Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial, Sala III ,de Mar del Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo: I) Se hace lugar al recurso de apelación subsidiariamente interpuesto a fs. 73/75 con respecto al plazo para interponer el incidente de revisión. II) Se rechaza el planteo de inconstitucionalidad del art. 6 inc. b de la Resolución General AFIP N° 2650/2009 así como el planteo de morigeración de intereses. III) Las costas de Alzada se imponen en el orden causado atento como ha sido resuelta la apelación (arts. 68 y 69 del C.P.C., 278 y 287 de la ley 24.522).
IV. Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904).
REGISTRADA BAJO EL N° 171 (S) F°927/934
EXPTE. N° 154733 Juzgado Nº 2 En la ciudad de Mar del Plata, a los 24 días de Septiembre de 2013, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: "INDUSTRIA PESQUERA PATAGONICA S.A.C/ FISCO NACIONAL - A.F.I.P - D.G.I. S/INCIDENTE DE REVISION O MUERTE (EXC.ESTADO)" habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es justa la sentencia de fs. 67/70?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
I. Dicta sentencia el Sr. Juez de Primera Instancia, resolviendo hacer lugar al planteo efectuado por el acreedor/incidentado y, en consecuencia, desestimar el presente incidente de revisión por extemporáneo, con costas al concursado/incidentista vencido.
II. Dicho pronunciamiento es subsidiariamente apelado a fs. 73/75 vta. por el Dr. Guillermo O. Alvarez, letrado apoderado de la concursada/incidentista, fundando su recurso en el mismo escrito con argumentos que no merecieron respuesta de la contraria.
III. Agravia a la recurrente que, en la sentencia apelada, el a quo resuelva rechazar el presente incidente de revisión por extemporáneo, en tanto incurrió en un error de cálculo.
Señala que si bien coincide con el juzgador en cuanto a que el plazo para la interposición del incidente de revisión comenzó a correr el día lunes 10 de Mayo de 2010, lo cierto es que el término de 20 días hábiles judiciales venció el 15 de Junio de 2010 con el plazo de gracia dispuesto por el art. 124 del C.P.C.
Sostiene que durante el transcurso del término computado mediaron 6 días inhábiles, feneciendo el plazo para iniciar el presente incidente de revisión a las 12 horas del día 15 de Junio de 2010. Considera que conforme surge del cargo de la Mesa de Entradas de Receptoría Gral. de Expedientes, el presente incidente de revisión ha sido presentado el día 15 de Junio de 2010 a las 10.49 horas, es decir, con anterioridad al vencimiento del plazo de gracia establecido por el art. 124 del C.P.C., lo que acredita la temporaneidad del planteo.
Concluye solicitando la revocación de la sentencia que declara extemporánea la presentación del presente incidente de revisión.
IV. Pasaré a analizar los agravios planteados.
- TEMPORANEIDAD DE LA REVISIÓN DEL CRÉDITO.
La cuestión planteada se centra en determinar si ha transcurrido el plazo de "veinte días siguientes a la fecha de la resolución prevista en el art. 36 de la L.C.Q." para promover el incidente de revisión como lo prevé el art. 37 de la ley concursal (argto. doct. Darío J. Graziabile, "El plazo de revisión en el proceso concursal", pub. en La Ley 2008-D, 1018). Frente a ello, cabe preguntarse si el plazo de 20 días siguientes a la resolución del art. 36 de la L.C.Q. se trata de días corridos o si, por el contrario, se cuentan como días hábiles judiciales (art. 37 de la L.C.Q.). En tal sentido, la doctrina es concordante en sostener que el referido plazo se cuenta en días hábiles judiciales, desde que el art. 37 de la L.C.Q. no establece lo contrario, lo que cobra operatividad el principio general previsto por el art. 273 inc. 2° de la ley concursal (conf. Horacio P. Garaguso - Alberto A. Moriondo, "El proceso concursal" - T. I, Ed. Ad-Hoc, Cdad. de Bs. As., 1999, pág. 203; Adolfo A. N. Rouillón, "Régimen de Concursos y Quiebras", Ed. Astrea, Cdad. de Bs. As., 2010, pág. 117). Sentado ello e ingresando en el estudio de la cuestión traída a consideración de esta Alzada, adelanto que el recurso debe prosperar. Expondré, seguidamente, las razones que conducen hacia dicha conclusión.
El art. 37 de la ley 24.522 (modif. por ley 26.684), en su segundo párrafo, establece que la resolución que declara admisible o inadmisible un crédito "puede ser revisada a petición del interesado, formulada dentro de los veinte días siguientes a la fecha de la resolución prevista en el art. 36. Vencido este plazo, sin haber sido cuestionada, queda firme y produce también los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo" (textual).
El referido precepto es claro en cuanto al momento a partir del cual se debe computar el plazo para articular la revisión, esto es desde la fecha del dictado de la resolución del art. 36 de la Ley de Concursos y Quiebras y no desde su notificación (argto. jurisp. esta Sala, causas N° 146129 RSD 185/10 del 6/7/2010, 151077 RSD 135/12 del 3/7/2012). Así lo ha interpretado la doctrina en la inteligencia de que la letra de la ley permite claramente interpretar que la resolución verificatoria queda notificada automáticamente el mismo día de su dictado, excepcionándose así el régimen general de las notificaciones concursales (arts. 26 y 273 inc. 5 de la L.C.Q.; conf. Pablo D. Heredia, "Tratado Exegético de Derecho Concursal", Edit. Abaco, Bs. As., 2000, t. 1, pág. 766; José A. Di Tullio, “Teoría y Práctica de la verificación de créditos", Ed. Lexis Nexis, 2006, pág. 78 y sgtes.; Darío J. Graziabile, "El plazo de revisión en el proceso concursal", publicado en La Ley 2008-D, 1018).
Este también ha sido el criterio adoptado por la Cámara Nacional de Comercio –en pleno- la cual se ha pronunciado, al respecto, señalando: “El inicio del plazo previsto en el art. 37, segundo párrafo, de la ley 24.522, no se encuentra subordinado a la notificación de la resolución del art. 36 de esa ley” (Cám. Nac. Com. en pleno, in re "Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Activa s/ Inc. de rev. En: Rafiki S.A. s/ quiebra", sent. del 28/02/2006, pub. en La Ley on line).
A lo antes dicho cabe agregar que el criterio que se propone es el que emana como doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia, resolviendo en múltiples oportunidades que "...El plazo para plantear el incidente de revisión se computa desde la fecha de la resolución del art. 36 de la ley 24.522, con independencia de su notificación..." (SCBA C. 97778 in re "BBVA Banco Francés S.A. Incidente de revisión en autos Ratto, Héctor F. s/Concurso preventivo", sent. del 25/2/2009; Ac. 83931 in re "Laguna La Tosca S.A s/Concurso preventivo", sent. del 20/6/007; Ac. 83724 "Cañosur S.A.C.I.M.I.A Concurso preventivo s/ Incidente de revisión por Bank Boston", sent. del 24/3/2004; Ac. 75830 in re "Martínez, José y otro s/ incidente de revisión en autos "De la Iglesia y Cía S.C.A s/ concurso preventivo", sent. del 15/11/2000).
No puede obviarse que el plazo es común para todos los acreedores que deseen peticionar la revisión ya que es la vía impugnativa contra la sentencia del art. 36 de la L.C.Q.
Me pregunto entonces, ¿pueden coexistir dos plazos para iniciar la revisión?
La respuesta negativa se impone, puesto que al ser tal plazo de naturaleza común implica que corre simultáneamente para todos los interesados, salvo claro está que ante circunstancias especiales y debidamente probadas el sentenciante suspenda el transcurso de los plazos a favor de alguno o de todos los interesados (argto. arts. 157 del C.P.C. y 274 de la ley 24.522; jurisp. esta Sala, causa N° 146129 RSD 185/10 del 6/7/2010).
Partiendo de tales pautas, cabe observar que con fecha 26 de Abril de 2010 se dictó la sentencia del art. 36 de la L.C.Q., suspendiendo los términos que pudieren estar corriendo a los efectos de los arts. 37, 39, 41, 42, 43 y 45 de la L.C.Q. hasta tanto se dé cumplimiento con la liquidación ordenada en el mismo resolutorio (v. fs. 4465/4483 vta.).
Con fecha 5 de Mayo de 2010 la Sindicatura presentó liquidación del crédito quirografario insinuado por el acreedor AFIP/DGI (fs. 4565/4570 vta.), declarando el a quo verificado el monto resultante de dicha liquidación y señalando que dicha resolución integra la sentencia verificatoria de fs. 4465/4483 (v. fs. 4571).
De allí que el inicio del cómputo del plazo previsto por el art. 37 de la L.C.Q. debe contarse a partir de esta última resolución en tanto forma parte de la resolución verificatoria del art. 36 del L.C.Q., tal como lo ha justificado el primer juzgador en las resoluciones de fs. 4465/4483 y de fs. 4571.
Sentado ello, y teniendo en consideración lo precisado precedentemente -en cuanto al momento a partir del cual debe computarse el plazo para articular la revisión de la sentencia verificatoria- se advierte que efectivamente el término de veinte días hábiles judiciales expiraba con fecha 16 de Junio de 2010, una vez cumplido el plazo de gracia previsto en el art. 124 del C.P.C. (argto. art. 36, 37 y ccdtes. de la L.C.Q.; jurisp. SCBA C. 97.778 del 25/2/2009).
En consecuencia, habiendo el concursado presentado escrito de promoción del incidente de revisión el 15 de Junio de 2010 a las 10.49 hs. (fs. 11), entiendo que le asiste razón al apelante cuando considera temporánea articulación del mismo (argto. art. 36, 37 y ccdtes. de la L.C.Q.). Por todo lo expuesto, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales, corresponde hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento (arts. 26, 36, 37, 39, 41, 42, 43 y 45 y 273 inc. 5 de la L.C.Q.). Atento que ha sido planteada en término la revisión, procederé a analizar las cuestiones esgrimidas al iniciar el incidente de revisión a fs. 5/11.
En primer lugar, trataré la cuestión referida a la INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 6 INC. B DE LA RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 2650/2009 Y LA APLICABILIDAD DE LA LEY 26.476 AL CASO DE AUTOS.
Liminarmente cabe recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma configura un acto de suma gravedad que sólo procede como ultima ratio del orden jurídico tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de la Nación en forma reiterada, lo que requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto y sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún embargo, para el ejercicio del control en determinadas materias que, prima facie, estarían fuera de su alcance (conf. CSJN "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/Ejército Argentino s/daños y perjuicios" , sent. del 27/11/2012; 14:432; 242:73 y 247:121; entre otros; argto. doct. María Alejandra Bottoni - Marcelo Julio Navarro, "El control de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la última década", LL 21/04/2011, 21/04/2011, 1 - LL 2011-B, 1112).
En sintonía con ello, se debe presumir la constitucionalidad de los actos públicos (CSJN 200:128), lo que obliga a quien sostiene la incompatibilidad con normas supremas a demostrarla acabadamente (argto. doct. Humberto Quiroga Lavié - Miguel A. Benedetti - María de las Nieves Cenicacelaya, "Derecho Constitucional Argentino" - T. I., Ed. Rubinzal- Culzoni, Cdad. de Sta. Fe, 2001, pág. 557; Néstor Pedro Sagues, "Derecho Procesal Constitucional" - T. II, pág. 337; Néstor Pedro Sagues, "Derecho Procesal Constitucional - Logros y obstáculos", pág. 95; Colagero Pizzolo, "La jerarquía constitucional y control judicial de las normas", en "Colección de análisis jurisprudencial" por Daniel Alberto Sabsay, Ed. La Ley 2003, pág. 153; Miguel Angel Ekmekdjian, "Tratado de Derecho Constitucional" - T. III, pág. 269; Germán Bidart Campos, "Tratado elemental de derecho constitucional", Ed. Ediar, Cdad. de Bs. As., pág. 136).
En efecto, para declarar la inconstitucionalidad parcial o total de una resolución -como se pretende en autos- se debe indicar qué derechos constitucionales se han violado y también se ha exigido que la parte actora acredite el ejercicio de qué derechos constitucionales se ha afectado debido a la aplicación de esta norma, es decir, de qué manera y con qué alcance la norma produce la afectación de una garantía constitucional, siendo ésta una carga ineludible de quien pretende la declaración de inconstitucionalidad de una norma (argto. jurisp. SCBA in re "Avila, Miguel Angel c/ Provincia de Buenos Aires -Ministerio de Seguridad- s/ Demanda contencioso administrativa" B. 66966 del 14/8/2013).
A ello cabe agregar que el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional habilita al Poder Ejecutivo a establecer las condiciones de aplicación de la ley, aunque no hayan sido contempladas por el legislador de manera expresa siempre que se ajusten al espíritu de la norma reglamentada (argto. jurisp. CSJN in re "Chocobar c/ Caja Nac. de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos" C.278.XXVIII del 27/12/1996).
Consecuentemente, es menester que el planteo de inconstitucionalidad precise y acredite fehacientemente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición, pues la invocación de agravios meramente conjeturales resulta inhábil (argto. doct. Alberto B. Bianchi, "Control de constitucionalidad" - T. II, Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, 2002, pág. 31).
Como puede verse, la regla tiene un aspecto objetivo que consiste en la demostración clara de la inconstitucionalidad de la norma, y uno subjetivo referido a la probanza efectiva de la existencia de un perjuicio causado por la misma (argto. doct. ut supra cit.).
Teniendo en cuenta estos parámetros, transcribiré las normas alegadas por el incidentista.
El art. 4 de la ley 26.476 prevé: "Se establece, con alcance general, la exención y/o condonación:
a) De las multas y demás sanciones, que no se encontraren firmes; b) De los intereses resarcitorios y/o punitorios y/o los previstos en el artículo 168 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, en el importe que supere:
1. El treinta por ciento (30%) del capital adeudado, cuando el acogimiento al régimen se efectúe en el primero o segundo mes de su vigencia.
2. El cuarenta por ciento (40%) del capital adeudado, cuando el acogimiento se efectúe en el tercero o cuarto mes de su vigencia.
3. El cincuenta por ciento (50%) del capital adeudado, cuando el acogimiento se efectúe en el quinto o sexto mes de su vigencia.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación respecto de los conceptos mencionados que no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y correspondan a obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, vencidas o por infracciones cometidas al 31 de diciembre de 2007". Por su parte, el art. 6 de la Resolución General AFIP N° 2650/2009 reglamentó dicha normativa, estableciendo que "Los sujetos con concurso preventivo en trámite podrán adherir al presente régimen, en tanto observen las condiciones que se indican a continuación: (...) b) Manifestar la voluntad de incluir en el régimen las obligaciones devengadas con anterioridad a la fecha de presentación del concurso preventivo o vencidas al 31 de diciembre de 2007 -con los alcances del Artículo 2°-, la que sea la anterior.
Dicha manifestación se formalizará mediante transferencia electrónica de datos, vía 'internet', a través del sitio 'web' de este Organismo (http://afip.gob.ar) y con 'Clave Fiscal', hasta el día inclusive, del vencimiento del plazo general para la adhesión al régimen.
c) Formalizar la adhesión al régimen cumpliendo los requisitos y condiciones dispuestos por la presente resolución general, ingresando al sistema informático denominado 'MIS FACILIDADES' opción 'Ley 26.476 - Título I - Concursados', en la oportunidad que en cada caso se indica seguidamente:
1. Resolución judicial homologatoria del acuerdo preventivo notificada al concursado hasta el 31 de julio de 2009, inclusive: hasta el día de vencimiento del plazo general del adhesión. El beneficio establecido en el inciso b) del Artículo 4° de la Ley N° 26.476 será el que corresponda al bimestre en el que se realice la presentación, con independencia de la fecha de manifestación de voluntad de acogimiento.
2. Resoluciones homologatorias notificadas con posterioridad al 31 de julio de 2009 y/o pendientes de dictado al 31 de agosto de 2009, inclusive: dentro de los TREINTA (30) días corridos inmediatos siguientes a aquel en que se produzca la respectiva notificación. El beneficio aplicable en este supuesto será el establecido en el inciso b) punto 3. del Artículo 4° de la Ley N° 26.476, con independencia de la fecha de manifestación de voluntad de acogimiento.
d) Presentar una solicitud de acogimiento, distinta a la mencionada en el inciso c) precedente, cuando se adeudan obligaciones devengadas con posterioridad a la fecha de presentación en concurso y éstas sean susceptibles de ser incluidas en este régimen. Dicha solicitud deberá realizarse hasta el día de vencimiento del plazo general de adhesión al régimen, inclusive, de conformidad con los requisitos establecidos en el presente, ingresando al sistema informático detallado en el Artículo 4°, inciso a) de esta resolución general".
De las actuaciones principales no surge que el concursado haya adherido al régimen establecido en el art. 4 de la ley 26.476 reglamentado por el art. 6 de la Resolución General AFIP N° 2650/2009, el cual establece las condiciones, los plazos y las facilidades para adherirse al sistema. Indica la concursada que la reglamentación del régimen establecida por el art. 6 de la Resolución General AFIP N° 2650/2009 viola los arts. 19, 31 y 99 inc. 2 de la Constitución Nacional.
Frente a ello cabe recordar que nuestra Carta Magna regula en sus arts. 14 y 28 el principio de igualdad, íntimamente vinculado al de razonabilidad de las leyes (art. 75 inc. 16 de la Constitución Nacional). Regular o reglamentar las leyes en el sentido de los arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional supone la previa delimitación de los derechos o libertades constitucionales.
Cabe destacar -siguiendo a Linares- que el principio de razonabilidad es entendido como una exigencia referida a la ley que debe contener una equivalencia entre el hecho antecedente de la norma jurídica creada y el hecho consecuente de la prestación o sanción, teniendo en cuenta las circunstancias sociales que motivaron el acto, los fines perseguidos con él y el medio que como prestación o sanción establece dicho acto (arts. 16, 28 y ccdtes. de la Const. Nacional; argto. doct. Juan Francisco Linares, "Razonabilidad de las leyes", Ed. Astrea, Cdad. de Bs. As., 1970, pág. 31).
Cuando hablamos de “razonabilidad de las leyes” nos estamos refiriendo a un standard valorativo que permite escoger una entre varias alternativas, más o menos restrictiva de los derechos, en tanto ella tenga una relación proporcional adecuada entre el fin social perseguido por la norma cuya constitucionalidad se discute y la restricción que ella impone a determinados derechos. En otras palabras, una norma reglamentaria es razonable cuando guarda adecuada proporción entre el objetivo buscado y el medio (intensidad de la restricción) empleado (art. 28 de la Const. Nacional; CSJN "Fallos”, T. 247, pág. 121, íd. “Fallos”, T. 307, págs. 326 y 906; argto. doct. ut supra cit. pág. 23; Miguel Angel Ekmekdjian, “Tratado de Derecho Constitucional”, T. III, pág. 36 y sgtes., Ed. Depalma, 1995).
En el caso de autos, la ley 26.476 así como la Resolución General AFIP N° 2650/2009 establece precisamente las condiciones para adherirse al sistema de exención y condonación de deudas fiscales, ya que al tratarse de un concurso preventivo y a los fines de llegar a un acuerdo con los acreedores quirografarios se ha establecido un procedimiento tendiente a beneficiar al concursado (arts. 15, 16 y ccdtes. de la ley 24.522 y modif.). De ello se infiere la razonabilidad de la norma reglamentaria, toda vez que el sistema facultaba al concursado a hacer uso de la opción de adherirse al mentado régimen en un plazo determinado y bajo condiciones que en modo alguno alteran el espíritu de la ley que reglamenta (art. 28 de la Constitución Nacional).
Nada de ello ha sucedido en autos, ya que el revisionista no se ha presentado ante la A.F.I.P./D.G.I. para "poder" utilizar el procedimiento establecido por la citada normativa.
Tampoco considero vulnerado el principio de igualdad ante la ley que establece el art. 16 de la Constitución Nacional, el cual no impide al legislador establecer categorías distintas de personas o cosas para someterlas a un tratamiento impositivo diferenciado, siempre y cuando dicha distinción sea razonable y que en definitiva beneficia al concursado (argto. doct. Rodolfo R. Spisso, "Derecho Constitucional Tributario", Ed. Depalma, Cdad. de Bs. As., 1991, pág. 283).
De allí que teniendo en cuenta que todos los deudores fiscales en idéntica situación que la firma concursada contaban con las mismas facultades para hacer uso de este régimen, cabe concluir que se ha respetado también el principio de igualdad ante la ley (conf. José Osvaldo Casas, "Derechos y garantías constitucionales del contribuyente", Ed. Ad- Hoc, Cdad. de Bs. As., 2005, pág. 656; argto. doct. Rodolfo R. Spisso, "Derecho Constitucional Tributario", Ed. Depalma, Cdad. de Bs. As., 1991, pág. 279 y sgtes.).
Por todo ello, entiendo que las normas cuestionadas respetan los estándares constitucionales de razonabilidad e igualdad (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional).
Téngase en cuenta además que el grado de acierto o error, mérito o conveniencia de la solución adoptada por otros poderes, constituyen puntos sobre los cuales no cabe al Poder Judicial pronunciarse, en la medida en que el ejercicio de las facultades propias de aquellos no se constate irrazonable, inicuo o arbitrario (conf. CSJN Fallos 316:2044, 322:2346; 329:5567, entre otros).
De allí que estableciendo el art. 6 inc. b de la Resolución General AFIP N° 2650/2009 las condiciones y plazos para adherirse al régimen previsto por la ley N° 26.476 que reglamenta, no altera su espíritu, de lo que se infiere razonable y constitucional el régimen que prevé que el concursado tenga que hacer uso de la opción.
Como consecuencia de ello, no cabe más que rechazar la inconstitucionalidad planteada.
- MORIGERACION DE LA TASA DE INTERES APLICABLE.
En primer lugar, cabe señalar que siendo la A.F.I.P. - D.G.I. -
entidad insinuante- un organismo federal encargado de la recaudación de los tributos nacionales y encontrándose afectada, por ende, la renta pública nacional, indispensable para la atención del gasto y los servicios también públicos, se debe priorizar dicho interés por sobre el de los particulares (argto. jurisp. SCBA Ac. 2078 del 11/3/2009, C. 93088 del 11/3/2009). Sentado ello, cabe recordar el criterio del Máximo Tribunal Provincial en torno a la cuestión referida a los intereses percibidos por el Fisco en el marco de un concurso, al considerar que no corrresponde apartarse de la tasa de interés establecida en la legislación fiscal cuando no existen motivos valederos que resulten debidamente acreditados en la causa para establecer una tasa distinta a la que corresponde por aplicación de la legislación fiscal, en este caso, nacional, resultando de aplicación -en tales supuestos- la tasa fijada en las resoluciones de la Secretaría de Ingresos Públicos correspondiente a los diferentes períodos (argto. jurisp. SCBA AC. 69773 del 2/8/2000, 89238 del 2/5/2007, 79204 del 6/8/2003, 2078 del 14/8/2013).
Ello por cuanto en los términos del art. 622 del Cód. Civil, la regla tributaria viene a establecer un interés legal, característica de la que se deriva su fuerza obligatoria, también para el juez, quien sólo declarando su invalidez por afectación de derechos de grada constitucional puede ordenar una limitación en su cuantía (argto. jurisp. SCBA C. 91728 del 8/11/2006, 98048 del 2/9/2009).
Por su parte, el Máximo Tribunal Nacional sostiene que la facultad que los arts. 656, 953 y 1071 del Cód. Civil confiere a los jueces para morigerar la tasa de interés de las obligaciones dinerarias no tiene virtualidad frente a los intereses legales, añadiendo que los procesos concursales no justifican ninguna excepción a lo precedentemente concluido (argto. jurisp. CSJN Fallos 329:1506 del 9/5/2006).
Ello es así porque frente al hecho cierto y concreto de que las facultades judiciales para morigerar la cuantía de los intereses no juegan cuando ellos son de naturaleza legal, resulta indiferente la distinción entre juicios colectivos y ejecuciones individuales, pues no es cuestión del tipo de proceso, ni de las características del deudor, sea in bonis o en estado de cesación de pagos, sino de la directa inexistencia de tales facultades en cabeza de los jueces (argto. jurisp. ut supra cit.).
La conclusión arriba expresada no se encuentra menguada por el hecho que la tasa de interés cuestionada no ha sido fijada por la ley (en el caso fiscal) sino por la autoridad de aplicación a quien se le delegó hacerlo, pues las disposiciones del Ministerio de Economía y las de la Secretaría de Finanzas (dependiente de esa área ministerial) si bien carecen de esencia legislativa, se debe considerar "ley" en sentido material, en tanto constituyen mandatos obligatorios, generales e impersonales (argto. jurisp. SCBA B. 50296 del 12/3/1996, I. 1335 del 27/9/1994).
Siendo ello así, corresponde rechazar la solicitud de morigeración de los intereses legales aplicables al crédito verificado efectuada por el incidentista, atento la doctrina legal del Superior Tribunal de la Provincia imperante en la materia.
En consecuencia, se rechaza la revisión del crédito insinuado.
ASI LO VOTO. El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación subsidiariamente interpuesto a fs. 73/75 con respecto al plazo para interponer el incidente de revisión. II) Rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 6 inc. b de la Resolución General AFIP N° 2650/2009 así como el planteo de morigeración de intereses. III) Imponer las costas de Alzada en el orden causado atento como ha sido resuelta la apelación (arts. 68 y 69 del C.P.C., 278 y 287 de la ley 24.522). IV) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A:
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo: I) Se hace lugar al recurso de apelación subsidiariamente interpuesto a fs. 73/75 con respecto al plazo para interponer el incidente de revisión. II) Se rechaza el planteo de inconstitucionalidad del art. 6 inc. b de la Resolución General AFIP N° 2650/2009 así como el planteo de morigeración de intereses. III) Las costas de Alzada se imponen en el orden causado atento como ha sido resuelta la apelación (arts. 68 y 69 del C.P.C., 278 y 287 de la ley 24.522).
IV. Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.). Devuélvase.
NELIDA I. ZAMPINI RUBEN D. GEREZ
Marcelo M. Larralde Auxiliar Letrado
Fin de la sentencia