Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-120474270-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución 739/19, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12206-5653-2009, en cuanto le exige a la actora el pago de tributos emergentes del DIT 08073IT14000448P, importe que asciende a DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DOLARES (u$s2.323,93)
En concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses que deben calcularse desde el 5-5-15 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2Costas a la actora.
3Declarar que la actora no adeuda IVA Adicional ni percepción de impuesto a las ganancias, conforme lo expuesto en el considerando XI.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-91366660-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 18 de Septiembre de 2026 ARGENTINA S A En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S A c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX- 2022-120474270- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que, en RE-2022-120473688-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución 739/19, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12206-5653-2009, mediante la cual se ordena el archivo de la multa por la infracción tipificada en el art. 970 del Código Aduanero (“C.A.”) respecto del DIT 08073IT14000448P en los términos del punto D.4 de la Instrucción General 11/16, modificada por la IG 9/17; y se le exige el pago de tributos con más intereses. En primer término, sostiene que se vulneró su derecho de defensa porque no se hizo lugar a la prueba ofrecida en sede aduanera. Asimismo, aduce que se descargó la totalidad del DIT en tiempo y forma. Plantea la nulidad del auto de apertura de sumario. Se agravia porque no se le notificó el referido auto. Opone excepción de prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos y reclamar la multa. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
II. Que, en IF-2023-32339576-APN-DTD#JGM el fisco contesta el traslado que le fuera conferido. Realiza una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Efectúa un breve relato de los hechos. En primer término, aclara que los rubros de IVA Adicional y percepción de impuesto a las ganancias no se exigen conforme surge de la cédula mediante la cual se notifica la actora de la Resolución apelada. En cuanto al planteo de falta de notificación del auto de apertura de sumario, hace referencia a la jurisprudencia del caso “WONDERLAND SRL c/ ADUANA ROSARIO Y OTRO s/DEMANDA CONTENCIOSA”. Alega que de la literalidad del art. 937 del C.A. no surge que el auto de apertura de sumario deba ser notificado para interrumpir el curso de la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa. Asimismo, sostiene que no se encuentra prescripta la acción tributaria conforme lo dispuesto en el art. 805 inc. a) del C.A. Hace referencia al carácter objetivo de las infracciones. Alega que no se canceló el DIT; por lo que se configura la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Adjunta las actuaciones administrativas. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. Que, se tiene por contestado el traslado. En PV-2023-57743907-APN-VOCXVIII#TFN se abre la causa a prueba. En IF-2023-110045721-APN-SGASAD#TFN luce la contestación de oficio de la DGA. En IF-2023-129178685-APN- SGASAD#TFN se glosa la contestación de oficio del despachante de aduanas. En IF-2025-87866245-APN- SGASAD#TFN e IF-2025-107591684-APN-SGASAD#TFN luce la contestación de oficio del Ministerio de Economía. Con posterioridad, se certifica la prueba. Se declara la clausura del período probatorio, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a alegar. Lucen los alegatos. Se ponen autos a sentencia.
IV. Que, las actuaciones administrativas SIGEA 12206-5653-2009 se inician con la Declaración Jurada de Cancelación del DIT. A fs. 2 luce el DIT 08073IT14000448P. A fs. 3/6 se glosa el CTC 4919/01. A fs. 7 se labra acta de denuncia por la infracción al art. 970 del C.A. respecto del DIT referido toda vez que el producto exportado no se encuentra amparado por el CTC. A fs. 12 luce la valoración en aduana y alícuotas y a fs. 16 la determinación de tributos y multa. A fs. 17 el 17 de junio de 2014 se instruye sumario. A fs. 18 se efectúa liquidación de multa y tributos. A fs. 19 luce el print de consulta de garantía global o unitaria. A fs. 20 el 6-3-15 se corre vista a la importadora y se cita a la aseguradora. La aseguradora se notifica el 14-4-15 y la importadora el 17-4-15. A fs. 27/35 contesta la vista conferida la actora. Adjunta documental –Declaración Jurada, CTC 4919/01 y DIT-. A fs. 56/57 efectúa su defensa la aseguradora. A fs. 62 luce liquidación. A fs. 63 se deja constancia que la firma no tiene antecedentes infraccionales y a fs. 64 luce la Resolución 739/19, apelada.
V. Que, en primer término, corresponde expedirse respecto del planteo de nulidad opuesto por la actora con fundamento en que no se hizo lugar a la prueba ofrecida en sede aduanera.
Que, el planteo referido no puede prosperar debido a la posibilidad en esta instancia tanto de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, como de exponer los agravios, sin restricción alguna.
Que es por ello que las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que resulta así de aplicación al caso la doctrina de la Corte Suprema que sostiene que “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. -Entre otros fallos: 205-549 y 267-393-”.
VI. Que, seguidamente, corresponde tratar el planteo de nulidad del auto de apertura de sumario.
Que, el referido auto dispone: “VISTO la denuncia efectuada por la Sección de Procedimientos Técnicos de la Aduana de Ezeiza a fs. 7, por la que se da cuenta que la firma INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S.A. no habría regularizado dentro del plazo concedido la situación de la mercadería introducida mediante el DIT 08073IT14000448P, con vencimiento 22-02-09. Habida cuenta de ello, corresponde DISPONER LA INSTRUCCIÓN DE SUMARIO CONTENCIOSO en los términos del art. 970 del C.A. (…)” –ver fs. 17 de las actuaciones administrativas-. Que, considero que el auto de apertura de sumario es válido en razón de que se dictó en virtud del Acta de Denuncia de fs. 7 de las actuaciones administrativas en el que expresamente obran consignados los hechos –léase: falta de regularización del DIT referido con fundamento en que el CTC no tipifica al producto exportado-. A fs. 2 luce el DIT, a fs. 12 la valoración en aduana y alícuotas y a fs. 16 la determinación de tributos y multa.
VII. Que, en consecuencia, resultando válido el auto de apertura de sumario, corresponde, a continuación, analizar la excepción de prescripción tributaria opuesta por la actora.
Que sin perjuicio de mi posición respecto a esta cuestión (ver mi voto in re "LA CARDEUSE S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación", Expte. N° 35.693-A, del 11.11.19; puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/35693-A-12-11-19-1.p df), por razones eminentes de economía procesal corresponde aplicar en autos lo decidido por el plenario de la Cámara en lo Contencioso- Administrativo Federal "HUGHES TOOL S.A. C/A.N.A. (T.F. 7830-A)" de fecha 21.09.03 y el precedente de la Corte Suprema in re "WONDERLAND SRL c/ ADUANA ROSARIO" del 12 de mayo de 2009.
Que, el art. 803 del CA establece: "Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera" y el art. 804 dispone: "La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 803 comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. No obstante: a) cuando el hecho gravado constituyere un ilícito y no pudiere precisarse la fecha de su comisión, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de sus constatación; b) cuando se tratare de tributos que debieren exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impuesta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de dicho incumplimiento o, en caso de no poder precisársela, al de la fecha de su constatación.” Que, el art. 805, inc. a) del CA establece: "La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) Desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión"
Que, no se encuentra discutido en autos que el vencimiento del plazo otorgado para la regularización de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT 08073IT14000448P es el 22-02-09.
Que, en consecuencia, comienza el cómputo de la prescripción tributaria el 1-01-10 y de no mediar causales suspensivas del curso de la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos, la misma operaría el 31-12-14. Que, habiéndose dictado el auto de apertura de sumario el 17-06-14 -ver fs. 17 de las actuaciones administrativas, reitero: acto válido-, se encuentra suspendido el curso de la prescripción tributaria “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”- conforme art. 805, inc. a), del C.A.-.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora.
VIII. Que, a continuación, se debe analizar la excepción de prescripción de la acción del fisco para exigir la multa. Que, conforme lo dispuesto en el art. 934 del C.A. la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de cinco años.
Que, el art. 935 del C.A. dispone que: “La prescripción de la acción a que se refiere el art. 934, comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción, o en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.”
Que, como ya se dijo, el vencimiento del DIT es el 22-02-09; por lo que el inicio del cómputo de la prescripción es el 1-1- 10; en consecuencia, de no mediar causales interruptivas del curso de la prescripción operaría el 31-12-14. Que, conforme lo dispuesto en el art. 937, inc. a) del C.A. se dispone que: “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario.”
Que, entonces, habiéndose dictado el auto de apertura de sumario el 17-6-14 –acto válido-, corresponde se reinicia el cómputo el 18-6-14; por lo que opera la prescripción el 17-6-19.
Que, en consecuencia, toda vez que la Resolución apelada se dictó el 18-2-19, la misma fue dictada dentro del plazo quinquenal.
IX. Que, a continuación, corresponde analizar el fondo; esto es: si se configura o no la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. respecto del DIT 08073IT14000448P.
Que, mediante el DIT referido, oficializado el 27-02-08, se documenta la importación temporaria de 6 unidades de “Cigüeñales – Arboles de transmisión -incluidos los de levas y los cigüeñales- y manivelas ARBOLES DE TRANSMISION –INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUEÑALES- Y MANIVELAS; CAJAS DE COJINETES;
ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCION; HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS Y RODILLOS; REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD, INCLUIDOS LOS CONVERTIDORES DE PAR; VOLANTES Y POLEAS, INCLUIDOS LOS MOTONES; EMBRAGUES Y ORGANOS DE ACOPLAMIENTO, INCLUIDAS LAS JUNTAS DE ARTICULACION”, mercadería que clasifica en la P.A. 8483.10.10.000Q, marca: John Deere, modelo RG33719, al amparo del Decreto 1330/04, con vencimiento 22-02-09.
Que el art. 970 del CA sanciona con una multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes. del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora -única apelante en autos- o en su caso de la aseguradora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial.
Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga del DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido por la norma.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
X. Que, en el caso, el fisco imputa la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. toda vez que el producto exportado no se encuentra amparado por el CTC.
Que, por su parte la actora, aduce que la mercadería se reexportó en su totalidad mediante el P.E. 08052EG03000236L. Que, como no se adjuntó la hoja de descarga del referido P.E. –ver IF-2023-129178685-APN-SGASAD#TFN- no se puede analizar si se descargaron los insumos del DIT o no.
Que, en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que “el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos Medefin SA, sentencia del 01.10.1991)”.
Que, en consecuencia, y atento a que no se ha demostrado la regularización de la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT involucrado, ni ello surge de las actuaciones administrativas; se concluye que se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del CA respecto de la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT. –Nota: se ordenó el archivo de la multa en la Resolución apelada por ser inferior a $30.000-.
XI. Que, entonces, habiendo quedado configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., corresponde, a continuación, analizar la procedencia de los tributos exigidos a la actora.
Que, el régimen legal aplicable determina que en caso de que ocurra el vencimiento del plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de dicha mercadería, deviene aplicable, a los efectos tributarios, la disposición contenida en el art. 274, apartado 1, inc. a), del C.A., que prevé que se considerará importada para consumo - en forma irregular-, la mercadería cuya situación aduanera no hubiera sido regularizada y que, quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondieren -apartado 2 del art. citado-.
Que, primero, corresponde aclarar que si bien en la Resolución apelada se reclaman u$s2.323,93 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA y $5.285,08 en concepto de IVA Adicional y Ganancias –con más intereses del art. 794 del C.A.-, en la cédula de notificación de la misma dirigida a la importadora se indica que: “Se le hace saber que conforme FALLO C.S.J.N. CLADD ITA SA (TF 22343-A) c/ EN -DGA RESOL 259006 (EXPTE 60415501)
s/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, no corresponde saldar la suma correspondiente a IVA ADICIONAL, ni PERCEPECION DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS, a los fines de tener por cancelado el cargo tributario formulado en la resolución que se notifica.” –lo que resulta ajustado a derecho-.
Que, incluso el fisco hace referencia a esto al contestar el recurso: “Se destaca que se excluyó el cargo formulado en concepto de iva adicional y ganancias al momento de notificar la resolución apelada, conforme surge de la notificación 22001NOTI228847E agregada al presente mediante RE-2022-120473801-APN-SGASAD#TFN”
Que, en virtud de lo expuesto, y no habiendo si cuestionado por la actora ni los rubros ni las alícuotas aplicables, corresponde confirmar los tributos reclamados en autos –a saber: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DOLARES (u$s 2.323,93) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses del art. 794 del C.A. hasta la fecha del total y efectivo pago.
XII. Que, asimismo, corresponde aclarar que sobre el importe nominal de los tributos adeudados procede el pago de los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero.
Que, los intereses deben computarse desde el vencimiento del plazo de diez días desde la fecha de notificación de la corrida de vista a la actora, es decir, desde el 17-04-15 -conforme fs. 55 de las actuaciones administrativas-. Que, en consecuencia, los intereses deberán abonarse desde el 5-5-15 hasta la fecha del total y efectivo pago.
Por ello, voto por:
1. Confirmar la Resolución 739/19, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12206-5653-2009, en cuanto le exige a la actora el pago de tributos emergentes del DIT 08073IT14000448P, importe que asciende a DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DOLARES (u$s2.323,93) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses que deben calcularse desde el 5-5- 15 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Costas a la actora.
3. Declarar que la actora no adeuda IVA Adicional ni percepción de impuesto a las ganancias, conforme lo expuesto en el considerando XI.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos y conclusiones que resultan de los Considerandos I a V del voto que antecede.
II. Que, sentado ello, corresponde entender en el planteo impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir tributos. Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 18 de febrero de 2019 y notificada recién el 18 de octubre del año 2022, por lo que los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva en la presente causa encuentran adecuada respuesta en los fundamentos de los votos emitidos por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF- 2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
En efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del Código Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2010, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 22 de febrero del año 2009), debiendo haber fenecido el 1/1/2015, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el instante en que se dispuso la apertura del sumario en fecha 17 de junio de 2014, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
III. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (17/6/2014) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 18 de febrero de 2019- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del Código Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el dia 18 de octubre de 2022, es decir, tres años y ocho meses después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
IV. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-. Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
V. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del Código Aduanero, en la litis sólo operaba hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
VI. Que, por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, incluso aun si se tuvieran en consideración las causales de suspensión establecidas en los artículos 17 de las leyes 26.860 (B.O. 3/6/2013) y 27.572 (B.O. 26/8/2020) en materia tributaria, como así también en las disposiciones de la AFIP que suspendieron los términos en virtud de la Pandemia ocasionada por el COVID 2019 desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 7 de junio del mismo año, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto consitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
VII. Que, en relación al examen del aspecto sancionatorio de la decisión apelada, corresponde recordar que de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 y “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, entre muchos otros, acerca de las potestades y límites jurisdiccionales de la Administración al momento de instruir los procedimientos infraccionales, la DGA carece de facultades para aplicar penas, atento la singular naturaleza jurídica de la hipotética sanción debatida en la litis (multa), de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), aunque en el caso se tratara de infracciones y no de delitos, por lo que todo tipo de multa debiera ser impuesta por este Tribunal Fiscal (o, en su caso, por la Justicia Federal).
En consecuencia, toda condena debiera ser fijada por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, resultando dicho efecto compatible con los demás derechos fundamentales, al preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
VIII. Que, asimismo, cabe destacar que in re “NUTRIBAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expediente Nro. 36.507-A, del 6 de marzo de 2020, el suscripto declaró, en disidencia, la inconstitucionalidad del art. 1112, apartado a), del Código Aduanero, en cuanto faculta a la Dirección General de Aduanas a condenar a los administrados mediante la aplicación de sanciones de naturaleza penal.
No obstante, en dichos pronunciamientos se puntualizó expresamente que el ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia penal por parte de la Administración debía quedar limitado a una labor de investigación sumarial en la faz instructoria, aunque jamás decisoria.
Por último, el carácter eminentemente penal de las multas ha sido recientemente reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 7 de marzo del 2023, en los autos caratulados “Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo”.
En efecto, la referida sanción es de carácter penal pues, “‘si bien puede existir en los casos de multas un interés de tipo fiscal en su percepción, esto no altera su naturaleza principalmente punitiva’, de donde se deriva la aplicabilidad a la materia de los principios del derecho penal, según lo prescribe el art. 4° del Código Penal” (Fallos: 288:356). Cabe añadir que ello es así pues los principios y reglas del derecho penal son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas, siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto aquellos principios y reglas resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales de que se trate, por lo que corresponde estar a las disposiciones de ese cuerpo normativo (arg. de Fallos: 335:1089).
IX. Que, en tal orden de ideas, dentro de dichas facultades instructorias, que le acuerda tanto el Decreto Nro. 618/97 como la ley 22.415 y las normas dictadas en consecuencia, se encuentra la de desestimar la denuncia cuando no fuere verosímil, careciere de seriedad o bien cuando los hechos investigados no configuraren una infracción aduanera (confr. art. 1090, inc. b), del C.A.); como así también la de establecer con carácter general los límites para disponer el “archivo” de los casos de fiscalización, determinación de oficio, liquidación de deudas en gestión administrativa o judicial, aplicación de sanciones u otros conceptos o procedimientos a cargo del organismo, que en razón de su bajo monto o incobrabilidad no impliquen créditos de cierta, oportuna y económica concreción, en especial cuando esa decisión no causa agravio al particular, como sucede en el sub examine, ni afecta el control aduanero.
X. Que, en efecto, la Instrucción General 9/17 (DGA), modificatoria de las I.G 11/2016, 02/2007 (DGA) y su ampliatoria I.G. 02/2008 (DGA) dispuso que los (mal denominados) jueces administrativos a cargo de las distintas áreas -previa evaluación de cada caso- dispondrán el archivo de las actuaciones que pueda importar la aplicación de sanciones por infracciones aduaneras, cuyos bajos montos tornen antieconómico implementar o continuar medidas tendientes a lograr su cobro con los alcances que se determinan.
Y, entre la referidas sanciones, se incluyó expresamente las denuncias por infracción al artículo 970 de la ley 22.41, cuando el importe de la multa mínima no alcanzara la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000), siempre que el presunto infractor no tuviere registrado antecedentes de casos archivados, por el tipo infraccional citado dentro de los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la fecha de la presunta infracción, que en conjunto superen el monto aludido (confr. D.4. de la Instrucción General Nro. 9/2017 de la DGA, del 21 de septiembre de 2017).
XI. Que, por lo tanto, toda vez que la presunta infracción sometida a análisis de este Tribunal se cometió en fecha 22/2/2009, cabe colegir que no surge de la litis que la firma recurrente tuviera registrado antecedentes similares al 22 de febrero de 2008, por lo que la Aduana no podrá proceder al “desarchivo” infraccional de las presentes actuaciones ni utilizar el presente Sumario en otro proceso aduanero donde intervenga la firma recurrente, máxime cuando de la foja 63 de las actuaciones administrativas que tengo a la vista se desprende –sin hesitación- que previo al dictado de la resolución aquí apelada no existían antecedentes de sumarios archivados en cabeza de la empresa importadora que la inhiban del tratamiento previsto por la normativa de referencia, por lo que el archivo dispuesto en la causa por la DGA resulta definitivo, no causa agravios ni puede perjudicar en el futuro al particular.
XII. Que tampoco debe olvidarse que al tratarse de un procedimiento por infracciones (Sección XIV, Título II, Capítulo III, del Código Aduanero), resultan aplicables en primer término las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal (hoy Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063), según lo dispone expresamente el inc. 2, del artículo 1.017 de la ley 22.415 y la doctrina de Fallos 332:1109 -voto del Dr. Zaffaroni-, entre muchos otros. En tales condiciones, la citada normativa de aplicación supletoria ahora contempla el denominado “principio de oportunidad” o de la disponibilidad de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal, que es regulada en los siguientes artículos: el criterio de oportunidad (art. 31), conversión de la acción (art. 33), conciliación (art. 34) y suspensión del proceso a prueba (art. 35), siendo que todos los referidos institutos figuran ahora en el código sustantivo en los artículos 59 inc. 5), 6) y 7) y art. 73 párr. 2º, que se incluyeron con posterioridad a la sanción del catálogo procesal nacional y constituyen un elenco “mínimo” de garantías que corresponde incorporar al procedimiento aduanero sancionador. Por ende, uno de los criterios de oportunidad que posibilitan la disponibilidad de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal es aquél que hace referencia a la “Insignificancia del hecho”, debiendo interpretarse que se trata de hechos de mínima importancia, que no poseen la entidad suficiente como para poner en peligro ni lesionar el bien jurídico tutelado ni tampoco el interés público, siendo que este principio, con los matices y dentro de los límites propios de la materia aduanera, puede ser aplicado por la Dirección General de Aduanas al momento de instruir casos como el presente, a través de la aplicación de normas reglamentarias que recepten su hermenéutica y siempre que no resulten incompatibles con las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
XIII. Que, por ello, en cuanto a lo peticionado por la empresa recurrente en relación a la prescripción de la acción fiscal para imponer penas, cabe destacar que en la especie la DGA ha procedido –cabe precisar que sólo en materia infraccional, pues también ha formulado un cargo aduanero a la empresa importadora y a la compañía aseguradora interviniente- , al “archivo”, sin más trámite, de las presentes actuaciones (art. 1° Resol. -DE PRLA- n° 739/2019).
XIV. Que, por lo tanto, y en la medida en que el suscripto considera –en los términos formulados en los Considerandos que anteceden, que dicha decisión aduanera se ha tornado definitiva e irrevocable, no corresponde pronunciarse sobre un planteo prescriptivo de la acción penal cuando en la litis no existe pena.
XV. Que, por lo demás, el archivo del sumario implicó -indudablemente- una renuncia de la DGA a ejercer la potestad sancionatoria, por lo que ello impide ingresar en el examen de dicho agravio (confr. Sala I Contencioso Administrativo Federal in re “Denso Manufacturing Argentina S.A.”, del 11 de octubre de 2022)
XVI. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve tanto la cuestión tributaria como el reproche infraccional es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S.A. en las presentes actuaciones.
2. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I. Que adhiero a la solución propiciada por el Dr. Soria y, sustancialmente, a los fundamentos desarrollados en su voto para rechazar la excepción de prescripción opuesta por la recurrente.
Sin perjuicio de ello, considero necesario efectuar algunas precisiones respecto del modo en que la cuestión prescriptiva ha sido abordada en el voto del Dr. Garbarino.
No se trata de introducir una divergencia meramente académica ni de abundar sobre aspectos que carezcan de incidencia en la decisión de esta causa. Ocurre que determinadas afirmaciones efectuadas al examinar el instituto de la prescripción - y, particularmente, las relativas a las causales susceptibles de alterar su curso- exceden necesariamente las circunstancias del expediente y poseen aptitud para proyectarse como criterio sobre casos posteriores.
Y es precisamente allí donde entiendo que la condición especializada de este Tribunal adquiere esencial significación. La competencia aduanera no constituye una mera especificación orgánica dentro de una jurisdicción tributaria general. El Derecho Aduanero posee categorías, institutos y reglas propias que corresponde preservar y desarrollar en su especificidad. De allí que, cuando el Código Aduanero regula de manera particular un instituto —como ocurre con la prescripción de la acción fiscal en sus arts. 803 a 806— el punto de partida del análisis debe encontrarse en ese sistema normativo y en las circunstancias concretas sobre las cuales está llamado a operar.
Un Tribunal especializado debe, por definición, especializar también su razonamiento.
He sostenido en otras oportunidades una idea que considero especialmente aplicable aquí: el Tribunal enseña dictando justicia. Ello no significa convertir las sentencias en desarrollos doctrinarios desvinculados del caso, sino exactamente lo contrario: que es a partir de la precisa resolución de cada controversia que la jurisprudencia debe contribuir a esclarecer, ordenar y enriquecer el Derecho Aduanero.
II. Desde esa perspectiva, la prescripción no admite, a mi juicio, un tratamiento formular ni puede establecerse mediante la sola remisión a soluciones adoptadas en otros expedientes.
Por su propia naturaleza, exige reconstruir el itinerario temporal del caso, identificar cuál es la norma que determina el comienzo de su curso, establecer concretamente qué causales de suspensión o interrupción pudieron verificarse, precisar desde cuándo y hasta cuándo produjeron efectos y, finalmente, determinar la fecha en la que la acción fiscal habría quedado extinguida.
En autos, esa reconstrucción presenta hitos perfectamente individualizables: el plazo concedido para regularizar la destinación venció el 22 de febrero de 2009; el término prescriptivo comenzó a correr el 1° de enero de 2010; en ausencia de causas que alteraran su curso habría concluido el 31 de diciembre de 2014; y el sumario fue abierto el 17 de junio de 2014, esto es, antes del agotamiento de aquel plazo.
La resolución recurrida fue dictada el 18 de febrero de 2019 y, según surge del voto que antecede, notificada el 18 de octubre de 2022. Sobre esa secuencia concreta debe recaer el análisis. No sobre una prescripción considerada en abstracto.
III. En ese marco, no comparto que el plazo previsto para practicar las notificaciones en las normas generales de procedimiento administrativo pueda ser transformado, sin una previsión legal que así lo establezca, en una fecha ficta de finalización de la suspensión dispuesta por el art. 805, inc. a), del Código Aduanero.
El voto del Dr. Garbarino parte de considerar que la suspensión habría operado desde la apertura del sumario hasta el dictado de la resolución y, seguidamente, acude al plazo previsto para su notificación para concluir que el cómputo habría debido reanudarse al quinto día hábil posterior, aunque la notificación efectiva recién hubiera ocurrido varios años después.
Encuentro allí dos cuestiones distintas que no deberían confundirse.
Una cosa es el deber de la Administración de notificar tempestivamente sus decisiones y las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de una demora irrazonable. Otra, diferente, es determinar cuándo cesa una causal de suspensión de la prescripción expresamente regulada por el Código Aduanero.
La infracción de un plazo impuesto a la Administración para realizar una notificación no convierte, por sí misma, al acto no notificado en acto notificado, ni permite asignarle automáticamente los efectos que el ordenamiento vincula con el conocimiento efectivo de la decisión por su destinatario.
Menos aún parece posible construir semejante consecuencia modificativa del curso de la prescripción mediante la aplicación supletoria de normas generales cuando el Código Aduanero contiene un régimen específico sobre la materia. Ello no significa, desde luego, convalidar que la Administración pueda prolongar indefinidamente una situación de incertidumbre mediante la omisión de notificar un acto ya dictado. Tal hipótesis puede —y en determinados supuestos debe— ser examinada desde las garantías del plazo razonable, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. He sostenido esa preocupación reiteradamente.
Pero el control de razonabilidad de una demora y el cómputo legal de la prescripción son problemas jurídicos relacionados, aunque no idénticos. El primero no autoriza a crear una notificación ficta que el legislador aduanero no estableció para resolver el segundo.
Precisamente, la especialidad exige evitar que una legítima preocupación garantista termine introduciendo, por vía interpretativa, una causal de reanudación del término prescriptivo que no surge del régimen legal aplicable.
IV. Existe, además, otro aspecto del voto que antecede sobre el cual considero imprescindible formular una precisión. Al concluir que la acción fiscal se encontraría prescripta se afirma que ello ocurriría “incluso si se tuvieran en consideración” las causales de suspensión establecidas, entre otras disposiciones, por el art. 17 de la Ley 26.860. No comparto ese modo de abordar la cuestión.
La circunstancia de que la incorporación de determinada suspensión al cálculo no modifique el resultado que finalmente propicia un voto no convierte en jurídicamente neutra la premisa según la cual esa suspensión sería aplicable. Por el contrario, tratándose de una norma capaz de prolongar durante un año el ejercicio de la potestad fiscal, sostener su aplicabilidad sin examinar previamente si comprende al sujeto, a la obligación y —particularmente— a la materia aduanera discutida equivale a dejar asentada una regla que podrá adquirir carácter decisivo en otro expediente. Y justamente allí la prudencia jurisdiccional exige mayor rigor: lo que no resulta necesario decidir no debería darse por resuelto, mucho menos cuando la afirmación puede operar posteriormente en perjuicio del administrado.
V. En cuanto al art. 17 de la Ley 26.860, he tenido oportunidad de efectuar un examen detenido de la cuestión y entiendo que su aplicación automática en materia aduanera no resulta jurídicamente admisible.
No desconozco que la disposición utiliza la expresión “con carácter general”. Pero la tarea jurisdiccional no consiste en aislar dos palabras del contexto normativo en que fueron sancionadas, sino en establecer el alcance de la norma dentro del sistema jurídico y de acuerdo con la finalidad que determinó su incorporación.
La jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resulta particularmente ilustrativa. En “Aceitera General Deheza S.A. c/ DGA”, Sala V, sentencia del 4 de octubre de 2022, precisamente en una causa aduanera, se interpretó la suspensión contemplada en el art. 17 de la Ley 26.860 a partir de la finalidad del régimen extraordinario de exteriorización al cual pertenecía. Esa orientación fue posteriormente seguida, entre otros, por la Sala III en “Praxair Argentina S.R.L. c/ DGI”, al circunscribir sus efectos a quienes se hubieran acogido al régimen de exteriorización. Es ésta la línea jurisprudencial que he considerado relevante al revisar el alcance de aquella disposición.
La cuestión adquiere, además, una dimensión específicamente aduanera.
El Código Aduanero no se refiere indistintamente a cualquier obligación cuya administración se encuentre organizativamente encomendada a la AFIP. Regula, con terminología propia, la prescripción de la acción fiscal para percibir “los tributos regidos por la legislación aduanera”, y establece en el art. 805 las causales que suspenden su curso.
La Ley 26.860, en cambio, no contiene referencia alguna a esa categoría técnica ni exterioriza de manera inequívoca la voluntad de modificar el régimen prescriptivo específico del Código Aduanero.
No parece jurídicamente satisfactorio concluir que la mera circunstancia de que la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas integren una misma estructura administrativa convierta automáticamente en común el régimen sustancial que cada una aplica. La organización administrativa del organismo recaudador no borra la autonomía normativa de la materia aduanera. Esa diferencia fue expresamente desarrollada al distinguir la fórmula genérica referida a tributos “a cargo de la AFIP” de la categoría específica de “tributos regidos por la legislación aduanera”. El Derecho Aduanero conserva autonomía científica, legislativa y jurisdiccional; y esa autonomía no constituye una afirmación meramente doctrinaria, sino una directriz interpretativa particularmente relevante cuando se pretende incorporar, desde una ley general y extraordinaria, una nueva causal de suspensión a un sistema especial que posee regulación propia.
En materia de prescripción esa cautela debe ser todavía mayor.
La prescripción no constituye una liberalidad concedida al contribuyente ni una sanción impuesta al Estado. Es una institución estructural de seguridad jurídica que fija límites temporales al ejercicio de potestades públicas. De allí que las normas que suspenden o interrumpen su curso, en cuanto excepciones a su desenvolvimiento ordinario, deban ser examinadas estrictamente y no ampliadas mediante construcciones extensivas.
Ese principio debe preservarse con independencia de cuál sea el resultado concreto del expediente.
El garantismo jurisdiccional no puede funcionar de manera asimétrica. La misma preocupación que obliga a impedir que una suspensión prevista en el art. 805 del Código Aduanero produzca una incertidumbre temporal incompatible con el plazo razonable exige ser igualmente rigurosos cuando se pretende prolongar la potestad fiscal mediante una causal proveniente de un régimen excepcional ajeno al Código.
No advierto en estas actuaciones elemento alguno que permita sostener que INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S.A. hubiera adherido al régimen especial establecido por la Ley 26.860. Por ello, no encuentro fundamento para incorporar aquella suspensión al cómputo prescriptivo de esta causa.
VI. La misma exigencia metodológica impide, a mi juicio, incorporar de manera conjunta otras eventuales suspensiones legales o reglamentarias limitándose a afirmar que, aun computándolas, la solución permanecería inalterada. Una causal suspensiva no constituye simplemente una cantidad de días o meses que se agrega aritméticamente al término originario. Antes de efectuar esa operación es necesario establecer si la norma resulta aplicable, cuál es su ámbito temporal, qué término efectivamente suspendió y cómo se relaciona con otras causales que pudieran encontrarse operando simultáneamente.
Sólo después de contestar esas preguntas existe un cómputo jurídicamente susceptible de ser controlado por las partes y por una eventual instancia revisora.
Ésa es, precisamente, una de las funciones que justifican la existencia de una jurisdicción especializada.
VII. Finalmente, tampoco considero necesario ingresar aquí en consideraciones generales acerca de las potestades sancionatorias de la Dirección General de Aduanas o del alcance de institutos vinculados con la disponibilidad de la acción sancionatoria.
La propia Resolución 739/19 dispuso el archivo de la multa correspondiente a la infracción del art. 970 del Código Aduanero y mantuvo la exigencia tributaria que constituye el objeto actualmente controvertido.
La especialidad jurisdiccional no se manifiesta por la cantidad de cuestiones doctrinarias que una sentencia pueda abordar, sino por la precisión con que resuelve aquellas que el caso efectivamente presenta.
VIII. Por las razones expuestas, y compartiendo la solución desarrollada por el Dr. Soria respecto de la excepción de prescripción y de las restantes cuestiones necesarias para decidir la causa, adhiero a su voto.
Así lo voto.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución 739/19, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12206-5653-2009, en cuanto le exige a la actora el pago de tributos emergentes del DIT 08073IT14000448P, importe que asciende a DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DOLARES (u$s2.323,93)
en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses que deben calcularse desde el 5-5-15 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Costas a la actora.
3. Declarar que la actora no adeuda IVA Adicional ni percepción de impuesto a las ganancias, conforme lo expuesto en el considerando XI.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.09.16 23:12:52 ART Date: 2026.09.18 15:43:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.18 16:54:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.18 16:55:03 -03:00
Fin de la sentencia