehaciente, carga que le incumbe al peticionante (conf. art. 79, ap. 2°. C.P.C.C.N.)
Que asimismo corresponde aclarar que la concesión de este beneficio "...queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas "(CSJN, "Siderman José y otros c/Nación Argentina y Provincia de Tucumán s/daños y perjuicios" ED - T. 132 - pág 142), por lo que es el Tribunal quien debe efectuar en cada situación concreta, un examen particularizado de las pruebas aportadas a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión.
Que en las presentes actuaciones, cabe destacar que la incidentista hizo una extensa presentación, donde intenta explicar las razones que llevan a la solicitud en trámite. En su escrito se destaca un dogmático relato que dice complementará con documentación y prueba que ofrece.
Al respecto cabe referirse a las pruebas propuestas. En primer término, consistía en librar oficios a distintos registros (inmueble, automotor, etc), los que nunca fueron impulsados a pesar de haberse hecho lugar a la producción de la misma.
Tampoco su perito de parte presentó el informe pericial contable requerido, aún cuando el profesional había aceptado el cargo. Los distintos items que conformaban el pliego de puntos a responder apuntaban a demostrar la imposibilidad de pago. Sin embargo, esto último impidió que esta Instrucción pudiera evaluar los dichos de su presentación.
Descartadas las pruebas ofrecidas y no producidas por su propia inacción, queda referirse a la presentación de un informe certificado por un profesional de ciencias económicas donde se comparan las ventas de tres meses respecto de idénticos períodos del año anterior. Dicha elección no responde a un criterio objetivo y justificado, siendo parcial la información brindada ya que se refiere a un solo item y no abarca un período anual, tampoco exhibe estados contables y/o declaraciones juradas que permitan visualizar su estado patrimonial, ya que en ellos pudo haberse verificado la existencia de otros rubros disponibles (inversiones, bienes de cambio, bienes de uso, etc) como así también otros ingresos que pudieran exponerse en el estado de resultados. Esto último tampoco fue suplantado con los oficios ofrecidos y no impulsados.
Con relación a la situación concursal, se coincide con la referencia al artículo 9° de la Ley 25.964 y la posibilidad de reducción de la tasa en hasta un 50% de su monto. Sin embargo, esa decisión debe ser fruto del desarrollo de una actividad previa de análisis de la situación económico-financiera de la empresa que de paso al ejercicio de la facultad que contempla el citado artículo, advirtiéndose que existe un margen de ponderación entre el 50% y el 100% que no puede responder a otra cuestión que no sea la actividad probatoria. La presentación del concurso no implica la automática reducción de la tasa de actuación. En el presente caso no existe documentación ni evidencias que permitan siquiera analizar el estado financiero y patrimonial de la empresa que implique su imposibilidad de pago. Al mismo tiempo la actora manifestó que esperaba, al momento de su presentación ante este Tribunal, un próximo acuerdo con los acreedores que le permitiría continuar con las actividades de la compañía.
VI. Otro aspecto a tener en cuenta es que, a pesar de que la ley de procedimiento tributario prevé que “En la instancia ante el Tribunal Fiscal de la Nación los interesados podrán actuar personalmente, por medio de sus representantes legales, o por mandatario especial...” (art. 160 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.), el incidentista ha optado por actuar con letrado patrocinante, lo que es un argumento más para tener en cuenta al momento de valorar la real “carencia de fondos”, toda vez que deberá afrontar el pago de los honorarios correspondientes a la actuación del profesional interviniente. Que, así como corresponde prever los honorarios del profesional - patrocinante- con motivo del recurso incoado, también debe considerarse el arancel correspondiente a la tasa de actuación que establece la ley Nº 25.964, puesto que ninguno de esos gastos surge en forma intempestiva, sino que son consecuencia de la decisión que adopta el propio apelante en el momento de acudir ante esta instancia jurisdiccional.
VII. Que, a juzgar por la ausencia total de evidencias, que permitan corroborar la supuesta falta de medios para poder afrontar el pago de la tasa de actuación ante este Tribunal ni razones para proceder a la reducción que contempla el artículo 9° de la ley, corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas.
Por último, corresponde intimar a la incidentista para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 784.442,48 (pesos setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos con 48/100) en concepto de tasa de actuación con más los accesorios, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios devengados en los términos del artículo 7° de la Ley N° 25.964, a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal.
La Dra. Gómez dijo:
Que la carencia de recursos que configura la situación de pobreza necesaria a los fines de obtener el beneficio que peticiona la recurrente, no se encuentra configurada en autos, ya que tal como surge del voto del Dr. Martín, no fue acreditada de forma fehaciente.
En este sentido es necesario remarcar que esa situación de pobreza, no debe confundirse con meras dificultades financieras atravesadas, ya que no surge de las constancias de autos la carencia de medios tendientes a satisfacer la suma que por tasa de actuación por ante este Tribunal debe ingresarse, destacándose que el hecho de que la incidentista se encuentre en concurso preventivo no alcanza para sustentar las razones invocadas para ser eximida de la tasa de actuación o lograr su reducción. (Cámara Nacional Comercial -Sala A- “Supercanal Holding S.A.c/ Multicanal S.A.”, sentencia del 16/06/2009), puesto que ello no afecta la continuidad de la empresa. Si bien la ley 25.964 prevé en su art 9, último párrafo una reducción de la tasa cuando el litigante se encuentre concursado civil o comercialmente, corresponde aclarar que el texto legal es claro en punto a que la tasa podrá (el destacado es propio) ser reducida hasta en un cincuenta por ciento (50%), siendo al Vocal a quien le cabe la facultad discrecional de otorgar (y en qué porcentaje) o denegar dicha reducción. Ello así y tal como lo sostiene el Vocal Instructor, existe una ausencia total de evidencias, imputables a la incidentista, que permitan otorgar la mentada reducción. A mayor abundamiento y en virtud de lo manifestado por la propia accionante en cuanto a que esperaba, al momento de su presentación ante este Tribunal, un próximo acuerdo con los acreedores que le permitiría continuar con las actividades de la compañía; ello representa un indicio que no se encuentra en una total carencia de medios y recursos, como así tampoco, llegado el caso, a obtenerlos (conf. CNACAF - Sala I- "in re" "SIDEC, Compañía Industrial del Cuero SA c/DGI, s/beneficio de litigar sin gastos", del 19/12/1996). Que, a tenor de lo expuesto, corresponde resolver la denegación del incidente de beneficio del litigar sin gastos peticionado, con costas, e intimar el ingreso de la tasa de actuación debida.
La Dra. O’Donnell dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Gómez, por lo que corresponde intimar el pago de la tasa de $784.442,48 (Pesos setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos con 48/100) más intereses resarcitorios (conf. art. 7°, ley 25.964 y reglam.).
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas.
2. Intimar a la incidentista para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 784.442,48 (Pesos setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos con 48/100) en concepto de tasa de actuación con más los accesorios, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios devengados en los términos del artículo 7° de la ley N° 25.964, a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para el patrocinio letrado en la suma de $ 134.291,73 (Pesos ciento treinta y cuatro mil doscientos noventa y uno con setenta y tres centavos) equivalente a 12,91 (doce con 91/100) UMA y por el la representación procesal, la suma de $ 53.716,69 (Pesos cincuenta y tres mil setecientos dieciséis con sesenta y nueve centavos) equivalente a 5,17 (cinco con 17/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Acordada N° 25/2022 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Las sumas reguladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, en caso de corresponder.
Regístrese, notifíquese y archívese.-
Date: 2022.11.02 14:02:26 -03:00 Date: 2022.11.02 15:56:23 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.02 16:02:21 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.02 16:02:22 -03:00
Fin de la sentencia