Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 26343225-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar la resolución dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación el 8 de abril de 2025, como así también la Resolución nº 6923/2016 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la AFIP-DGA;
2Declarar inoficioso el tratamiento de la apelación del Fisco;
3Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación);
4Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
38234/2025 INDUCA SACIIY F (TF 26343225-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de diciembre de 2025.-
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante la resolución del 8 de abril de 2025, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora y; en consecuencia: a) declaró prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos (u$s9.297,01 y $17.051,21) por la infracción al artículo 970 del Código Aduanero, relativa a la operación de importación temporal n° 05 073 IT14 002152 G, con costas a la demandada y; b) confirmó el artículo 1° de la Resolución DE PRLA n° 6926/16, mediante la cual se le había requerido el pago de una multa de $28.551,11, por la comisión de la aludida infracción, con costas a la parte actora (v. páginas 381/391 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO nº 20397950, agregado a la causa el 13/10/2025].
En primer término, examinó el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer multas (artículos 934, 935 y 937, inciso a) del Código Aduanero) y para exigir el pago de tributos (artículos 803, 804 y 805 del Código Aduanero).
Expresó que en el caso se hallaban cumplidos los requisitos previstos en el artículo 1.094 del Código Aduanero, ya que con anterioridad a que se dispusiera la apertura del sumario había sido practicada la liquidación de los tributos pretendidos y, en ese auto, se había identificado debidamente la infracción, el posible imputado y la destinación comprometida. Por ende, correspondía asignarle virtualidad interruptiva (artículo 937 del Código Aduanero) y suspensiva (artículo 805, inciso a) del Código Aduanero).
Luego, y en lo relativo al planteo de prescripción de la acción para imponer multas, señaló que su cómputo inició el 1° de enero de 2007, y se interrumpió por el dictado del auto de apertura de sumario, el día 20 de diciembre de 2011, empezando a computarse nuevamente a partir del 21 de diciembre de ese año, de modo que vencía el 20 de diciembre de 2016 (cfme. artículos 934, 935 y 937, inciso a) del Código Aduanero), de manera tal que al tiempo del dictado de la Resolución DEPRLA n° 6923/16 (el 19 de diciembre de 2016), la acción no había prescripto.
En cuanto al planteo de prescripción de la acción para exigir el pago de tributos, puso de manifiesto que de conformidad con lo establecido en los artículos 803 y 805 del Código Aduanero, el plazo quinquenal de prescripción de la acción tributaria también había comenzado a correr el 1° de enero de 2007, en atención a que el vencimiento de la importación temporal había ocurrido el 12 de agosto de 2006. En tales condiciones, expresó que, de no constatarse causales interruptivas o suspensivas, su vencimiento hubiera operado el 31 de diciembre de 2011.
Señaló que, de conformidad con lo establecido en el artículo 805, inciso a) del mencionado código, aquél se había suspendido el 20 de diciembre de 2011, al haberse dispuesto la apertura del sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero. Agregó que dicha suspensión, de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo, se extendía “…hasta que recayere la decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”. Indicó que a partir del dictado de la Resolución DE PRLA n° 6923/16 se reanudó el cómputo del aludido plazo y que, al adicionarse los 12 días que se hallaban pendientes, se cumplió el 31/12/2016. Aclaró que el único acto que hubiera tenido virtualidad interruptiva hubiera podido ser la notificación de la aludida resolución, pues ello hubiese implicado la notificación de la “liquidación tributaria aduanera” a la que hace referencia el artículo 806, inciso a) del Código Aduanero. En tales condiciones, y al haberse practicado la notificación recién el día 03/03/2021, concluyó que la acción del Fisco para requerir el pago de tributos se hallaba prescripta.
Descartó el planteo tendiente a señalar que el plazo de duración del proceso se había extendido de modo irrazonable. Consideró CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V que las circunstancias verificadas en los presentes autos no resultaban sustancialmente análogas a las examinadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Bossi y García S.A.” y “Losicer”, que se prolongaron por períodos de más de 23 y 20 años, respectivamente.
En cuanto a la cuestión de fondo, consideró que si bien la firma importadora había acompañado copia de los permisos de embarque mediante los cuales sostuvo haber reexportado la mercadería ingresada temporariamente, lo cierto era que no había acercado copias de los CTC, de manera tal que no se había acreditado debidamente la reexportación de las mercaderías ya que no resultaba la relación insumo-producto comprometida.
II. Que la parte actora apeló y expresó agravios el 12/05/2025, los que fueron replicados por la contraria el 21/05/2025 (v. páginas 397/412 y 434/444 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO nº 20397950, agregado a la causa el 13/10/2025]. Por su parte, el Fisco apeló y expresó agravios el 21/05/2025, los que fueron replicados por la parte actora el 26/06/2025 (v. páginas 434/444 y 453/462 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO nº 20397950, agregado a la causa el 13/10/2025].
II.1. La firma importadora insiste en que el plazo de duración del proceso se extendió en términos irrazonables y que esa circunstancia afectó su derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas. Explica que el examen de los supuestos de interrupción y de suspensión del plazo para el ejercicio de la acción, tanto para imponer penas como para exigir el pago de tributos, debieron ser interpretados a la luz de la doctrina sentada por la Corte federal en las causas “Losicer” y “Bossi y García S.A.” y la garantía convencional del plazo razonable. En ese sentido pone de resalto la injustificable duración del procedimiento, iniciado por el incumplimiento de una destinación temporaria vencida en 2006, y que culminó recién con el dictado de una resolución por el Tribunal Fiscal en el año 2025. Cita jurisprudencia que –a su entender– respalda su postura.
En consecuencia, solicita que se haga lugar a su recurso y se revoque la resolución apelada, declarándose prescripta la acción del Fisco tanto para perseguir el cobro de tributos como para imponer sanciones, con costas.
En diferente orden de ideas, sostiene que en el caso se debió aplicar la “ley penal más benigna”, ya que poco tiempo después del dictado de la resolución aduanera apelada fue dictada la Instrucción General (DGA) n° 9/2017 que elevó el monto por el cual los sumarios debían ser archivados a la suma de $30.000.
Finalmente, insiste en que en debió considerarse acreditada la reexportación de la mercadería importada temporariamente ya que su parte acompañó copia de los permisos de embarque que así lo acreditan y que los CTC, cuya falta de presentación se objeta, fueron oportunamente adjuntados al momento de oficializar los aludidos permisos. Destaca que esa circunstancia resulta de la prueba informativa, ya que las impresiones de la pantalla de la operación de importación temporal aparecen en “‘estado cance’ (es decir, cancelada)”.
II.2. El Fisco, por su parte, se agravia de que se haya declarado prescripta la acción para exigir el pago de tributos. Al respecto, afirma que la resolución cuestionada en los presentes autos no constituye la “decisión que habilita el ejercicio de la acción” hasta tanto aquel acto administrativo se halle firme y pasado en autoridad de cosa juzgada. Manifiesta que en el caso, por el contrario, ese acto fue recurrido ante el referido Tribunal Fiscal, en los términos del artículo 1132, punto 1), inciso a) del Código Aduanero el que tiene, además, efecto suspensivo (artículo 1134 del Código Aduanero).
Considera que la interpretación propiciada por el Tribunal Fiscal desnaturaliza la causal de suspensión contenida en el artículo 805, inciso a) del Código Aduanero.
En segundo orden de ideas afirma que el plazo de prescripción que se suspendió al ser dispuesta la apertura del sumario el 20 de diciembre de 2011, luego se interrumpió como consecuencia de la notificación de la liquidación tributaria contenida en la corrida de vista, de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V conformidad con lo establecido en el artículo 806, inciso a) del Código Aduanero. Ello, con fundamento en lo expresado en el artículo 1.103 del Código Aduanero.
Por otra parte, expresa que el Tribunal Fiscal omitió examinar la suspensión del cómputo del plazo de prescripción prevista en el artículo 17 de la Ley n° 27.562.
III. Que, en este estado de las actuaciones, corresponde examinar los recursos interpuestos por ambas partes respecto de la defensa de prescripción y de plazo razonable de duración del proceso, toda vez que una decisión favorable al planteo de la parte actora tornaría insustancial el tratamiento de los restantes agravios propuestos en los escritos recursivos.
III.1. En los presentes autos se discute la procedencia de un reclamo tributario así como también la fijación de una multa establecidos como consecuencia de haberse imputado la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero. En tales condiciones, corresponde examinar las constancias de autos a la luz del estándar fijado por la Corte Suprema en el precedente de Fallos: 335:1126 (“Losicer”), en la inteligencia de que la garantía de un plazo razonable –prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos– también resulta de aplicación al ámbito tributario (esta Sala, in re nº 55643/17 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A c/ DGA”, sentencia del 27/06/2017; entre otros).
Al respecto, el Alto Tribunal, a fin de evaluar si la tramitación del sumario administrativo se ha excedido del plazo razonable (directriz que emerge del art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, integrante de bloque de constitucionalidad federal, art. 75 inc. 22 CN), ha seguido un test tomado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez ha seguido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicho test abarca los siguientes aspectos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) el análisis global del procedimiento. Tales pautas tienen como fin dar un contenido concreto a la garantía de obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas, que se vincula con el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 CN). El Alto Tribunal ha aclarado que la vigencia de esta garantía no podía traducirse en un número fijo de días, meses o años (Fallos 330:3640, citado en “Losicer”).
III.2. Ahora bien, en el caso de autos el hecho que dio origen al procedimiento tuvo lugar en el año 2006 (ver fecha de vencimiento del DIT 05 073 IT14 002152 G agregado en las páginas 141/142 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO nº 20397950, incorporado a la causa el 13/10/2025], a cuya foliatura se aludirá en lo sucesivo) y la apertura del sumario se dispuso el 20/12/2011 (cfr. página 158). Posteriormente, fue citada la firma importadora y la compañía aseguradora, el 13/10/2016 (v. páginas 178/179) habiendo presentado su descargo ambas partes el 1° y 2° de noviembre de 2016 (cfr. páginas 196/203 y 204/212). Luego, el 04/11/2016, se tuvo por acompañada la prueba documental y se tuvo presente la informativa, en caso de corresponder (cfr. página 241). Finalmente, el 19/12/2016, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dictó la Resolución nº 6923/16 mediante la cual fue impuesta una multa a la firma importadora y fueron determinados los tributos adeudados por dicha empresa y por la compañía aseguradora (cfr. página 247/253). Aquella fue notificada a la firma importadora el 03/03/2021 (v. páginas 256/257) y la compañía aseguradora el 08/03/2021 (v. páginas 258/259).
Con posterioridad, la firma importadora recurrió ante el Tribunal Fiscal de la Nación el 25/03/2021 (cfr. páginas 5/25). El Fisco contestó el recurso el 26/05/2021 (v. páginas 271/290). Asimismo, el 09/02/2023 se abrieron a prueba las actuaciones (v. página 299); y el período probatorio se dio por clausurado el 12/12/2024 (v. págia 354). La siguiente actuación impulsoria data del 18/12/2024, cuando el a quo puso la causa para alegar (v. página 355).
Finalmente, el Tribunal Fiscal de la Nación dictó la decisión que en este acto se apela el 08/04/2025 (v. páginas 381/391).
III.3. En tales condiciones, se verifica en autos una demora irrazonable en el procedimiento administrativo. Tal situación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V infringe garantías constitucionales expresas, como las que derivan del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN) y de duración razonable en los procesos (art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos). En efecto, se observa que entre la configuración de los hechos que motivaron el inicio de las actuaciones administrativas y el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación transcurrieron casi veinte años, lo cual constituye un plazo excesivo de duración del procedimiento. En este sentido el Alto Tribunal sentó en el precedente “Bonder Aaron (Emperador Compañía Financiera SA) y otros c/ BCRA s/ Resol. 178/93” (sentencia del 19/11/2013) la regla según la cual el “análisis global del procedimiento” en este tipo de casos, debe necesariamente comprender tanto el sumario como la instancia revisora.
Según puede advertirse, las demoras no se deben a la complejidad que pudiera presentar el asunto ni a la actividad procesal de la sumariada, sino al hecho de que la actuación procesal estatal ha sido poco diligente, teniendo en cuenta la nula actividad verificada en determinados períodos en sede aduanera, que han alcanzado lapsos superiores al año.
A la luz de estos extremos de hecho, y de conformidad con el precedente “Losicer” del Alto Tribunal, se estima que se ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto al “plazo razonable” en la duración de los procesos, sin que ello implique ingresar a considerar si los hechos imputados en su oportunidad tenían sustento fáctico o jurídico (esta Sala, causas nº 55643/17 “Alba”, ya citada; y nº 30452/2018 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” Buenos Aires, del 2/05/2019; entre otras).
III.4. Que, además de lo expuesto, cabe destacar que la Ley 27.742 a través de su artículo 25 incorporó en el artículo 1º bis, inciso a), apartado (iv) de la Ley 19.549 -aplicable supletoriamente en la especie- el “Derecho a un plazo razonable”, comprendido dentro del principio de “Tutela administrativa efectiva” en el sentido de: “…que los procedimientos administrativos tramiten y concluyan en un plazo razonable, por decisión escrita y expresa. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación” (cfr. esta Sala V en la causa n° 2.001/24, caratulada “HTI Cono Sur (TF 20538084-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 21 de agosto de 2025 y causa n° 10.775/2024 “HTI Cono Sur (TF 62161222-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3 de julio de 2025 y causa n° 20.899/2024 “Compañía de Seguros La Mercantil SA (TF 121517942-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 22 de abril de 2025, entre otras).
IV. Que, en virtud de la conclusión alcanzada, resulta inoficioso el tratamiento de los restantes agravios propuestos por la parte actora así como también el recurso del Fisco Nacional.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar la resolución dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación el 8 de abril de 2025, como así también la Resolución nº 6923/2016 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la AFIP-DGA; 2) Declarar inoficioso el tratamiento de la apelación del Fisco; 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); 4) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Se deja constancia de que la Vocalía n° 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y; oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia