Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 35.089-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 194/2014 (AD ROSA), dictada por el Administrador de la Aduana de Rosario en las Actuaciones SIGEA N° 14754-19-2009, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-130476969-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 25 de Noviembre de 2025 Aduanas s/ Recurso de Apelación En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: "Industrias John Deere Argentina S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de Apelación", Expediente N° 35.089-A.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. La firma Industrias John Deere Argentina S.A., interpuso formal recurso de apelación contra la Resolución N° 194/2014 (AD ROSA), dictada por la máxima autoridad de la Aduana de Rosario en el marco del expediente SIGEA N° 14.754-19-2009. El acto administrativo impugnado impone a la representada una sanción pecuniaria ascendente a la suma de $ 499.100,64, invocando como sustento normativo la presunta transgresión al artículo 954, inciso b), apartado 1 del Código Aduanero. Según reza la resolución recurrida, dicha infracción hallaría su origen en el supuesto incumplimiento de las previsiones contenidas en la Resolución N° 61/2009 del entonces Ministerio de Producción.
II. En sustento de su pretensión recursiva, la parte actora sostiene, en primer término, que la conducta que se le reprocha se encuentra comprendida dentro del ámbito de excepción previsto en el artículo 8, inciso a), de la Resolución N° 61/2009, norma que —según su correcta exégesis— exige computar el plazo allí establecido a partir de la salida efectiva de la mercadería desde la planta del proveedor situada en territorio brasileño. En tal sentido, rechaza de plano el criterio adoptado por el servicio aduanero, que fija el hito temporal desde la intervención de la aduana de partida consignada en el documento MIC/DTA. Enfatiza que la imputación formulada carece de tipicidad infraccional, en tanto la situación descripta no configura una conducta subsumible en el artículo 954, inciso b), del Código Aduanero.
No existe aquí —afirma— una prohibición absoluta de importación sino, en el mejor de los casos, una restricción de índole operativa o reglamentaria, incapaz de engendrar una sanción de naturaleza penal administrativa. En consecuencia, sugiere que mal puede la Administración invocar un tipo que exige —para su configuración— una voluntad contraria a una prohibición taxativa, lo que no se verifica en el caso. Asimismo, advierte la existencia de una lesión al derecho de defensa, fundando tal aserto en el hecho de haberse desestimado prueba informativa de relevancia decisiva sin que mediara un examen razonado ni una fundamentación jurídicamente aceptable. Considera que esa omisión —más allá de su apariencia formal— socava los pilares del debido proceso y compromete la validez del acto impugnado.
Invoca el principio in dubio pro reo, consagrado en el artículo 898 del Código Aduanero, como corolario del mandato de interpretación más favorable ante la ambigüedad normativa. Sostiene que, ante la duda razonable en torno a la aplicación temporal y sustantiva del régimen dispuesto por la Resolución N° 61/2009, debía prevalecer la exégesis que mejor resguarda los derechos del presunto infractor. En subsidio de todo lo anterior, postula la aplicación retroactiva de la Resolución N° 11/2013, norma que derogó la Resolución N° 61/2009, invocando el principio de la ley penal más benigna. Entiende que, al tratarse de un régimen sancionatorio, la modificación posterior que suprime la conducta reprochada impone, sin hesitación alguna, su aplicación retroactiva en beneficio del administrado.
Advierte, además, que la sanción impuesta se muestra manifiestamente desproporcionada, no solo en relación con la conducta imputada —de dudosa ilicitud—, sino también en atención a las circunstancias del caso, el obrar diligente de la empresa y la ausencia de perjuicio concreto para el interés fiscal. Finalmente, y para el supuesto de que se rechazaran las defensas anteriores, solicita que se evalúe la procedencia de aplicar la facultad de gradación prevista en el artículo 915 del Código Aduanero, a fin de adecuar el quantum de la multa a los parámetros de razonabilidad, equidad y proporcionalidad que rigen en materia sancionatoria.
Ofrece prueba documental e informativa, formula reserva del caso federal y solicita la revocación del acto recurrido, con costas.
III. A fs. 56/65, la representación fiscal contesta el traslado del recurso y solicita su rechazo, con costas, señalando que no se ha afectado el derecho de defensa, que la excepción invocada resulta improcedente y que el cómputo del plazo -en caso de transporte terrestre- debe iniciarse desde la intervención de la aduana de partida del MIC/DTA, la cual en autos ocurrió el 28/03/2009. Añade que el incumplimiento verificado pudo haber encubierto una prohibición impuesta por la Resolución N° 61/2009, configurando así la infracción prevista en el artículo 954, inciso b).
IV. En consecuencia procede determinar si resulta jurídicamente procedente y legítima la sanción impuesta a la firma Industrias John Deere Argentina S.A. por presunta infracción al artículo 954, inciso b), apartado 1 del Código Aduanero, en razón del supuesto incumplimiento de la Resolución N° 61/2009 del entonces Ministerio de Producción, considerando que la parte actora invoca haber obrado dentro del marco de una excepción reglamentaria, impugna la forma de cómputo del plazo, cuestiona la tipicidad de la conducta, denuncia violaciones al debido proceso, e invoca principios de orden superior como el in dubio pro reo, la ley penal más benigna y la proporcionalidad sancionatoria.
V. Al respecto, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros). Este criterio resulta de aplicación más rigurosa en supuestos como el presente en que los agravios se encuentran vinculados a la revisión del ejercicio de la potestad sancionadora administrativa.
VI. En ese sentido resulta pertinente destacar —a efectos de precisar la verdadera naturaleza del régimen en análisis— que la Resolución N° 61/2009 del entonces Ministerio de Producción instauró un nuevo esquema de certificación obligatoria previa a la importación, aplicable a determinadas mercaderías clasificadas en posiciones específicas de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), reemplazando el anterior sistema de control automático por uno más restrictivo. En dicho marco, se exigió a los operadores la obtención, con carácter previo a la destinación aduanera, de un Certificado de Importación bajo la modalidad "Previo a la Importación de Certificación Obligatoria" (P.V.I.C.), sin cuya acreditación no resultaba viable continuar el trámite de importación.
Precisamente, la sola circunstancia de exigir una certificación previa no convierte, per se, al régimen en una prohibición aduanera en los términos del artículo 954, inciso b), del Código Aduanero. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha trazado con claridad este deslinde hermenéutico en el precedente “Nate Navegación y Tecnología Marítima S.A.” (fallado el 12 de junio de 2012), al confirmar el dictamen de la Procuración General de la Nación del 4 de octubre de 2010, en el que se sostuvo que las denominadas “prohibiciones” aduaneras deben interpretarse con alcance restrictivo, circunscribiéndose exclusivamente a aquellas interdicciones absolutas, que impiden de forma inmediata el ingreso o egreso de mercaderías, y no a simples condicionamientos reglamentarios u operativos, por rigurosos que estos pudieran parecer.
Asimismo, cabe referir que dicho criterio jurisprudencial no solo no ha sido morigerado con el devenir del tiempo, sino que ha sido reafirmado por el Alto Tribunal en precedentes recientes, tales como “Nostromo Defensa S.A. y otro c/ AFIP-DGA” (3 de marzo de 2022) y “Casas, Carlos Arturo y otro c/ AFIP-DGA” (3 de agosto de 2023), en los que se ratificó el temperamento adoptado.
Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución N° 194/2014 (AD ROSA), dictada por el Administrador de la Aduana de Rosario en las Actuaciones SIGEA N° 14754-19-2009, con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
Revocar la Resolución N° 194/2014 (AD ROSA), dictada por el Administrador de la Aduana de Rosario en las Actuaciones SIGEA N° 14754-19-2009, con costas.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.11.25 15:52:11 ART Date: 2025.11.25 16:02:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.25 17:10:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.25 17:10:37 -03:00
Fin de la sentencia